Los funcionarios penitenciarios en Europa
En Europa[1], hoy en día, hay más de 588.940 ciudadanos bajo la custodia del servicio penitenciario[2]. Cada día, más de 203.772 funcionarios penitenciarios de los 28 Estados miembros de la Unión Europea trabajan para garantizar la seguridad de la sociedad y ofrecer a los reclusos oportunidades que faciliten su proceso de reinserción en la sociedad.
Independientemente de su compromiso con esta noble misión, la organización del sistema penitenciario depende de una multiplicidad de actores que obligan a mantener un equilibrio continuo de necesidades, objetivos e intereses aparentemente en conflicto (desde psicólogos, educadores, psicoterapeutas, trabajadores sociales, personal administrativo, profesores, formadores, maestros de taller, enfermeros y médicos, pasando por funcionarios —militares o civiles—, directores penitenciarios y adjuntos). La coexistencia de diferentes subculturas y diferentes visiones del tratamiento penitenciario suele ser el origen de conflictos internos (explícitos o latentes) entre los directores de las cárceles, el personal de reeducación y el personal de seguridad/los funcionarios de prisiones (la mayoría del personal de los sistemas penitenciarios).
Al igual que en los hospitales, en los que la organización del trabajo desarrollado y la cualificación de sus expertos tiene efectos directos en la vida, la muerte o el bienestar de los pacientes, el trabajo y la acción específica de los profesionales de la prisión tiene un impacto directo en la vida de los reclusos, sus actitudes y comportamientos durante la prisión y después de la liberación.
Un doble papel que se enfrenta a múltiples retos
No es posible comprender la dinámica que se produce en las prisiones y la experiencia de los reclusos sin comprender el papel del funcionario penitenciario. Según la ESCO (Clasificación europea de capacidades/competencias, cualificaciones y ocupaciones) de la Comisión Europea:[3] “Los funcionarios penitenciarios supervisan a los reclusos del centro penitenciario y garantizan la seguridad y el mantenimiento de la paz en el centro. Realizan controles y registros para garantizar el cumplimiento de los reglamentos, supervisan las visitas y las actividades de los reclusos, participan en programas de rehabilitación y garantizan el mantenimiento de los registros”[4].
La complejidad del doble y conflictivo papel del funcionario de prisiones, así como sus repercusiones en la relación con el estrés y el agotamiento de los reclusos, se ha descrito y debatido desde hace mucho tiempo como un problema que surge del conflicto entre dos conjuntos de normas éticas: las relacionadas con la protección de la comunidad y la justicia frente a las normas relacionadas con el bienestar y la autonomía del delincuente/acusado. Se sabe que esta situación crea tensiones “inmaduras” entre el personal penitenciario y los reclusos, lo que fomenta altos niveles de estrés y en ocasiones comportamientos potencialmente agresivos y dañinos. Independientemente de que trabajen en prisiones privadas o públicas, se pide a los funcionarios penitenciarios que respondan eficazmente a los complejos fenómenos que a menudo conducen a la degradación de las condiciones materiales de detención, condicionando así a todos los que viven dentro de los muros de la cárcel. El hacinamiento, el envejecimiento y el aumento de la población carcelaria (en algunos países); las bandas y la delincuencia organizada; el extremismo y la radicalización en las prisiones; las enfermedades mentales; la degradación general de la salud social y psíquica y los comportamientos cada vez más peligrosos de los reclusos son, entre otros, algunos de los retos actuales a los que se enfrentan los funcionarios penitenciarios.
La tecnología y la necesidad de capacidades digitales en las prisiones
La movilidad y el uso de diferentes soluciones tecnológicas de comunicación y aprendizaje se han disparado en la última década. Actualmente hay un panorama variado en cuanto al uso de soluciones tecnológicas que apoyan tanto la gestión de las prisiones y la libertad condicional como la educación y la rehabilitación del recluso. Si bien las soluciones tecnológicas que apoyan la gestión cotidiana de las cárceles y de los delincuentes se vuelven más populares para las administraciones penitenciarias, el uso de tecnologías que apoyan la educación, que permiten el contacto con la familia, los amigos, las instituciones comunitarias o los servicios públicos —por ejemplo, los sistemas de aprendizaje electrónico, los sistemas de autoservicio, el uso de ordenadoras tabletas, el acceso controlado a Internet, las video-conferencias y la comunicación controlada avanzada— todavía se enfrentan a importantes obstáculos a la hora de su implementación. No obstante, estas tecnologías pueden salvaguardar el bienestar general de los funcionarios y los reclusos, al tiempo que logran un alto nivel de eficiencia y eficacia de las prácticas desarrolladas en las organizaciones penitenciarias. Independientemente de las limitaciones presupuestarias existentes, los obstáculos suelen ser el resultado de marcos jurídicos y reglamentos penitenciarios antiguos e invariables; el no entender las ventajas que el uso de esas tecnologías aporta tanto para los reclusos como para el funcionamiento de las cárceles; la reticencia del personal penitenciario a utilizar una tecnología que apoye (pero también supervise) su actividad; y el creer en mitos o ideas de seguridad obsoletas sobre el uso de la tecnología en las cárceles, en general, y sobre el uso de la tecnología por parte de los reclusos, en particular. Sin embargo, se afirma que sería conveniente que las prisiones se adaptaran cuanto antes, ya que, al igual que otras organizaciones, vigilan a todas las personas que operan o se mueven a través de ellas mediante una interfaz basada en la tecnología corporal que fomenta la flexibilidad de movimiento, al tiempo que mantiene niveles de seguridad elevados, aunque discretos.
En Europa, las administraciones penitenciarias como las de Bélgica, los Países Bajos, Inglaterra y Gales, Escocia, Austria y algunos estados federados alemanes han introducido soluciones tecnológicas que permiten a los reclusos tener acceso a los servicios digitales y promueven la autonomía y el empoderamiento en algunas decisiones cotidianas. La introducción de la tecnología en las cárceles refuerza la necesidad de desarrollar las capacidades digitales y replantearse la función del funcionario de prisiones, ya que puede introducir cambios sustanciales en la forma de gestionar el funcionamiento de las cárceles, pero también en la relación entre los profesionales y entre los profesionales y los reclusos.
La necesidad de capacitar a los funcionarios penitenciarios
Los funcionarios penitenciarios suelen carecer de una formación inicial y continua adecuada, a pesar de todos los retos mencionados anteriormente y de su carácter esencial reconocido tanto para la seguridad como para la rehabilitación. La situación en Europa pone de manifiesto una gran diferencia en políticas y prácticas. El reclutamiento y la selección difieren en cada Estado miembro en lo que respecta al perfil personal, los niveles básicos de educación y la capacitación de los candidatos para ser funcionarios penitenciarios. La formación inicial puede variar desde 50 días de capacitación[5] hasta un título universitario de tres años[6], dependiendo del Estado Miembro, y la formación continua es muy limitada o inexistente. Además, el contenido de la capacitación varía, reforzándose el desarrollo de diferentes competencias que no siempre están alineadas con el equilibrio deseado entre la seguridad y el apoyo a la rehabilitación y la reintegración.
La situación descrita inhibe la movilidad de los profesionales entre los Estados miembros y obstaculiza la aplicación de la Decisión Marco 2008/909/JAI relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal. Además, el Consejo de Europa[7] recomienda que “los servicios penitenciarios tengan sus propios planes de estudios de iniciación y formación avanzada que correspondan al papel y las tareas de las diferentes categorías de su personal y al objetivo y la finalidad de su labor” y que “se ofrezcan oportunidades para la formación conjunta del personal de prisiones y de libertad condicional y para la formación con el personal de otros organismos de justicia penal, a fin de fomentar la labor interinstitucional e interdisciplinaria. Esa cooperación promoverá los objetivos mutuos de los respectivos servicios, es decir, fomentar la seguridad pública, la rehabilitación y la reintegración”.
El Parlamento Europeo también sugiere la necesidad de contar con una capacitación sistemática del personal penitenciario, recordando que “el reconocimiento social y la capacitación sistemática del personal penitenciario son esenciales para garantizar unas condiciones de detención seguras y adecuadas en las prisiones” y alentando a los Estados miembros a “compartir información, intercambiar y aplicar buenas prácticas y adoptar un código de conducta y ética para su personal penitenciario”. También se pide la formación de una Asamblea General de Administraciones Penitenciarias, que debería incluir a representantes del personal penitenciario. Asimismo, en la resolución del Parlamento Europeo relativa a su resolución del 5 de octubre de 2017 sobre condiciones y sistemas penitenciarios (2015/2062(INI)[8]) se reconoce que “el personal penitenciario lleva a cabo una función esencial en nombre de la comunidad y debe disfrutar de unas condiciones laborales que se ajusten a sus cualificaciones y que tengan en cuenta la naturaleza exigente de su trabajo”; y que “dado que el cometido del personal penitenciario es difícil y delicado, medidas como la mejora de la formación inicial y continua de dicho personal, el incremento de la financiación específica, el intercambio de las mejores prácticas, unas condiciones laborales dignas y seguras, y el aumento de los efectivos, son esenciales para garantizar que la privación de libertad en un establecimiento penitenciario se desarrolla en buenas condiciones; y que la formación continua ayudaría al personal penitenciario a afrontar los nuevos desafíos que surgen, como la radicalización en la cárcel”. Considerando que “un personal penitenciario motivado, especializado y respetado constituye una condición previa para unas condiciones de reclusión humanas y, por lo tanto, para el éxito de conceptos de reclusión diseñados para mejorar la gestión de las cárceles, el éxito en la reinserción en la sociedad y la reducción del riesgo de radicalización y reincidencia”.
El Parlamento Europeo también recalca “el papel fundamental que desempeña el diálogo social con el personal penitenciario, así como la necesidad de contar con su participación a través de la información y la consulta, especialmente al desarrollar nuevos conceptos de reclusión diseñados para mejorar las condiciones y los sistemas penitenciarios, incluidos aquellos destinados a contener las amenazas de radicalización; y pide a los Estados miembros que garanticen un diálogo periódico entre los reclusos y el personal penitenciario, ya que una buena relación laboral entre el personal y los reclusos es un elemento esencial de la seguridad dinámica, a fin de mitigar posibles incidentes o restablecer el orden a través de un proceso de diálogo”.
La Alianza para las Competencias Sectoriales PO21
La Alianza para las Competencias Sectoriales PO 21 está financiada por el Programa ERASMUS Plus[9] de la Comisión Europea y está elaborada por representantes sectoriales (administraciones penitenciarias, sindicatos, organizaciones de educación y formación profesional e investigación, y representantes de los miembros del sector correccional privado y público) cuya principal preocupación es el avance del sector correccional. Por lo tanto, la Alianza para las Competencias Sectoriales del Siglo XXI en materia de funcionarios de prisiones europeas PO 21 [European Prison Officers for the 21st Century Sector Skills Alliance] tiene como objetivo:
- Elaborar un enfoque estratégico para el desarrollo de capacidades sectoriales mediante la creación de una asociación para la cooperación sostenible entre las administraciones penitenciarias y las academias correccionales, los sindicatos y otros representantes sectoriales.
- Identificar las necesidades de capacitación existentes y emergentes de los funcionarios de prisiones, también aplicando esta información en el panorama europeo de capacitación.
- Fortalecer el intercambio de conocimientos y prácticas entre las instituciones de enseñanza y capacitación y los agentes del sector penitenciario.
- Promover las cualificaciones sectoriales pertinentes y apoyar el reconocimiento de las mismas.
- Fomentar la confianza mutua, facilitando la certificación transfronteriza y, por consiguiente, facilitando la movilidad profesional en los correccionales y aumentando el reconocimiento de las cualificaciones a nivel europeo.
- Adaptar las disposiciones de educación y formación profesional a las necesidades de capacitación, centrándose tanto en las aptitudes específicas del trabajo de los funcionarios de prisiones como en las competencias clave.
- Promover normas de cualificación para el aprendizaje basado en el trabajo (gama de conocimientos, capacidades y competencias que deben lograrse mediante el aprendizaje basado en el trabajo o el aprendizaje práctico).
- Planificar el despliegue progresivo de los productos del proyecto que tengan un impacto sistémico en la forma en que la prestación de servicios de educación y formación profesional se adapta constantemente a las necesidades de conocimientos especializados, sobre la base de asociaciones sostenidas entre los proveedores y los principales interesados del mercado de trabajo al nivel apropiado (“bucles de retroinformación”).
Se presta especial atención a las aptitudes digitales, ya que estas están modificando cada vez más la actividad operacional de los funcionarios penitenciarios, así como la forma en que los profesionales se relacionan entre sí y con los reclusos en las cárceles.
La PO21 está dirigida por el BSAFE LAB de la Universidad de UBI (un laboratorio de investigación especializado en el desarrollo de la investigación y la formación en los ámbitos de la justicia, la aplicación de la ley y la seguridad pública) junto con IPS_Innovative Prison Systems (renombrada empresa de investigación y asesoramiento especializada en el desarrollo de servicios penitenciarios). EuroPris[10], la Organización Europea de Prisiones y Servicios Correccionales, es el representante sectorial de los sistemas penitenciarios europeos, y representa a 32 administraciones penitenciarias (empleadores) y academias penitenciarias (organizaciones de educación y formación profesional). EuroPris también representa a EPTA[11], la red de academias europeas de formación penitenciaria [European Prison Training Academies]. Con un enfoque geográfico más amplio que tiene como objetivo el avance de los correccionales en todo el mundo, la ICPA[12] (Asociación Internacional de Correccionales y Prisiones) representa a 35 servicios correccionales y 40 empresas privadas que administran prisiones privadas (representando también a los empleadores y a las organizaciones de educación y formación profesional). Además, la ICPA tiene una amplia experiencia en la capacitación de personal penitenciario en diferentes partes del mundo[13].
Esta Alianza para las Competencias Sectoriales también cuenta con organismos gubernamentales (servicios correccionales) como el Senado de Justicia y Constitución de Bremen, Alemania (que representa a la administración penitenciaria como empleador, así como su academia de capacitación); el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de Portugal (y su centro de capacitación profesional); el Servicio Penitenciario de Bélgica (y sus academias de capacitación profesional); y con representantes sindicales (representantes de los funcionarios penitenciarios) como el Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (6500 policías penitenciarios miembros) de Rumanía —también miembro de la Federación Europea de Sindicatos de la Administración Pública (FSESP) — y el Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional de Portugal SNCGP (en representación de 3636 funcionarios).
Otras organizaciones sectoriales, como el Colegio Universitario del Servicio Penitenciario de Noruega (KRUS), el Centro de Formación Central del Servicio Penitenciario de Polonia, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de España, entre otras, han demostrado su interés en unirse a la Alianza para las Competencias Sectoriales y convertirse en socios[14].
Todos los socios entienden que los retos presentes y futuros a los que se enfrenta cada día un funcionario penitenciario requieren un conjunto de habilidades y comportamientos diferentes a aquellos para los que han sido formados. Los socios también reconocen que existe una necesidad urgente de llegar a un acuerdo sobre la enseñanza y la formación profesional inicial y continua que se debería impartir a los funcionarios de prisiones en el futuro, en materia de los objetivos de aprendizaje, el contenido, la duración de los cursos de formación y el reconocimiento de las competencias que puedan fomentar la movilidad en toda la Unión Europea.
Durante los próximos tres años, la Alianza para las Competencias Sectoriales PO 21 y sus socios trabajarán para alcanzar los objetivos del PO21. Si desea involucrar a su organización en estos importantes debates y beneficiarse de sus resultados desde una etapa temprana, no dude en visitar nuestro sitio web https://www.prison-officers21.org/ y rellenar el formulario de inscripción.
[1] Se refiere solo a los Estados miembros de la Unión Europea.
[2] Estadísticas penales anuales del Consejo de Europa SPACE I – Encuesta sobre la población carcelaria 2016. Actualizado el 7 de febrero de 2019. Disponible en línea en http://wp.unil.ch/space/space-i/
[3] ESCO es la clasificación multilingüe de las capacidades, competencias, cualificaciones y ocupaciones europeas y forma parte de la estrategia Europa 2020. La clasificación ESCO identifica y categoriza las capacidades, competencias, cualificaciones y ocupaciones relevantes para el mercado laboral y la educación y formación de la UE. Muestra sistemáticamente las relaciones entre los diferentes conceptos.
[4] Clasificación europea de capacidades/competencias, cualificaciones y ocupaciones ESCO: http://data.europa.eu/esco/occupation/3327a087-cd36-4b02-ac1b-6455f59f9312
[5] Como es el caso de Bélgica.
[6] Como es el caso de Noruega.
[7] Proyecto de directrices relativas a la contratación, selección, capacitación y desarrollo del personal penitenciario y de libertad condicional. Comité Europeo para problemas criminales (CDPC) y el Consejo de Cooperación Penológica (PC-CP). https://rm.coe.int/pc-cp-2018-14-e-rev-draft-guidelines-training-staff/16808e2d72
[8] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0385+0+DOC+XML+V0//EN
[9] Las Alianzas para las Competencias Sectoriales tienen por objeto abordar las carencias de capacidades en lo que respecta a uno o más perfiles profesionales en un sector específico. Para ello, identifican las necesidades existentes o emergentes del mercado de trabajo de sectores específicos (demanda) y aumentan la capacidad de respuesta de los sistemas de educación y formación profesional inicial y continua, en todos los niveles, a las necesidades del mercado de trabajo (oferta). Más información disponible en https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/sector-skills_en
[10] www.europris.org
[11] www.epta.info
[12] www.icpa.org
[13] La ICPA es una organización no gubernamental con estatus consultivo especial en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
[14] Los socios pueden contribuir a las actividades de la Alianza para las Competencias Sectoriales. No están sujetos a ningún requisito contractual porque no reciben financiación de la Comisión Europea.
Referencias
Liebling, A. (2007) «Prison suicide and its prevention». En Jewkes, Y. (Ed.). (2007). Handbook on Prisons, chapter 18. Londres: Routledge, https://doi.org/10.4324/9780203118191
Arnold, H.; Liebling, A. y Tait, Sarah (2007) «Prison officers and Prison culture» en Jewkes, Y. (Ed.). (2007). In Handbook on Prisons, chapter 20. Londres: Routledge, https://doi.org/10.4324/9780203118191
Thomas, J.E. (1974) The prison officer: A conflict in roles. Journal of Psychosomatic Research, Volumen 18, Issue 4, August 1974, pages 259-262
Hepburn, J. (1980) Role in conflict in Correctional Institutions – An Empirical Examination of the Treatment-Custody Dilemma Among Correctional Staff. Criminología, Vol. 17 Iseo 4 February 1980. Páginas 445-459. American Society of Criminology.
Liebling, A. (2011). Distinctions and distinctiveness in the work of prison officers: Legitimacy and authority revisited. European Journal of Criminology, 8(6), 484–499. https://doi.org/10.1177/1477370811413807
Williams, T. A. (1983). Custody and Conflict: An Organizational Study of Prison Officers’ Roles and Attitudes. Australian & New Zealand Journal of Criminology, 16(1), 44–55. https://doi.org/10.1177/000486588301600105
Howard League for Penal Reform (2017). The role of the prison officer Research briefing. Howard League for Penal Reform. https://howardleague.org/wp-content/uploads/2017/11/The-role-of-the-prison-officer.pdf
Ward, T. (2013). Addressing the dual relationship problem in forensic and correctional practice. Aggression and Violent Behavior, ISSN: 1359-1789, Vol: 18, númber: 1, page: 92-100.
La Vigne, N. (2017) Harnessing the Power of Technology in Institutional Corrections. NIJ Journal. Issue 278, May 2017.
Harne, J. (2017) Identifying Technology Needs and Innovations to Advance Corrections. NIJ Journal. Issue 278 May 2017.
Jackson, Brian A., Joe Russo, John S. Hollywood, Dulani Woods, Richard Silberglitt, George B. Drake, John S. Shaffer, Mikhail Zaydman, y Brian G. Chow, Fostering Innovation in Community and Institutional Corrections: Identifying High-Priority Technology and Other Needs for the U.S. Corrections Sector, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, RR-820-NIJ, 2015. lssue 4, February 2019: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR820.html
McDougall, C., Pearson, D.A.S., Torgerson, D.J. et al. (2017) // The effect of digital technology on prisoner behavior and reoffending: a natural stepped-wedge design. Journal of Experimental Criminology. December 2017, volumen 13, Issue 4, pp 455–482. https://doi.org/10.1007/s11292-017-9303-5
Hart, S. (2003) Making Prisons Safer Through Technology. Corrections Today, Vol. 65, N.º 2. The American Correctional Association, Maryland.
Brian A. Jackson et al. (2005) Fostering Innovation in Community and Institutional Corrections: Identifying High-Priority Technology and Other Needs for the U.S. Corrections Sector. Santa Monica, CA. RAND Corporation.
La Vigne, N. (2017) Harnessing the Power of Technology in Institutional Corrections. NIJ Journal. Issue 278, May 2017.
Harne, J. (2017) Identifying Technology Needs and Innovations to Advance Corrections. NIJ Journal. Issue 278, May 2017.
Liebling, A. (2011). // Distinctions and distinctiveness in the work of prison officers: Legitimacy and authority revisited. //European Journal of Criminology, 8(6), 484-499. https://doi.org/10.1177/1477370811413807
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Pedro das Neves trabaja como consultor/asesor de gobiernos y organizaciones multilaterales en innovación de sistemas de justicia criminal desde 2002 en diferentes continentes. Pedro es director ejecutivo de IPS_Innovative Prison Systems y de ICJS_Innovative Criminal Justice Solutions Inc. Es fundador y director de la revista JUSTICE TRENDS y del directorio en línea CORRECTIONS.Direct. Sirviendo voluntariamente en diferentes juntas, es miembro de la junta directiva del BSAFE LAB de Universidad de Beira Interior; de la ONG APROXIMAR; y presidente de EaSI, la Asociación Europea para la Innovación Social. En 2017, Pedro fue reconocido con el Premio de Excelencia de ICPA (Gestión y capacitación del personal penitenciario). En 2018, fue elegido en Montreal como miembro de la junta directiva de la ICPA Asociación Internacional de Prisiones y Correccionales. Pedro participa frecuentemente como orador en conferencias sobre seguridad ciudadana, justicia y eventos relacionados con correcciones.
Torben Adams es jefe de división del Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales del Estado federado de Bremen; entre otras tareas, es responsable de los programas e iniciativas de CPVE y de la formación avanzada de funcionarios de prisiones y de libertad condicional. Comenzó su carrera como funcionario de prisiones en 1997; su último cargo en una institución penitenciaria fue el de director de una prisión de menores. Tiene experiencia laboral en varios países de Europa, Asia, África y Oriente Medio. Sus principales pasiones son la reforma de la justicia penal y el desarrollo penitenciario.
