Modernizar la tecnología para facilitar bases de datos integradas y aprendizaje en línea

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Katrina I. Serpa

En el ámbito penitenciario asistimos a una demanda creciente de formación informada por la evidencia y las soluciones integradas de software, en particular en lo que se refiere a la supervisión de la comunidad y la evaluación de riesgos.

El avance de las prácticas basadas en la evidencia obedece principalmente a la adopción del modelo Riesgo-Necesidad-Responsividad (RNR). Desarrollado en la década de 1980 y formalizado en la década de 1990, el modelo RNR tiene por finalidad reforzar el diseño y la implantación de intervenciones efectivas (Viglione, 2018).

 El enfoque actual consistente en integrar estrategias de rehabilitación empíricamente demostradas para reducir la reincidencia ha puesto de relieve la necesidad de servicios y programación que promuevan las buenas prácticas basadas en la evidencia y mejoren tanto el cumplimiento como los resultados en evaluación, tratamiento y vigilancia (Bonta et al., 2011).

Para asegurar la aplicación de tales prácticas, las organizaciones deben asegurarse de que su personal esté al día en cuanto a las políticas, procesos o procedimientos vigentes. Si se aplican del modo correcto, las soluciones digitales son ventajosas tanto para el personal como para la propia organización.

Avanzar soluciones de aprendizaje a distancia y de software para el personal forense y de los sistemas correccionales

Hasta la fecha, las innovaciones dirigidas a mejorar la supervisión en la comunidad y la gestión de casos se han centrado en las habilidades del profesional (Robinson et al., 2012). Por ejemplo, un estudio reciente de Helmus et al. (2021) concluyó que la validez de campo de las evaluaciones de riesgo está influida por si se ha impartido o no la formación profesional adecuada al administrador o usuario de la medida de riesgo.

Sin embargo, a parte del foco actual en la creación de habilidades por parte del profesional implicado, asegurar que una formación sea sustancial exige comprender que no todo aprendiz aprende del mismo modo. Las personas adultas presentan necesidades de aprendizaje específicas que no están presentes en los aprendices adolescentes (Freedman, 1985).

El establecimiento de un curso de e-learning requiere asentar buenos cimientos en las teorías de aprendizaje para adultos, para que el diseño del curso durante la concepción, el desarrollo y la ejecución se traduzcan en un modo que facilite el proceso de aprendizaje (Gouthro, 2018). Por consiguiente, al crear oportunidades de e-learning, debemos asegurarnos de que el tema importante realmente lo sea y se aborde de un modo que tenga sentido, y también de que la impartición del currículo nutra el proceso de aprendizaje para que su implantación pueda ejecutarse del modo adecuado.

Con la nueva investigación y el avance tecnológico, es difícil mantener las prácticas recomendadas de un modo eficiente en costes. Los organismos que carecen de la formación adecuada tienen más probabilidades de hacer un mal uso de las evaluaciones y continuar utilizando estrategias obsoletas que no están en la línea de la investigación más reciente.

Puesto que las prácticas recomendadas basadas en la evidencia para la prevención y la intervención continúan evolucionando, una diseminación rápida de la investigación actualizada debe llevarse a cabo de un modo que esté en línea con los contextos de aprendizaje reales del ámbito de la justicia penal.

La formación en línea exige entre el 40% y el 60% menos de tiempo para finalizarse si se compara con la impartición de los mismos conocimientos en el aula. En consecuencia, se ha concluido que la formación en línea aumenta la productividad, ya que el personal puede reincorporarse a su trabajo más rápido y aplicar inmediatamente las habilidades adquiridas.

Aprovechar la automatización para mejorar resultados

Los organismos de seguridad pública aprovechan la automatización de diversas maneras para mejorar los resultados. El sector continúa encontrando formas innovadoras de aprovechar la automatización y así asegurar puntuaciones precisas, sugerir el uso de conjuntos de datos limpios y construir automáticamente planes de casos basados en la evidencia.
 
Esto puede significar crear funcionalidad para rellenar automáticamente los campos y así garantizar que no haya incoherencias en la puntuación de las evaluaciones de riesgos/ necesidades o reducir la necesidad de entradas duplicadas. También implica un mayor uso de menús desplegables sobre los campos vacíos para asegurar que los conjuntos de datos estén limpios.
 
Incorporar reglas del tipo «si/entonces» en los planes de caso también se recomienda para que la planificación de caso se rellene de modo automático partiendo de las necesidades criminógenas, los factores de capacidad de respuesta y el nivel de riesgo. Así se asegurará que personas situadas de un modo similar consigan el mismo acceso a las intervenciones y que el itinerario de la menor resistencia sea un plan de caso informado por la evidencia.
 
Siempre existe la posibilidad de anular una automatización, ya que las automatizaciones con posibilidad de intervención humana aseguran que, cuando sea necesario, se pueda introducir un cambio. Las automatizaciones deberían servir para reducir la carga para los humanos y dejarles más tiempo para actividades centradas en las personas que, en general, puedan proporcionar mejores resultados.

La defensa de las bases de datos integradas

Para este fin, los organismos de seguridad pública también sopesan la posibilidad de integrar servicios de software que permitan lograr flujos de trabajo racionalizados y automatizados. Las interfaces de programación de aplicaciónes (API) fomentan la agilidad para optimizar las experiencias de usuario, crear ecosistemas digitales dinámicos y lograr una excelencia operativa que asista a los organismos de cumplimiento de la ley, las fiscalías, los juzgados y tribunales y los centros penitenciarios/de penas y medidas en sus regiones.

Tener que transferir datos desde y hacia plataformas es algo a lo que el personal de los sistemas correccionales y las agencias de cumplimiento de la ley deben enfrentarse. En particular, cuando tiene lugar una transición de datos ejecutada de forma manual, el error humano y la pérdida de tiempo constituyen la principal causa de preocupación en las organizaciones de la justicia penal.

Tanto los organismos gubernamentales como las empresas públicas mantienen grandes bases de datos que contienen datos sensibles y personales de miles de personas. Estas bases de datos se utilizan para tomar numerosas decisiones críticas que afectan a la vida de las personas, influyen en los resultados de las condenas, en una reincorporación con éxito y en la gestión de casos.

Se ha establecido bien la necesidad de simplificar la interacción sistema/usuario y mejorar la fiabilidad del sistema. Más allá del valor y las implicaciones potenciales de su uso en los organismos de cumplimiento de la ley y la justicia penal, la presión por utilizar las bases de datos integradas constituye también un ejemplo del potencial de las actividades del gobierno digital para contribuir a la transformación de las formas en que los organismos gubernamentales y del sector público trabajan en colaboración.

El poder del aprendizaje en línea y de los conjuntos de datos integrados se confirma asegurando que las soluciones digitales continuarán siendo un servicio que los organismos de la justicia penal esperan y buscan.

En último término, eliminar la posibilidad del error humano exige precisión en los datos y formación. La integridad de la gestión de casos, evaluación y vigilancia puede lograrse aprovechando y modernizando la tecnología avanzada para que se adecúe a las necesidades de la justicia penal y de sus clientes.

Referencias:

Bonta, J., Bourgon, G., Rugge, T., Scott, T.-L., Yessine, A. K., Gutierrez, L., & Li, J. (2011). An Experimental Demonstration of Training Probation Officers in Evidence-Based Community Supervision. Criminal Justice and Behavior, 38(11), 1127–1148. 

Freedman, J. A. (1985). Reflections of a teacher of adults. New Directions for Adult and Continuing Education, 1985(26), 97–102.

Gouthro, P. A. (2018). Taking Time to Learn: The Importance of Theory for Adult Education. Adult Education Quarterly, 69(1), 60–76.

Helmus, L. M., Hanson, R. K., Murrie, D. C., & Zabarauckas, C. L. (2021). Field validity of Static-99R and STABLE-2007 with 4,433 men serving sentences for sexual offences in British Columbia: New findings and meta-analysis. Psychological Assessment, 33(7), 581–595.

Ho, A., Shlosberg, A., & Lesneskie, E. (2018). Sensitivity of Error: An Examination of the Impact of Human Mistakes on Offender Risk Classification Validity. Justice System Journal, 39(2), 171–188.

Meredith, T., Speir, J. C., & Johnson, S. (2007). Developing and Implementing Automated Risk Assessments in Parole. Justice Research and Policy, 9(1), 1–24. 

Robinson, C. R., Lowenkamp, C. T., Holsinger, A. M., VanBenschoten, S., Alexander, M., & Oleson, J. C. (2012). A random study of Staff Training Aimed at Reducing Re-arrest (STARR): using core correctional practices in probation interactions. Journal of Crime and Justice, 35(2), 167–188.

Viglione, J. (2018). The Risk-Need-Responsivity Model: How Do Probation Officers Implement the Principles of Effective Intervention? Criminal Justice and Behavior, 46(5), 655–673.

Katrina I. Serpa

Katrina I. Serpa

Katrina I. Serpa, máster, es la responsable de producto de la División de Seguridad Pública de Multi-Health Systems Inc. Ha trabajado con organizaciones de todo el mundo en el desarrollo de productos, capacitación, investigación y análisis de datos para reforzar la seguridad pública. Katrina ha publicado artículos científicos, capítulos de libros y es editora de la 1ª edición del Handbook of Forensic Mental Health in Africa. Ha producido más de 250 módulos de aprendizaje electrónico y capacitaciones en línea para profesionales de salud mental, de prisiones y legales. Se especializa en brindar soluciones de vanguardia centradas en problemas para quienes trabajan en entornos de atención general y forenses. Completó sus estudios de posgrado en psicología forense en la Universidad de Maastricht, Países Bajos.

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