Entrevista
André de Albuquerque Garcia
Secretario Nacional de Políticas Penales, Ministerio de Justicia y Seguridad, Brasil
Conversamos con André de Albuquerque Garcia, Secretario Nacional de Políticas Penales de Brasil (SENAPPEN), quien expone las principales prioridades y desafíos que enfrenta la institución. Aborda el papel de SENAPPEN en la formulación de políticas penales, la gestión del sistema penitenciario federal y el impulso de iniciativas para mejorar la infraestructura penitenciaria, reforzar las medidas de seguridad, apoyar la reinserción social de las personas que han estado privadas de libertad y
fortalecer la cooperación entre los sistemas federal y estatal.
¿Cuáles son las líneas de acción de la Secretaría Nacional de Políticas
Penales más prioritarias para su gestión?
AAG: La Secretaría Nacional de Políticas Penales (SENAPPEN) es una estructura reciente, creada en 2023 para sustituir al antiguo Departamento Penitenciario Nacional (DEPEN). Su labor se centra en dos áreas principales: la política penal y la gestión del sistema penitenciario federal.
En el ámbito de la política penal, SENAPPEN coordina la aplicación en los estados de la Ley de Ejecución Penal, garantizando el cumplimiento de los requisitos de asistencia legal y de las políticas de financiación a través del Fondo Nacional Penitenciario (FUNPEN). Este fondo es crucial para la gestión penitenciaria, ya que proporciona recursos para la construcción y renovación de centros penitenciarios, así como para la adquisición de equipos, vehículos y materiales de seguridad.
Al mismo tiempo, la Secretaría gestiona directamente el sistema penitenciario federal, que desempeña un papel específico en el combate al crimen organizado. Las instalaciones federales albergan a personas transferidas desde los sistemas estatales por su alto riesgo para la seguridad y su papel de liderazgo en organizaciones criminales. Para apoyar esta misión, SENAPPEN cuenta con la Policía Penal Federal, responsable de la seguridad y la gestión de estos centros.
Además de la gestión penitenciaria, SENAPPEN desarrolla acciones estratégicas centradas en la inteligencia penitenciaria. Un ejemplo de ello es el Mapa de Organizaciones Criminales, una herramienta esencial para abordar el crimen organizado tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios. Este mapa proporciona información crítica que sirve de apoyo para las acciones de inteligencia en materia de seguridad pública a nivel nacional.
SENAPPEN también lleva a cabo operaciones como la Operación MUTE, destinada a combatir la entrada de teléfonos móviles en las prisiones estatales. Esta operación surgió de la necesidad de limitar el uso de este medio de comunicación por parte de personas en custodia, un problema crítico en algunas regiones del país. Asimismo, SENAPPEN realiza otras operaciones conjuntas con la Policía Federal, las policías estatales y la policía penal de los estados.
De este modo, SENAPPEN actúa de forma simultánea en el ámbito de la seguridad pública y la política penitenciaria, combinando inteligencia, financiación y supervisión para fortalecer la gestión del sistema
penitenciario brasileño.
¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los sistemas
penitenciarios estatales en materia de mantenimiento y modernización de infraestructuras?
AAG: La infraestructura penitenciaria en muchos estados de Brasil se encuentra en condiciones muy precarias. Uno de los principales problemas, paradójicamente, no es la falta de recursos, sino la dificultad para gestionar estos fondos.
Muchos estados tienen acceso a financiación del Fondo Penitenciario Nacional (FUNPEN), pero enfrentan obstáculos administrativos locales que retrasan o, incluso, impiden la ejecución de proyectos de renovación y construcción.
Para abordar este problema, SENAPPEN está reforzando su equipo de ingeniería y arquitectura para ayudar a desbloquear proyectos paralizados y acelerar su implementación. Esta estrategia incluye el despliegue de equipos técnicos, compuestos por ingenieros y arquitectos, directamente en los estados para prestar asesoramiento en la ejecución de los proyectos.
Estos equipos trabajarán para reactivar proyectos paralizados, ofreciendo apoyo técnico y ayudando a los responsables estatales a alinear sus proyectos con los requisitos de los convenios vigentes. El objetivo es garantizar que las renovaciones y nuevas construcciones se completen dentro de los plazos establecidos y con la eficiencia necesaria.
En 2025, nuestra estrategia será iniciar un esfuerzo concentrado en dos estados — Pernambuco y Roraima— y ampliar las operaciones a dos estados adicionales cada trimestre.
La elección de Pernambuco se debe a la complejidad de su sistema penitenciario y al gran número de obras paralizadas que requieren una intervención directa para reanudarse. Roraima, por otro lado, enfrenta un desafío diferente: el impacto de la crisis humanitaria en Venezuela ha provocado un aumento significativo en el número de personas extranjeras en custodia, lo que ejerce todavía más presión sobre el espacio, ya limitado, del sistema penitenciario estatal. SENAPPEN asignará recursos y equipos para la construcción de una nueva instalación que aborde el déficit de plazas en Roraima.
Además de estas acciones concretas, la implementación del Plan Pena Justa representará un paso fundamental en la modernización del sistema penitenciario. Desarrollado por SENAPPEN en colaboración con el Consejo Nacional de Justicia, este plan responde a una decisión del Supremo Tribunal Federal, que reconoció la existencia de un “estado de cosas inconstitucional” dentro del sistema penitenciario brasileño.
Durante los tres próximos años, la implementación de este plan — ya finalizado y aprobado— será clave para reducir el hacinamiento, fortalecer las alternativas al encarcelamiento, ampliar las oficinas de apoyo social e invertir en la educación y la formación profesional de las personas privadas de libertad.
Con la expansión de los recursos del FUNPEN, que podrá duplicarse para 2025, hemos recuperado una capacidad de inversión que no teníamos desde hace mucho tiempo. Ahora, con una hoja de ruta bien definida a través del Plan Pena Justa, podemos abordar estos desafíos de manera más estructurada, garantizando avances concretos en la mejora del sistema penitenciario brasileño.
En el Plan Pena Justa se abre ahora una fase en la que los estados
tendrán que desarrollar sus propios planes en línea con las directrices
federales. ¿Cuál será el papel de SENAPPEN en este proceso? ¿Se
centrará más en apoyar y supervisar la aplicación, o tendrá también
una función de supervisión?
AAG: Inicialmente, SENAPPEN desempeñará un papel directo de apoyo a los estados en la elaboración de sus planes, ofreciendo la experiencia del equipo que participó en la creación del plan nacional. El objetivo es garantizar que los planes regionales estén alineados con el plan federal, evitando discrepancias que puedan comprometer la implementación de las políticas penitenciarias.
Además de este apoyo técnico, SENAPPEN está organizando un mecanismo de gobernanza, en colaboración con el Consejo Nacional de Justicia, para monitorear indicadores clave, hacer un seguimiento del progreso de los proyectos y supervisar el uso de los fondos asignados a los estados. Sin embargo, el enfoque principal no estará en la supervisión, sino en fomentar un modelo de cooperación, asegurando que los estados puedan implementar sus iniciativas de manera efectiva.
El enfoque del gobierno federal, siguiendo las orientaciones del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, y del presidente Lula, es fortalecer el federalismo cooperativo, en el que el gobierno federal trabaja junto a los estados para solucionar los problemas del sistema penitenciario.
SENAPPEN actuará como socio de los estados, ofreciendo apoyo técnico, asesoramiento y recursos para promover avances estructurales y operativos que fortalezcan el sistema penitenciario y mejoren su contribución a la seguridad pública.
¿En qué se diferencian las infraestructuras del Sistema Penitenciario
Federal de las de los sistemas penitenciarios estatales de Brasil, en
cuanto a instalaciones y recursos? ¿Cuáles son los desafíos específicos de estas instalaciones?
AAG: Los desafíos a los que se enfrenta el Sistema Penitenciario Federal son significativos, especialmente si tenemos en cuenta la vasta extensión territorial de Brasil. Las cinco instalaciones federales se distribuyen entre las diferentes regiones del país: Porto Velho (Noroeste), Mossoró (Noreste), Brasília (Centro-Oeste), Campo Grande (Centro) y Catanduvas (Sur). Las grandes distancias entre ellas hacen que la logística de gestión sea compleja y se haga necesaria una planificación continua.
Para garantizar la seguridad de estos centros, el sistema cuenta con la Policía Penal Federal, responsable de la administración y la vigilancia. Las prisiones federales han sido construidas con una infraestructura robusta y sistemas avanzados de seguridad. Actualmente estamos implementando el
Proyecto Omega, que mejora la gestión de la seguridad mediante tecnologías de monitorización, incluyendo sensores sísmicos, térmicos y de movimiento, junto con una extensa red de cámaras de vigilancia.
Dada la peligrosidad de las personas retenidas en estos centros, muchas de las cuales desempeñan roles de liderazgo en organizaciones criminales, se establecen estrategias de control específicas. Una de ellas es el traslado periódico de personas entre las instalaciones federales, un proceso guiado por la inteligencia penitenciaria. Estos traslados requieren una estructura logística altamente eficiente, que incluye el uso de aeronaves para garantizar un transporte seguro.
El sistema penitenciario federal tiene la particularidad de permitir una monitorización completa del entorno penitenciario, con la excepción del interior de las celdas individuales, donde se respeta la privacidad de las personas. Todas las demás áreas están estrictamente controladas mediante cámaras y micrófonos. Por otro lado, la inteligencia penitenciaria realiza un seguimiento continuo de los movimientos dentro de las instalaciones y de la asignación de las personas dentro de los centros para mantener la seguridad.
También trabajamos en estrecha colaboración con la Policía Federal, y muchas de sus operaciones se inician a partir de información recopilada por la inteligencia penitenciaria, lo que demuestra la importancia de este trabajo en la lucha contra el crimen organizado.
Para responder a estos problemas, SENAPPEN mantiene una supervisión rigurosa de las instalaciones federales. El año pasado se inspeccionaron todas las prisiones federales, y este año se repetirán las visitas, garantizando una supervisión constante de las condiciones operativas y de seguridad de estas instalaciones.
JT: El Proyecto Alvorada es una iniciativa del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, coordinada por SENAPPEN, cuyo objetivo es promover la reinserción social de personas que han estado privadas de libertad.
¿Cuáles son las expectativas de SENAPPEN en cuanto al impacto y
alcance de este proyecto?
AAG: El Proyecto Alvorada forma parte de la política nacional de apoyo a personas que salen de prisión y refuerza la importancia de la participación social en este proceso. SENAPPEN promueve activamente la creación de redes de apoyo para las personas liberadas del sistema penitenciario, fomentando iniciativas que impulsen su inclusión productiva, así como la de sus familias.
El proyecto se desarrolla en asociación con universidades e institutos federales de educación, con financiación del Fondo Penitenciario Nacional. Su principal enfoque es la cualificación profesional, proporcionando a las personas que han estado privadas de libertad competencias que faciliten su
reintegración en el mercado laboral.
En el último ciclo, el Proyecto Alvorada benefició a 250 familias, ofreciendo formación técnica y profesional.
Para el próximo ciclo, previsto para 2025, el presupuesto del proyecto ha aumentado a alrededor de 14 millones de reales. Esta financiación adicional permitirá ampliar las iniciativas orientadas a la inclusión social y económica, aumentando significativamente el alcance e impacto del proyecto. El refuerzo presupuestario y de personal proporcionado por el Plan Pena Justa garantizará un apoyo todavía mayor al Proyecto Alvorada, consolidando su papel en el apoyo a la reinserción social y en la mejora de las condiciones de vida tras la salida del sistema penitenciario.
André de Albuquerque Garcia
Secretario Nacional de Políticas Penales, Ministerio de Justicia y Seguridad, Brasil
André de Albuquerque Garcia es el actual Secretario Nacional de Políticas Penales de Brasil. Ya fue Secretario Ejecutivo de Defensa Social en Pernambuco (2006), Secretario de Estado en varias carteras en Espírito Santo, incluyendo Justicia y Seguridad Pública (2010-2018, regresando en 2023), y fue vicepresidente del Colegio Nacional de Secretarios de Seguridad Pública (CONSESP). Es miembro del Grupo de Investigación en Hermenéutica y Jurisdicción Constitucional, miembro titular del Foro Brasileño de Seguridad Pública y Procurador del Estado de Pernambuco desde 1998. Es doctorando en Derechos y Garantías Fundamentales por la Facultad de Derecho de Vitória y máster en Derecho por la Universidad Católica de Pernambuco, especialidad en Derecho Procesal Civil y licenciado en Ciencias Jurídicas por la UFPE.
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