electronic monitoring station

Monitoreo electrónico limpio y sucio

 

 

El monitoreo electrónico y el futuro

¿De qué hablamos cuando hablamos de “monitoreo electrónico” (EM, por sus siglas en inglés)? Hablamos del futuro. No solo hablamos sobre lo que significaría adoptar tal o cual tecnología de EM ahora, o de qué intereses son servidos o amenazados (aunque eso también figura), sino sobre los problemas que resolverá o creará en las décadas venideras.

Visiones de futuros posibles, probables y preferibles se han inscrito en todas las conversaciones sobre EM, ya sea desde el punto de vista técnico, comercial, político y profesional, desde que sus prototipos aparecieron por primera vez en la década de 1960 y, más aún, desde que se convirtió en una realidad operativa en los EE. UU., y luego en todo el mundo occidental, en las décadas de 1980 y 1990.

Al igual que con todas las nuevas tecnologías, las diversas situaciones hipotéticas han sido tanto utópicas como distópicas, con un cierto grado de cautelosa aceptación pragmática entre ellas. La afirmación de que la adopción generalizada de tecnologías de monitoreo de localización, de forma aislada o más probablemente en combinación con otras sanciones comunitarias, se convertiría en la forma de reducir o incluso de abolir el encarcelamiento ha surgido con cada “mejora” técnica cualitativa (el último acontecimiento fue, hasta hace poco, la actualización de RF a GPS).

Sin embargo, en ninguna parte ha sido realmente una “innovación desestabilizadora”, para bien o para mal, mucho menos en los Estados Unidos, donde se originó y donde una cultura punitiva centrada en la prisión ha limitado la escala de su desarrollo y lo ha moldeado de maneras punitiva que imitan la prisión. El uso europeo del EM ha sido más versátil — punitivo, protector y de apoyo a las medidas de rehabilitación — y proporcionalmente, en algunos países, a mayor escala que en los Estados Unidos.

La mayoría de los EM europeos, ya sean de radiofrecuencia o de GPS, están incorporados a las agencias de libertad condicional — u otros organismos estatutarios—, precariamente subordinados a su ethos humanístico, aunque la salud de ese ethos esté perennemente en disputa. Las discusiones sobre el posible estigma de la tobillera, sobre cuándo y cómo integrar mejor la monitorización de la localización — y con qué intensidad y durante cuánto tiempo — en los servicios de rehabilitación y reintegración no se han resuelto en todas partes. Frente a un telón de fondo de ansiedad acerca de un futuro generalmente más vigilante, existe, sin embargo, una aceptación generalizada de que algunas formas de EM pueden ser útiles y suficiente evidencia de investigaciones para informar las buenas prácticas, sobre las que se puede o no actuar.

Uno de los problemas es que el EM no es una tecnología estática meramente geolocalizada: el monitoreo del alcohol ha ampliado su alcance (y su significado) para abarcar el control directo del consumo de alcohol, basado en la detección y medición de trazas bioquímicas. Los smartphones y una serie de aplicaciones especializadas que combinan aún más la localización y la monitorización somática — y que añaden un elemento de diálogo al proceso — se están poniendo al servicio de la monitorización de delincuentes de bajo riesgo. Estos desarrollos son consecuencia de la alineación de las empresas de EM con el “futurismo corporativo” — una conectividad amigable para todos — promovido por Silicon Valley; discursivamente, al menos, no asocian tanto el EM con culturas y prácticas específicamente penales, sino más con el mundo emergente de los “cuerpos computables”, los “yo cuantificados”, las “ciudades inteligentes” y la Internet de las cosas. “Imagínese”, dice Nir Shelly, un conocedor de la industria, dentro de unos pocos años:

El monitoreo electrónico ya no se basará en brazaletes electrónicos, sino más bien en una solución de vanguardia, autoinstalable y sin dispositivos, que interactuará a la perfección con una aplicación fácil de usar y flexible que se puede gestionar en cualquier lugar. Los programas de EM manejan todas las etapas de la rehabilitación del delincuente, desde el seguimiento en las instalaciones hasta el seguimiento basado en la ubicación al aire libre. Las soluciones de EM se han vuelto tan avanzadas, de hecho, que ahora no solo se puede monitorizar el paradero del delincuente, sino también su salud, los niveles de estrés y estado de ánimo, la cantidad de actividad física diaria, las calorías consumidas y quemadas y mucho más. Está muy claro cuán rentables y socialmente efectivos son los programas de EM, y estos se convierten en parte de un estándar de oro para la rehabilitación de prisioneros, adoptado por casi todos los gobiernos del mundo .

(Shelly 2016)

Fuera de la burbuja de Silicon Valley, hay pocos servicios de libertad condicional y reformadores penales que verían una vigilancia tan generalizada como algún tipo de ideal social. El problema es que, en el siglo XXI, nos guste o no, los intereses penales progresistas no tienen otra alternativa que comprometerse con este “humanismo digital” (que es como este se concibe a sí mismo), porque hay un inmenso impulso cultural y político, así como económico, detrás de él. Este es el nuevo entorno, el pax technica, en el que los servicios de libertad condicional deben aprender — están aprendiendo — a influir en el debate sobre el futuro del EM. El resultado del encuentro es abierto, pero el no comprometerse, el no ver el EM como un área necesaria y legítima de lucha política es ceder la autoridad a aquellos que desarrollarían el EM de manera indiferente o contraria a los intereses y valores de la libertad condicional.

La monitorización de la localización, por sí sola, puede — pero no tiene por qué — ser utilizada de manera brutalmente punitiva si todo lo que hace es hacer cumplir zonas de inclusión estrechamente restrictivas. La monitorización cuasimédica a la que alude Shelly podría reportar algunos beneficios para la salud de algunos delincuentes, pero nunca tendría por qué normalizarse de la manera que él describe. Lo que ignora, claramente, es que los delincuentes a los que se aplicarían estas tecnologías serían predominantemente personas pobres y desfavorecidas. Esto puede o no ser defendible, dependiendo de los tipos de regímenes de supervisión que experimenten, de lo que se ofrezca y de la manera en que se pueda proteger a las víctimas. Pero la “gobernanza digital” ostensiblemente benigna y sin clases de los ciudadanos recalcitrantes a la que Shelly se adhiere no es lo que parece; esta describe más acertadamente una “automatización de la desigualdad”.

 

EM limpio y sucio

Los tipos de localización y monitorización somática descritos por Shelly son al menos “tecnologías limpias”, arraigadas en desarrollos tecnológicos irresistibles, pero su valor y relevancia en un contexto penal pueden — y deberían — ser discutidos. Ellos mismos serían opresivos si se les permitiera llegar a ser dominantes en materia de supervisión de los delincuentes, pero son redimibles si se usan de manera modesta y ética. Las “tecnologías sucias” — por ejemplo, los instrumentos de tortura —, que no sirven más que para degradar y dañar, no deben ser discutidas, tamizadas en búsqueda de aplicaciones útiles, sino simplemente se les debe oponer.

El dispositivo de electrochoque ha sido durante mucho tiempo un elemento esencial de la ciencia ficción penal y se desarrolló brevemente, pero nunca se utilizó, en Sudáfrica. Sabiendo que tal cosa era posible, la “Recomendación ética” del Consejo de Europa sobre el EM en 2014 la descartó categóricamente: “En ningún caso podrá utilizarse equipo electrónico de vigilancia para causar daño o sufrimiento físico o mental intencional a un sospechoso o delincuente”.

Ahora, sin embargo, el argumento a favor de usar una forma ultrapunitiva de EM que incluye la capacidad de administrar electrochoques ha vuelto a entrar en debate recientemente desde un rincón inesperado — un popular artículo académico escrito por tres respetados (y liberales) académicos jurídicos australianos —, repleto de la vieja afirmación tecnoutópica de que su adopción sistemática terminará finalmente con el costoso encarcelamiento masivo en los EE. UU. (Bagaric, Hunter y Wolf 2018).Lo llaman “encarcelamiento tecnológico” (en adelante, para abreviar, “ET”), utilizando las suaves y modernizadoras connotaciones de la palabra “tecnológico” para enmascarar la inventiva perniciosa que tienen en mente.

Al llamarlo “encarcelamiento” se alinean deliberadamente con aquellos que siempre han visto al EM como una forma de imitar el encarcelamiento (“una prisión virtual”) en vez de como un elemento de control en una sanción rehabilitadora existente. Al presentar el “ET” como la siguiente etapa evolutiva del EM, también juegan directamente a favor de aquellos que han descartado inútilmente todas y cada una de las formas de EM como un indeseable “e-encarcelamiento”: tales críticos verán en este artículo la confirmación de sus más oscuros temores acerca de hacia dónde la simple monitorización de la localización siempre iba a llevarnos.

La restricción espacial al hogar o al vecindario mediante el uso de tobilleras y las capacidades de localización y zonificación del GPS es, de hecho, el punto de partida de Bagaric et al., pero se considera insuficientemente punitiva y, después de veinte años de utilización en los EE. UU., no ha tenido ningún impacto en el encarcelamiento masivo. Son los dos ingredientes adicionales del ET los que les dan la confianza para creer que están inaugurando “el mayor cambio en el sistema de justicia penal que se haya hecho jamás”, uno que “resultará en el cierre de casi todas las prisiones de Estados Unidos”.

El primer ingrediente es la vigilancia audiovisual y táctil a distancia y casi continua de una persona, efectuada por sensores portátiles y supervisada por ordenadores las 24 horas del día, los 7 días de la semana; y el segundo, un dispositivo de electrochoque en la tobillera que puede ser activado de forma remota por el ordenador, siempre y cuando sus algoritmos detecten actividades sospechosas o ilegales.

Hasta ahora, pura ciencia ficción, aunque ellos insisten en que ya existen tecnologías de monitorización corporal continua y electro-inmovilización que podrían, con sólo pequeños retoques, prepararse para su uso penal. El “arnés con sensores”, equipado con sensores de audio que pueden captar la voz del usuario y cualquier sonido en sus inmediaciones, además de una cámara corporal, procede de equipos ya suministrados a los agentes de policía. Aplicada a los delincuentes, la cámara corporal estaría orientada hacia arriba y equipada con un software de reconocimiento facial para evitar su transferencia a otra persona. Se usaría “en la mitad superior de la ropa en todo momento y [también] mientras se bañan” durante el período de encarcelamiento de una persona.

Los sensores hápticos del arnés captarán los movimientos musculares y corporales, permitiendo que una Inteligencia Artificial (IA) remota detecte si un usuario (muchos usuarios simultáneos, de hecho) está caminando normalmente, seduciendo a una novia, teniendo una crisis psicótica, atacando a alguien o defendiéndose. Los monitores humanos nunca podrían llevar a cabo tal tarea: una IA 24/7, a juzgar por los progresos realizados en el análisis de los datos de los sensores en tiempo real de los coches de autoconducción, trabajará mejor que los humanos. Los Dispositivos de Energía Conductiva (CED), que producen una capacidad de electro-inmovilización remota, son simplemente una extensión del electrochoque policial y de los diversos dispositivos de aturdimiento (pistolas, picanas y cinturones) que ya utilizaban los guardias y los alguaciles de los Estados Unidos para manejar a algunos prisioneros estadounidenses; el segundo de ellos — si no siempre el primero — es tildado casi universalmente de “tecnología sucia” por las organizaciones de libertad civil.

El propio ET es una “tecnología sucia”, innecesariamente más dolorosa de lo que el EM debe ser, y se le debería oponer abiertamente. Pero viniendo de una fuente liberal tan respetable, complicará enormemente el debate sobre el EM y, debido a que lo que Bagaric et al. proponen es técnicamente factible, bien podrían obtener apoyo, y no solo en los Estados Unidos. Su incansable acusación de los daños humanos del encarcelamiento está indudablemente bien hecha. Su insistencia en que los 80 000 millones de dólares que se gastan anualmente en las cárceles norteamericanas son insostenibles en términos de rentabilidad (y que sería mejor gastarlos en “servicios sociales críticos, incluyendo educación y salud”) es encomiable.

Pero promover algo tan duro como el ET como única alternativa viable al encarcelamiento masivo — “será adecuado para casi todos los delincuentes que actualmente están encarcelados en prisiones convencionales y (…) será adaptable, de manera de que las dificultades que inflige a los delincuentes sean equivalentes a la severidad de los diversos delitos que han cometido” — plantea muchas preguntas sobre por qué existe el encarcelamiento masivo en primer lugar. Su convicción de que el ET es intrínsecamente menos severo que el encarcelamiento es dudosa — ¡de hecho, es extraña! — y su expectativa de que será un castigo más efectivo que la prisión — mejor para disuadir la reincidencia, mejor para proteger a la comunidad — es especulativa. Su noción peculiar de que la proporcionalidad en la aplicación de una sanción tan draconiana se abordará satisfactoriamente simplemente variando el tiempo que la gente pasa en ella es indigna de personas con sus credenciales académicas.

Bagaric et al. buscan refutar dos críticas anticipadas a su propuesta: la primera, de otros liberales (más aprensivos que ellos) que se opondrán a las violaciones de la privacidad y la integridad física por parte del “ET” por motivos de derechos humanos; la segunda, de reaccionarios conservadores que siempre repudiarán cualquier cosa menor que el encarcelamiento “real”, considerándola como insuficientemente punitiva. Le responden superficialmente a los primeros alegando que el encarcelamiento típicamente viola más la privacidad de los delincuentes y los expone a mayor y peor violencia física por parte de los guardias y otros reclusos, en comparación con lo que lo hará la electroinmovilización ocasional a través de un brazalete en el tobillo.

Le responden a estos últimos admitiendo con orgullo, como neoretribucionistas liberales con una agenda de reformas modernizadoras, que el “ET” es, en efecto, menos punitivo que el aislamiento detrás de muros de acero y hormigón, y más efectivo en el cumplimiento de los objetivos clave de las sentencias: en eso, piensan, radica su obvia superioridad moral y práctica. El supuesto mayor atractivo de este entre los políticos conscientes de los costes marginará a los reaccionarios, sobre todo porque el ambiente actual en EE. UU., incluso entre las “víctimas, la policía y los fiscales”, favorece ahora soluciones más baratas, más constructivas, más efectivas — ¡más liberales! — que el confinamiento a la antigua usanza.

 

Probando el “encarcelamiento tecnológico” (ET)

Hay una ofuscación masiva detrás de esta aparente resistencia liberal a los reaccionarios penales. Solo los académicos con un déficit de empatía significativo podrían imaginar que los propios delincuentes no experimentarían una regulación espacial estricta, una monitorización somática continua a través de un visible arnés con sensores y la perspectiva ocasional de electroinmovilización administrada por una IA como insoportable y destructivamente punitivas. Una mayor indignidad, una mayor abyección por parte del Estado es difícil de concebir. Es difícil de creer que, equipados de esta manera, los delincuentes seguirán teniendo el estado de ánimo adecuado para explorar y aprovechar las oportunidades de rehabilitación y reintegración que podría ofrecer una comunidad local.

A pesar de jactarse de su compromiso con los derechos humanos, las voces de los delincuentes nunca figuran en el análisis de Bagaric et al. — son una consideración irrelevante para ellos — y parece muy probable que muchos delincuentes prefieran los fríos muros de piedra del encarcelamiento real al arnés con sensores intrusivo, estigmatizante e indigno, y a las cargas que este impondría a la vida familiar y a la participación cívica. Solo el más espartano y cruel de los regímenes carcelarios puede ser más doloroso que el “encarcelamiento tecnológico” y, en ese sentido, el sistema penal que Bagaric et al. están contemplando no solo degrada la idea de cómo deben ser las sanciones comunitarias sensatas, sino que también requiere los peores tipos de prisión.

No es de extrañar que, en la manera típica de los académicos liberales, sugieran que su propuesta se someta a prueba durante 12 meses en 10 000 prisioneros “que cumplan condena por delitos sin importancia”. No está claro cómo encaja esto en cualquier noción de proporcionalidad, pero los delincuentes sexuales y violentos serían excluidos inicialmente, simplemente para evitar alarmar a un público escéptico y cauteloso. La prueba se convertiría entonces en una introducción y sustitución gradual de la mayoría de las prisiones durante un período de quince años, incluyendo a delincuentes con delitos cada vez más graves e incluso, con el tiempo, a algunos asesinos. No estoy de acuerdo: en ningún caso esta “tecnología sucia” debe probarse ni aplicarse en ningún lugar. No se requiere investigación empírica sobre sujetos vivos para demostrar que el “ET” es moralmente repugnante y para saber de antemano que la muestra de la investigación inevitablemente sería en su mayoría gente pobre, con múltiples desventajas y (en los EE. UU.) desproporcionadamente negra. No se debe experimentar con ellos.

No hay una dimensión de justicia social en el argumento de Bagaric et al., ni un análisis de clase que entienda que el encarcelamiento masivo tiene que ver mucho más con el manejo de la pobreza y la desigualdad racializada, ya que es una protección y una respuesta ante (algunos) actos de violencia criminal, un problema para el cual existen muchas más soluciones constructivas, aunque nunca fáciles. Los académicos evitan repetidamente decir por qué — ante la abrumadora evidencia histórica de que la introducción de alternativas supuestamente “duras” para reemplazar las cárceles (por ejemplo, el servicio a la comunidad, la libertad condicional intensiva, el propio EM) rara vez ha tenido un impacto duradero en el número de cárceles — esta vez será diferente, aparte de depositar una fe mágica en la tecnología moderna, el ultrapunitivismo y alguna evidencia neurológica “de que los humanos disfrutan castigando a los malhechores” (un hallazgo que por sí mismo no apoya algo tan cruel e inusual como el ET).

No soy contrario a todas las pruebas de “ET”, siempre y cuando Mirko Bagaric, Dan Hunter y Gabrielle Wolf (y, a fuerza de asociación, sus familias, amigos, colegas y vecinos) sean los primeros y únicos participantes en el “piloto”. En serio: los investigadores, los directores de programas y los funcionarios que participaron en programas anteriores de radiofrecuencia y GPS han probado rutinariamente tobilleras con pruebas beta y se han sometido a sistemas de vigilancia durante períodos cortos. Obviamente, esto nunca puede replicar completamente la experiencia de un delincuente, pero puede generar un nivel de perspicacia y empatía que no se encuentra en los informes escritos. Bagaric et al. deberían usar rastreadores y arneses con sensores durante un mínimo de seis meses — prevén que los delincuentes lo hagan durante mucho más tiempo — y hacer que se coloquen zonas de inclusión controladas por GPS alrededor de sus hogares y lugares de trabajo, así como en la ruta intermedia.

Deberían “bloguear en vivo” su experiencia, a través de la IA a la que estarán necesariamente conectados, en una serie de sitios web penológicos de buena reputación para que sus compañeros de profesión puedan establecer contacto con ellos y ver cómo les está yendo. Los participantes deberían experimentar la electroinmovilización automatizada al menos dos veces, solo para ver cómo se siente; una de estas ocasiones debe ser delante de sus hijos, solo para ver cuál es el efecto sobre ellos, ya que es probable que esto le suceda a cualquier delincuente de la vida real que, Dios no lo quiera, venga a ser monitorizado de esta manera.

 

Conclusión: Eligiendo los “cuerpos computables”

Los sistemas de vigilancia electrónica en la justicia penal no son, y nunca fueron, innovaciones aleatorias o entidades materialmente discretas: son ofrecimientos para tecnologías más amplias de la información, la comunicación y la informática, dependientes de las infraestructuras digitales existentes para su viabilidad, y personalizadas para fines específicamente penales. Discursivamente, están atrapados no solo en los “imaginarios penales” imperantes (a quién y cómo queremos castigar) sino también en nuestros “imaginarios sociotécnicos” (hasta qué punto queremos o esperamos que la digitalización y la automatización penetren y cambien nuestras prácticas sociales).A pesar de la cultura de debate sobre el futuro del EM fomentada por las conferencias sobre EM de la CEP (Confederación Europea de Libertad Condicional) y la orientación oportuna proporcionada por la Recomendación ética sobre EM del Consejo de Europa, los intereses penales progresistas todavía no están tan bien informados ni tan versados como deberían estarlo para dar forma al futuro del EM, particularmente cuando las malas propuestas — como el ET — provienen, inesperadamente, de las principales fuentes liberales, que deberían haber aprendido a no promover un bien social — el fin de la privación de libertad — utilizando medios malvados .Los “cuerpos computables” son muchos y muy variados en nuestra cultura tecnológica digital contemporánea, y algunos se eligen libremente. No es posible ni deseable prohibir todas las variantes penales de los mismos, pero el peligro del ET es que, en la mente de otros liberales, podría desplazar o desacreditar lo mejor de lo que el futuro podría deparar.

Referencias:

Bagaric M, Hunter D and Wolf G (2018) Technological Incarceration and the End of the Prison Crisis. Journal of Criminal Law and Criminology 108(1) pp73-135

Consejo de Europa (2014) Recommendation CM/Rec(2014)4 of the Committee of Ministers to member Stateson electronic monitoring. Adoptado por el Comité de Ministros el 19 de febrero de 2014. Estrasburgo: Consejo de Europa

Shelly N (2016) Dreaming Of A Better World, Or Why We Must Push For Standardisation of Electronic Monitoring. Publicación de blog, 6 de junio de 2016.www.em.is.com

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Testimonios sobre ME: Evolución y perspectivas para el futuro

Paulo Moimenta de Carvalho
Director General Adjunto de la Dirección General de Rehabilitación y Servicios Penitenciarios, Portugal

En Portugal, el Monitoreo Electrónico (ME) ha surgido como una reacción al grave hacinamiento en las cárceles que, en los años 90, se veía más en la población en espera de juicio.

El ME fue introducido en el ordenamiento jurídico en 1998, asociado a la fiscalización de la medida de coacción de obligación de permanencia en el domicilio (MCOPD), con el objetivo de constituir una alternativa a la prisión preventiva. Entre 2002 y 2004 se desarrolló un programa piloto de aplicación y los buenos resultados permitieron su difusión a nivel nacional en 2005.

Las sucesivas modificaciones legislativas, de 2007 a 2017, extendieron el ME a la fiscalización de la pena de prisión domiciliaria (PPD), a la modificación de la pena de prisión, a la adaptación a la libertad condicional, así como a la fiscalización de la prohibición de contactos entre agresores y víctimas de violencia doméstica (VD) o de crímenes de persecución (stalking).

Los tribunales han tenido niveles de adhesión diferentes a las diversas modalidades de aplicación del ME. Actualmente, la medida de coacción de MCOPD se mantiene en valores estacionarios que rondan los 350 casos simultáneamente. En la fase de ejecución de las penas, las diversas formas de libertad anticipada mantienen números residuales de poco más de 30 casos simultáneamente. Solo el nuevo régimen de PPD (implementado a finales de 2017) parece estar alcanzando niveles de expresión significativos, con un incremento de 317 nuevas penas.

Actualmente, las decisiones de prohibición de contactos en el marco de la VD representan el 50% del total de casos en ejecución, con tendencia leve de crecimiento (en el marco del crimen de VD, nuestro programa de ME es uno de los más grandes de Europa, justo detrás de España).

Para la fiscalización de las diferentes finalidades de las decisiones judiciales, la Dirección General de Rehabilitación y Servicios Penitenciarios, a través de sus equipos especializados de ME, se vale de tecnologías diferentes: para las diversas modalidades de confinamiento domiciliario, se utiliza la tecnología de radiofrecuencia, que se ha revelado segura y adecuada para el control de dicha finalidad; para la fiscalización de las decisiones judiciales de prohibición de contactos, utiliza la tecnología de geolocalización, que combina la tecnología GPS con los componentes de radiofrecuencia y comunicaciones móviles, cuyo funcionamiento se ha revelado más exigente desde el punto de vista de la gestión de eventos y comportamiento de agresores y víctimas.

Portugal ha adoptado una actitud de receptividad a la innovación tecnológica, mitigada por precaución, a fin de lograr inversiones seguras y no comprometer las altas expectativas sociales y políticas en los programas de ME. Este siempre fue entendido como una herramienta de apoyo a la ejecución de penas o medidas penales y usado como estrategia para intervenir con acusados/condenados. Nuestro modelo conjuga control e intervención, con mayor enfoque en el control o en las acciones de reintegración social conforme el momento procesal de aplicación de la decisión judicial.

El dispositivo de ME funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y los equipos especializados aseguran, de forma integrada y guiada por protocolos estabilizados, las tareas de la fiscalización electrónica y la intervención individualizada orientada a las necesidades de reinserción social. Todas las anomalías señaladas por el sistema tienen una reacción – adecuada a la situación concreta, a la fase procesal y al riesgo que el potencial incumplimiento representa – ante los sujetos.

La evaluación es muy positiva ya que tenemos tasas residuales de incumplimiento de la decisión judicial: el 2,80% en 2017 y el 2,48% en el primer cuatrimestre de 2018. El éxito del ME en Portugal se debe a la existencia de una estrategia institucional que lo concibe no como un fin sino como una herramienta para la reintegración social, compartiendo herramientas de la cultura de la probation; la concepción del ME como un sistema, conjugando una intervención mitigada de control y apoyo por parte de una estructura operativa especializada que utiliza procedimientos estabilizados y tecnologías rigurosas; y, por fin, la buena articulación con los tribunales en la identificación del perfil de caso que debe ser objeto de una decisión judicial de ME y en la agilización de circuitos comunicacionales en la ejecución de la pena o medida penal.

En Portugal, todavía hay un gran potencial de crecimiento para el ME en la ejecución de las sentencias, evitando condenas de prisión para aquellos que no necesitan niveles tan acentuados de control o ayudando a promover la pronta liberación de aquellos que muestran un pronóstico favorable para la liberación. Este movimiento parece que se está logrando en la ejecución con ME de penas de prisión de hasta dos años, con el objetivo de que, en un período de 2-3 años, estén siendo fiscalizados electrónicamente, en el domicilio, cerca de 1200 casos al mismo tiempo. Tales números redimensionarán nuestro programa de ME para valores bastante considerables y permitirán mirar el paradigma penal bajo una nueva perspectiva.

Es demasiado pronto para anticipar el impacto real de esta proyección en el sistema penitenciario y de ME, pero se ve como una oportunidad única para que Portugal replantee su estrategia en el sistema de ejecución de penas, visto en su conjunto. En esta fecha, se destaca el efecto positivo ya producido, pues el hacinamiento ha dejado de ser un problema en el sistema penitenciario del país.


 

Pedro Ferreira Marum
Director General Adjunto, Administración General de las Casas de Justicia, Federación Valonia-Bruselas, Bélgica

Bélgica tiene casi 22 años de experiencia en monitoreo electrónico (ME). El programa piloto se puso en marcha a finales de 1996. El 24 de noviembre de 1997, el Ministro de Justicia creó y autorizó oficialmente el uso del ME en Bélgica, y este se llevó a cabo primero como un programa piloto dentro de su sistema penitenciario. Estaba destinado a ser usado por delincuentes condenados a menos de 18 meses de prisión, quienes tenían que estar a menos de tres meses de la posible fecha de su liberación legal tras cumplir su pena y pagar una cuota mensual de €125 para poder ofrecerse como voluntarios.

Es interesante ver que las autoridades belgas, al principio, pensaron en el ME como un primer sistema de ejecución de la sentencia de prisión y, por lo tanto, fue gestionado por el propio sistema penitenciario. En segundo lugar, estrictamente hablando, se evitaba la coexistencia del ME y la libertad condicional o libertad bajo palabra. Se pensó que el ME era un paso preliminar, un “período de prueba”, antes de que el oficial de libertad condicional clásico realizara su trabajo. Esas creencias fundamentales aún persisten hoy en día, como una modalidad de ejecución de sentencia de cárcel.

El 30 de junio de 2000 se creó el Centro Nacional de Monitoreo Electrónico (CNSE-NCET) en el seno de la Dirección General de Prisiones. En ese momento, había alrededor de 500 casos de ME seguidos diariamente. En 2007, el CNSE-NCET se integró a la recién creada Dirección General de Libertad Condicional (Casas de Justicia), que es un organismo independiente de las prisiones. En efecto, se necesitaron 11 años para transferir el ME del sistema penitenciario al sistema de libertad condicional. Sin embargo, el sistema legal todavía no combina el período de ME con la libertad condicional o bajo palabra. Los oficiales de libertad condicional trabajan en casos de libertad bajo palabra o libertad condicional sin apoyo del ME. En 2014, CNSE-NCET hizo un seguimiento diario de más de 2000 casos de ME y en más de 6000 casos de ME al año. Esto hace que Bélgica sea uno de los países donde hay más personas con ME per cápita.1

El 1 de julio de 2014, se otorgó a las tres comunidades belgas la competencia legal en materia de libertad condicional mediante una modificación constitucional (las tres comunidades son la de habla flamenca, la francesa y la alemana). Por lo tanto, CNSE-NCET se dividió en tres. Las comunidades francesa y alemana unieron sus fuerzas para trabajar en el mismo departamento de ME: el Centre de Surveillance Electronique (CSE). La comunidad flamenca creó el Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET).

Hoy en día, Bélgica utiliza dos tecnologías: GPS (alrededor de 1/5 casos al día) y radiofrecuencia (RF) (4/5). En el caso de Bélgica, el GPS es una solución híbrida que utiliza RF en casa y GPS en el exterior. La verificación de voz se probó a principios de la década de los 2000 y en 2012, pero no se puso en práctica después de los experimentos, sobre todo porque tenía que suspenderse durante la noche (los delincuentes necesitan, naturalmente, poder dormir), y por los problemas técnicos y el excesivo tiempo de trabajo que acarreaba.

Está en curso una licitación para la sustitución del material. En la licitación pedimos que el aparato de GPS sea de una pieza (en lugar de los dos dispositivos típicos). También se solicitan radiofrecuencias y garantías adicionales para las estaciones base de origen (doble control biométrico). La licitación está orientada al servicio, el software está orientado al servicio y el material de ME es rentado. La filosofía de la licitación es más o menos: “En el área de ME, nosotros gestionamos a las personas, vosotros gestionáis lo técnico”.

En 2018, Bélgica cuenta con varios tipos de programas de ME. De hecho, el ME se ha expandido y ha pasado de ser una modalidad de ejecución de sentencias de prisión a ser una pena autónoma, y ha reemplazado a la prisión preventiva durante el período previo al juicio; incluso cuenta con apoyo de salud mental. En 2017, Bélgica ha seguido diariamente unos 1850 casos de ME y ha activado 6592 nuevos casos.

Electronic Monitoring Belgium

Tipo de programa de ME / activaciones de 2017 / duración media
Federación Valonia-Bruselas, Bélgica

Hasta la fecha, no existe un programa específico de ME para los casos de violencia doméstica, pero la licitación en curso lo permitirá, técnicamente, si evoluciona el marco jurídico. Históricamente, el propósito principal del ME fue, y sigue siendo hoy en día, la lucha contra la no ejecución de sentencias de prisión (luchando contra la percepción de impunidad) y el hacinamiento en las cárceles. La disminución de la proporción de reincidencia es también un objetivo, pero es menos realista. Durante mucho tiempo (1998-2013), no pudimos confirmar el impacto que el ME tuvo en el hacinamiento; sin embargo, desde 2014, las autoridades atribuyen la disminución de la población carcelaria al efecto positivo del ME. De hecho, dicha disminución tiene correlación con el aumento y la ampliación del ME.

(1) Para obtener más información sobre la política de ME de Bélgica (y de otros cuatro países europeos), recomendamos leer el informe del proyecto EMEU: “Creativity and effectiveness in the use of electronic monitoring as an alternative to imprisonment in EU member states”.


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Attenti group Electronic Monitoring


Şaban Yılmaz
Director General de Prisiones y Centros de Detención, Turquía

En Turquía, las pruebas preliminares para la aplicación de las tecnologías de monitoreo electrónico (ME) en nuestro sistema de ejecución penal, en el marco de las decisiones de libertad condicional, se llevaron a cabo por primera vez en 2011-2012.

A la luz de la experiencia adquirida con esas prácticas experimentales, se adoptaron las disposiciones jurídicas necesarias y el 20 de enero de 2013 se completó la creación de un Centro de Monitoreo Electrónico en el seno de la Dirección General de Prisiones y Centros de Detención del Ministerio de Justicia.

En el centro, cuya seguridad de la información y protección de datos personales es proporcionada por el sistema UYAP, hay 52 funcionarios especialmente formados que trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana. Desde entonces, alrededor de 40.000 sospechosos, acusados y convictos han sido monitoreados y seguidos por el centro. Actualmente se está llevando a cabo la supervisión y el seguimiento de casi 3000 personas.

Cuatro tipos de unidades de ME se utilizan como parte de nuestro sistema de ejecución de penas. Estas unidades son las siguientes: la unidad GSM, que se utiliza en las decisiones relativas a la prohibición de salir del hogar durante períodos específicos; la unidad GPS, aplicable en sanciones como la prohibición de ir a lugares específicos; la unidad de control del consumo de alcohol, que implica el seguimiento de los infractores en el ámbito de los delitos relacionados con el abuso de bebidas alcohólicas; y, por último, existe una unidad que se utiliza para la protección de las víctimas.

Los sistemas de ME se utilizan en la ejecución de una serie de medidas de control judicial dictadas en lugar de la detención preventiva, la cual es competencia del sistema de libertad condicional; en la ejecución de decisiones que sustituyen sentencias de prisión; en la vigilancia y el seguimiento, en la comunidad, de los delincuentes que han cometido delitos sexuales y de los condenados que han sido puestos en libertad condicional. La decisión sobre qué delincuentes pueden ser supervisados con el sistema de ME tiene en cuenta la compatibilidad que tiene la orden judicial con una evaluación de riesgos y necesidades.

Observamos que el ME se utiliza predominantemente en delitos de robo, lesiones, delitos sexuales y delitos relacionados con drogas. Además, para los sospechosos, acusados y condenados en el contexto de los delitos antes mencionados, utilizamos predominantemente unidades GSM, mediante las que se realiza un seguimiento de la permanencia en una vivienda durante períodos específicos; y unidades GPS, a través de las que se realiza un seguimiento del cumplimiento de la condición de no acercarse a un área específica.

Vale la pena mencionar otro método de monitoreo electrónico en el que todavía estamos trabajando. Con un ensayo piloto que estamos planeando lanzar, llevaremos a cabo la verificación facial y de voz de sospechosos, acusados y convictos, y probaremos el uso de estos datos en su vigilancia y seguimiento sobre la base de sus responsabilidades.

Del mismo modo, tenemos previsto integrar dichos datos en el actual sistema de monitoreo electrónico y gestionarlo desde el mismo centro. Si evaluamos nuestra experiencia de cinco años, vemos que los sistemas de ME son altamente funcionales en la vigilancia y seguimiento de tipos específicos de delincuentes y en la ejecución de decisiones dentro del ámbito de la protección de las víctimas. Estamos muy contentos de que nuestras cuatro diferentes unidades funcionales de ME sean operadas simultáneamente y desde el mismo centro. Los sistemas de ejecución de sentencias de países extranjeros ven esto con atención y admiración. 

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Rudy Van De Voorde
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