Entrevista
Marcus Rito
Presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Justicia, Ciudadanía, Derechos Humanos y Administración Penitenciaria
y Secretario de Justicia de Rondônia, Brasil
En esta entrevista, hablamos con Marcus Rito, Secretario de Justicia del Estado de Rondônia desde 2020 y Presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Justicia, Ciudadanía, Derechos Humanos y Administración Penitenciaria (CONSEJ). El CONSEJ es un foro estratégico que reúne regularmente a representantes de las Secretarías de Justicia de los estados brasileños y del Gobierno Federal. Su principal objetivo es ofrecer un espacio continuo de diálogo y cooperación entre las autoridades federales y estatales para debatir y mejorar el sistema penitenciario del país.
Como Presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Justicia, ¿cuáles son los principales problemas compartidos por los estados brasileños y qué objetivos considera más urgentes para mejorar el sistema de justicia penal en Brasil?
MR: Es necesario reconocer que, aunque el sistema penal brasileño ha experimentado cambios positivos en la última década, persisten desafíos significativos en su gestión diaria. Entre estos desafíos se encuentra el hacinamiento en los centros penitenciarios: Brasil enfrenta un déficit de aproximadamente 174.000 plazas. A esto se suman las precarias condiciones de muchas instalaciones, resultado del propio hacinamiento y de la falta de inversiones suficientes en las últimas décadas. Además, la presencia e influencia de organizaciones criminales representa una amenaza para la seguridad de las personas privadas de libertad y del personal penitenciario.
Otro problema crítico es la insuficiencia de servicios de asistencia previstos por la ley, como la atención material y sanitaria, así como el bajo porcentaje de personas privadas de libertad que participan en programas de reinserción social y educativa. Por último, la elevada tasa de reincidencia delictiva evidencia que la reinserción social contemplada en la Ley de Ejecución Penal no se ha logrado de manera efectiva.
Frente a estos desafíos, algunos de los objetivos más urgentes para mejorar el sistema de justicia penal en Brasil incluyen la expansión del uso de alternativas penales, que permitan un control más efectivo y cualificado de la “puerta de entrada” al sistema, contribuyendo a la reducción de la población carcelaria.
Al mismo tiempo, es esencial mejorar la infraestructura penitenciaria, aumentando los recursos del Fondo Penitenciario Nacional (FUNPEN), promoviendo reformas para garantizar condiciones básicas de higiene, invirtiendo en equipos de seguridad y modernizando la formación del personal penitenciario para mejorar la eficiencia en la gestión de los procedimientos necesarios.
Otra prioridad es fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales mediante estrategias de inteligencia y seguridad que reduzcan su influencia dentro del sistema penitenciario. También es necesario ampliar el acceso a la atención sanitaria, la documentación civil y otros servicios de asistencia previstos por la ley, garantizando que la pena de prisión se limite a la privación de libertad sin afectar otros derechos fundamentales. Asimismo, es fundamental reforzar los programas de rehabilitación y reinserción social. Para ello, es necesario ampliar las oportunidades de educación, formación profesional y apoyo psicológico para las personas privadas de libertad. Además, se debe fomentar la colaboración con la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, impulsando proyectos que humanicen las penas y brinden apoyo adicional tanto a las personas privadas de libertad como a sus familias.
Por último, es crucial promover acciones de apoyo a las personas que han cumplido condena, con el objetivo de aumentar sus oportunidades de empleo y generación de ingresos tras su liberación. Estos objetivos son fundamentales para construir un sistema de justicia penal más humano y eficaz.
Al compartir buenas prácticas, es posible aprender mutuamente y descubrir soluciones efectivas que pueden replicarse en diferentes contextos, lo que permite ahorrar tiempo y recursos.
¿Cómo pueden la cooperación y el intercambio de experiencias entre Estados en el seno de CONSEJ ayudar a abordar estas cuestiones con mayor eficacia?
MR: La cooperación y el intercambio de experiencias entre los estados en el seno de CONSEJ son fundamentales para abordar de forma más eficaz los desafíos del sistema de justicia penal. Al compartir buenas prácticas, es posible aprender mutuamente y descubrir soluciones efectivas que pueden replicarse en diferentes contextos, lo que permite ahorrar tiempo y recursos.
Igualmente importante es la sólida articulación política e institucional, ya que la unión de los estados les otorga una voz más fuerte para abogar por reformas legislativas y una mayor inversión en el sistema de justicia penal. CONSEJ también puede desempeñar un papel clave como plataforma de incidencia ante el gobierno federal y otras instituciones, impulsando mejoras y promoviendo la implementación de
políticas públicas integrales e inclusivas. La colaboración dentro de CONSEJ refuerza la capacidad de los estados para enfrentar desafíos comunes de manera más coordinada, eficiente y con un mayor impacto.
¿Cuáles han sido los principales retos a los que se ha enfrentado el Departamento de Justicia de Rondônia? ¿Cuáles son algunas de las buenas prácticas o ejemplos inspiradores que Rondônia ha adoptado para hacer frente a los desafíos del sistema penitenciario?
MR: A principios de la década de 2000, el sistema penitenciario de Rondônia atravesó su período más crítico. La ocurrencia de rebeliones, muertes de personas privadas de libertad durante incidentes de desorden, el caos derivado del hacinamiento, la falta de una gestión adecuada y la escasa inversión situaron al estado bajo la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En la década de 2010, el estado de Rondônia comenzó, aunque de manera tímida y en colaboración con el gobierno federal, a mejorar la infraestructura y a fortalecer la capacidad de gestión, superando su peor etapa y acercándose a los estándares de calidad promedio de otros estados del país.
En la actual década de 2020, con una mayor sensibilidad por parte del gobierno del estado respecto a la importancia de contar con un sistema penitenciario de calidad, controlado y humanizado, se han destinado recursos significativos para abordar la escasez de plazas, mejorar la infraestructura
deficiente, transformar la cultura institucional y mejorar la percepción social del sistema penitenciario.
Los principales objetivos de las mejoras en la infraestructura penitenciaria de Rondônia han sido reducir el hacinamiento, mejorar las condiciones de salud y seguridad, y garantizar mejores condiciones de vida para las personas privadas de libertad, así como condiciones laborales más adecuadas para el personal penitenciario. Esto se ha logrado mediante la renovación, ampliación y equipamiento de comedores y
alojamientos. Otros planes de modernización incluyen la construcción de nuevos espacios para la formación profesional, talleres y programas educativos, la ampliación de espacios de formación para el personal y la creación de un Centro de Atención al Personal.
Entre las buenas prácticas destacan las asociaciones interinstitucionales con organismos estatales y municipales para la contratación de personas que cumplen condena, lo que ha permitido alcanzar un alto índice de empleabilidad dentro de este grupo. Gracias a estos acuerdos, Rondônia se ha posicionado en el primer lugar a nivel nacional en cuanto al porcentaje de personas en situación de privación de libertad que trabajan, alcanzando un 69% durante dos ciclos consecutivos.
También es relevante el incremento significativo de las actividades de formación continua del personal penitenciario, lo que ha ampliado sus conocimientos en gestión operativa y enfoques humanizados, contribuyendo a una perspectiva diferente en la gestión del cumplimiento de las penas.
Otro ejemplo ha sido la expansión del uso de la tecnología, no solo en los mecanismos de control, como los escáneres de rayos X para equipaje, los escáneres corporales y los pórticos de seguridad, sino también en la mejora de las herramientas de monitoreo electrónico y en la optimización de los sistemas de gestión de la información, destacando la creación y el uso del Sistema de Información Penitenciaria (SIPE).
¿Podría hablarnos un poco de cómo la participación de las personas en el proceso de resocialización contribuye al modelo económico que hace posibles estas inversiones y cómo se integra en la estrategia global de rehabilitación?
MR: Los procesos de resocialización implementados en el estado de Rondônia siguen las directrices nacionales establecidas por la Secretaría Nacional de Políticas Penales (SENAPPEN) y tienen como eje principal la promoción de la ciudadanía. Esto se logra a través de acciones como la evaluación de las personas privadas de libertad para elaborar planes individualizados de cumplimiento de la pena, la oferta de asistencia, la obtención de documentación civil, la inclusión de esta población en las políticas públicas existentes y, sobre todo, su integración mediante el trabajo.
Entre las estrategias más exitosas en Rondônia se encuentran la implementación de talleres laborales, la realización de cursos de formación profesional en colaboración con distintas instituciones, la creación del Banco de Talentos—un sistema para registrar a las personas que cumplen condena según su cualificación profesional.
Además, el estado ha firmado más de 50 convenios para la contratación de mano de obra penitenciaria, cuyos ingresos se destinan a el Fondo Penitenciario del Estado.
Los fondos obtenidos a partir de estas actividades de reinserción social se utilizan para la adquisición de suministros y equipos destinados a programas de promoción de la ciudadanía, así como para diversas inversiones en el sistema penitenciario. En este sentido, cuantas más personas participan en actividades laborales, más recursos se generan para fortalecer las iniciativas de reinserción social. Esto crea un ciclo sostenible en el que la rehabilitación no solo beneficia el desarrollo personal de quienes
cumplen condena, sino que también contribuye a la sostenibilidad financiera de los programas destinados a su inclusión social.
¿Qué otras áreas son prioritarias para el desarrollo del sistema penitenciario en Rondônia? ¿Qué objetivos espera alcanzar en los próximos años?
MR: Para los próximos años, sigue existiendo una necesidad urgente de inversión estructural en las instalaciones penitenciarias. Sin embargo, la prioridad debe ser reducir el hacinamiento en las. prisiones, centrándose en el funcionamiento eficaz de los Centros de Alternativas Penales en todo el estado. Estos centros desempeñan un papel clave en la gestión de la “puerta de entrada” al sistema penitenciario al ofrecer opciones de sentencias alternativas que ayudan a disminuir la dependencia de la reclusión.
Otro ámbito importante es la ampliación de los servicios que asisten a las personas en la obtención de documentación civil y en la conexión con una red de apoyo psicosocial. Además, es esencial la creación de una Oficina Social para brindar apoyo directo a las personas tanto antes como durante su tiempo en el sistema penitenciario.
Para mejorar la seguridad y la gestión de las instalaciones penitenciarias, es fundamental invertir en el aumento del personal, la expansión de los sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV), la instalación de equipos de rayos X y la implementación del uso de cámaras corporales por parte del personal penitenciario. Estas medidas están orientadas a garantizar la seguridad e integridad del personal, prevenir conductas indebidas, proteger contra posibles acusaciones falsas y contribuir al mantenimiento del orden y la gestión de conflictos dentro de los establecimientos.
El futuro del sistema penitenciario en Rondônia — y en Brasil en su conjunto—depende no solo de una inversión adecuada, sino también del compromiso de los gestores del sistema penitenciario para fomentar la comprensión de que no puede haber una seguridad pública efectiva sin un sistema penitenciario eficiente, bien organizado y humano.
Marcus Rito
Presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Justicia, Ciudadanía, Derechos Humanos y Administración Penitenciaria y Secretario de Justicia de Rondônia, Brasil
Marcus Rito se desempeña como Secretario de Justicia del Estado de Rondônia desde 2020 y actualmente preside el Consejo Nacional de Secretarios de Justicia, Ciudadanía, Derechos Humanos y Administración Penitenciaria (CONSEJ). Entre 2004 y 2019, fue miembro del Departamento Penitenciario Nacional, donde ejerció como Coordinador de Trabajo y Salud Penitenciaria y como Coordinador General de Alternativas Penales. Ha impartido clases en cursos de formación para funcionarios públicos y en la Universidad Federal de Piauí. Además, coordinó iniciativas de biometría y documentación civil en el Consejo Nacional de Justicia y fue miembro del Laboratorio de Gestión de Políticas Penales de la Universidad de Brasilia. Actualmente, Marcus Rito es Consejero Nacional de Política Criminal y Penitenciaria en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (CNPCP/MJSP). Es licenciado en Derecho y está especializado en Derecho Público.
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