La reincidencia en delitos de las personas que pasan por el sistema penitenciario es un problema grave y costoso que afecta a todas las sociedades. Las teorías sobre las penas han enfatizado la importancia del sistema de control penal para evitar que las personas se involucren en delitos y para “reeducar” o “resocializar” a las personas que sufren medidas restrictivas o privativas de la libertad. Sin embargo, estudios científicos sugieren que la mera aplicación de sanciones no reduce, sino que incrementa, la probabilidad de que las personas sigan perseverando en conductas antisociales cuando retoman su vida en comunidad.
La criminología empírica, basada en estudios científicos longitudinales y experimentales, ha trabajado intensamente para resolver este problema desde la segunda mitad del siglo XX. Esta línea de investigación ha derivado en grandes avances.
En la actualidad, existe conocimiento respecto de las variables o los problemas personales y sociales más asociados a la conducta delictual. Estas variables, llamadas “factores de riesgo” por su incidencia en la probabilidad de conducta futura, adquieren distintos niveles de incidencia sobre el comportamiento según las distintas etapas del ciclo vital. Además, distintos factores de riesgo tienen distintos niveles de asociación o de impacto. Por ejemplo, estudios longitudinales que han seguido el desarrollo de niños en riesgo social en los Estados Unidos durante períodos de 20 años sugieren que el consumo de sustancias es uno de los factores que aportan mayor riesgo de conducta antisocial futura si el consumo se produce en el período de 6 a 11 años de edad del niño; sin embargo, cuando el consumo se inicia a partir de los 12 años, el riesgo marginal de conducta delictual generado por el consumo se reduce ostensiblemente.
El conocimiento de los factores de riesgo más relevantes es importante porque permite priorizar las necesidades de atención de la población penal. Por ejemplo, la asociación con pares antisociales y aspectos cognitivos y de personalidad antisocial son los factores de riesgo más relevantes como predictores de reincidencia en población adulta; entretanto, la mejora en el nivel de educación y la empleabilidad solo contribuyen de forma moderada a reducir el riesgo de reincidencia. Sin embargo, las políticas de tratamiento penitenciario y reinserción social de la región latinoamericana tienden a promover la educación, la capacitación laboral y el acceso al empleo como las principales soluciones desde la perspectiva del apoyo social para la integración social y la reducción de la reincidencia.
Desde luego, mejorar los niveles de educación, capacitación laboral y acceso al empleo son acciones políticas necesarias e importantes porque contribuyen al proceso de integración social, ayudan a redimir penas o acceder a beneficios penitenciarios y constituyen en sí mismos el ejercicio de los derechos sociales. El problema surge cuando se espera que la educación y el empleo produzcan reducciones significativas de la reincidencia en circunstancias en las que el aporte de estos factores solo es moderado.
Se recomienda que las instituciones rectoras de la función penitenciaria tengan conocimiento de los hallazgos de la investigación científica respecto a los factores que predicen reincidencia y sobre los métodos de intervención que son más eficaces para reducir este fenómeno. Por ejemplo, la aplicación de ciertos tipos de tratamiento psicológico cognitivo conductual en población penal puede asociarse con la reducción de entre un 12 % y un 25 % de la probabilidad de reincidencia. Aunque el efecto es relativamente bajo, el tratamiento suele ser más efectivo en los casos de mayor riesgo. El segmento de población penal de riesgo alto suele ser, al mismo tiempo, el grupo de infractores más activo cuando se encuentran en la comunidad; son capaces de producir una cantidad desproporcionadamente alta de víctimas. De modo que el efecto relativamente bajo en la reducción de la reincidencia puede traducirse en un efecto relativamente alto en términos de seguridad ciudadana debido al impacto en las personas que dejan de ser víctimas de delitos gracias a la interrupción de patrones de conductas delictivas.
El conocimiento relativo a factores de riesgo y métodos de tratamiento efectivo para la reducción de la probabilidad de reincidencia ya ha comenzado a aplicarse en América Latina. Chile inició un programa piloto en el año 2007, que logró una disminución de la reincidencia del 30 % en población penal de riesgo moderado y alto. Hoy en día, la valoración sistemática del riesgo de reincidencia y la aplicación de tratamientos especializados para motivar el cambio de conducta y modificar factores de riesgo son parte de las políticas nacionales de gestión penitenciaria.
Estas mismas prácticas se comenzaron a aplicar hace 2 años en el sistema penitenciario de Uruguay y se espera su pronta aplicación por parte de la Secretaría de Justicia del Estado de Espírito Santo en Brasil.
Es alentador apreciar que la incorporación de conocimiento y tecnología puede permitir tener sistemas penitenciarios más preocupados por cuidar de las oportunidades de integración social de los penados y, además, contar con mejores capacidades de contribuir a la seguridad de toda la sociedad mediante la reducción de la probabilidad de reincidencia de las personas bajo responsabilidad de las instituciones penitenciarias del sistema de justicia.
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Rodrigo Pantoja – Psicólogo Universidad de Santiago de Chile, post-título en Criminología P. Universidad Católica de Chile. Director ejecutivo en el Grupo Precisa Consultores. Consultor externo en prevención de violencia para el Banco Interamericano de Desarrollo. Consultor externo para servicios penitenciarios, prevención de violencia y prevención del abuso de drogas. Exjefe de la División de Prevención y Gestión Territorial de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Chile. Expresidente de la Asociación Chilena de Psicología Jurídica y Forense. Exintegrante de la Comisión de Ética del Colegio de Psicólogos de Chile.
