Entrevista
Jessica Borg
Psicóloga Jefa y Directora de Programas del Departamento Penitenciario, Nueva Zelanda
Jessica Borg lidera el diseño y la implementación de programas de rehabilitación y servicios psicológicos en el Departamento de Penitenciario de Nueva Zelanda. Con la responsabilidad de garantizar que estas intervenciones sean tanto basadas en la evidencia como culturalmente pertinentes, desempeña un papel clave en la forma en que el Departamento de Correcciones responde a las necesidades de las personas privadas de libertad y en prisión preventiva.
En esta entrevista, comparte la estrategia de rehabilitación del Departamento para el creciente número de personas en prisión preventiva, el desarrollo de nuevos enfoques y rutas de tratamiento, y la importancia de la evaluación continua y la práctica cultural para reducir la reincidencia y mejorar los resultados, especialmente para la población maorí, que sigue estando sobrerrepresentada en el sistema.
¿Cuáles son los retos y prioridades actuales para ofrecer programas de rehabilitación eficaces dentro del sistema penitenciario neozelandés?
JB: Para mí es prioritario garantizar que seguimos prestando servicios de rehabilitación basados en la evidencia y culturalmente adaptados que reduzcan la reincidencia y mejoren el bienestar de las personas. La rehabilitación penitenciaria en Nueva Zelanda se basa en el modelo Riesgo-Necesidad-Responsabilidad. Por eso, damos prioridad a quienes tienen un alto riesgo de reincidir en delitos graves y también ofrecemos programas menos intensivos, centrados en el delito, a personas con un riesgo medio de reincidencia. Los jóvenes adultos también son una prioridad. Además, dado el contexto neozelandés y la sobrerrepresentación de nuestra población indígena (Māori), que constituye más de la mitad de la población penitenciaria, otra prioridad es garantizar que nuestras intervenciones sean eficaces con todos los grupos y que una parte central de nuestro trabajo sea reducir esta sobrerrepresentación.
Uno de los retos actuales a los que nos enfrentamos es el aumento de la población reclusa, especialmente en prisión preventiva. Actualmente, el 43% de las personas encarceladas en Nueva Zelanda se encuentran en prisión preventiva, ya sea acusadas de un delito y a la espera de juicio en prisión, o ya condenadas y a la espera de sentencia. El tiempo medio de estancia en prisión preventiva ha aumentado considerablemente y un porcentaje mayor de personas sale en libertad con “tiempo cumplido” en la sentencia. Este perfil cambiante de la población reclusa significa que las personas pasan más tiempo en prisión preventiva, lo que reduce sus oportunidades de participar en servicios de rehabilitación y reinserción.
En el Presupuesto 2024, el Gobierno de Nueva Zelanda destinó 78 millones de dólares al sistema penitenciario con el fin de ampliar los programas de rehabilitación para incluir a las personas en prisión preventiva, ofreciendo específicamente intervenciones centradas en el delito para quienes ya han sido condenados. Desde entonces, hemos estado revisando los programas de rehabilitación y reinserción para evaluar qué servicios pueden ponerse a disposición de las personas en prisión preventiva y crear un plan de implementación para garantizar que los fondos se utilicen de forma eficaz.
Dado el aumento de la población penitenciaria, otra prioridad constante ha sido mejorar el acceso a los programas de rehabilitación y abordar los obstáculos tanto desde el punto de vista de la capacidad de respuesta como de los retos operativos a los que nos enfrentamos. Esto también nos exige ser ágiles y flexibles a la hora de diseñar y ofrecer rehabilitación, manteniendo la integridad de los programas. Por ejemplo, hemos visto una disminución del número de jóvenes adultos en prisión, así que diseñamos nuestra intervención de modo que pueda impartirse tanto en grupo como individualmente.
¿Cómo aborda el Departamento la planificación y el desarrollo de los programas de rehabilitación? ¿Qué innovaciones o nuevos enfoques se están explorando para mejorar los resultados de la rehabilitación en Nueva Zelanda?
JB: Las necesidades de las personas que gestionamos en prisión y en la comunidad han cambiado significativamente. Además del aumento de la población penitenciaria y del número de personas en prisión preventiva, hemos visto un incremento del número en la cantidad de internos condenados por delitos violentos y más personas con problemas complejos de salud mental y adicción.
Es fundamental que los programas y servicios que ofrecemos respondan lo mejor posible a las necesidades de la población que gestionamos ahora y que gestionaremos en el futuro. Nuestros servicios deben ser flexibles y adaptables para asegurar que las personas reciban el apoyo adecuado en el momento oportuno. El Servicio Penitenciario ha trabajado intensamente para optimizar nuestros servicios y lograrlo. Esto incluye comprender las necesidades de las personas y orientar nuestro sistema de prestación de servicios según la demanda.
Debemos invertir nuestros recursos en el tratamiento y apoyo más eficaz para quienes más lo necesitan.
Estamos adoptando un enfoque basado en la evidencia para determinar qué servicios deben priorizarse, y este será un ámbito de trabajo continuo y en evolución. Como primer paso, analizamos las necesidades de rehabilitación y reinserción de las personas que gestionamos. Primero, definimos grupos clave segmentando las poblaciones que gestionamos en prisión y en la comunidad en función del tipo de delito y del riesgo de reincidencia evaluado. Desarrollamos un modelo de datos para respaldar este trabajo y ayudar a prever la demanda de distintos tipos de servicios.
A continuación, analizamos las necesidades específicas de cada uno de estos grupos y estudiamos cuál sería la vía más adecuada para apoyarles dentro de nuestro sistema.
Después revisamos todos nuestros servicios de rehabilitación y reinserción para evaluar en qué medida respaldan esos itinerarios y cubren las necesidades de al menos uno de los cinco grupos principales que identificamos. Esto también implicó analizar de cerca la eficacia de estos programas y servicios, y comprobar si están logrando los objetivos para los que fueran diseñados y financiados. Este proceso garantiza que destinamos la financiación a programas y servicios bien orientados, bien utilizados, y que realmente obtienen resultados en la reducción de la reincidencia, la protección de la seguridad pública y la disminución de la sobrerrepresentación maorí.
Cuando detectamos la necesidad de nuevos programas de rehabilitación centrados en el delito, mi equipo se encarga de conseguir financiación, diseñar y implantar proyectos piloto, formar al personal de psicologia y a los facilitadores de programas, y realizar revisiones psicológicas, evaluaciones y controles de calidad. Un ejemplo reciente de este proceso fue la creación de servicios mejorados para mujeres con alto riesgo de cometer delitos violentos.
Los programas de tratamiento aplicados en las Unidades de Tratamiento Especial (STU, por sus siglas en inglés) son los que logan mayores reducciones de la reincidencia. Esto se refleja de forma constante en nuestros resultados desde hace casi dos décadas y media. Las STU son los programas de tratamiento en grupo más intensivos que ofrecemos en prisión y están dirigidos para personas con alto riesgo de reincidir, en especial aquellas condenadas por delitos violentos y sexuales.
Hasta hace poco, todas las STU se encontraban en centros penitenciarios masculinos, además de una unidad comunitaria, también para hombres. Aunque sí contábamos con programas para mujeres, estos sólo se ofrecían en las unidades convencionales, y no dentro de un entorno terapéutico como ocurre en el caso de los hombres. Con el tiempo, hemos aprendido que la rehabilitación tiene más éxito cuando se desarrolla en entornos como las STU, basados en principios terapéuticos que permiten a las personas centrarse en su desarrollo, abrirse a mostrarse vulnerables, cuestionarse y aprender nuevos caminos para alejarse del delito.
En 2024, ampliamos estos servicios a mujeres, abriendo dos nuevas unidades terapéuticas en Christchurch y Auckland. Estas unidades y los programas que en ellas se imparten se han diseñado con un enfoque sensible al género y basado en la atención al trauma.
JT: En 2024, una enmienda legal amplió la definición de “programa de rehabilitación” para incluir distintos enfoques culturales y terapéuticos.
¿Cómo se asegura que los programas de rehabilitación estén basados en la evidencia y se adapten eficazmente a las necesidades de la diversa población penitenciaria neozelandesa?
JB: Dentro del sistema penitenciario neozelandés, los programas de rehabilitación son diseñados e impartidos por psicólogos, facilitadores de programas y profesionales māorí formados y con experiencia en enfoques occidentales y māorí, en distintos grados. Los psicólogos colegiados en Nueva Zelanda están obligados a trabajar de forma a que respondan a la diversidad cultural y respeten los compromisos del Tratado de Waitangi.
Por ello, los programas de rehabilitación que ofrecemos se diseñan combinando modelos y enfoques occidentales y māorí, para garantizar que respondan a las necesidades y visiones del mundo de las personas que gestionamos. Se ha demostrado que los māorí pueden beneficiarse de modelos de tratamiento alineados con los marcos dominantes, como el modelo de Riesgo-Necesidad-Responsabilidad, cuando se enriquecen con enfoques māorí.
Por ejemplo, una evaluación de la Unidad de Tratamiento Especial Te Piriti, para hombres que han cometido delitos sexuales contra menores, mostró que, comparados con un grupo de control con un historial delictivo similar, los hombres que participaron en el programa reincidieron sexualmente en menor proporción, con una mayor reducción —estadísticamente significativa— de la reincidencia en el caso de los māorí.
La reducción de la reincidencia sexual de los māorí, con una disminución aproximada del 50% en del riesgo relativo, respaldó el fundamento principal del programa de integrar los principios maoríes en el tratamiento cognitivo-conductual de grupo para hombres con delitos sexuales.
¿Qué estrategias existen para integrar la investigación y la evaluación continua en los programas de rehabilitación y cómo estas estrategias influyen en las políticas y la práctica?
JB: Evaluamos el impacto de nuestros servicios en la reincidencia mediante la investigación continua de su eficacia, utilizando análisis e estudios tanto cuantitativos como cualitativos. Desde 2001, el sistema penitenciario aplica el análisis del cociente de rehabilitación (RQ por sus siglas en inglés). Hasta donde sabemos, somos la única jurisdicción del mundo que somete de forma rutinaria sus intervenciones a esta evaluación cada año y publica los resultados como parte de su informe anual.
El RQ mide la diferencia en los resultados de reincidencia entre quienes participaron en una intervención específica y un grupo comparable que no participó en dicha intervención. Además del análisis RQ, el Departamento lleva a cabo controles de calidad e integridad, recopila datos administrativos y realiza evaluaciones de las intervenciones.
El control de calidad continuo, la evaluación formal y la inversión en formación del personal son tareas que nuestros equipos realizan de forma constante.
El Departamento Penitenciario ofrece un sólido paquete de formación a los profesionales que imparten programas de rehabilitación, que abarca la evaluación del riesgo, los modelos de tratamiento, los enfoques culturales, la atención basada en el trauma, la supervisión, y más. También organizamos una conferencia anual para todos los psicólogos y facilitadores de programas, fomentando el aprendizaje continuo y el desarrollo de todo el personal.
Un buen ejemplo de investigación que ayudó a definir políticas es la evaluación del Programa de Intervención Corta para hombres evaluados con bajo riesgo de reincidencia sexual contra menores. La evaluación realizada en 2021 mostró que el programa no generaba resultados positivos y formuló una serie de recomendaciones al Departamento. Como resultado de esta investigación, el Departamento pudo tomar decisiones clave sobre las rutas de tratamiento para personas con delitos sexuales. El programa se suspendió y se sustituyó por una nueva intervención dirigida a quienes presentan un riesgo medio de reincidencia sexual contra menores, lo que se ajustaba mejor a las necesidades de nuestra población reclusa y a la práctica basada en la evidencia.
Además, los resultados del RQ, junto con otras fuentes de información y evaluación, orientan las decisiones del Departamento para garantizar la calidad, evaluar programas o rediseñarlos. Un ejemplo de esto es el rediseño del conjunto de intervenciones de tratamiento de drogas, cuando los resultados del RQ mostraron resultados poco satisfactorios.
Junto con las revisiones periódicas de nuestros programas para garantizar que sigan siendo eficaces, también realizamos un control de calidad de segunda línea de nuestros programas de rehabilitación centrados en el delito, así como de la práctica de psicólogos y facilitadores del programa. Esta es una labor continua que implica a psicólogos senior y responsables de programas, que pasan tiempo con los equipos de intervención, observan la realización de las sesiones, y entrevistan tanto al personal como a las personas que participan en el programa. El objetivo es identificar puntos fuertes y áreas de mejora, que se comparten y debaten con los equipos y responsables, y se refuerzan con formación adicional cuando es necesario.
¿Qué innovaciones considera más prometedoras para transformar los servicios de rehabilitación y psicología en el ámbito penitenciario?
JB: Una transformación de la que me siento especialmente orgullosa durante mi etapa como Psicóloga Jefe es el desarrollo de un marco bicultural para los psicólogos penitenciarios de Nueva Zelanda, llamado Tikanga Takirua.
Necesitábamos un marco que apoyara a los profesionales que diseñan y imparten programas de rehabilitación desde una perspectiva bicultural. Tikanga Takirua ofrece esa base y se aplica también en la evaluación de los programas de rehabilitación para garantizar que ambos enfoques de conocimiento contribuyan a la revisión y el rediseño futuro del programa. Además, contamos con profesionales māorí en nuestras STU. Estos profesionales participan en la co-implementación de nuestros programas de alta intensidad para mujeres, ayudan a mantener las normas y principios culturales de la unidad y apoyan a hombres y mujeres en su propio camino de identidad cultural y aplicación de enfoques culturales dentro de su tratamiento.
Se ofrece supervisión cultural a todos los psicólogos y facilitadores de programas, junto con la supervisión clínica habitual. Este es un espacio para hablar sobre cómo mejorar la práctica desde otra visión del mundo, comprender mejor las necesidades de las personas con las que trabajan, explorar métodos de intervención más eficaces y abordar prejuicios o barreras personales para apoyar a los hombres y mujeres con quienes trabajamos. Invertir en oportunidades para que los profesionales mejoren su práctica tanto clínica como culturalmente es, para mí, algo fundamental.
Jessica Borg
Psicóloga Jefa y Directora de Programas del Departamento Penitenciario, Nueva Zelanda
Jessica Borg es Psicóloga Jefa y Directora de Programas del Departamento Penitenciario de Nueva Zelanda desde octubre de 2019. Es responsable de supervisar los servicios psicológicos y los programas de rehabilitación del departamento. Además, Jessica es Presidenta Electa de la International Association for Correctional and Forensic Psychology (IACFP). Jessica lleva 17 años trabajando en instituciones penitenciarias, tanto en primera línea como psicóloga clínica como en la Oficina Nacional, donde ha desempeñado diversas funciones directivas. Antes de incorporarse al sistema penitenciario, Jessica trabajó en servicios de salud mental para niños y adolescentes. Es licenciada en Psicología (con honores), tiene un máster en Psicología Clínica y otro en Derechos Humanos y Democratización. Jessica tiene un fuerte deseo de ver resultados efectivos y justos para las personas en el sistema de Justicia.
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