Entrevista
Ángela María Buitrago
Ministra de Justicia y del Derecho, Colombia
Desde su nombramiento en julio de 2024, la ministra Ángela María Buitrago ha estado al frente del sistema de justicia en Colombia. Con un enfoque integral que equilibra la coordinación institucional, los derechos humanos y la modernización, está impulsando iniciativas para mejorar el acceso legal, replantear el encarcelamiento y fortalecer la justicia restaurativa. En esta conversación, comparte su visión, las prioridades del Ministerio y la transformación en curso del sistema de justicia colombiano.
Desde su nombramiento como Ministra de Justicia en julio de 2024, ha estado al frente de un momento crucial para la reforma judicial en Colombia. ¿Cuáles considera los ejes fundamentales de su gestión?
AMB: El Ministerio de Justicia en Colombia tiene múltiples responsabilidades, abarcando cuatro grandes vertientes.
La primera es el acceso a la justicia, que implica la coordinación con todas las instituciones judiciales, así como la articulación y determinación de política pública para propuestas legislativas.
El Ministerio también tiene que manejar un segundo aspecto muy importante, que es la política de drogas. En ese contexto, también tenemos la necesidad de generar política pública y, desde ese punto de vista, determinar los proyectos y los programas que se van a realizar.
Por otro lado, tenemos un papel continuo en la Justicia Transicional¹. Desde este punto, trabajamos dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde el Ministerio tiene obligaciones específicas en cumplimiento de las disposiciones que regulan esta materia.
Adicionalmente, el Ministerio está involucrado en el sistema carcelario y penitenciario. El reto que asumí ha sido no descuidar ninguna de estas aristas.
¿Podría compartir cómo están estableciendo nuevos estándares para humanizar y modernizar la infraestructura del sistema penitenciario de Colombia?
AMB: Tenemos 127 centros penitenciarios en todo el país, que denominamos comúnmente “ERON” (Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional).
Cuando observamos la estructura de estos establecimientos, ya sean ERON o establecimientos carcelarios, muchos son muy antiguos y no cuentan con las condiciones adecuadas para una visión restaurativa, de protección y dignidad. Esto significa que cuando se construyeron, el enfoque era estrictamente punitivo. Por ejemplo, la cárcel La Modelo en Bogotá tiene más de 100 años.
Hoy en día, esta perspectiva nos obliga a readecuar espacios, establecer nuevas prioridades y desarrollar nuevas construcciones con la dignificación del ser humano como eje central. Esto se refleja en La Picota, una prisión más reciente diseñada como un centro de alta seguridad.
Dentro de La Picota, que incluye áreas de alta y mediana seguridad, estamos trabajando en la adaptación de estructuras para responder a las necesidades específicas del sistema carcelario. Estas necesidades giran en torno a la resocialización, la preparación para la reinserción y el fortalecimiento de habilidades que permitan a las personas privadas de la libertad reconstruir su vida una vez cumplida su pena, incluyendo la posibilidad de desarrollar sus propios emprendimientos.
Esto nos ha llevado a impulsar iniciativas como “Zasca” y “Renacer”, cuyo objetivo es enseñar un oficio, arte o profesión a las personas mientras cumplen su condena. Estamos trabajando para ampliar estos programas en todos los centros carcelarios, especialmente en el área de confección de ropa.
Por ejemplo, hoy en día las personas condenadas confeccionan uniformes dentro de los establecimientos penitenciarios. Quienes participan en estas actividades no solo reciben beneficios en la reducción de su condena—tres días de trabajo equivalen a un día menos de pena—sino que también aprenden un oficio y reciben una remuneración por parte de las industrias que contratan esta mano de obra.
También estamos impulsando proyectos productivos agrícolas. Calarcá es un claro ejemplo de un proyecto de producción agrícola con la Confederación de Café de la zona del Quindío. Allí, las personas privadas de la libertad aprenden no solo a sembrar el café, conocerlo, recogerlo y tostarlo, sino también a prepararlo y venderlo en un establecimiento abierto al público. Los ingresos generados van a las personas que trabajan en el proyecto y, en parte, a las necesidades del centro penitenciario.
Otro modelo relevante es el de las “Colonias Agrícolas”, que funcionan en centros de seguridad baja. En estos espacios, las personas aprenden agricultura, ganadería y manejo de recursos con la visión de que, en el futuro, las cárceles puedan llegar a ser autosostenibles. Esta formación tiene un impacto significativo. Contamos con historias de personas que nunca habían trabajado en el campo ni con ganado, pero que en prisión han aprendido estas habilidades y ahora las ven como una oportunidad de vida tras recuperar su libertad.
En estos espacios de esta clase de colonia agrícola hay mayores libertades, frente a los centros carcelarios de máxima seguridad, pero la idea es que todos los centros carcelarios puedan llegar a ser en un momento un espacio para fomentar opciones de esta naturaleza.
Sabemos que aún queda mucho por mejorar. El hacinamiento sigue siendo un gran problema, aunque hemos logrado avances significativos.
Estamos en un rango general entre el 26% y el 31% de hacinamiento, frente a épocas en donde teníamos el 300% o el 400% de hacinamiento.
AMB: Estamos tratando de mantenerlo en un rango de esa naturaleza y tratar de bajarlo con tres proyectos en curso. Pretendemos entregar este año por lo menos dos, y uno restante que nos ampliaría más o menos entre 1,700 y 1,800 cupos más para el sistema carcelario.
Ante estos problemas de hacinamiento, se están destacando las medidas no privativas de la libertad y la justicia restaurativa como soluciones alternativas. ¿Qué puede contarnos sobre los avances y planes en este ámbito?
AMB: En el cambio de enfoque hacia una mirada más restaurativa, se lanzó una ley llamada Ley de Utilidad Pública, dirigida a madres cabeza de familia en estado de vulnerabilidad o en circunstancias específicas. Esta ley permite que estas mujeres salgan del centro penitenciario y cumplan su condena a través de trabajos en funciones sociales o en determinadas empresas, ofreciéndoles una oportunidad real de continuar por el camino de la legalidad.
Esto tiene en cuenta la forma como muchas mujeres llegan al sistema carcelario, ya que, en muchas ocasione, son utilizadas por los grupos de narcotráfico que se aprovechan de sus condiciones de vulnerabilidad para involucrarlas en actividades de tráfico de drogas, u otros delitos que consideramos de baja intensidad, y que pueden llegar a entender que tienen otras opciones.
Este tema es particularmente importante porque hemos observado un cambio en el papel de la mujer en la sociedad. Hoy en día, muchas mujeres son las principales proveedoras del hogar, lo que refuerza la necesidad de adoptar enfoques de justicia restaurativa que tengan en cuenta su rol en la comunidad y la familia.
Esto lo menciono en particular porque tiene que ver con niños, niñas y adolescentes en el tema del sistema penal. Lo que llamamos nosotros el SREPA (Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes), que plantea una perspectiva distinta sobre el crimen y la sanción. Se entiende que los menores de edad requieren un enfoque restaurativo, en lugar de una mirada meramente punitiva.
Entonces, aquí tenemos varias opciones: tenemos la Ley de Utilidad Pública, y otros elementos que también apuntan, no solo al desasimiento, sino a la necesidad de entender que hay personas que ya cumplieron suficiente tiempo en la cárcel y pueden gozar también de subrogados penales.
Esto significa que nosotros estamos tratando de compensar algunos problemas que se han generado también por el exceso del punitivismo. El derecho penal no puede ser el controlador social máximo; debe ser una medida de último recurso.
La digitalización ha sido una de las vertientes clave en la modernización del sistema judicial de Colombia. ¿Cómo han mejorado los avances tecnológicos la eficiencia judicial y el acceso a la justicia?
AMB: La digitalización se ha convertido en una tendencia global en el ámbito de la justicia, lo que implica no solo reconocer las ventajas del uso de la tecnología y la inteligencia artificial, sino también desarrollar mecanismos que nos permitan mejorar los trámites judiciales, el acceso a la justicia y la resolución de casos de manera más efectiva.
Este es un proceso amplio y complejo. Desde el Ministerio de Justicia estamos trabajando en un proyecto clave junto con el Consejo Superior de la Judicatura para la implementación del expediente digital. Esta iniciativa busca garantizar la interoperabilidad entre las instituciones gubernamentales, permitiendo que las personas puedan acceder de manera sencilla y rápida a una plataforma única donde puedan consultar sus expedientes y hacer seguimiento en tiempo real a sus trámites legales.
Dentro de esta transformación digital, no solo estamos mejorando la experiencia del usuario al hacerla más práctica y personalizada, sino que también estamos ampliando las formas en que la justicia puede acercarse a la ciudadanía.
En este sentido, hemos desarrollado una serie de herramientas y aplicaciones digitales dirigidas a facilitar el acceso a la justicia. Una de las más importantes permite realizar denuncias en línea de manera sencilla, por ejemplo, en casos de violencia intrafamiliar, asegurando una atención inmediata y efectiva.
Otro aspecto fundamental es la necesidad de brindar claridad sobre la normativa vigente en el país. Para ello, contamos con la plataforma SUIN-Juriscol, que centraliza la publicación, actualización y depuración de disposiciones normativas, asegurando el acceso a información legal actualizada. Este sistema ha demostrado ser una herramienta clave para la consulta de normas, con hasta 12.000 a 14.000 personas accediendo a la plataforma en momentos de alta demanda.
Además, hemos establecido acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar proyectos de transformación digital en el sector judicial colombiano. En este 2025, el proyecto JustiFácil busca modernizar el sistema de servicios judiciales, garantizando que el acceso a la justicia sea más sencillo, ágil y directo para todos los ciudadanos.
¹ La justicia transicional se refiere a los mecanismos legales e institucionales utilizados para abordar las violaciones de derechos humanos cometidas durante períodos de conflicto o represión. En Colombia, este proceso ha sido fundamental para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, especialmente a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que busca investigar y juzgar los crímenes del conflicto armado, garantizando al mismo tiempo los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Ángela María Buitrago
Ministra de Justicia y del Derecho, Colombia
Ángela María Buitrago es la Ministra de Justicia y del Derecho desde julio de 2024. Abogada y doctora en Derecho y Sociología Jurídica, cuenta con una especialización en Derecho Penal, Política y Criminología. Con más de 30 años como docente en la Universidad Externado de Colombia, también fue Fiscal Delegada ante la Corte Suprema. Ha trabajado con la CIDH y la ONU en investigaciones de violaciones de derechos humanos en México y Nicaragua. Es capacitadora de funcionarios judiciales en América Latina y miembro honoraria de institutos de derecho procesal en Colombia e Iberoamérica.
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