La Policía Penal como piedra angular de la estrategia carcelaria de Río de Janeiro

Entrevista

Maria Rosa Nebel

Secretaria de Administración Penitenciaria, Rio de Janeiro, Brasil

En esta entrevista, tenemos el privilegio de hablar con Maria Rosa Nebel, la primera mujer que dirige la Secretaría de Administración Penitenciaria de Río de Janeiro. Funcionaria de prisiones con 29 años de servicio, la secretaria nos explica por qué cree que esta clase, regulada en muchos estados de Brasil con la denominación de “Policía Penal”, debe liderar la administración penitenciaria. 
 
En esta conversación, exploramos también los retos y avances del sistema penitenciario de Río de Janeiro bajo su administración, con especial hincapié en las políticas prioritarias para la mejora del sistema, la valorización de los funcionarios y la reinserción social de las personas privadas de libertad.

¿Cuál es su análisis del estado actual del sistema penitenciario en el estado de Río de Janeiro y qué políticas y estrategias considera prioritarias para mejorarlo?

MRN: La Secretaría de Administración Penitenciaria de Río de Janeiro (SEAP-RJ) es una de las secretarías dedicadas a asuntos penitenciarios más antiguas de Brasil, y está a punto de cumplir 21 años. 

La SEAP-RJ fue pionera en varias iniciativas, como el hecho de ser la primera secretaría en establecer un sistema de inteligencia, que evolucionó a lo largo de los años y culminó con la creación de una Subsecretaría de Inteligencia. También introdujo la primera Defensoría Penitenciaria, el primer Grupo de Intervención Táctica (GIT) y la primera Defensoría del Sistema Penitenciario de Brasil, que también se convirtió en subsecretaría. 

Por lo tanto, tenemos una historia y una estructura organizativa considerables. Este marco regimental consolidado hace de Río de Janeiro un ejemplo a seguir, y varios otros estados intentan aprender de su experiencia. 

En cuanto a los retos, nuestra situación no difiere de la de otros estados. Actualmente tenemos una plantilla de 42.000 personas privadas de libertad, repartidas en 46 prisiones y cuatro hospitales. Tenemos que gestionar distintos perfiles de personas privadas de libertad, muchas de ellas con vínculos con distintas facciones del crimen organizado. 

Estamos comprometidos con la humanización del sistema, buscando transformar la vida de las personas privadas de libertad. Para ello, contamos con una subsecretaría dedicada a la resocialización a través del estudio, el trabajo y la profesionalización. 

Uno de los retos principales es valorar profesionalmente a nuestros agentes, promoviendo un entorno de trabajo adecuado y dotándoles de las herramientas necesarias para su labor diaria.

El trabajo del agente de policía penal no es fácil y tiene que asumir una amplia gama de funciones durante el proceso de reinserción de las personas en la sociedad.

Sin perjuicio del resto de fuerzas de seguridad, pero una vez que han cumplido su función de investigar, resolver el delito y llevar al condenado a prisión, a partir de ese momento, ese individuo pasará una media de entre cinco y ocho años en la cárcel. Durante este tiempo, la Policía Penal es responsable de su cualificación, salud y bienestar. 
 
Es necesario reconocer la enorme importancia de estos profesionales dentro del aparato estatal, destacando su importancia para la sociedad, los reclusos y sus familias. Además, es vital recordar que los policías penales, muchos de los cuales llevan años de servicio, han vivido ellos mismos la rutina carcelaria durante décadas. 
 
Nos hemos esforzado por valorar a nuestros funcionarios mediante cualificaciones y cursos. También estamos a punto de convocar una nueva oposición para renovar y aumentar nuestra policía penal, una medida por la que el Gobierno ha mostrado una gran sensibilidad.
 
La valoración de los funcionarios es parte esencial de un trípode que guía nuestras acciones, junto con la modernización y la transparencia.
 
En términos de modernización, hemos establecido importantes alianzas. Desde el inicio de nuestra gestión, hemos orientado nuestros recursos a trabajar conjuntamente con la Secretaría Nacional de Política Penitenciaria (SENAPPEN), y con el apoyo de FUNPEN, el Fondo Penitenciario Nacional. A raíz de ello, hemos realizado una serie de adquisiciones, como cascos, vehículos y 583 nuevos ordenadores.
 
Estamos discutiendo los planes para este ejercicio, entre los que se incluye un gasto aproximado de 60 millones de reales en un centro penitenciario de máxima seguridad en Río de Janeiro.
 
Este nivel de colaboración e integración con los organismos federales es fundamental para atender las demandas y necesidades del sistema penitenciario nacional y no tiene precedentes.
 
En cuanto a la transparencia, estamos hablando de reforzar nuestros sistemas de control, como la Interventoría del Estado, la Defensoría Pública y el Ministerio de Interior, garantizando que todos los contratos se liciten, algo sin precedentes en la historia de nuestra cartera. Esto refleja nuestro compromiso con una planificación rigurosa, la única manera de gestionar eficazmente un departamento de este tamaño.

Como agente de la policía penal, ¿cuál es su perspectiva en torno a la importancia de incluir a profesionales de esta especialidad en la gestión de la Secretaría de Administración Penitenciaria?

MRN: En el mandato actual, bajo el liderazgo del gobernador de Río de Janeiro, hemos tenido la oportunidad de demostrar, por primera vez, la capacidad de los agentes de la Policía Penal para gestionar su propia secretaría, reconociendo su experiencia y sus competencias únicas. 

La responsabilidad de la Secretaría de Administración Penitenciaria es inmensa, pero el reto es significativamente mayor para quienes no están familiarizados con el sistema penitenciario.

La dirección actual, formada íntegramente por policías penales, demuestra que para quienes vivimos y respiramos todos los días en este entorno, enfrentarnos a estos retos tan complejos forma parte de nuestra rutina.

Llevo casi treinta años trabajando en el sistema penitenciario de Río de Janeiro y puedo decir que, a pesar de la complejidad de ciertas cuestiones dentro de este universo de desafíos, no hay ningún aspecto que nos resulte desconocido. Tenemos la capacidad de identificar las raíces de los problemas y de cuando menos minimizar sus impactos negativos, si no podemos eliminarlos por completo. 
 
Hemos sido capaces de abordar cada asunto con discernimiento, comprensión y, lo que es más importante, con un sentido de pertenencia que nos permite gestionar eficazmente la secretaría y sus retos.

¿Cómo aborda la Secretaría de Administración Penitenciaria la reinserción social, la educación y la formación profesional de las personas privadas de libertad?

MRN: Creemos que el desafío central es considerar el sistema penitenciario como un todo, siempre con vistas a la reinserción social de las personas privadas de libertad, para que puedan mantenerse a sí mismas y a sus familias cuando vuelvan a la sociedad. 

Si carecemos de esta perspectiva de reforma íntima y de educación, la experiencia carcelaria no cumplirá su potencial transformador, tanto en relación con el individuo como con su familia. Es esencial que el estado proporcione las condiciones básicas para esta transformación, ofreciendo oportunidades educativas, como el acceso a la educación primaria y secundaria, y a la formación. 

La ciudadanía, muchas veces descontextualizada de la realidad penitenciaria, presupone que una persona encarcelada por cometer un delito tiene que ser excluida permanentemente de la sociedad. Es crucial comprender que se trata de un período y que, sin la debida atención a la reinserción social, la sociedad acaba recibiendo de vuelta personas sin ninguna mejora en su comportamiento o mentalidad.

Nuestras prisiones tienen espacios dedicados a la educación, pero es vital ampliar la oferta de cursos de formación profesional técnica, como camarera, camarero, electricista, carpintería e informática. La participación en estos programas es opcional, sólo para aquellas personas que decidan implicarse, y el estado debe estar dispuesto a apoyar a quienes busquen obtener una cualificación y trabajar al mismo tiempo durante su encarcelamiento. 

Actualmente nos estamos centrando en la creación de un centro penitenciario que abarcará tanto la formación técnica y profesional como la educación primaria para las personas privadas de libertad. Este proyecto, que se está llevando a cabo en el centro Esmeraldino Bandeira, pretende atraer asociaciones de los sectores empresarial y comercial interesados en invertir en el trabajo penitenciario. 

Estas iniciativas buscan integrar la industria dentro de los propios centros penitenciarios, como vemos en el ejemplo de Río Grande del Sul, donde la proximidad a las fábricas facilita las asociaciones empresariales. 

En este momento, estamos promoviendo talleres para empresarios, destacando la relación coste-beneficio de la utilización de mano de obra penitenciaria para todos los implicados: el empresario, el recluso y la administración penitenciaria. Esta cooperación no sólo beneficia económicamente a las empresas, sino que también fomenta la autoestima y la rehabilitación del recluso, resaltando la importancia de la educación, la cualificación profesional y el trabajo.

 JT: Junto con la vigilancia electrónica de los agresores, se puso en marcha el “botón del pánico” para apoyar la protección de las mujeres víctimas de agresiones.

¿En qué consiste esta herramienta, cómo se utiliza y qué impacto ha tenido hasta ahora?

MRN: El “botón del pánico” es una herramienta implementada para reforzar la protección de las mujeres víctimas de violencia, que funciona en sinergia con el seguimiento electrónico de los agresores y que permite actuar de forma rápida y coordinada para proteger a las víctimas. 

Cuando lo activa la víctima, que lleva el dispositivo en el bolso, se envía en tiempo real una alerta al sistema de vigilancia. Esto activa automáticamente el vehículo policial más cercano para responder a la llamada, garantizando una respuesta inmediata sin ningún suceso negativo registrado hasta ahora en Río de Janeiro. Se trata de una herramienta complementaria al seguimiento electrónico de los agresores mediante tobilleras, con vigilancia continua y posibilidad de intervención precoz, incluso antes de pulsar el botón, si se identifica una proximidad peligrosa entre el agresor y la víctima. 

A día de hoy, Río de Janeiro cuenta con unos 134 agresores vigilados con tobilleras electrónicas, con respecto a los cuales 75 mujeres han optado por utilizar el botón del pánico. Se ha producido un aumento significativo de la adhesión al sistema, desde las poco más de veinte usuarias del año pasado.

¿Cómo está abordando la administración penitenciaria la cuestión de las comunicaciones ilícitas en las prisiones? Y concretamente, ¿qué medidas y/o tecnologías se están utilizando para impedir que los miembros de bandas delictivas continúen sus actividades desde la cárcel?

MRN: La administración penitenciaria está lidiando con el problema de las comunicaciones ilícitas dentro de los centros penitenciarios de una manera muy directa y seria. 

Desde que nos hicimos cargo, uno de los principales problemas ha sido la entrada de dispositivos ilícitos, facilitada por el gran número de personas que todos los días entran en los centros, entre familiares, proveedores de servicios, profesionales sanitarios, educadores y abogados, además de personas que arrojan dispositivos por encima de las murallas de las prisiones. 

Dentro de nuestro sistema, que comprende en torno a cincuenta centros penitenciarios, lidiamos con este problema intensificando los registros por parte de los funcionarios de prisiones, que no cejan en su empeño, y mediante la labor de nuestros perros rastreadores. Sólo en 2023, conseguimos incautar 10.000 teléfonos móviles dentro de nuestras prisiones. 

También llevamos a cabo operaciones especiales junto con el SENAPPEN, como la Operación Mute, que tiene lugar de forma integrada con otros estados, y también operaciones estatales específicas, como la Llamada Cerrada en el estado de Río de Janeiro. Por ejemplo, en la última operación que realizamos a principios de 2024, conseguimos retirar 99 teléfonos móviles de todos los centros penitenciarios en un solo día. 

Actualmente estamos investigando la adquisición de inhibidores de redes de telefonía móvil. Esperamos que en los próximos seis meses podamos empezar a bloquear diez de los centros penitenciarios más sensibles de Río de Janeiro, lo que supondrá un avance significativo en el control de las comunicaciones ilícitas y la prevención de la actividad delictiva dentro de las prisiones.

Maria Rosa Nebel

Secretaria de Administración Penitenciaria, Rio de Janeiro, Brasil

Maria Rosa Lo Duca Nebel es agente de la Policía Penal y funcionaria de carrera desde hace 29 años. Es licenciada en Ciencias Jurídicas y tiene un posgrado en Gestión de Proyectos. Durante su carrera profesional Maria Rosa ocupó, entre otros cargos, el de directora del Instituto Penal Cândido Mendes y directora de Producción y Marketing de la Fundación Santa Cabrini, organización responsable de la gestión del trabajo penitenciario en el estado de Río de Janeiro. Fue en la Fundación donde consolidó su visión de la educación, la formación y el trabajo como vías de resocialización.

 

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