francesco basentini Head Penitentiary Italy

Los retos y las oportunidades del sistema penitenciario italiano

// Entrevista: Francesco Basentini

Director General del Departamento Penitenciario, Italia

No hay planes de reforma hasta la fecha. Ciertamente necesitamos cambiar, pero las reformas deben dejar huella, en lugar de ser una maraña de ideas confusas.

JT: Si bien la población carcelaria se redujo significativamente en el período posterior a la sentencia Torreggiani, aumentó en 2016 y, según el informe del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) (2017) 23, el hacinamiento persiste. ¿En qué medida el aumento de la población carcelaria pone en peligro el progreso ya realizado?

FB: Nuestros datos difieren de los del CPT. Nuestros cálculos a medio plazo indican que entre 2011 y 2018, la población carcelaria evolucionó de 66 897 (con una capacidad de 45 700 plazas) a 59 275 (con una capacidad de 50 622 plazas). Así, el número de presos disminuyó y la capacidad aumentó. Además, tenemos nuevas infraestructuras aún en construcción. 

 

JT: ¿Qué desarrollos tecnológicos se están produciendo en el sistema penitenciario italiano?

FB: La tecnología es un excelente aliado del mundo carcelario, pero también es uno de sus peores enemigos. Por ejemplo, el uso de drones para realizar actividades delictivas como la entrega de bienes ilícitos. La tecnología puede ayudarnos a interceptar esos drones, sin embargo, es muy costoso. Tenemos 190 prisiones que utilizan tecnologías de interferencia para combatir drones.

Con respecto a otras implementaciones tecnológicas, en el norte de Italia, en particular en las cárceles de Triveneto, se está probando un nuevo modelo de «prisión tecnológica». Es uno de los más avanzados del mundo y es el resultado de una colaboración público-privada.

Además, el nuevo Laboratorio Experimental de Padua (ELPeF), ha iniciado experimentos muy avanzados (ver el caso en la página XX). Como los estudios y las pruebas experimentales aún no se han completado, no puedo proporcionar detalles dadas las implicaciones legales y políticas, así como los aspectos de seguridad.

Con el nuevo Decreto de Seguridad que acaba de ser aprobado por el Parlamento, todo este marco tecnológico de transformación penitenciaria ya ha comenzado a tomar forma.

A partir de los desarrollos en Padua, puedo asegurar que las instituciones penitenciarias italianas, al menos las más avanzadas, tienen procesos tecnológicos que cambiarán la faz del sistema penitenciario en los próximos años. Los fondos europeos son nuestro reto para este nuevo horizonte.

[Entre 2011 y 2018] (…) el número de presos disminuyó y la capacidad aumentó. Además, tenemos nuevas infraestructuras aún en construcción.

JT: Se supone que el autor del golpe terrorista de Berlín, en diciembre de 2016, ha seguido una ideología radical y violenta mientras estaba encarcelado en prisiones italianas (Fuente: The Washington Post, El sospechoso del ataque al mercado de Berlín se radicalizó en una cárcel italiana, 22 de diciembre de 2016).
¿Qué tipos de estrategias y acciones se están implementando para enfrentar la radicalización violenta en las prisiones italianas?

FB: La Policía Penitenciaria y muchos otros son responsables de la observación y el monitoreo de las cárceles, lo que resulta en un aluvión de información de todo tipo. Cuando se trata de información que no es de primer estagio o que no tiene automáticamente relevancia criminal, pero que se refiere a sujetos en riesgo de radicalización o de proselitismo islámico extremista, inmediatamente se da a conocer a la Autoridad Judicial, a otros organismos competentes y a todos los demás organismos policiales.

El éxito de Italia en la prevención de la radicalización en las cárceles es precisamente el intercambio de información. La competencia de los órganos judiciales a cargo y la competencia administrativa de la autoridad prefectural, por encima de la autoridad gubernamental en materia de expulsiones, van de la mano, en lugar de discrepar.

La información recopilada, en la actividad preventiva de los fiscales y los fiscales de distrito, si existe una hipótesis de delito, da lugar a una investigación o a un proceso criminal. Puede acarrear medidas administrativas cuando no se materializa la hipótesis de delito pero la inteligencia sugiere que el sujeto está realizando actividades de posible proselitismo o, en cualquier caso, se trata un sujeto en riesgo de radicalización. En este último caso, la información se transfiere a la autoridad administrativa o gubernamental para las órdenes de expulsión.

 

JT: ¿En qué medida apoya la actual legislación antiterrorista al sistema penitenciario?

FB: El problema de la radicalización violenta está aún más avanzado. Ciertas estructuras reguladoras e institutos se han creado de forma adecuada en «un clima de emergencia total». Cuando se dictan leyes en el campo de la emergencia, existe un riesgo inevitable de adoptar una redacción o unas estructuras gramaticales particularmente generalistas, como es el caso de la legislación actual. El enfoque de cada uno de los países europeos es eliminar al ciudadano en riesgo de su territorio, pero no proteger a la comunidad europea en su conjunto.

 

JT: Las personas que están bajo el radar de la observación por radicalización no se transfieren a sus países de residencia ni a Europa y, en particular, la información no se transcribe en los certificados de transferencia requeridos por las Decisiones del Marco Europeo. ¿Es esta una buena política?

FB: Yo lo considero una práctica totalmente incorrecta. Los enfoques adoptados por todos los organismos comunitarios, en general, así como por parte de los de países en términos de investigación y combate de la radicalización, son totalmente improductivos. No existe un modelo de circulación ni de intercambio de información, tampoco existe un modelo de razonamiento, reflexión y evaluación y, por último, no existe ningún modelo de decisión final, el cual debería ser común. En la práctica, simplemente se convierte en la lógica de alejar de la propia frontera el riesgo de un ataque radicalizado. Europa no está unida en términos de radicalización.

 

 

JT: Italia es uno de los pocos países europeos en tener una Policía Penitenciaria con las funciones de una fuerza policial. ¿Es esto una ventaja o debería seguirse el ejemplo de otros países?

FB: El papel de la Policía Penitenciaria (PolPen) es estratégico debido a las actividades delictivas en las cárceles, especialmente las relacionadas con las drogas, el tráfico internacional, los delitos económicos, etc. De hecho, la dinámica del crimen organizado en las cárceles está mucho más viva de lo que creemos. Realmente deberíamos establecer observatorios de investigación en las cárceles, que deberían ser responsabilidad exclusiva de la PolPen.

La PolPen es una autoridad de tratamiento que observa, protege y supervisa. Creo que su experiencia y profesionalismo debne valorarse adecuadamente en Europa. Se han formalizado propuestas para crear secciones de la Policía Judicial en la Fiscalía. Necesitamos la oportunidad de ocuparnos de las actividades de investigación relacionadas con los delitos que tienen lugar en las cárceles.

Poner a la PolPen bajo el control de otra fuerza policial debe ser descartado categóricamente. Puede que unir todas las fuerzas policiales sea un acto de madurez que es imposible en Italia. Actualmente también somos el único país que tiene cuatro fuerzas policiales. El modelo italiano de fuerzas policiales altamente especializadas y con habilidades diferenciadas es el as bajo la manga en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

La PolPen es uno de nuestros puntos fuertes y es un modelo para ser exportado a Europa. No es casualidad que, a partir de 2019, un grupo de 20 investigadores seleccionados trabajará junto con la Fiscalía Nacional contra la mafia y el terrorismo en las investigaciones más intensas, integrando las acciones de los Carabineros, la Policía Estatal y la Guardia di Finanza (Guardia Financiera). Esto nunca ha sucedido antes.

 

[1] Torreggiani y otros contra Italia 43517/09 (TEDH, 8 de enero de 2013): el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Italia por violar el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos debido a las condiciones carcelarias experimentadas por siete detenidos. Concretamente, se les obligó a compartir celdas de nueve metros cuadrados con otros dos internos, dejándolos con tres metros cuadrados de espacio habitable a cada uno. El TEDH obligó al Estado a implementar las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de los solicitantes y de otras personas en la misma situación.

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Francesco Basentini, licenciado en Derecho, fue asignado director del Departamento Penitenciario italiano en junio de 2018. Anteriormente, fue fiscal adjunto en la corte de Potenza, con funciones contra la mafia y antiterroristas. Ha participado en casos famosos de corrupción en el sector petrolero. Su cargo se beneficia de la misma indemnidad que el Jefe de Policía, el Comandante General de la Guardia di Finanza y el Comandante General de los Carabineros, y le da derecho a un puesto en el Comité Nacional para el Orden y la Seguridad.

 

 

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