Luiz Carlos Cruz

Espírito Santo: una transformación sistémica del sistema penitenciario estatal

// Entrevista: Luiz Carlos Cruz

Secretario de Estado de Justicia, Espírito Santo, Brasil

 

JT: El panorama penitenciario brasileño presenta varios desafíos, en particular el hacinamiento y las altas tasas de encarcelamiento, las malas condiciones de las prisiones, una tasa exagerada de reclusos provisionales, la escasez de agentes penitenciarios y la proliferación de pandillas.  Las 35 prisiones de Espírito Santo (ES) tienen capacidad para 13.863 internos, pero actualmente albergan a 22.922 presos.  Más allá del hacinamiento, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el estado de Espírito Santo en materia de justicia, especialmente penitenciaria?  

LCC: En primer lugar, el estado de Espírito Santo agradece la oportunidad de compartir la política adoptada para la administración del sistema penitenciario de Capixaba. Desde que a finales de octubre de 2018 fui invitado a asumir la Secretaría de Estado de Justicia en Espírito Santo, la principal cuestión a abordar ha sido el hacinamiento en las cárceles. Nuestro estado ha estado viviendo una situación preocupante desde el año 2015 cuando la tasa de ocupación sobrepasó el límite recomendado del 137 %, y se ha disparado hasta llegar a una tasa promedio del 162 %. Durante el período de 2007 a 2014, se realizaron importantes inversiones en la ampliación de plazas y en la modernización del sistema penitenciario, cuando alcanzamos un total de 13.863 plazas. Después de 2014 hubo una discontinuidad del programa y, al mismo tiempo, se produjo un fuerte aumento de la población prisional, que pasó de 16.541 personas en diciembre de 2014 a 22.392 en diciembre de 2018. Un crecimiento promedio en estos 4 años de 1.462 presos por año, y desde diciembre de 2017 hasta diciembre de 2018 este crecimiento fue de 1.846 presos más en el sistema, mientras que no se crearon nuevas plazas. En este escenario, si en los 4 años del nuevo Gobierno que comenzó en 2019 no hay más plazas, se estima que tendremos seis mil personas más en el sistema, agravando el cuadro de hacinamiento a un ritmo que se proyecta por encima del 204 %. La situación cambió de unos 16.541 presos con 13.846 plazas a 22.392 presos con las mismas 13.846 plazas.  En la concepción tradicional de la arquitectura penitenciaria brasileña, una plaza cuesta un promedio de 70.000 reales. Hoy en día el déficit es del orden de diez mil plazas que corresponden a una inversión en construcción de unos 700 millones de reales. Además, está el coste de mantener estas nuevas unidades y contratar más agentes penitenciarios.  Sin embargo, cuando preguntamos a la población si prefiere tener más escuelas, más hospitales, mejores condiciones de transporte público, por ejemplo, la población prefiere que el Gobierno invierta en mejoras de las políticas de transporte público, educación y salud, en lugar de mejorar las condiciones de los presos dentro de las unidades penitenciarias. Por eso tenemos que ser creativos y encontrar soluciones diferentes, no basta con crear plazas.

 

JT: ¿Qué estrategias y medidas se están proponiendo para resolver los problemas del sistema de justicia y lograr una reforma? 

LCC: El primer punto es el de calificar el ingreso en el sistema penitenciario. No todos los delincuentes necesitan efectivamente ser condenados a prisión, necesitamos tener alternativas que no sean solo la privación de su libertad. Por eso, entendemos la importancia de invertir en políticas como la creación de una oficina central de alternativas penales. Por otra parte, no todos los reclusos son iguales en cuanto a su peligrosidad y potencial de reinserción social. Entendemos que es necesario identificar el perfil de cada recluso y separarlos por programas adecuados al perfil. Podemos construir y utilizar las plazas de una manera más racional: el recluso de alta peligrosidad va a una unidad de máxima seguridad, mientras que el de mediana peligrosidad va a una unidad de mediana seguridad y así sucesivamente. Los reclusos de mínima seguridad pueden incluso entrar en colonias penales con costes de construcción inferiores a los de las prisiones de máxima seguridad, o pueden estar en arresto domiciliario sin coste para el Estado, o incluso ser colocados en algún programa de capacitación profesional y de generación de ingresos para que no tengan que recurrir a prácticas delictivas para asegurar su sustento y el de su familia. Son alternativas válidas, porque se trata de presos que responden a un perfil en el que no necesitan ser privados de libertad, pero que tendrán algún tipo de tratamiento penal para que la población no tenga una idea de impunidad. Entre los trabajos que estamos desarrollando, la creación de la Oficina Central de Alternativas Penales tiene como objetivo clasificar en el ingreso al penal para que solo entren efectivamente a la unidad aquellos que representen un peligro para la población. Incluso para aquellos que necesitan estar presos, con la realización de un perfil adecuado, no gastaremos los mismos recursos en construir prisiones de mínima seguridad que en construir una prisión de máxima seguridad.

 

Hoy en día la reincorporación de personas al sistema es muy grande, con una tasa de más del 70 %. Sin embargo, tenemos un modelo creado por una asociación de voluntarios conocida como APAC (Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados) donde esta lógica se invierte: casi el 80 % de las personas que salen no vuelven a delinquir, lo que representa un nivel de reingreso en promedio del 20 %.  Las APAC utilizan componentes muy fuertes de confianza, rescate de la dignidad, calificación profesional y oficinas laborales, donde el detenido puede desarrollar alguna actividad profesional, y donde esta actividad profesional es una capacitación, una competencia para que el detenido pueda competir por un trabajo en el mercado laboral, o incluso prestar servicios o producir bienes a través de una cooperativa, como trabajador autónomo o incluso convertirse en un microempresario. La pregunta es: si estos principios de la APAC producen resultados en sus centros de reinserción social, ¿podemos en una prisión pública alcanzar resultados semejantes, al adoptar estos principios y metodologías e implementar las mismas medidas con detenciones más dignas, con más confianza, dando al detenido la oportunidad de calificación profesional y la oportunidad de generar ingresos? Para ello es importante separar a los presos según el perfil adecuado, porque no podemos ignorar el hecho de que todavía hay delincuentes que ven el honor y la gloria en el crimen, que no quieren participar en un proceso de  recalificación profesional, a quienes les interesa continuar la práctica delictiva incluso desde el interior de las unidades penitenciarias. También supone un gran desafío para nosotros combatir las facciones y los grupos criminales que están dentro de la prisión y quieren continuar con las prácticas criminales y a quienes no les interesan las prácticas de reinserción social.

El primer punto es el de calificar el ingreso en el sistema penitenciario. No todos los delincuentes necesitan efectivamente ser condenados a prisión.

 

 

JT: El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública planea llevar a cabo proyectos estratégicos que fomenten la integración entre los estados brasileños, fortaleciendo los mecanismos institucionales internos de gobernanza, con respecto a la lucha contra el crimen y la violencia, al tiempo que apoya la reducción del hacinamiento en las prisiones y el aumento de la tasa de reinserción social de los presos, con miras a reducir las tasas de reincidencia.   ¿Cuál es su visión sobre los proyectos concertados que el Gobierno quiere promover y en qué medida cree que tendrán éxito en relación con los objetivos de la Secretaría de Justicia del estado de Espírito Santo? 

LCC: Creo que la alineación entre la estrategia del Gobierno federal y las estrategias de los Gobiernos estatales, principalmente en materia de seguridad, y el sistema penitenciario, son muy convergentes. El DEPEN (Departamento Penitenciario Nacional) es el órgano del Ministerio de Justicia responsable no solo de la atención de los presos en las prisiones federales, sino principalmente del establecimiento de políticas públicas para el sistema penitenciario en todo el país. Y es precisamente en este último ámbito de actuación donde el DEPEN debe ser reforzado. Creo que su estructura es hoy muy pequeña; sin embargo, se está convirtiendo cada vez más en una referencia nacional. Es importante que exista una separación entre las funciones de administrador de la ejecución de penas en las prisiones federales y las de promotor e inductor de políticas públicas a nivel nacional. Creo que esta estructura debe mejorar y actuar de manera más eficiente, apoyando técnicamente a los estados y funcionando para que tengamos una evolución más homogénea del sistema penitenciario en todo el país. Un ejemplo es que todos los estados que tienen proyectos penitenciarios que serán financiados por el Fondo Nacional Penitenciario (FUNPEN) dependen del Gobierno federal porque necesitan tener una aprobación del departamento de ingeniería del DEPEN. Sin embargo, el departamento de ingeniería no cuenta con suficientes ingenieros para analizar y aprobar todos los proyectos que se presentan, retrasando durante demasiado tiempo el uso de estos recursos. Resulta crucial desarrollar una estructura más amplia para que pueda inducir políticas públicas nacionales, fomentando un ambiente de innovación y un desarrollo más sostenible de los sistemas estatales. A pesar de todas estas dificultades, el DEPEN ha sido un gran aliado, apoyando nuestros proyectos.  Podemos afirmar que hoy tenemos una alineación muy estrecha no solo con el Ministerio de Justicia, sino también con el CNJ (Consejo Nacional de Justicia), el órgano de control del poder judicial, que incluso ha señalado al estado de Espírito Santo como modelo a seguir en materia de integración. Destacar también el apoyo del Ministerio de Justicia en el proceso de financiación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el reconocimiento de que las políticas desarrolladas en el estado de Espírito Santo están en consonancia con las políticas trazadas por el Gobierno federal a través del propio Ministerio de Justicia y del DEPEN.

(...) no todos los reclusos son iguales en cuanto a su peligrosidad y potencial de reinserción social. Entendemos que es necesario identificar el perfil de cada recluso y separarlos por programas adecuados al perfil.

 

JT: En septiembre de 2019 se realizó un ”mutirão», carcelario, promovido por la Defensoría Pública del estado de Espírito Santo, que resultó en la concesión del beneficio de arresto domiciliario, utilizando la tobillera electrónica, a más de 100 presos. (Fuente:: Más de 100 reclusos se benefician de salir de la cárcel y llevar tobilleras en ES:, Folha Vitória, 13/09/2019).   ¿La concesión de este beneficio es solo una situación puntual o existe un sistema de penas y medidas alternativas que apoya la mejora de la eficiencia del sistema penitenciario de ES?

LCC: El ”mutirão” organizado para la Defensoría Pública pagó un precio por ser el primero. A veces, no siempre todo sale como se ha planeado. Pero en cualquier caso podemos considerar que fue un éxito porque fue un experimento donde se consolidaron ciertas tesis legales a través del poder judicial, la defensoría y el Ministerio Público. Estas tesis consolidadas pueden servir de ahora en adelante para que el juez pueda adoptar tales criterios, facilitando el proceso del juicio.  El ”mutirão”   se propició aquí en Espírito Santo por el hecho de que fuimos el primer estado de Brasil en implementar el sistema electrónico de ejecución penal. El sistema electrónico de ejecución unificado, el “SEEU”, se aplicó atendiendo al 100 % de los procesos de aplicación de la justicia penal. Esta herramienta también fue probada a través de filtros que permitieron a los actores del «mutirão» seleccionar cuáles eran los presos y los procesos en los que estas tesis podían ser aplicadas. La adaptación de un procedimiento más rápido mediante el sistema de proceso electrónico con el establecimiento de filtros, un entendimiento consensuado de jueces, fiscales y defensores, permitió que ciertas tesis tornasen consensuales y tuvieran una aplicación inmediata en los procesos de ejecución en curso.

 

El resultado concreto, es decir, el hecho de tener 100 presos en el sistema de vigilancia electrónica por sí solo no es sustancial, pero también ha servido para que algunos jueces comprendan que la vigilancia electrónica se convierte en una alternativa viable al encarcelamiento. A principios del año 2019 teníamos unos 170 monitorizados, en el mes de octubre ya había más de 600 monitorizados electrónicamente, lo que corresponde a una unidad penitenciaria virtual con 600 plazas, y que consiste en un ahorro de 42 millones en la construcción de una unidad penitenciaria. En ese sentido creo que el “mutirão” tuvo un buen resultado. Ahora pasemos a lo que se ha derivado de este “mutirão”: el sistema de filtros , la identificación de tesis y la segregación  de procesos con aplicación inmediata de estas tesis. También la verificación de que la tobillera electrónica es realmente una herramienta que puede ser utilizada y ampliada para otros internos, incluyendo los provisionales. En Espírito Santo tenemos más de diez mil presos condenados y unos ocho mil presos provisionales que todavía no han ido a juicio.

 

JT: ¿Cuáles son los principales desafíos que ve para el sistema penitenciario de Espíritu Santo?

LCC: El principal desafío es superar los prejuicios. El programa de Espíritu Santo es un programa de reinserción social a través del trabajo. Hace poco celebramos un evento muy interesante, el de la entrega del «sello social», en el que 77 empresarios e instituciones públicas colaboradoras con el sistema de justicia recibieron el sello por haber contratado a un número importante de presos.

Hoy en día tenemos más de 3500 reclusos trabajando, más de 2000 reclusos con trabajo remunerado, y ese número tiende a crecer. La superación de los prejuicios es importante. Hemos oído el testimonio de algunos empresarios y nos hemos dado cuenta de que exactamente lo que retrasó la decisión de contratar a los presos por parte de estas empresas e instituciones fue la percepción de que involucrarse con personas que serían muy peligrosas podría causar problemas a las empresas. Cuando los empresarios aceptaron el reto, su sorpresa al recibir al recluso y ver la respuesta que tuvieron en términos de productividad fue grande. Esto es muy bueno y se contagia a otros empresarios que ven en esta iniciativa una gran oportunidad de negocio muy ventajosa para la empresa, para el sistema y sobre todo para esa persona vulnerable que fue privada de libertad y que ahora tiene esperanza en un futuro mucho mejor. Quiero destacar que los internos que se proponen para este programa son seleccionados de acuerdo con el tipo de tarea a realizar y que tienen un perfil adecuado al puesto ofrecido. También hemos ampliado la oferta de cursos profesionales en el área de la construcción civil, electricidad, refrigeración, costura, agricultura orgánica, cocina industrial, entre otros.

 

Por último, en 2019, desafiando el sentido común, se obtuvieron resultados significativos con la política de seguridad pública del “Programa del  Estado Presente”, que se centra no solo en el eje policial sino, sobre todo, en un fuerte componente social, de integración de los esfuerzos de los poderes e instituciones del Estado para reducir los índices de violencia y delincuencia, combinado con una política de reducción de la encarcelación basada en la calificación de las prisiones y la adopción de diversas alternativas penales. Logramos invertir el panorama inicial, cerrando el mes de diciembre de 2019 con una reducción de la población carcelaria en 141 presos, en comparación con finales de enero de 2019.

//

Luiz Carlos Cruz es licenciado en derecho por la Universidad Estatal de Río de Janeiro y también en Ciencias Náuticas. Fue Capitán de corbeta de la Marina de Brasil, es delegado de la Policía Federal, ocupó el cargo de director de operaciones de la Secretaría Extraordinaria de Seguridad de Grandes Eventos (SESGE), responsable de la planificación, entrenamiento y coordinación de las acciones de seguridad para la Jornada Mundial de la Juventud y la Copa de Confederaciones (2013), la Copa del Mundo (2014) y los Juegos Olímpicos (2016). Fue presidente de la Comisión Nacional de Seguridad de Terminales Portuarias y Vías Navegables (CONPORTOS). Fue nombrado secretario de Estado para la Justicia de Espíritu Santo y tomó posesión de su cargo en enero de 2019.

Gustar/ Compartir:
More stories
Pedro Neves
Cooperación e intercambio de conocimiento: una palanca en el proceso de desarrollo de políticas