genna tuccillo juvenile justice and probation italy

La justicia juvenil y comunitaria italiana en transición

// Entrevista: Gemma Tuccillo

Jefa del Departamento de Justicia Juvenil y Comunitaria, Ministerio de Justicia, Italia

 

JT: En 2015, la Dirección General para la Ejecución de Sentencias en la Comunidad y Libertad Condicional se separó del Departamento de Administración Penitenciaria para unirse al Departamento de Justicia Juvenil. ¿Cuál fue la razón subyacente de este tipo de organización y qué desafíos y oportunidades ofrece?

GT: De hecho, esta reciente reforma es coherente con la nueva estrategia política en temas de seguridad que, a diferencia de la perspectiva anterior dirigida al mero fortalecimiento de los instrumentos represivos sancionadores, se está adaptando a las directrices elaboradas por las recomendaciones del Consejo de Europa sobre las sanciones y medidas en la comunidad.

Desde este nuevo punto de vista, nace un enfoque diferente y más complejo para el tratamiento de adultos bajo libertad condicional. A pesar de la peculiaridad del tratamiento de los menores en libertad condicional en comparación con el de los adultos, hay una razón común subyacente al mundo de menores y adultos: el énfasis en la resocialización y la reintegración del delincuente en la comunidad.

Por lo tanto, los objetivos del departamento incluyen: trabajar para aumentar las sanciones y medidas comunitarias; garantizar que la larga y efectiva experiencia del sector juvenil en la ejecución de sanciones y medidas comunitarias pueda «afectar» al sector adulto; y adaptar el sistema italiano a las directrices del Consejo de Europa, en particular a la Recomendación del CM/Rec (2010)1 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre las Reglas de Libertad Condicional del Consejo de Europa.

Ha habido un cambio de una función de subordinación con respecto al sector penitenciario a compartir la misión del sector juvenil (…)

JT: ¿Cuál es el alcance de la actividad del Departamento?

GT: Hasta la fecha, las sucursales locales de la Dirección General para la Ejecución de Sanciones y Medidas Comunitarias son: 11 oficinas interdistritales, 17 oficinas de distrito, 43 oficinas locales y 12 secciones independientes.

Ha habido un cambio de una función de subordinación con respecto al sector penitenciario a compartir la misión del sector juvenil: desarrollar medidas y sanciones comunitarias para hacer que el encarcelamiento sea residual solo en los delitos más graves.

Gracias a la introducción de la «suspensión de los procedimientos con libertad vigilada» para adultos (que ya existe desde hace unos 30 años en el contexto juvenil), la ejecución de sanciones y medidas comunitarias se está convirtiendo en la principal respuesta al delito. Actualmente, de los 60 002 reclusos, el número de personas bajo sanciones y medidas comunitarias asciende a 54 682.

Las personas acusadas de delitos cuyo castigo previsto por la ley no exceda los cuatro años pueden solicitar, incluso antes del juicio, que la sentencia se conmute a un servicio comunitario y a actividades voluntarias.

Las penas comunitarias son más «justas» y «seguras», por lo tanto, más consistentes con el proposito de la sanción, que es prevenir la reincidencia. Además, el uso de medidas y sanciones comunitarias permite responder a los delitos incluso si son menores. Se pueden imponer medidas alternativas a la detención (libertad parcial, asignación al servicio de libertad condicional, arresto domiciliario) en lugar de la pena de prisión o después de haber cumplido parte de ella en la cárcel.

Cumplir una sentencia fuera de prisión, lo cual no es un premio sino que es una pena en sí misma, se puede llevar a cabo dentro de la comunidad, con el apoyo de otras agencias públicas y privadas.

La aprobación de la nueva ley penitenciaria de menores introdujo nuevas medidas comunitarias para los menores.

JT: Hemos leído que tanto la justicia juvenil como la comunitaria, en Italia, siguen el principio de intervención mínima (Fuentes: Confederación Europea de Libertad Condicional, «Libertad condicional en Europa – Italia», marzo de 2016 y Scalia Vincenzo. (2005). ¿Una lección de tolerancia? Justicia de menores en Italia. Justicia Juvenil. 5. (33-43). ¿Podría por favor explicar en qué consiste dicho principio y los resultados prácticos que produce?

GT: El sistema legal italiano, a través del proceso judicial de menores (Decreto presidencial 448/88), que entró en vigor en 1989, tiene como objetivo la rehabilitación de los menores que entran en contacto con el sistema de justicia.

Los procesos penales juveniles dan prioridad a la función educativa, reduciendo al mínimo el carácter aflictivo de las medidas penales y reconociendo al menor como titular de derechos.

Además, hay más principios en el proceso penal juvenil, concretamente: la ofensiva menor, cuyo objetivo es favorecer la rápida salida de los menores del sistema judicial, sin interrumpir sus procesos educativos; la idoneidad, donde el procedimiento penal de menores debe ser compatible con su personalidad y sus necesidades educativas; el principio de la residualidad de detenciones; el principio de la no estigmatización y el derecho del menor a ser informado constantemente sobre el significado de cualquier actividad procesal, así como de cualquier decisión judicial.

Estos principios se aplican de manera efectiva con la introducción de medidas destinadas exclusivamente a menores de edad, incluidas las medidas sin custodia previas al juicio: prescripciones, confinamiento en el hogar y colocación en la comunidad. Por lo tanto, evitan el impacto en el menor en la fase previa al juicio y permiten la ejecución de una medida comunitaria durante la cual el menor es confiado a los servicios de justicia juvenil.

Además de las medidas sin custodia previas al juicio, hay otras dos innovaciones que han cambiado completamente la manera en que el sistema de justicia aborda los delitos de adolescentes, que son: «Sobreseimiento de Hechos Legalmente Irrelevantes» y «Suspensión de los Procedimientos Penales con la puesta del menor en libertad condicional». El primero establece que el fiscal, durante las investigaciones previas al juicio, le pedirá al juez que no entable una demanda por hechos legalmente irrelevantes cuando los procedimientos perjudicarían las necesidades educativas del menor, si continuaran, de acuerdo con el principio de “ofensiva del menor”, antes mencionado.

El segundo representa una fuerte innovación en el sistema legal italiano. La superación exitosa del período de prueba, que dura un máximo de tres años y puede otorgarse por cualquier delito, implica la extinción de la ofensa además de la extinción de la pena.

Los resultados obtenidos durante estos años de aplicación del Decreto Presidencial 448/88 son muy alentadores. El número de medidas de libertad condicional ha tenido una tendencia creciente y los resultados deseados, incluido el principal de la detención residual tanto en la fase de instrucción como en la ejecución de la sentencia, pueden considerarse alcanzados.

Además, recientemente (a finales de 2018), la aprobación de la nueva ley penitenciaria de menores introdujo nuevas medidas comunitarias para los menores, además de las ya existentes, que harán cada vez más residual el recurso a medidas que priven a los menores de su libertad.

 

JT: ¿En qué medida aprovecha su departamento los desarrollos tecnológicos para lograr una mayor eficiencia?

GT: De hecho, desde 2010, el Departamento ha utilizado el Sistema de Información de Servicios de Justicia Juvenil (SISM, por sus siglas en inglés) para el manejo de la información relacionada con menores. Este sistema permite la difusión de información relacionada con los archivos del menor entre la administración central, los servicios sociales de justicia juvenil y el poder judicial. Este sistema es una única base de datos o recopilador de archivos, al que se puede acceder con autorización. Esto permite la adquisición y la gestión de información sobre menores y jóvenes adultos a cargo de los servicios juveniles, y acelera el intercambio de información entre los diferentes profesionales que trabajan en los servicios y los tribunales juveniles.

Además, a través de este sistema de información podemos obtener datos que luego se procesan de forma anónima a través de una aplicación específica de inteligencia empresarial para el análisis estadístico y la construcción de «paneles de información» del sistema CIS – tableros de información estadística (interactivos) – a disposición de la administración central y de todos los servicios juveniles.

 

 

 

JT: Actualmente, el fenómeno de la radicalización violenta es un tema apremiante, ya que ocurre no solo en las cárceles sino también en el contexto de las sentencias comunitarias. ¿Cuál es el enfoque de su departamento ante el fenómeno de la radicalización y el extremismo violento?

GT: La administración presta una atención constante a la cuestión de la radicalización y el extremismo violento. Además, cooperamos con el Departamento de Administración Penitenciaria, a través de la implementación del proyecto europeo RASMORAD P&P, sobre la prevención de la radicalización violenta en las prisiones y en el marco de la libertad condicional.

Las actividades de prevención de la radicalización y el extremismo violento en los servicios penitenciarios y en la libertad vigilada se llevan a cabo en colaboración directa con el Comité de Análisis Estratégico de la Lucha contra el Terrorismo. Esto es a nivel nacional, como foro permanente entre la policía judicial y los servicios de inteligencia y como instrumento para evaluar la información sobre la amenaza terrorista nacional e internacional.

Mi departamento también publicó directrices destinadas a destacar tareas de prevención y, en 2017, proporcionó directrices operacionales sobre el tema. Los servicios descentralizados están llamados a colaborar en la observación de las personas potencialmente en riesgo, proporcionando una actualización constante y utilizando las indicaciones dadas en las reuniones de formación institucional, como el proyecto europeo TRAin Training – Transferencia de enfoques de radicalización en el entrenamiento, del Programa da Justicia, que prevé la formación del personal en el conocimiento y la aplicación de las herramientas de evaluación del riesgo de radicalización.

 

JT: Durante casi 27 años usted ha trabajado en tribunales de menores (como fiscal, jueza y luego presidenta). ¿Cómo influye esa amplia experiencia en su trabajo en el presente?

GT: He estado en el Poder Judicial durante casi 35 años y, de alguna manera, la posición que actualmente tengo cierra el círculo.

Mi primer trabajo, cuando era muy joven, como jueza de vigilancia de adultos, centró mi atención en el delicado y complejo mundo de la ejecución de sentencias. El paso a la justicia de menores, trabajando en los ámbitos de la delincuencia juvenil y en el sector civil (en el ámbito de los derechos que en varios aspectos se niegan a los niños) representó un reto fascinante e importante que me ha llevado a reflexionar, también a la luz de nuestra Constitución, sobre el significado más profundo de las penas.

Ejercí de fiscal de menores, jueza de menores y presidí un tribunal de menores, lo que me permitió entrar en contacto con todos los contextos locales conociendo sus peculiaridades.

Mi compromiso actual no se limita al perfil procesal, sino a la identificación de las soluciones más apropiadas para asegurar la eficacia de la sanción, la protección de la sociedad y la recuperación/rehabilitación concreta del delincuente, incluso mediante la difusión de las mejores prácticas y la participación de la comunidad en los programas de inclusión de delincuentes.

Estoy cada vez más convencida de que solo a través de proyectos integrados, personalizados y ampliamente compartidos, es posible desarrollar procesos de rehabilitación bien sucedidos y reducir la reincidencia.

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Gemma Tuccilo es la Jefa del Departamento de Justicia Juvenil y Comunitaria en el Ministerio de Justicia Italiano. Es Magistrada hace casi 35 años y su carrera hasta fecha se ha desarrollado en el sector de justicia de menores. Entre 2010 y 2015 fue presidente del Tribunal de Menores de Potenza; en el Tribunal de Menores de Nápoles ocupó los cargos de Juez (1997-2010) y de Fiscal Adjunta de la República (1988-1997). Es Licenciada en Derecho por la Universidad Federico II de Nápoles.

 

 

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