Brian-Lovins

Cambio y humanización: Las consignas de los funcionarios de libertad condicional de EE.UU.

Entrevista

Brian Lovins

Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Estadounidense de Libertad Vigilada y Libertad Condicional (APPA), Estados Unidos de América

Como «portavoz del sector de penas y medidas en la comunidad», la Asociación Estadounidense de Libertad Condicional (APPA, por sus siglas en inglés) es la asociación de profesionales líder en el ámbito. Como presidente de APPA, el Dr. Lovins se centra en apoyar a la asociación para que contribuya al avance del sector a través de un modelo más eficiente y eficaz. En esta entrevista, revela que el estigma, la necesidad de cambiar las métricas de éxito y la humanización son prioridades clave para las correcciones comunitarias.

¿Cuáles le parece que son las preocupaciones y dificultades principales a que se enfrenta el sector penitenciario?

BL: Algunas de las preocupaciones son a escala mundial. Las migraciones y el extremismo son problemas crecientes que plantean retos al funcionamiento cotidiano de las organizaciones del sistema judicial. En particular, los organismos penitenciarios de todo el mundo deben superar las barreras lingüísticas, culturales y religiosas.

Otra cuestión que ha planteado dificultades importantes es la pandemia de la COVID. En algunos países la opción elegida fue la de mantener al personal trabajando durante unos meses, pero esto nunca habría funcionado en los Estados Unidos. Aquí, si bien suspendimos el régimen de visitas, el personal continuó entrando y saliendo de nuestras dependencias, lo que planteó dificultades significativas.

Otra cuestión importante es la de humanizar las prisiones. Como es sabido en el resto del mundo, Estados Unidos es líder en castigos y encarcelamientos.

Debemos replantearnos el sistema de prisiones y el uso que se le da; y también replantearnos, finalmente, como utilizamos las penas. Hemos cuidado el punto de vista de la rehabilitación hasta las décadas de 1980 y 1990.

A medida que nos endurecimos ante el delito, fuimos eliminando los espacios dedicados al tratamiento, la educación y los servicios. El resultado final fueron entornos penitenciarios con un diseño muy deficiente para
los esfuerzos en rehabilitación. ¡Las personas que están encarceladas no están en un espacio mejor cuando salen!

Si bien se ha insistido, en que la «reintegración empieza con la admisión», nos hemos centrado demasiado en esto. Debemos reconocer que, cuando una persona entra en una celda y en una prisión, hay un período de pérdida, de duelo. Las personas que entran en la prisión y en las celdas pasan por un período de adaptación, un período que deberíamos no obviar. No podemos pensar en el futuro sin antes ocuparnos del presente.

Debemos replantearnos cómo hacemos funcionar nuestras organizaciones y gestionar la labor de reintegración; tanto por parte de los centros penitenciarios como por parte de la comunidad.

Debemos crear espacios más humanos para las personas implicadas en el sistema judicial.

¿Qué contribución hace la APPA para hacer que el sector de penas en la comunidad avance?

BL: Como «portavoz del sector de penas y medidas en la comunidad», la APPA actúa como la asociación de filiación profesional líder en este ámbito.

Tenemos miembros de todos los niveles gubernamentales y del sector privado, incluidos profesionales de penas comunitarias, proveedores de servicios, educadores, investigadores, voluntarios, defensores de las políticas públicas y otras personas interesadas en la reforma de la justicia. Miles de miembros apoyan el trabajo de la APPA en los Estados Unidos y Canadá.

La APPA ha pasado por diversas transiciones en los últimos años. Hemos mirado hacia dentro, en un intento por arreglar nuestra propia casa y devenir una organización más moderna y estructurada. Nos proponemos seguir adelante a través de un modelo más eficiente y eficaz.

Para hacerlo, nos centramos en tres áreas fundamentales. La primera trata de abordar y asumir la cuestión del estigma. Pensamos que el estigma del etiquetado es un problema importante, especialmente en el caso de
las personas que consumen drogas, están implicadas en delitos contra la libertad sexual o usan la violencia.

Por ejemplo, a menudo trazamos una línea muy clara de separación entre los individuos no violentos o poco violentos y los individuos que han participado en un delito violento.

Confiamos en la prisión para cambiar a las personas que recurren a la violencia. Sin embargo, la investigación nos ha mostrado que podemos reducir significativamente la violencia también a través de las intervenciones.
Pero, para ello, tenemos que cambiar el lenguaje, el entorno y el rol de los trabajadores, para que podamos acercarnos y apoyar a las personas supervisadas, con independencia del delito que hayan cometido.

La segunda área se refiere a cambiar el relato, pasando del fracaso al éxito. Históricamente, hemos explicado nuestra labor en términos de fracaso. Las tasas de reincidencia – el fallo por parte de las personas las que atendemos–: ¡Así es como medimos nuestros resultados!

Nos proponemos darle la vuelta al modelo y referirnos a las tasas de éxito. Empecemos a hablar de las personas a las que «recuperamos» y a las generaciones de personas que las penas comunitarias han cambiado. A menudo, el sistema de penas en la comunidad es la parte oculta del sistema correccional de los Estados Unidos.

Por ello, es crucial que corra la voz sobre lo que hacemos y cómo ayudamos a las personas a avanzar. Las medidas comunitarias desempeñan una función vital en la rehabilitación de las personas y en el retorno de la
seguridad a la comunidad.

En tercer lugar, nos preocupa crear espacios más humanos, en los que prestemos servicios de apoyo a personas que han tenido un comportamiento delictivo; basándonos en el reconocimiento de que las comunidades son más seguras cuando las personas son capaces de cambiar su conducta. Necesitamos, para ello, conectar con ellas y hacer que nuestro trabajo llegue a cada persona y a sus comunidades.

Además, debemos centrar las intervenciones en sus necesidades.

Es preciso que contextualicemos nuestro trabajo como responsables del funcionamiento de la libertad vigilada y la libertad condicional, tomando las personas y sus familias, comunidades, cultura y sociedades como centro.

Debemos enfocarnos en amplificar su éxito, para ayudarles a avanzar y no a limitarse a pasar por el sistema.

 
 
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APPA lanzó una comunidad en línea dónde los miembros se conectan y acceden a una variedad de recursos.

Tenemos que cambiar el lenguaje, el entorno y el rol de los trabajadores, para que podamos acercarnos y apoyar a las personas supervisadas, con independencia del delito que hayan cometido.

¿Cómo se materializa en la práctica la labor llevada a cabo por la APPA?

BL: Anualmente, dos institutos imparten formación y brindan oportunidades de aprendizaje a aproximadamente 2300 funcionarios de libertad condicional y libertad vigilada.

Durante la etapa de la COVID, adoptamos el modelo virtual, y con él ampliamos el alcance de nuestros eventos permitiendo que algunos participantes nuevos de todo el país y de otras partes del mundo pudiesen
asistir al instituto virtual.

Además de los dos institutos, ofrecemos asistencia técnica y oportunidades de formación continua tanto a funcionarios individuales como a agencias. Y, centrándonos en el trabajo en red, pusimos en marcha una plataforma en línea que permite a las personas interactuar y conectar entre ellas, para aprender del excelente trabajo que están llevando a cabo en todo el mundo.

Este año incorporaremos una nueva actividad: una mesa redonda trimestral que se celebrará en diferentes comunidades de todo el país. Prevemos ir a las comunidades locales donde se celebren dichas mesas redondas, hablar con las personas supervisadas y trabajar sobre el terreno. Todos estarán presentes en la mesa para escuchar qué pasa con ellos y ver cómo podemos ayudarles.

La APPA tiene también una respuesta legislativa. Intentamos mejorar nuestro impacto legislativo, revisando y apoyando la legislación estatal y federal y contribuyendo en las áreas que permiten avanzar el sector.
Finalmente, nuestro brazo dedicado a la investigación y las políticas se dedica a la investigación aplicada.

Ayuda a comprender cómo funciona este ámbito, proporcionando documentos con información a quienes
trabajan sobre el terreno y en el ámbito académico.

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El Instituto de Invierno APPA 2022 se llevó a cabo en Atlanta, Georgia, EE. UU., del 30 de enero al 2 de febrero. Fue un evento híbrido, con asistentes presenciales y virtuales.

 JT: Usted dice que la identidad profesional de los profesionales de los centros penitenciarios comunitarios necesita redefinirse. En un artículo de investigación, establece un paralelismo entre los funcionarios de la libertad vigilada y los entrenadores deportivos. (Podcast entrevista Brian Lovins, The Criminologist).

¿Qué tipo de cambio prevé en las funciones y el perfil del funcionario de libertad vigilada?

BL: El concepto de los funcionarios de libertad vigilada como entrenadores ha suscitado bastante interés.

La idea del entrenador es la dedicación a la persona. No trabajas para el sistema; el sistema te contrata, pero tú te centras en ayudar a que la persona pueda seguir adelante en la vida.

Nuestro sistema tiende a convertir en árbitros a los funcionarios de las correcciones comunitarias. Les facilitamos un conjunto de reglas y su trabajo se limita a aplicar las reglas y supervisar las condiciones.

En cambio, lo que deberíamos hacer es crear oportunidades para las personas, darles esperanza y apoyar su proceso de cambio a lo largo del tiempo. No podemos esperar perfección desde el inicio, porque sabemos que son muchas las barreras que se alzan ante las personas sujetas a supervisión. Así que, si empezamos a hacerles la zancadilla desde el primer momento, no tardarán en caer.

Lo vemos en los Estados Unidos, donde el 50 % de la población penitenciaria del estado ha llegado tras haber fallado en la libertad condicional. Tenemos que hacerlo mejor, crear un espacio en el que las personas puedan vivir en la comunidad y tener éxito.

Para ofrecer más conocimientos sobre el modelo del «entrenador», escribimos un artículo que se publicó en el Federal Probation Journal.

 JT: Durante su etapa como director adjunto de la Universidad de Cincinnati, llevó a cabo evaluaciones de riesgo en todo el Estado. Sin embargo, ¿cuántas son las jurisdicciones que todavía no utilizan habitualmente los instrumentos de evaluación de riesgos y necesidades validados?

Desde su punto de vista, ¿qué papel corresponde a la evaluación de riesgos en la planificación de medidas de seguridad, el diseño de un itinerario de rehabilitación para los delincuentes o la predicción de la reincidencia, por ejemplo? ¿Y cómo puede la tecnología, en particular la inteligencia artificial y los sistemas de gestión de delincuentes, facilitarlo?

BL: En los Estados Unidos se ha producido una transición notable. Diría que entre el 70 y el 80 por ciento de los sistemas penitenciarios cuentan con algún tipo de evaluación de riesgos. Sin embargo, asistimos a un retroceso de las evaluaciones debido a dudas acerca de tendencias principalmente
raciales.

Tradicionalmente, la evaluación de riesgos tiene que ver con evaluar a una persona, comprender sus necesidades individuales sin considerar nada más, desde su entorno hasta el entramado de circunstancias y la
interseccionalidad de raza, etnia, orientación sexual, género, edad, cultura y comunidades.

Creo que llegó el momento de ser firmes y crear una nueva generación de evaluaciones más orientadas hacia el camino que se debe seguir que hacia el punto en que nos encontramos.

Una de las cosas que he visto mejorar en los últimos diez años, en lo que se refiere a evaluación de riesgos, es la transparencia. Es esencial que la gente sepa cómo se elaboran las evaluaciones. La transparencia es fundamental cuando aplicamos la evaluación en la toma de decisiones; por ejemplo, sobre qué nivel de supervisión debe tener alguien o a qué tipo de institución debe ir una persona. Asegurarse de que las evaluaciones sean válidas para subgrupos únicos tiene suma importancia, especialmente si consideramos nuestra trayectoria de discriminación racial y étnica.

Incluso con respecto a estas cuestiones quiero ser muy claro. Las evaluaciones estructuradas basadas solo en datos son increíblemente importantes. No existe una sola profesión orientada al cambio que no incorpore evaluaciones actuariales en su proceso de toma de decisiones.

Llegó el momento de ser firmes y crear una nueva generación de evaluaciones más orientadas hacia el camino que se debe seguir que hacia el punto en que nos encontramos.

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APPA ofrece dos institutos anuales que brindan capacitación a 2300 oficiales de libertad condicional.

¿Hasta qué punto cree que la tecnología podría contribuir a la
misión de las penas comunitarias?

BL: Nos hemos apoyado mucho en la tecnología para la vigilancia. Tenemos seguimiento electrónico y por GPS y un sinfín de diferentes dispositivos de medición.

Si bien la tecnología para la vigilancia puede resultar útil en algunos ámbitos, no tengo claro que tengamos que utilizarla tanto.

Opino que tenemos que deshacernos de la idea de que el seguimiento de una persona evitará que esta falle o hará que se mantenga la seguridad en la comunidad. A menudo, la tecnología nos permite atrapar a alguien
rápidamente después de que haya vuelto a delinquir. No obstante, los hallazgos que sugieren que con la tecnología es posible evitar la reincidencia son limitados.

Existe todo un campo emergente de tecnología positiva que mejora los resultados de las personas sujetas a supervisión.

Las personas ingresadas en el sistema penitenciario son seres humanos. En consecuencia, necesitan recordatorios, servicios de apoyo y aplicaciones móviles que les ayuden a tomar y reforzar sus decisiones. La tecnología positiva les ayuda a mantenerse fuera de estilos de vida infractores de la ley.

¿Qué papel atribuye a la formación y el desarrollo del personal
en el ámbito de penas y medidas en la comunidad?

BL: No creo que lo hayamos logrado todavía, pero me parece que la formación y el desarrollo del personal son un componente importantísimo.

Si piensa en ello, entre 100 000 y 120 000 funcionarios de libertad vigilada y libertad condicional de los Estados Unidos pasarían a depender exclusivamente de sus dispositivos y trabajarían aislados, de no ser por
la formación y el desarrollo.

Para empezar, debemos centrar los esfuerzos en la contratación de funcionarios que crean que las personas pueden cambiar.

Deberíamos pensar menos en las habilidades técnicas y más en las habilidades interpersonales.

Entonces podemos entrenar y desarrollar sus habilidades profesionales en torno a intervenciones orientadas al cambio. Por este motivo, la formación es esencial para el éxito.

Me sorprende gratamente empezar a ver más en lo que se refiere a enfoques orientados al cambio, apoyo a largo plazo, equipos de aprendizaje y creación de espacios en los que las personas puedan fomentar sus habilidades.

No podemos formar al personal en el vacío. La formación y el desarrollo del personal no surtirán efecto a menos que dispongamos de una organización basada en el aprendizaje y la curiosidad.

Lo que he visto, en la mayoría de nuestros escenarios, es un modelo jerárquico vertical descendente que a
menudo no consigue implementar con eficacia las prácticas basadas en la evidencia.

Si queremos hacerlo mejor y tener intervenciones consistentes que sean positivas y ayuden, debemos replantearnos cómo formamos y desarrollamos a los funcionarios de libertad condicional/vigilada.

Empezamos a cambiar en la forma en que formamos a las personas, en parte debido a la pandemia. Con más conexiones virtuales vemos que la accesibilidad es mayor, lo que permite más interacción, retroalimentación
y entrenamiento en tiempo real si lo comparamos con lo que hemos tenido hasta ahora.

A medida que consigamos que los profesionales se hagan a la idea de que son especialistas en el cambio de conducta, las herramientas para hacer su trabajo crecerán en importancia. En consecuencia, la adopción de dichas herramientas es mucho más rápida.

La APPA desarolla una publicación periódica trimestral titulada "Perspectives". Cada número incluye artículos destacados, ensayos especiales, actualizaciones del comité, una reseñas de libro y más.

Debemos centrar los esfuerzos en la contratación de funcionarios que crean que las personas
pueden cambiar. Deberíamos pensar menos en las habilidades técnicas y más en las habilidades
interpersonales.”

Según su opinión, ¿cuáles fueron las dificultades y oportunidades
principales que emergieron de la pandemia de COVID-19?

BL: La primera dificultad, que quizás también fuera una oportunidad, es que no podemos hacer un buen trabajo a menos que el personal trabaje en lugares seguros desde el punto de vista sanitario.

Empezamos a ver que la gente adoptaba mucho más un modelo de bienestar, pensando más en la salud del personal y la forma en que este aspecto confluye con su trabajo. El sector de penas y medidas comunitarias de
los Estados Unidos, históricamente, se ha basado en oficinas y contacto presencial.

Tenemos el convencimiento de que reunirnos en una misma estancia con una persona, de algún modo, crea un espacio para trabajar mejor. ¡Y desafiamos este concepto! No hay ningún lugar en el país que no nos diga que tuvieron una mayor implicación con las personas sujetas a supervisión con las conexiones virtuales y los mensajes de texto. Ahora, las personas sujetas a supervisión pueden permanecer en el trabajo, tomarse un descanso y reunirse en una videollamada con su funcionario de libertad vigilada/ condicional. Esta relación en tiempo real también permite intervenciones más rápidas cuando las personas empiezan a tener dificultades importantes.

A crisis ocasionada por la pandemia ha ayudado a humanizar nuestro trabajo y a las personas sujetas a supervisión.”

El espacio virtual permitió a los funcionarios conocer las vidas de las personas. Vimos hasta qué punto podía ser positivo conectarse con alguien y cuán dispuestas estaban las personas sujetas a supervisión.

La pandemia también unió al personal penitenciario y a las personas de las que este cuidaba, ya que a menudo experimentaban los mayores riesgos para la salud al mismo tiempo. Esta crisis ha ayudado a hacer abrir los
ojos ante los asuntos relacionados con la salud, y ayudó a los funcionarios de la libertad vigilada a ver en las personas a las que supervisaban algo más que un delito.

La otra cara de la pandemia es el trauma. Empezamos a ver como incrementan las conversaciones sobre este tema entre el personal. Nos obligó a tener conversaciones molestas, pero también nos hizo ver cosas
dolorosas de las que no solemos hablar.

No sé si estos cambios subsistirán a la pandemia. El sistema correccional se basa en un modelo de statu quo, lo que significa que el cambio es difícil. A menudo actuamos de una manera y continuaremos haciéndolo
así. Espero que esto cambie, porque veo la gran oportunidad de implicar a las personas de modos diferentes.

Ahora las personas no tienen que venir dos veces al mes para comprobar si han consumido drogas o no, sentarse en una oficina a la espera de la cita y siempre reunirse presencialmente con su funcionario.

Creo que es una forma más humana de implicar a las personas y de permitirles permanecer en sus comunidades. Cuanto más apoyo aportemos y menos interfiramos mejor. Pero me temo que retrocederemos a un espacio en el que esperaremos de las personas que vuelvan a las oficinas.

Muchas instituciones penitenciarias se remontan a la revolución industrial. Con la revolución industrial llegaron las cintas transportadoras y los procesos.

Desafortunadamente, hemos diseñado instituciones para que funcionen del mismo modo. Hacemos pasar a las personas por nuestro sistema como si estuviesen sobre una cinta transportadora, y les aplicamos cada etapa.

Recordémoslo: nuestra función no es aplicar el sistema sino ayudar a las personas a tener una vida mejor.
¡Debemos centrarnos en la persona! Necesitaríamos un modelo nuevo, más centrífugo. Y, aunque deteste decirlo, no creo que la COVID-19 tenga la fuerza suficiente para acabar con el statu quo.

Brian Lovins

Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Estadounidense de Libertad Vigilada y Libertad Condicional (APPA), Estados Unidos de América

El Dr. Brian Lovins se doctoró en Criminología en la Escuela de Justicia Penal de la Universidad de Cincinnati. Ha sido director adjunto del Departamento de Supervisión y Correcciones Comunitarias del condado de Harris, en Houston (Texas). También fue director adjunto del Instituto Penitenciario de la Universidad de Cincinnati, donde desarrolló herramientas de evaluación de riesgos para todo el Estado y validó. Ha publicado artículos sobre evaluación de riesgos, delincuencia sexual, intervenciones efectivas, etc. Actualmente es director de Justice System Partners.

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