Entrevista
Luis Cordero Vega
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Chile
¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta el sistema
judicial en Chile?
LCV: Los desafíos del sistema de justicia chileno son variados, abarcando aspectos contingentes, de mediano y largo plazo. Durante los últimos treinta años, Chile ha experimentado una serie de reformas progresivas en su sistema de justicia. En concreto, dentro de América Latina, fue uno de los primeros países en implementar las reformas procesales penales, una transformación que ya cuenta con 24 años de vigencia. Este proceso no solo cambió la concepción del sistema judicial, sino también aspectos relacionados con la contratación y la gestión de casos.
Las reformas han presentado desafíos en diversos ámbitos; sin embargo, recientemente, la necesidad de reformar el sistema de enjuiciamiento criminal y los aspectos asociados al régimen procesal penal y de ejecución de penas se ha hecho más urgente. Esta situación, que refleja una tendencia regional, apunta al modo de entender el cumplimiento de penas no solo como una sanción estatal, sino también desde la perspectiva de reinserción social de los convictos y de la utilidad de las políticas penitenciarias para la seguridad pública.
En este contexto, Chile ha hecho especial hincapié en reformar su política penitenciaria. Recientemente, el Parlamento avanzó en un proyecto largamente esperado que introduce los tribunales de ejecución de penas, una pieza faltante en las reformas anteriores. Esta reforma marca un avance significativo en el acceso a la justicia, con un enfoque particular en la protección de las víctimas.
Por otra parte, se introdujo también una reforma en la Ley de Responsabilidad Adolescente, con la creación del Servicio de Reinserción Juvenil. Esta reforma legislativa introdujo jueces, fiscales y defensores especializados, además de audiencias dedicadas. Por primera vez, se ha integrado la mediación penal, un mecanismo de justicia restaurativa que ha generado grandes expectativas entre los expertos.
Así, la justicia juvenil se convierte en un pilar no solo para el futuro de los jóvenes afectados, sino también como una forma de evaluar de qué modo iniciativas como la mediación penal pueden ser aplicadas con éxito y, posiblemente, ampliarse a otras áreas del sistema judicial.
Asimismo, existen procesos en curso en materia de derechos humanos que están siendo abordados.
Chile está todavía juzgando a criminales por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. A pesar de que la justicia ha continuado su curso, el largo tiempo transcurrido desde la comisión de estos delitos hasta la emisión de sentencias ha sido un desafío, y el país está en proceso de resolver esta deuda histórica.
En vista de la implementación de la “Política Nacional Contra el
Crimen Organizado” en Chile ¿podría explicar los objetivos de esta
iniciativa, cómo aborda específicamente los problemas existentes
dentro del sistema penitenciario y qué medidas se están tomando?
LCV: Las organizaciones criminales han generado un conflicto muy fuerte en Chile. Este fenómeno se observa a nivel global y se ha visto exacerbado por las oportunidades que brindó la pandemia a estas organizaciones para poder expandirse.
La naturaleza transnacional del crimen organizado ha tenido un impacto especialmente importante en Chile, un país que tradicionalmente observaba estas organizaciones desde una cierta distancia. Ha habido un incremento de la violencia y también de las actividades ilícitas que tienen un impacto en los mercados, lo que supone un gran problema para el Estado.
Las organizaciones criminales asumen formas que se adaptan muy rápidamente a la legislación vigente, que tienen mecanismos de intervención, de inyección de recursos ilícitos en los mercados, etc.
Respondiendo a esta amenaza emergente, el país ha desarrollado e implementado en muy poco tiempo la “Política Nacional Contra el Crimen Organizado”, que busca combatir de manera efectiva estas organizaciones. Como dice el informe de Europol de abril 2024, las organizaciones criminales funcionan en red y, por lo tanto, la manera de atacarlas también es en red.
Es por eso que esta política integra el funcionamiento de 17 organismos públicos, lo que se complementa con reformas legislativas importantes en áreas como el narcotráfico, la implementación de técnicas investigativas especiales y la adaptación de instituciones de apoyo a la persecución criminal. Esto último incluye las fuerzas policiales y la Gendarmería, el organismo encargado de las prisiones en Chile.
El país ha experimentado un aumento significativo en la población carcelaria, lo que refleja la tendencia en América Latina hacia sistemas penales más rígidos.
JT: El sistema penitenciario está sobrepasado en más de 30%, lo que deja a las claras un problema crítico de sobrepoblación. El Señor Ministro ha mencionado anteriormente que el sistema abierto también se ve afectado por este congestionamiento.
¿Cuáles son las estrategias que están considerando para aliviar esta situación en las prisiones y de qué manera se enmarcan dentro del cambio de paradigma que usted defiende para el sistema penitenciario?
LCV: El problema de la sobrepoblación penitenciaria en Chile requiere un enfoque multidimensional que no solo considere el incremento de plazas. Durante una década, el número de plazas se mantuvo relativamente estable en torno a las 41 mil. Durante ese período, el país se dedicó a mejorar los estándares de las cárceles, especialmente a través de mecanismos de inversión público-privada.
La tragedia del incendio que ocurrió en una cárcel a finales de 2009 marcó un punto de inflexión, llevando al Estado a adoptar políticas de descongestión mediante indultos generales y la flexibilización en el otorgamiento de beneficios. Sin embargo, una década más tarde, observamos un retorno a políticas más estrictas para ese tipo de concesiones.
Por otro lado, están los efectos de la pandemia, que yo creo que no los podemos pasar por alto: Uno es la normalización de los sistemas de enjuiciamiento criminal, o sea, hacerse cargo del atasco que tenían los casos. El otro es el aumento de la violencia, que está conduciendo a un uso muy intensivo de la prisión preventiva pero, al mismo tiempo, esta situación ha supuesto que existan sectores ciudadanos que presionan para que todo hecho punible sea sancionado con cárcel, lo que se ha traducido en un aumento de la prisión preventiva y en una disminución considerable de las libertades condicionales.
Esto no es una situación exclusiva de Chile, sino que está sucediendo en otras partes de la región. Y el efecto de todo ello es que esta congestión penitenciaria es muy contingente, pero uno tiene que mirar la perspectiva a largo plazo.
Ninguna política pública penitenciaria se puede sostener a largo plazo limitándose a aumentar solamente las plazas penitenciarias, porque estas van a ser siempre finitas.
¿Cómo justifica la importancia del modelo de participación público-privada en la gestión y modernización de las cárceles de Chile?
LCV: Aproximadamente el 38% de las personas privadas de libertad se encuentra en establecimientos de administración público-privada. En Chile, el modelo de participación público-privada se caracteriza por la construcción y explotación de servicios complementarios de la prisión por manos de privados, mientras que la seguridad y la reinserción están a cargo del Estado.
Chile está actualizando su plan de infraestructuras, basándose principalmente en la reactivación del sistema de concesiones dentro del modelo de participación público-privada. Esto nos permite invertir los recursos de manera adecuada, además de aprender del proceso.
En el pasado, el país cometió algunos errores durante las primeras licitaciones, que resultaron en unos costes elevados, pero hemos ido corrigiéndolos. Esto conllevó una reforma significativa de la ley que regula la participación público-privada en Chile.
Efectivamente, el sector privado es muy eficiente en la construcción, mantenimiento y prestación de servicios complementarios, como los de alimentación y lavandería, así como en la oferta de ciertos medios para la reinserción. Sin embargo, la responsabilidad de la reinserción debe recaer principalmente en el Estado, toda vez que es este quien posee un mayor nivel de escrutinio y ofrece una trazabilidad mucho más específica.
En las licitaciones actuales estamos incluyendo una mayor sofisticación en los servicios médicos, incrementando la oferta y, en particular, la atención psiquiátrica, que es crucial en los establecimientos penitenciarios.
El modelo de participación público-privada es fundamental para la implementación en Chile de una política apropiada de infraestructuras penitenciarias.
Respecto al sistema abierto, ¿cuáles son los cambios necesarios para mejorar su eficacia y capacidad? ¿Existe algún plan o iniciativa específica que se haya puesto en marcha para atender estas necesidades?
LCV: El fortalecimiento del sistema de penas en libertad es una de nuestras prioridades estructurales más importantes. Tradicionalmente, es un área que ha recibido poca atención y, en consecuencia, una inversión limitada, a pesar de su necesidad esencial.
Ante esto, el primer paso que estamos tomando es una mejor regulación de la ejecución de las penas y la creación de tribunales de ejecución de penas. Esta medida permitirá una gestión más minuciosa y controlada, lo que representará un avance significativo de cara a alcanzar nuestro objetivo.
La eficacia del régimen abierto es fundamental. Si es eficaz, seremos capaces de utilizar las cárceles de una manera más racional. Si falla, la tendencia institucional será recurrir a una encarcelación más intensiva, lo que no solo tiene un fuerte impacto estigmatizador y personal en los individuos, sino que también representa un alto coste para el Estado y la sociedad.
Por ello, invertir en el cumplimiento de penas en la comunidad resulta esencial. En términos de infraestructuras y de política, nuestra dirección es clara. Hemos identificado las deficiencias dentro del sistema de libertad condicional y estamos en el proceso de crear la estructura institucional apropiada para solucionar estas lagunas. Un aspecto fundamental de estas acciones es incrementar la inversión en esta área.
Por otro lado, estamos haciendo especial hincapié en el lanzamiento de un servicio de reinserción juvenil. Como ya he mencionado antes, este programa se centra en interrumpir las trayectorias delictivas tempranas, facilitar la mediación penal y ofrecer oportunidades a los jóvenes para su desarrollo futuro.
Para ello, es necesario contar con un marco penal especializado, incluidos jueces, defensores y fiscales dedicados. Actualmente, nos encontramos en el primer año de implementación gradual de este programa, que se extenderá a un número mayor de regiones durante los próximos dos años, hasta su completa operatividad.
¿Qué otras políticas públicas se están implementando para la modernización y transformación de la cultura organizativa de la Justicia chilena?
LCV: En el marco de estas acciones de modernización y transformación de la Justicia chilena, podemos destacar inicialmente la profunda implicación durante los últimos años del Poder Judicial en los procesos de reforma. Sin embargo, enfrentamos un problema estructural a largo plazo: la necesidad de separar la gobernanza judicial de la función jurisdiccional.
En Chile, contamos con un modelo bicentenario en el que ambos roles recaen sobre la misma entidad, la Corte Suprema, lo que plantea obstáculos significativos para la modernización administrativa del sistema judicial. Existe un amplio consenso en este tema, con varios intentos anteriores de reforma constitucional, si bien no han prosperado.
Los aspectos esenciales de esta reforma comprenden el proceso de nombramiento, la gestión de carreras y el sistema disciplinario judicial, con especial énfasis en la profesionalización y el desarrollo de las carreras judiciales. Esta es una visión a largo plazo que busca una integración y eficiencia mayores en el sistema.
Por otro lado, Chile ha conseguido avances importantes en el ámbito tecnológico, siendo pionera en la región en la implementación de la justicia telemática, ya antes incluso de la pandemia.
La crisis sanitaria aceleró y amplió nuestro entendimiento y uso de la tecnología, transformándola de un mero soporte a un medio fundamental para el ejercicio de la justicia. Este cambio de paradigma es un indicativo de que la tecnología no es solo una herramienta administrativa, sino también una nueva forma de impartir justicia.
Estamos, por tanto, abordando políticas públicas que vinculan la modernización tecnológica a la gestión institucional del sistema judicial. Esta dualidad de enfoques – reforma estructural y avance tecnológico – constituye nuestro principal desafío y tarea para mejorar la eficiencia y efectividad del sistema de justicia en el largo plazo.
Luis Cordero Vega
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Chile
Luis Cordero Vega es desde enero de 2023 el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile. Experto en Derecho Administrativo, ha tenido una destacada carrera en el servicio público y en la academia, contribuyendo significativamente a diversas reformas legales y políticas públicas. Su trayectoria profesional incluye roles clave en la División Jurídico-Legislativa del Ministerio de la Presidencia, así como el de jefe del Departamento de Evaluación y Control en la Defensoría Penal Pública.
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