Entrevista
Younes Jabrane
Secretario General de la Delegación de la Administración Penitenciaria y de la Reinserción, Reino de Marruecos
¿Cuáles son los retos más acuciantes a los que se enfrenta actualmente el sistema penitenciario marroquí y cómo prioriza la DGAPR su respuesta a estas cuestiones?
YJ: Cualquier observador objetivo puede dar fe del alto nivel de desarrollo alcanzado por el departamento de Administración Penitenciaria y Reinserción durante los últimos 25 años en lo que respecta a la modernización de la gestión penitenciaria y los programas de reinserción de reclusos, así como de los recursos puestos en marcha para llevar a cabo estas empresas. Pero la principal preocupación y la prueba más dura para la mayoría de los departamentos penitenciarios de todo el mundo sigue siendo, sin duda, el hacinamiento.
Para la DGAPR no son menos importantes sus consecuencias profundas. Y las causas son muchas veces diversas y numerosas.
El aumento repentino, sin precedentes, que hemos visto en los últimos tiempos de nuestra población carcelaria general ha sido para nosotros un motivo serio de alarma y nos ha recordado la necesidad de tomar medidas inmediatas para frenar este repunte.
Para ello es necesario reforzar la vigilancia para así seguir manteniendo la seguridad en los centros de detención. Y, a tal efecto, se necesita garantizar un despliegue seguro y eficaz del personal penitenciario. Sin estos requisitos previos, la rehabilitación, que es de vital importancia, no sería más que un objetivo difícil de alcanzar.
Los factores que provocan el exceso de reclusos en las cárceles marroquíes son múltiples, y son consecuencia final de unas políticas penales inadecuadas a nivel nacional.
En la actualidad, la alta densidad de la población carcelaria no hace más que agravarse, como lo demuestra el número total de presos, que ha experimentado una clara tendencia al alza durante la última década, pasando de 87.799 presos a finales de julio de 2021 a 100.900 en abril de 2024, lo que supera la capacidad media de alojamiento de los establecimientos penitenciarios. Cabe señalar que el hacinamiento es una de las causas de la prevalencia de las agresiones entre reclusos, lo que supone un obstáculo para cualquier acción que vele por unas condiciones de alojamiento adecuadas y una mejor prestación de servicios para los reclusos.
En consecuencia, existe un porcentaje bastante elevado de reclusos que no tiene acceso a programas de rehabilitación y reinserción ni a una atención sanitaria adecuada.
La falta de recursos económicos y humanos complica todavía más las cosas a la DGAPR a la hora de lidiar con el hacinamiento. Las asignaciones presupuestarias son insuficientes para poder responder a nuestras prioridades de gestión de los reclusos y de aplicación de los programas de reinserción.
La falta de dotación financiera es un impedimento no sólo para acelerar las reformas del sistema penitenciario, sino también para la construcción de un número adecuado de prisiones que se ajusten a los últimos estándares de planificación de instalaciones.
A pesar de estas limitaciones, la Delegación General sigue dedicando importantes esfuerzos a abogar por la mejora de la situación financiera de los funcionarios.
¿Qué acciones inmediatas se están priorizando para mitigar el hacinamiento en las cárceles marroquíes y qué estrategias son necesarias a largo plazo para resolver este problema?
YJ: Cuando nuestra población carcelaria alcanzó una cifra media tan alarmante de 100.000 reclusos, esto supuso para nosotros un toque de atención muy preocupante. En esa coyuntura, se formó con urgencia una comisión de alto nivel compuesto por partes interesadas de los diferentes departamentos competentes para esbozar una hoja de ruta a varios niveles con el fin de abordar este problema.
En primer lugar, se requiere que la DGAPR continúe con su enfoque sostenible de construir instituciones penitenciarias de vanguardia que cumplan con los estándares internacionales modernos, cerrar instalaciones antiguas no aptas para el alojamiento de reclusos y remodelar o renovar otras para humanizar aún más el entorno penitenciario y garantizar mejores condiciones de detención.
Los esfuerzos emprendidos por la DGAPR para superar el hacinamiento se han orientado a alcanzar los 3 metros cuadrados de espacio habitable por interno. Para ello, desde el año 2014 hasta la fecha, se han construido 26 establecimientos penitenciarios con el fin de descongestionar las cárceles.
La comisión hizo también hincapié en la importancia de hacer cumplir las disposiciones legales vigentes como forma de reducir el recurso al encarcelamiento. Propuso además dotar a las partes interesadas de herramientas más eficaces para garantizar que la justicia se imparte de forma más eficiente.
Por último, defendió que se introdujeran con celeridad cambios importantes en la legislación, como la modificación del proyecto de código penal y la introducción de la ley de penas alternativas.
Es muy lamentable que la DGAPR se encuentre todavía tan lejos de cumplir la norma prescrita internacionalmente, ya que la superficie habitable asignada actualmente a cada recluso no superará los 1,75 metros cuadrados a finales de 2023 debido, una vez más, al exceso de población, que aumenta a un ritmo del 5% cada año.
Se hace necesario considerar una revisión de la política penal desde una perspectiva penal y legislativa al objeto de despenalizar determinados delitos menores y faltas inocuas, y por la necesidad de ampliar el alcance de los delitos graves que conlleven penas alternativas.
¿En qué medida puede contribuir este nuevo marco jurídico de penas alternativas a descongestionar las prisiones y facilitar una mejora de los resultados de la rehabilitación, y qué medidas se han establecido para garantizar su implantación efectiva?
YJ: Es importante señalar en primer lugar que, en el momento de realizar esta entrevista, el proyecto de ley sobre penas alternativas sólo está pendiente de ahora de ser ratificado por la cámara baja del Parlamento, a la espera de la aprobación bicameral definitiva.
Desde mi punto de vista y del de muchos observadores, la aplicación de penas alternativas al encarcelamiento puede encontrar algunos impedimentos.
Teniendo en cuenta los diversos tipos de alternativas estipuladas por este proyecto de ley, a saber, servicios a la comunidad, multas diarias, vigilancia electrónica y la restricción de ciertos derechos, como los de circulación y viaje, las partes interesadas respectivas que carecen de un dominio avanzado de este tipo poco convencional de sentencias se enfrentarán a una tarea de enormes proporciones.
Resulta todavía más preocupante la escasez de herramientas técnicas necesarias a la hora de, por ejemplo, realizar un etiquetado electrónico, considerando además la obligación de asumir los costes anuales de mantenimiento y funcionamiento; por no hablar de la necesidad de contar con suficiente personal formado.
A la vista de todo ello, es preciso reunir esos recursos cruciales que posibiliten una gestión óptima y sostenible de este problema. Sin embargo, asumiendo que se vayan a aplicar esas penas alternativas, la repercusión que tengan en el hacinamiento continuará siendo muy limitada por dos razones.
En primer lugar, las penas alternativas sólo se aplicarán a los delitos menores cuya condena no supere los 5 años, de acuerdo con los criterios establecidos por la ley.
Por otro lado, ni los países con los recursos más adecuados y sostenibles en términos de financiación, personal, formación y equipamiento han conseguido reducir su población penitenciaria, ni siquiera con la aplicación sistemática de medidas alternativas, por lo que sería lógico que este tipo de sanción no vaya a ser una tarea fácil para nosotros a la hora de lidiar con el problema de la superpoblación carcelaria.
JT: Marruecos ha desarrollado un plan estratégico 2022-2026 para mejorar y humanizar las condiciones en los centros de detención, además de reforzar las medidas de reinserción social.
¿Puede hablarnos de algunos de los principales logros o medidas en marcha para modernizar las infraestructuras, la gestión de las prisiones y reforzar la formación y el desarrollo del personal?
YJ: En conjunto, el plan estratégico pretende dar un nuevo impulso a la DGAPR y lograr mayores niveles de eficacia. Se basa en un enfoque de derechos humanos y en la igualdad de género.
Hemos puesto en marcha programas que han demostrado su eficacia, humanizando los locales de detención, lo que puede repercutir positivamente en la reinserción de los reclusos y reducir el hacinamiento, garantizando una cobertura parcial del mapa judicial del Reino.
Desde 2015, la DGAPR introdujo un plan integral basado en los recursos humanos con objetivos claros e indicadores específicos. Este plan incluye el concepto de riesgo. Junto con el lanzamiento del plan estratégico para el periodo 2022-2026, la DGAPR creó un cuadro de mando con indicadores de seguimiento que mejoran la evaluación esporádica y sistemática de los resultados obtenidos.
En ese mismo contexto, se procedió a actualizar la matriz de riesgos, destinada a calibrar los factores que obstaculizan la consecución de nuestros objetivos, como el número creciente de reclusos.
La DGAPR también se ha comprometido a promover y potenciar el proceso de digitalización mediante la implantación y generalización de nuestro sistema informático integrado (IDS) en todos los centros penitenciarios.
Por lo que respecta a la formación del personal, la estrategia adoptada por la DGAPR a día de hoy se basa en un plan de amplio alcance destinado a dotar al personal penitenciario de diversas competencias.
Gracias a una gestión optimizada de los datos, estamos mejorando los métodos de gestión del personal. La tecnología biométrica se adopta ahora en todos los establecimientos penitenciarios para controlar la identidad y el movimiento de los reclusos.
Asimismo, el plan 2022-2026 implica una colaboración duradera con los organismos competentes para explorar las vías de promulgación del proyecto de decreto por el que se modifica el Estatuto Especial del personal de la DGAPR para mejorar sus condiciones económicas.
En materia de reinserción, los programas se basan en la individualización de las penas, adaptadas a las características y necesidades de cada categoría de convictos. Por ejemplo, el plan estratégico preveía la puesta en marcha de un proyecto innovador de reinserción llamado “Moussalaha” (reconciliación en árabe), destinado a los reclusos condenados por delitos relacionados con el terrorismo.
El éxito del programa condujo a la creación de un centro con el mismo nombre.
JT: Paralelamente a la primera reunión del comité ejecutivo de la Asociación de Servicios Penitenciarios Africanos (ASCA), celebrada en Rabat a principios de año, Marruecos y Senegal firmaron un protocolo de cooperación destinado a reforzar la formación y el intercambio de experiencias en el ámbito de la gestión penitenciaria y los programas de rehabilitación.
¿Hasta qué punto son cruciales la cooperación y el compromiso internacionales a través de organizaciones como ASCA?
YJ: Gracias a su infraestructura de formación, la DGAPR se ha convertido en un centro regional que recibe cada año delegaciones de administraciones penitenciarias de África y de la región de Medio Oriente y el norte de África. Nuestro personal imparte también sesiones de formación en algunos países de estas regiones en nombre de su personal.
Un aspecto importante de esta colaboración fue la organización del Foro Africano de 2020 en Rabat, que reunió a países del continente africano. El acuerdo firmado con Senegal forma parte de una serie de convenios celebrados con otros países africanos.
Asimismo, DGAPR continúa explorando en todo el mundo las mejores prácticas en materia de gestión penitenciaria y procura establecer nuevas colaboraciones con sus homólogos respectivos y con organizaciones no gubernamentales y organismos de las Naciones Unidas.
La DGAPR ha desarrollado también fuertes vínculos con asociaciones profesionales como la Asociación Internacional de Correccionales y Prisiones (ICPA) y la Asociación Correccional Americana (ACA) con vistas a emprender acciones conjuntas en el ámbito penitenciario.
La Delegación General defiende la apertura y la colaboración, y continúa trabajando por la mejora de la gestión penitenciaria y el fomento de la cultura de los derechos humanos en las prisiones.
Younes Jabrane
Secretario General de la Delegación de la Administración Penitenciaria y de la Reinserción, Reino de Marruecos
Younes Jabrane es Secretario General de la DGAPR desde 2015. Con un máster en Nueva Gestión Pública e importante experiencia en planificación estratégica y ejecución de proyectos, el Sr. Jabrane ha participado activamente en varios comités centrados en las reformas administrativas. Anteriormente, ocupó un alto cargo directivo en la Inspección General de Administración Territorial (1996-2003), dependiente del Ministerio del Interior marroquí, y fue director de proyectos en la Agencia para la Promoción y el Desarrollo Social y Económico de las Provincias del Sur del Reino de Marruecos, entre 2003 y 2015.
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