Ronald Lamola

Rehabilitación de delincuentes y su contribución a la sociedad sudafricana

// Entrevista: Ronald Lamola

Ministro de Justicia y Servicios Penitenciarios, Sudáfrica

 

JT: Recientemente ha sido nombrado ministro de Justicia y de Sistemas Penitenciarios. ¿Cómo contempla estas funciones? 

RL: Desde que fui nombrado ministro de Justicia y Servicios Penitenciarios, comencé a apreciar la importancia de integrar los dos departamentos. Corregir a los delincuentes es un elemento de justicia no negociable en la democracia constitucional de Sudáfrica. En muchos sentidos, esta integración es el núcleo de la creación de un sistema de justicia penal bien coordinado y eficaz.

Es con la ayuda de fiscales dedicados y funcionarios de los servicios penitenciarios comprometidos que podemos lograr el equilibrio constitucional en la búsqueda de la justicia, sin socavar la dignidad de las personas que han ofendido las Boni mores [buenas costumbres] de nuestras comunidades.

 

 JT: ¿Qué enfoque y qué esfuerzos se han realizado para fortalecer la eficacia del sistema de justicia penal de Sudáfrica?

RL: El sistema judicial de Sudáfrica forma parte integral de la reconstrucción del país desde un Estado que fue diseñado, desde una perspectiva legislativa, para atender a unos pocos y desempoderar a la mayoría. Inevitablemente, esta reconstrucción no está exenta de desafíos; en parte, la reconstrucción implica la derogación de leyes discriminatorias y la legislación de leyes inclusivas. Como tal, el asegurar que nuestro sistema de justicia funcione es un proceso de transformación.

De conformidad con las directivas presidenciales, se ha prestado mayor atención a los asuntos relacionados con los delitos de género y los delitos sexuales. Los tribunales siguen haciendo especial hincapié en las condenas por delitos sexuales. La mejora de la tasa de condenas por delitos sexuales durante el ejercicio económico 2018/19, que es del 74,4 %, refleja el firme compromiso de impartir justicia a las víctimas de delitos sexuales y de la violencia de género. Se registró una tasa de condenas del 73,5 %, con 1636 condenas; estos contaron con la asistencia de los centros de atención Thuthuzela, que son centros especializados en la denuncia de delitos sexuales. A pesar de estos resultados, reconocemos que todavía se puede mejorar mucho en la protección, defensa y apoyo de los más vulnerables, incluso en la lucha contra el flagelo del feminicidio. Los tribunales para causas menores siguen mejorando el acceso a la justicia y haciendo que la justicia civil sea barata, menos formal y más accesible para quienes no pueden permitirse litigar en los tribunales civiles ordinarios.

Legal Aid South Africa sigue defendiendo los derechos de todas las personas a acceder a la justicia mediante la prestación de servicios de asistencia legal independientes, accesibles y de calidad en asuntos jurídicos penales y civiles. En asociación con la Foundation for Human Rights [Fundación para los Derechos Humanos], nuestro Programa de Justicia Socioeconómica (SEJA) tiene por objeto facilitar el cumplimiento de los derechos socioeconómicos de los grupos vulnerables y marginados, así como el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en el sector de la justicia social.

 

(...) comencé a apreciar la importancia de integrar los dos departamentos. Castigar a los delincuentes es un elemento de justicia no negociable en la democracia constitucional de Sudáfrica.

 

JT: ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el actual sistema penitenciario?

RL: Nuestra democracia constitucional se asienta en la dignidad humana. En otras palabras, Ubuntu/botho (humanidad) es central incluso en la búsqueda de la justicia. En uno de los asuntos que presidió el Tribunal Constitucional del país en el año 2006, durante el caso Dikoko v. Mokhatla, el juez Sachs, al dictar sentencia, elevó el ubuntu a la categoría de norma internacional de justicia restaurativa. «Ubuntu/botho (humanidad) está muy en consonancia con las nociones internacionales de justicia restaurativa que evolucionan rápidamente. Al estar profundamente arraigada en nuestra sociedad, se vincula con el esfuerzo mundial por desarrollar sistemas de justicia reparadora basados en principios reparadores y no puramente punitivos. Los elementos clave de la justicia restaurativa son el encuentro, la reparación, la reintegración y la participación». En esencia, lo que deberíamos ser capaces de ilustrar en nuestros 25 años de democracia es que nuestros centros penitenciarios son capaces de reintegrar a los delincuentes cuando vuelven a la comunidad. Para lograr este ideal constitucional, nuestros procesos deben vacilar entre el respeto mutuo y el compromiso mutuo. Es por esta razón que hemos pasado de la noción de prisiones a la de instalaciones correccionales. Esto no es un cambio cosmético, es un cambio de paradigma. En una sociedad constitucional, no necesitamos simplemente mantener a los individuos fuera de la circulación o aplicar bruscamente el castigo impuesto por los tribunales. Tenemos la grave responsabilidad de corregir el comportamiento delictivo, en un entorno seguro y humano, de llevar a cabo la máxima rehabilitación y, en la medida de lo posible, evitar la reincidencia.

La rehabilitación debe considerarse como una iniciativa social que incorpora y fomenta la responsabilidad social, la justicia social, la inculcación de valores democráticos y el empoderamiento de nuestras comunidades con aptitudes para la vida, a fin de que los miembros de la sociedad puedan hacer de Sudáfrica un lugar mejor para vivir. Como ministro, estoy analizando los programas de rehabilitación que tenemos a nuestra disposición. De acuerdo con  el nuevo mantra de la sexta administración, las asociaciones con el sector privado y las comunidades son esenciales para asegurar que nuestras instalaciones funcionen en beneficio de la sociedad. Hay una cuestión importante que he tratado de comprender desde un nivel perceptivo y a nivel de la realidad: «¿Quiénes son los delincuentes de Sudáfrica?».

Es un hecho indiscutible que nuestras instalaciones están abarrotadas, y esto dificulta la seguridad y los programas de rehabilitación. En los últimos meses, he hecho visitas anunciadas y no anunciadas en varios centros penitenciarios y seguiré haciéndolo. Una imagen clara se cristalizó en mi mente a partir de estas visitas: el impacto de la historia violenta de Sudáfrica sigue con nosotros hoy en día. Los altos niveles de violencia que vemos en nuestras comunidades, especialmente en las que sufrieron la mayor parte de la colonización, no se pueden desligar de los altos niveles de actividades delictivas que vemos hoy en día. La violencia se ha convertido en el proceso por defecto para la resolución de conflictos en la sociedad, especialmente los conflictos domésticos. A ello se suman las repercusiones del subdesarrollo deliberado de las comunidades africanas, la desigualdad y la pobreza, que crean motivos propicios para el aumento de la delincuencia y el crecimiento de las organizaciones y bandas criminales. La marginación histórica y sistemática de los jóvenes y la incapacidad de la economía para absorberlos en el mercado laboral son otros factores.

También es evidente que la desigualdad de género, que se manifiesta en forma de relaciones de poder entre hombres y mujeres y creencias patriarcales, contribuye a los altos niveles de violencia perpetrados contra las mujeres. Nuestro sistema de justicia penal debe responder de manera más sustantiva a las víctimas de la delincuencia. El encarcelamiento de las personas que provienen de estas comunidades pisoteadas es solo una faceta de la restauración del equilibrio en nuestra sociedad. La otra cara de la moneda revela que nuestras instalaciones están llenas de mujeres que han tomado represalias por la violencia de sus parejas. Mujeres y jóvenes que han recurrido al robo en tiendas como medio de supervivencia. Jóvenes que cumplen condena porque no pueden pagar la fianza.

 

 

Es por esta razón que hemos pasado de la noción de prisiones a la de instalaciones penitenciarias. Esto no es un cambio cosmético, es un cambio de paradigma.

 

JT: Los delincuentes de los correccionales comunitarios constituyen menos de la mitad de la población carcelaria en 2018/2019, es decir, hay algo más de 70.500 personas en libertad condicional y en libertad vigilada.[1] ¿Hasta qué punto se beneficiaría el sistema correccional al tener más delincuentes bajo supervisión en la comunidad en lugar de tenerlos encarcelados? ¿Cuáles son, en su opinión, los desafíos en el ámbito de las penas no privativas de libertad?

RL: La libertad condicional da efecto al principio de reintegración social del delincuente como parte del propósito del sistema correccional. También se reconoce el hecho de que el recluso en libertad condicional es especialmente vulnerable al comienzo del proceso de reintegración social. Cabe destacar que la libertad condicional se lleva a cabo bajo la orientación de funcionarios penitenciarios basados en la comunidad, y en condiciones determinadas por la Junta de Libertad Condicional sobre la base de la evaluación del preso en libertad condicional. En última instancia, queremos un sistema penitenciario capaz de hacer cumplir las sentencias impuestas por los tribunales. Con este fin, nuestra política de libertad condicional debe estar en todo momento alineada con la política de sentencias y la razón de la imposición de la sentencia por el tribunal de justicia. La política de libertad condicional también debería prever cualquier posible cambio por parte del preso en libertad condicional que pueda reducir o eliminar el riesgo que el individuo plantea a la sociedad.

Nuestro objetivo clave debe ser contribuir significativamente a la promoción de la responsabilidad de la comunidad para la corrección. Con este fin, debemos educar a la sociedad sobre las disposiciones de la ley que hablan de la participación de los miembros de la comunidad, los empleados de los departamentos estatales pertinentes en el sistema de justicia integrado, y la familia y los amigos del recluso, en los procesos de supervisión de la comunidad y las juntas de libertad condicional. Los propios reclusos también tienen derecho a hacer declaraciones a la Junta, al igual que la víctima del acto delictivo. Lo que queremos lograr en los Servicios Penitenciarios es asegurarnos de que los delincuentes, cuando sean puestos en libertad, hayan pasado por programas que les permitan utilizar sus aptitudes para ganarse la vida fuera de nuestras instalaciones y contribuir al crecimiento económico de sus comunidades. Hacemos un llamamiento a todos los sudafricanos para que den a los delincuentes una segunda oportunidad y no los discriminen, ya que al hacerlo, los delincuentes volverán, lamentablemente, a sus actividades delictivas. Dejemos que la sociedad apoye a los delincuentes que son liberados, ya que han pasado por diversos programas que los han dotado de formas de contribuir a la sociedad.

Tenemos ejemplos de delincuentes que están llevando negocios exitosos después de adquirir habilidades en nuestras instalaciones correccionales; esta es un área que queremos mejorar, para que así los delincuentes que salen de nuestras instalaciones salgan con habilidades que les permitan abandonar sus hábitos de criminales. Estamos alentando a los delincuentes para que, una vez liberados, inicien proyectos utilizando las habilidades adquiridas, y tenemos ejemplos de ello, como una iniciativa de mujeres en libertad condicional que están haciendo un proyecto de tejido que mostramos regularmente durante las exposiciones del departamento. El proyecto hizo donaciones a hogares de niños abandonados y también donó gorros y bufandas a los centros de ancianos. La iniciativa recluta continuamente a delincuentes liberadas y es un tipo de proyecto que queremos que tenga huellas en todas las provincias del país.

También tenemos presos en libertad condicional, como Mhambi Mtose, que fue condenado a dos cadenas perpetuas en 2000. Actualmente dirige un negocio de carnicería, y también vende comida en la parada de taxis diariamente. Ha adquirido dos vehículos y cuatro congeladores. Mientras estaba en custodia, recibió formación en carpintería, entre otras cosas, y también fue jefe de cocina en el Centro Correccional Drakenstein. Ingresó en el sistema de correccionales de la comunidad en 2017; las habilidades que adquirió en cuanto a la preparación de alimentos mientras estaba en prisión preventiva lo han colocado en una buena posición para tener su propia participación en la industria alimenticia. Mtose también ha contratado a tres personas de forma permanente. Otros delincuentes deben emularlo: esto es lo que queremos que hagan cuando sean liberados.

Otro convicto en libertad condicional, Victor Rampeng, fue condenado a 16 años de prisión en 1996. Mientras estaba encarcelado, completó su matriculación y luego su licenciatura en comercio, en Gestión Comercial. Actualmente estudia una licenciatura en Administración de Empresas. En 2016, Rampeng registró su compañía, Resinalo Development Projects Pty Ltd, que lleva a cabo proyectos de soldadura de vallas, construcción, renovación, pavimentación, etc. Actualmente tiene 15 empleados en su negocio. Estos son algunos de los presos en libertad condicional con los que he interactuado y los animo constantemente a hacer crecer su negocio.

Vamos a priorizar continuamente la educación de los delincuentes en todos nuestros centros. El año pasado, nuestros delincuentes de grado 12 lograron un 77,3 % de aprobación y estamos buscando mejorar esta cifra. El 36,22 % de esos delincuentes reunían las condiciones para ser admitidos en estudios de licenciatura en universidades, mientras que el 24,85 % de los delincuentes reunían las condiciones para obtener un diploma nacional y el 16,22 % para matricularse en cursos de certificación superior. Los delincuentes obtuvieron un total de 56 distinciones en diversas materias en sus exámenes y esperamos que mejoren este año. Nuestro plan es seguir alineando el programa de capacitación de los delincuentes con la Hoja de Ruta para la elaboración de programas de rehabilitación en las prisiones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), así como con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, que afirman que nuestro programa tiene un efecto positivo en la reincidencia, la reintegración y los resultados del empleo.

También continuamos con la iniciativa de los diálogos entre las víctimas y los delincuentes, que tiene por objeto fortalecer los actuales programas de rehabilitación y reinserción. Queremos mantener al mayor número posible de personas alejadas del encarcelamiento mediante la reconstrucción de las unidades familiares y los sistemas comunitarios, así como a través del apoyo a las víctimas y su empoderamiento, al tiempo que se procura rehabilitar a los ya encarcelados mediante programas de rehabilitación bien gestionados. Confiamos en que estas especialidades mejorarán nuestros esfuerzos para alcanzar nuestro objetivo de lograr que (por año) el 97 % de las personas en libertad vigilada y otro 97 % de personas en libertad condicional no infrinjan su sentencia. No podemos lograr esto sin una mayor participación de las comunidades y alentamos su participación y apoyo.

Sin embargo, es muy importante que nuestros bien intencionados programas de rehabilitación no den la impresión de que el encarcelamiento crea una sociedad paralela que es incluso mejor que la vida normal fuera de los centros correccionales. Hay ideas equivocadas de que nuestras instalaciones correccionales ofrecen vidas lujosas a los delincuentes y queremos reiterar a la sociedad que eso no es cierto y que no hay ningún elemento de lujo en ninguna de nuestras instalaciones. Aunque los delincuentes son encarcelados humanamente, desarrollan sus vidas solo con lo básico y sus condiciones están lejos de ser lujosas.

 

JT: ¿Cómo abordan los Servicios Penitenciarios los desafíos que plantean las pandillas y las facciones del crimen organizado en las prisiones?

RL: Una de las tareas importantes que queremos lograr en los servicios penitenciarios es eliminar la corrupción y el contrabando, y estamos trabajando continuamente para eliminarlos a través de redadas. Utilizaremos la tecnología para detectar y prevenir el contrabando. Todos los funcionarios que se involucren en actos de corrupción deben saber que no tienen lugar en el departamento y los castigaremos en consecuencia, sin compasión. Nuestros centros deben seguir siendo centros para rehabilitar a los delincuentes; el comportamiento que no sea coherente con eso no será aceptado de ninguna manera.

Estamos conscientes de las realidades que necesitamos para ser efectivos pero, para que esto suceda, necesitamos primero tener lo básico. Significa crear centros correccionales que sean seguros, donde la rehabilitación esté estructurada a propósito para transformar vidas. Confiamos en que, trabajando con nuestro pueblo, daremos la vuelta a las cosas y rehabilitaremos a los delincuentes para que abandonen su vida criminal y sean buenos ciudadanos que contribuyan a la construcción de nuestro país.

 

JT: ¿Cuál es la opinión de su Ministerio sobre el futuro del modelo de APP en los servicios penitenciarios de Sudáfrica?

RL: Sudáfrica cuenta con dos establecimientos penitenciarios privados en los que las empresas privadas se encargan de la seguridad y la provisión de alojamiento adecuado, tratamiento médico, nutrición y programas recreativos y de rehabilitación. Los delincuentes de estos dos centros cuentan con los mismos privilegios que los de otros lugares del país.

 

[1] Informe anual 2018/2019, Departamento de Servicios Penitenciarios, República de Sudáfrica

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Ronald Lamola es el ministro de Justicia y Servicios Penitenciarios de la República de Sudáfrica desde mayo de 2019. Tiene una amplia formación académica en Derecho, incluyendo dos másteres en la Universidad de Pretoria – uno en Derecho Corporativo y otro en Derecho Extractivista en África – y un máster en Derecho Corporativo. Es el exvicepresidente de la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano, donde forma parte del Comité Ejecutivo Nacional (desde diciembre de 2017) y del Comité de Trabajo Nacional. Fue el portavoz en funciones del Premier de Mpumalanga de enero a octubre de 2011 y, anteriormente, fue gerente de la Unidad Transversal en el Municipio de Govan Mbeki, en 2009.

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