Artículo
Margarida Damas
La polarización y el populismo están creciendo en todo el mundo, alimentados en gran medida por campañas de desinformación y noticias falsas, junto con las tensiones geopolíticas. A pesar del carácter mundial del fenómeno, Europa se ha visto muy afectada. De hecho, en 2019, alrededor de el 50 % de los ciudadanos de la UE sufrieron prejuicios motivados por el odio (Fundamental Rights Agency, 2021), lo que se ve reforzado por el panorama más reciente que muestra el análisis de amenazas de EUROPOL. Su último informe muestra cómo los países europeos están experimentando un aumento de los incidentes y las llamadas a la violencia en todo el espectro ideológico, dirigidas a diferentes comunidades, incluso en línea y procedentes de diversos grupos (EUROPOL, 2025).
Con la normalización de la intolerancia, que en el contexto actual se observa tanto en el ámbito político como en el social, el digital y el privado, el odio y el extremismo encuentran un terreno fértil para proliferar. Al afectar a personas, grupos y comunidades, con un efecto duradero en las víctimas y en los valores fundamentales de la Unión Europea, el panorama actual refuerza las necesidades y los retos de las víctimas, las comunidades y los sistemas judiciales. De hecho, estos retos se plantean desde el principio, ya que la Agencia de los Derechos Fundamentales muestra que más del 50 % de los incidentes relacionados con el odio y el extremismo no se denuncian (2021). Los informes y evaluaciones han puesto de manifiesto cómo el miedo a la victimización secundaria, la falta de confianza en la capacidad del sistema judicial y la falta de información fundamentada y actualizada están configurando estas cifras, especialmente en un momento en que los países europeos se esfuerzan por crear respuestas jurídicas integradas a estos fenómenos en toda su complejidad.
Además, teniendo en cuenta el impacto local del odio y el extremismo, también se necesitan soluciones a nivel comunitario que permitan desarrollar la resiliencia frente a estos fenómenos, lo que implica conocer cómo se manifiestan, pero también cómo prevenirlos. No obstante, también se plantean retos para los sistemas judiciales. En primer lugar, los profesionales y los procedimientos de la justicia penal tienen dificultades para apoyar a las víctimas, debido principalmente a las dificultades para garantizar su papel y su participación sostenidos en el proceso. En segundo lugar, cuando se trabaja con los responsables del daño, los sistemas judiciales deben garantizar eficazmente su rendición de cuentas y su alejamiento del extremismo, la delincuencia, el odio y la intolerancia.
Desafíos identificados: principales necesidades y posibles soluciones para los sistemas de justicia penal
Al tratar de comprender cómo han abordado los sistemas judiciales el odio y el extremismo, especialmente desde que estos temas pasaron a ocupar un lugar prioritario en la agenda de la UE en los últimos años, el castigo sigue ocupando un lugar destacado. Al invertir en la persecución penal, los Estados miembros pretenden garantizar que los responsables de los daños se enfrenten a consecuencias f irmes, tanto con fines retributivos como de reintegración. A pesar de la importancia de garantizar una respuesta rápida y justa de la justicia penal, a menudo se deja de lado un pilar fundamental, a saber, la forma en que el sistema gestiona y activa el papel de las víctimas en el proceso. En consecuencia, y en la mayoría de los países europeos, las víctimas siguen siendo percibidas como un instrumento de los procedimientos penales, actuando principalmente como testigos, en lugar de desempeñar un papel clave, tanto durante la persecución como durante el período de imposición de la pena.
Esta preocupación también ha sido expresada directamente por la Comisión Europea, que ha puesto en primer plano los derechos y las necesidades de las víctimas y ha pedido que se adopten enfoques integrales, fortalecedores y, en lo ideal, centrados en las víctimas, como se refleja en la Directiva sobre las víctimas, presentada en 2012, y posteriormente en la Estrategia de la UE para las víctimas. Para lograrlo, según señala directamente dicha Estrategia en 2020, es necesario amplificar y activar las voces y las necesidades de las víctimas, promoviendo procedimientos tanto dentro del sistema de justicia penal como en relación con la sociedad civil, que sean receptivos y respetuosos, pero también sostenibles para las comunidades y el fomento de la resiliencia. Esto es especialmente relevante cuando se piensa en los casos de odio y extremismo, ya que las especificidades de estos fenómenos tienen consecuencias generalizadas para quienes los sufren y sus comunidades, que pueden quedar en situaciones especialmente vulnerables y perjudiciales.
Por lo tanto, y siguiendo el ejemplo de la Comisión Europea, deben idearse soluciones innovadoras dentro y fuera del sector de la justicia penal para garantizar un enfoque centrado en las víctimas del odio y el extremismo, asegurando su participación, empoderamiento y sanación, y contribuyendo a su reintegración y rehabilitación (European Commission, 2020).
“Los sistemas de justicia penal requieren soluciones innovadoras y globales que activen los derechos y la voz de las víctimas, contribuyendo también a su rehabilitación.”
No obstante, como se ha señalado anteriormente, los sistemas de justicia penal también se enfrentan a retos a la hora de trabajar con los responsables de incidentes motivados por el odio y el extremismo. El objetivo general de la mayoría de los países europeos de lograr una rehabilitación y reintegración satisfactorias, ya sea mediante un enfoque de desvinculación o de desradicalización1, se ha visto cuestionado, como han demostrado los recientes acontecimientos y atentados (Lowry, Shaikh y Lewis, 2024). Quizás los casos más conocidos de este desajuste son los de personas recién liberadas que, tras cumplir sus condenas, continuaron con ataques violentos y llenos de odio, motivados por visiones intolerantes del mundo y entornos extremistas. Sin embargo, y lo que es más importante, la desvinculación y la reintegración, aunque se trate de procesos a nivel individual, al igual que la desistencia del delito, son una vía de doble sentido, en la que tanto los sistemas de justicia penal como las comunidades desempeñan un papel en el apoyo al cambio, el fomento de la aceptación y la creación de un espacio para la rendición de cuentas y la estabilización (Raets, 2022). En consecuencia, surge un argumento clave, el de utilizar mecanismos «genéricos» de prevención de la delincuencia, conocidos y probados, que sean participativos para promover la desvinculación del odio y el extremismo.
Prácticas con enfoque restaurativo: el camino por recorrer
Cuando se pretende promover soluciones innovadoras y eficaces para el apoyo a las víctimas y siguiendo la Estrategia de la UE para las víctimas, es necesario empoderar a las víctimas de delitos mediante esfuerzos de coordinación eficaces, mejores servicios de apoyo y protección y espacios seguros para denunciar. Como resultado, la UE ha reforzado la necesidad de invertir en soluciones de justicia restaurativa para todos los incidentes delictivos. Lo mismo se aplica a los casos de mayor vulnerabilidad, incluidos los de odio y extremismo, especialmente porque las soluciones restaurativas proporcionan a las víctimas «un entorno seguro para hacer oír su voz y apoyar su proceso de recuperación (European Commission, 2020, p. 6)». Es importante destacar que las prácticas basadas en la restauración, que siguen una filosofía de escucha, participación y responsabilidad, también han demostrado su potencial para trabajar en la rehabilitación y la desvinculación del odio y el extremismo. Según Tim Chapman, el análisis de las medidas adoptadas en Irlanda del Norte muestra cómo los principios restaurativos pueden promover la reflexión crítica y la posible desvinculación de los entornos extremistas, permitiendo trabajar la empatía y la responsabilidad personal, especialmente relevante ya que a menudo estas están ausentes en las personas asociadas al odio y el extremismo (Chapman, 2018).
Al promover procesos transformadores para quienes causaron el daño, sus víctimas y las comunidades, los principios restaurativos pueden marcar una diferencia sostenible en los esfuerzos preventivos e intervencionistas. Por consiguiente, cuando se trata de su uso para apoyar casos de extremismo, la justicia restaurativa debe entenderse como un conjunto de valores y principios que muestran cómo se puede abordar el daño mediante enfoques participativos. Al hacerlo, defiende y respeta los derechos y las necesidades de las víctimas, facilitando su empoderamiento y su sanación. Además, también puede aprovecharse como un paso clave hacia el abandono y la desvinculación, trabajando en las necesidades individuales y sociales, al tiempo que se involucra a importantes redes sociales, contribuyendo así a reconstruir un sentido de conexión y una identidad percibida como prosocial, tanto para las víctimas como para los autores (Biffi, 2021).
Las experiencias previas, principalmente en España e Irlanda del Norte, han puesto de manifiesto el uso positivo de los principios de la justicia restaurativa en casos de extremismo, tanto para las víctimas como para los responsables del delito.
Estos resultados positivos ponen de relieve cómo la justicia restaurativa ha sido erróneamente percibida como blanda e ineficaz. En consecuencia, algunos de los mayores beneficios incluyen el establecimiento de un proceso dialógico, la promoción de una mayor empatía, la participación de los actores de la comunidad y el desarrollo de soluciones compartidas y sostenibles. Para ello, se fomenta un enfoque basado en las fortalezas, alejándose del riesgo, la culpabilidad y las debilidades, para centrarse en la responsabilidad, la participación y la reparación.
Esto significa que la justicia restaurativa no necesita sustituir las soluciones ya conocidas del sistema de justicia penal, ya que estas también cumplen principios importantes, sino que las complementa. A través de posibilidades dialógicas y participativas, especialmente relevantes en los casos motivados por el odio y el extremismo, se toman en serio las voces de las víctimas y se promueven procesos de rehabilitación que valoran la agencia y la resiliencia de la comunidad.
Un compromiso con la justicia restaurativa desde una perspectiva centrada en la víctima
Reconociendo la necesidad de garantizar que las respuestas al odio y al extremismo sean eficaces, e inspirándose en los enfoques centrados en las víctimas, el proyecto VicTory está desarrollando un enfoque horizontal para promover la aplicación efectiva de la legislación y las prácticas que protegen los derechos de las víctimas y fomentan su apoyo adecuado, movilizando directamente las prácticas restaurativas.
La iniciativa está por la Fundación Euro-Árabe de Altos Estudios en España, en colaboración con la IPS_Innovative Prison Systems, la Facultad de Derecho de la Universidad de Oporto, Associazone Carcere e Territorio, Ararteko, el Defensor del Pueblo del País Vasco, Map Finland, el Comité Helsinki de Hungría e ILGA Portugal, y financiado por la Comisión Europea a través de su programa Justicia.
Como parte de sus esfuerzos, el proyecto VicTory promoverá sinergias de cooperación entre profesionales clave del ámbito gubernamental y no gubernamental, invertirá en el desarrollo continuo de capacidades y elaborará soluciones basadas en datos empíricos y orientadas a las necesidades, con un enfoque restaurativo, para combatir el odio y el extremismo. Partiendo de las necesidades de las víctimas y los profesionales, así como de las buenas prácticas identificadas, evaluadas y validadas, el programa centrado en la restauración que se desarrollará se adaptará a las necesidades específicas para promover el empoderamiento, la sanación y la reintegración.
¹ Estos conceptos conllevan implicaciones distintas. La desvinculación se refiere al abandono de la violencia, independientemente de que se mantengan las creencias e ideologías. La desradicalización hace referencia a un cambio cognitivo respecto a las creencias, actitudes e ideologías.
Referencias
Biffi, E. (2021). The potential of restorative justice in cases of violent extremism and terrorism. Radicalisation Awareness Network.
Chapman, T. (2018). “Nobody has ever asked me these questions”: Engaging restoratively with politically motivated prisoners in Northern Ireland. In O. Lynch & Argomaniz, J. (Eds.), Victims and perpetrators of terrorism: Exploring identities, roles and narratives (pp. 181-196). Routledge.
European Commission (2020). EU Strategy on victims’ rights (2025). European Commission.
EUROPOL (2025). TE-SAT European Union Terrorism and Trend report 2025. EUROPOL.
ILGA Europe (2025). RAINBOWMAP: Hate crime & hate speech 2025.
Fundamental Rights Agency (2021). Encouraging hate crime reporting: The role of law enforcement and other authorities. FRA.
Lowry, K., Shaikh, M. & Lewis, R. (2024). Research and Practitioner Perspectives on the Rehabilitation and Reintegration of Violent Extremists. National Institute of Justice Journal, 285.
Raets, S. (2022). Desistance, disengagement, and deradicalisation: a cross-field comparison. International journal of offender therapy and comparative criminology.
Margarida Damas es jefa de la Unidad de Inclusión Comunitaria y Desarrollo Social, dentro de la cartera de Radicalización, Extremismo Violento y Delincuencia Organizada de IPS_Innovative Prison Systems.
Margarida es criminóloga y tiene un máster en Sociología del Instituto Universitario de Lisboa (ISCTE-IUL), con especialización en Derechos Humanos. Como parte de su compromiso con la mejora de la integración y la construcción de comunidades más resilientes, Margarida ha completado recientemente un posgrado en Intervención en Riesgos y Promoción de la Inclusión, otorgado por la Universidad Lusófona. Margarida es formadora certificada y cuenta con una amplia experiencia en la formación de profesionales comunitarios y educativos en técnicas integrales para prevenir la radicalización y promover la inclusión social.
