Entrevista
Terry Hackett
Jefe de la División de Personas Privadas de Libertad, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
¿Puede decirnos algo más sobre el enfoque de la labor del CICR en los entornos de detención?
TH: Nuestro mandato humanitario en entornos de detención se centra en prevenir las desapariciones forzadas y los malos tratos y en mejorar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad en conflictos armados y otras situaciones de violencia. Como actor neutral, imparcial e independiente, la base de nuestro trabajo en detención son nuestras visitas a prisiones, comisarías de
policía y centros militares de detención o internamiento.
Nuestros equipos de visita incluyen colegas que dedican su atención al bienestar y al tratamiento de los reclusos, profesionales médicos, ingenieros, antiguos directores de prisiones y otros especialistas como nutricionistas.
Durante nuestras visitas, examinamos la situación general de los reclusos, empezando por la detención, incluidas las salvaguardias procesales y las garantías judiciales. También nos informamos sobre el trato que reciben los detenidos, su relación con sus familias, su acceso a servicios esenciales como la atención sanitaria y, por supuesto, el entorno en el que se encuentran.
Lo hacemos mediante observaciones directas y, lo que es más importante, conversando en privado y de manera confidencial con los detenidos para poder conocer sus preocupaciones. Hablamos también con las personas que trabajan en el lugar de detención para comprender su perspectiva y los retos a los que se enfrentan en la gestión del centro.
Tras tomar en consideración todo lo que hemos observado y oído, debatimos los problemas humanitarios que hemos identificado, así como las soluciones prácticas, con la autoridad de detención de manera bilateral y confidencial. Asimismo, ofrecemos recomendaciones concretas, con base en marcos jurídicos o normas nacionales e internacionales. Dependiendo de las circunstancias, podemos ofrecer también asistencia técnica para ayudar a las autoridades a abordar las causas profundas de los problemas detectados.
Es importante aclarar que visitamos periódicamente los lugares de detención en los que trabajamos, ya que nuestra intervención se basa en un compromiso sostenido y en la colaboración con los reclusos, el personal penitenciario y otras autoridades. En algunos casos, hacemos también un seguimiento de las personas que han estado detenidas después de su puesta en libertad o de sus familias para entender cómo les ha afectado el hecho de estar detenidas.
En 2023 el CICR colaboró con unas 120 autoridades de detención diferentes de 84 países y realizó 2.618 visitas a 885 lugares de detención en todo el mundo.
Desde la perspectiva del CICR, ¿cuáles son algunas de las limitaciones en términos de infraestructuras más habituales en los sistemas penitenciarios actuales? ¿Cómo afectan estas dificultades a la dignidad y al trato humano de las personas privadas de libertad?
TH: En todo el mundo, el CICR sigue observando infraestructuras coloniales anticuadas y, a menudo, mal mantenidas, que repercuten negativamente en la dignidad y la salud de las personas privadas de libertad. En muchos países en los que el CICR está presente, la ya frágil infraestructura se ha visto todavía más degradada por años de conflicto y de falta de financiación. Más del 55% de los sistemas penitenciarios de todo el mundo funcionan por encima de su capacidad, y el hacinamiento ejerce una presión adicional sobre unos sistemas de agua, saneamiento y ventilación ya de por sí inadecuados.
La falta de inversión en el mantenimiento de las infraestructuras penitenciarias repercute no sólo en la dignidad y la salud de los reclusos, sino también en el personal penitenciario y las comunidades circundantes. La falta de agua potable y el bloqueo de los sistemas de saneamiento, con la consiguiente infestación de alimañas, son vectores de importantes problemas de salud pública que no terminan a las puertas de una institución.
La falta de ventilación adecuada, combinada con el calor extremo y el hacinamiento, da lugar a condiciones asfixiantes en las que el simple hecho de respirar se convierte en una lucha. Asimismo, las enfermedades transmisibles afectan a todos los que viven y trabajan en ese entorno, a menudo con el riesgo de convertirse en un vector para un problema de salud pública más amplio a través de los trabajadores o de los visitantes. Como puede imaginarse, las consecuencias para la salud mental son también devastadoras.
En los casos en que se construyen nuevas instalaciones, la motivación es muchas veces más política o resultado de la actuación de un Estado donante que una planificación basada en evidencias o de carácter participativo, donde se incluya dentro del proceso de diseño a personas con experiencia de vida en detención, al personal penitenciario o a las comunidades locales. Vemos también que las nuevas prisiones están situadas lejos de los servicios necesarios o de los centros de transporte, lo que supone limitaciones logísticas para los gestores penitenciarios y problemas significativos para las visitas familiares.
Como sabe cualquier persona que haya dirigido una prisión o un centro penitenciario, las infraestructuras pueden dictar los regímenes cotidianos y desviar valiosos recursos humanos de funciones críticas de seguridad dinámica hacia puestos estáticos. Una infraestructura mal construida o mal mantenida puede también plantear problemas importantes a la hora de cumplir las normas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, también conocidas como las Reglas Nelson Mandela.
Los peligros medioambientales y climáticos también tienen importantes repercusiones no sólo en las infraestructuras de detención, sino también, por supuesto, en la seguridad y la salud de las personas privadas de libertad y del personal penitenciario. Sin embargo, a pesar de su alta susceptibilidad a los peligros ambientales y climáticos, los lugares de detención se suelen quedar atrás en cuestiones como la gestión de riesgos o las medidas de mitigación en materia de desastres.
¿Cuáles son las prioridades del CICR a la hora de colaborar con las autoridades en el abordaje de estas cuestiones? ¿Cuáles son los enfoques que han resultado más eficaces?
TH: Nuestras prioridades se basan en las necesidades humanitarias más acuciantes que observamos cuando visitamos los lugares de detención, como he descrito antes. Puede tratarse de abordar las preocupaciones sobre el trato que reciben los reclusos en el lugar de detención, de mejorar el contacto con sus familias o de aumentar el acceso a servicios esenciales como la atención sanitaria, el agua potable o una alimentación adecuada y suficiente.
A menudo, las causas profundas de los problemas que identificamos son de naturaleza sistémica y requieren un enfoque a largo plazo que se base en la capacidad existente de las autoridades para encontrar soluciones sostenibles impulsadas a nivel local.
En el caso concreto de las infraestructuras, nuestro trabajo de identificación y colaboración con las autoridades para abordar los problemas sistémicos y desarrollar la capacidad local es polifacético y, por supuesto, depende del contexto. Nuestros enfoques pueden incluir la facilitación de debates o la revisión de los anteproyectos planificados que sirvan para promover que las autoridades se den cuenta de que necesitan desarrollar sus propias normas locales en lugar de “cortar y pegar” un modelo procedente de otro contexto.
En cuanto a los peligros y riesgos climáticos, a partir del examen regional de Asia que he mencionado anteriormente, el CICR, en colaboración con las autoridades penitenciarias de Filipinas, ha desarrollado el proyecto Prisioneros del Cambio Climático. Este proyecto, que parte de las consultas realizadas con personas privadas de libertad, personal penitenciario y otras personas, se centra en la identificación de riesgos climáticos y en una serie de medidas de mitigación que abordan aspectos de gestión penitenciaria, salud e infraestructuras para aumentar la resiliencia de los lugares de detención, con el deseo de exportar las lecciones aprendidas a otros contextos de la región y, en la medida de lo posible, más allá.
desarrollo con los países participantes.
¿Podría describir los principios clave de Hacia establecimientos penitenciarios más humanos y en qué se diferencian de los modelos tradicionales de desarrollo penitenciario?
TH: Ante todo, la publicación parte del hecho de que cualquier plan de expansión de las prisiones debe conllevar un análisis en sentido amplio del sistema de justicia penal, para así garantizar que sólo se
utilice el encarcelamiento como último recurso.
En el momento en que se determina que existe realmente la necesidad de nuevas infraestructuras o de sustituir las prisiones existentes, resulta fundamental un cambio de paradigma en la planificación y el diseño en el caso de que las autoridades penitenciarias quieran que las prisiones se vuelvan más humanas.
El modelo tradicional de desarrollo penitenciario suele estar impulsado más por la necesidad de aumentar la capacidad que por las necesidades de las personas privadas de libertad y de la comunidad en general. Hacia establecimientos penitenciarios más humanos introduce un enfoque basado en principios, derivado de las Reglas de Nelson Mandela y de otras normas internacionales de
derechos humanos, que desplaza el foco de atención de los muros y las celdas a las personas y al propósito.
Este enfoque se basa en cuatro principios fundamentales: No hacer daño, Mantener un máximo de normalidad, Promover la salud y el crecimiento personal y Mantener fuertes vínculos con la sociedad.
La metodología se basa en un enfoque participativo que garantiza que las personas que han vivido la detención, el personal penitenciario, las comunidades locales y otras partes interesadas participen desde el principio en el proceso de planificación y diseño.
Las necesidades, el propósito y la visión deben los factores que impulsen el diseño de la prisión, y no el efecto contrario que he descrito antes, cuando una infraestructura penitenciaria mal planificada repercute negativamente en el tratamiento y la dignidad de las personas privadas de libertad.
Por supuesto, el trato humano y el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad van mucho más allá de lo que son unas infraestructuras bien planificadas, diseñadas y construidas. Es fundamental una gestión penitenciaria eficaz, basada en las reglas Nelson Mandela, en otras normas internacionales y en la legislación nacional, con una supervisión independiente y eficaz. No obstante, con la adopción de este enfoque basado en principios y participativo, el CICR cree que el entorno construido puede servir de base sólida para conseguir unas prisiones más humanas.
¿Cuáles son los retos que ve el CICR en la aplicación universal de estos principios en diferentes países y contextos? ¿Cuál cree que debería ser el papel de la cooperación internacional en el apoyo a estos proyectos en los países de bajos recursos?
TH: Los principios esbozados en Hacia establecimientos penitenciarios más humanos son universales y, de hecho, pueden aplicarse en cualquier país y adaptarse a cualquier contexto cultural o socioeconómico. Sin embargo, la voluntad política y un liderazgo fuerte por parte de las autoridades penitenciarias son, por supuesto, un factor esencial.
Con demasiada frecuencia somos testigos de la politización de la detención, que puede impedir la aplicación de ese enfoque inclusivo y participativo de la planificación y el diseño de las prisiones. Por otra parte, es importante garantizar que los principios se apliquen desde el principio de cualquier proceso de planificación y diseño, ya que es mucho más fácil y barato borrar una línea de un plano que mover o modificar un muro una vez construido.
El papel de la cooperación internacional debe ser de facilitación y no de imposición. Es esencial que los modelos de diseño de prisiones no se importen como si fueran un “corta y pega”, y que se desarrollen e implementen soluciones sostenibles, autóctonas, adaptadas al contexto local, a los riesgos climáticos y a los recursos disponibles.
También es esencial mejorar la cooperación y la coordinación interinstitucional para optimizar los recursos y consolidar la apropiación por parte de las autoridades locales. Por último, un enfoque participativo y basado en principios por parte de todos los actores implicados en el desarrollo de las nuevas infraestructuras servirá de base sólida para garantizar un entorno carcelario construido más humano.
Terry Hackett
Jefe de la División de Personas Privadas de Libertad, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
Terry Hackett asumió en 2022 el puesto de director de la División de Personas Privadas de Libertad del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en Ginebra. Se incorporó al CICR en 2018 como asesor del sistema penitenciario tras una carrera de 22 años en el Servicio Correccional de Canadá (CSC), en la que desempeñó los cargos de director de varias instalaciones y subcomisario adjunto de Operaciones Correccionales (Pacífico). Terry posee títulos superiores en Derecho Internacional de los Conflictos Armados (Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra), Seguridad Humana y Consolidación de la Paz (Royal Roads University) y una licenciatura en Psicología (Trinity Western University).
Publicidad
