Entrevista
Ananda Chalegre
Directora General, Departamento de Policía Penal del Estado de Paraná, Brasil
En 2021, el Gobierno de Paraná transformó el Departamento Penitenciario del Estado en el Departamento de Policía Penal, ampliando las atribuciones operativas de la Policía Penal, ahora formalmente encargada de la gestión de la población carcelaria – una función que anteriormente involucraba a otras fuerzas de seguridad pública, incluidas la policía militar y la civil. Esta reforma refleja un cambio más amplio en todo Brasil, que reconoce a la Policía Penal como una rama oficial del sistema de seguridad pública del país, conforme a una enmienda constitucional federal aprobada en 2019.
Ananda Chalegre, Directora del Departamento de Policía Penal de Paraná, explica cómo la institución ha venido trabajando para modernizar la gestión penitenciaria, reforzar la reintegración social a través del trabajo y la educación, ampliar el uso de penas alternativas e incorporar la investigación y la tecnología en la práctica cotidiana.
JT: En los últimos años, el sistema penitenciario de Paraná ha pasado por una serie de cambios estructurales y administrativos con la creación del Departamento de Policía Penal del Estado de Paraná (PPPR).
¿Cuáles son actualmente las principales responsabilidades y prioridades de la PPPR?
AC: Actualmente, las principales responsabilidades de la Policía Penal de Paraná implican la custodia, vigilancia, escolta y rehabilitación de las personas privadas de libertad en el sistema penitenciario estatal. Con la creación de la Policía Penal, esas funciones pasan a ser ejercidas con autonomía institucional, lo que nos permite ampliar nuestra capacidad de gestión y modernización.
Nuestras prioridades se centran en la valorización de los funcionarios, la mejora de las estructuras físicas de las unidades, la ampliación del número de plazas disponibles, el fortalecimiento de la inteligencia penitenciaria, la cualificación de los procesos de seguridad y, sobre todo, la promoción de políticas eficaces para la reinserción social de las personas condenadas. a través del trabajo y la educación.
JT: La creación de la Policía Penal supuso un cambio significativo en el modelo de gestión penitenciaria.
¿Cómo ha permitido esta nueva estructura avances concretos en el abordaje de la reinserción social de las personas privadas de libertad?
AC: La creación de la Policía Penal ha traído una nueva perspectiva al sistema penitenciario. Dejamos de ser sólo un sector operativo para convertirnos en protagonistas de la gestión penitenciaria.
Este avance ha permitido un enfoque más integrado entre la seguridad y la rehabilitación, con programas estructurados centrados en la formación profesional, el acceso a la educación formal, la salud y el trabajo. La reinserción social ya no es sólo un objetivo establecido por ley, sino que se ha convertido en una directriz práctica en nuestras unidades, con acciones coordinadas, unidades especializadas y programas permanentes.
En todo Paraná, 9.556 personas privadas de libertad están actualmente matriculadas en educación formal, desde la enseñanza primaria y secundaria hasta la educación superior. Los números también vienen creciendo en relación al trabajo, y hoy tenemos cerca de 14.000 personas implicadas en actividades laborales, tanto dentro como fuera de las unidades penitenciarias.
JT: El modelo de tratamiento penal de Paraná, con sus sistemas de clasificación y Unidades de Progresión, ha sido reconocido como referencia nacional.
¿Qué avances han aportado estos sistemas y estructuras a la individualización de la pena y a la reinserción social?
AC: El modelo de Tratamiento Penal adoptado en Paraná, basado en criterios técnicos e individualizados, nos ha permitido organizar el sistema de forma más racional y eficiente. La clasificación penitenciaria nos ayuda a conocer el perfil y las necesidades de cada recluso, lo que es esencial para aplicar políticas adecuadas.
Las Unidades de Progresión son un ejemplo concreto de esta estrategia: en ellas, el interno asume mayores responsabilidades a cambio de acceder a derechos como el trabajo, el estudio y actividades de convivencia reguladas. Se crea así un ciclo positivo de corresponsabilidad y se prepara eficazmente a estas personas para su reincorporación a la vida en sociedad. Para hacernos una idea, la tasa de reincidencia delictiva en las unidades de progresión es de un 4% de media, mientras que en las unidades de progresión femeninas esta cifra desciende a menos del 2%.
Otro aspecto importante de este modelo es que estas unidades no aceptan internos vinculados a facciones criminales, lo que acaba disuadiéndoles de integrarse en el crimen organizado dentro de prisión. Como este perfil de interno no tiene acceso a los beneficios del tratamiento penal progresivo, el involucramiento con facciones deja de ser ventajoso, contribuyendo al debilitamiento de esta influencia nociva y promoviendo una cultura institucional basada en la disciplina, el mérito y la reinserción social.
La tasa de reincidencia delictiva en las unidades de progresión es de un 4% de media, mientras que en las unidades de progresión femeninas esta cifra desciende a menos del 2%.
JT: La participación laboral sigue siendo una de las herramientas de reinserción más utilizadas en Paraná, con diversas iniciativas que abarcan diferentes lugares, públicos y calificaciones profesionales.
¿Qué ejemplos destacaría entre estos frentes laborales para alcanzar los objetivos estatales de cualificación profesional y reinserción en el mercado laboral?
AC: Tenemos asociaciones consolidadas con varios ayuntamientos, organismos públicos y empresas privadas, que hacen posible que cerca de 14.000 personas privadas de libertad puedan trabajar en el mercado laboral. Destaco, por ejemplo, el acuerdo con el Instituto Paranaense de Desarrollo Educativo (FUNDEPAR), a través del Programa Mãos Amigas, que hoy cuenta con más de 120 personas privadas de libertad trabajando en la restauración y conservación de escuelas públicas. También tenemos una colaboración en la que personas en monitoreo electrónico trabajan en la separación de alimentos que, de otra forma, serían descartados y que pasan a tener otro destino, como ser enviados a familias vulnerables.
Otro proyecto interesante es Amigos da Cidade (Amigos de la Ciudad), donde más de 750 internos trabajan en ayuntamientos realizando diversas actividades de conservación.
Además de colaboraciones con organismos públicos, hay acciones con empresas privadas, con trabajos en obras dentro de las unidades haciendo muebles, costura, materiales de hormigón, elaboración de mallas para cercas, entre otras actividades.
Estos frentes de trabajo no sólo reducen la ociosidad, sino que también generan ingresos y desarrollan habilidades técnicas, alineando el tiempo servido con la preparación real para la reintegración en el mercado laboral.
¿Qué otros programas o iniciativas ha implementado la PPPR con foco en la reinserción social de personas en medidas alternativas a la privación de libertad?
AC: El acompañamiento y supervisión de estas personas es responsabilidad de los Complejos Sociales, estructuras especializadas de la PPPR que integran tanto los Centros Integrados de Alternativas Penales (CIAPs) como el Centro de Apoyo a Personas Monitoreadas (NUPEM). Estas instalaciones se encargan del seguimiento de estas personas, ofreciéndoles atención psicosocial, orientación jurídica y derivación a formación profesional, educación y servicios comunitarios, así como control y seguimiento individualizados.
Esta estructura garantiza el cumplimiento serio de la pena, al tiempo que contribuye a reducir la reincidencia y a promover la responsabilidad consciente.
La política de alternativas penales en Paraná incluye una serie de acciones dirigidas a la rehabilitación y la ciudadanía, como la aplicación de la Justicia Restaurativa, grupos reflexivos orientados a fomentar la responsabilidad y el cambio de conducta, diversas actividades educativas, y proyectos innovadores como la lectura como forma de servicio comunitario para las personas que no pueden realizar el servicio en el campo.
Además, se realizan derivaciones periódicas para el acceso a derechos y servicios esenciales en los ámbitos de la salud, la educación, la seguridad y la asistencia jurídica. Con este conjunto articulado de medidas, la PPPR aumenta la eficacia de las medidas alternativas en comunidad, promoviendo la responsabilidad social con dignidad, un seguimiento cualificado y un enfoque centrado en la reinserción.
JT: La investigación científica viene ganando relevancia en la Policía Penal de Paraná, con profesionales participando activamente en la evaluación de estudios y en la construcción de criterios técnicos. La inclusión en revistas especializadas, como la RBEP, refuerza este vínculo entre el conocimiento académico y la práctica institucional.
¿Cómo ha contribuido este acercamiento a la consolidación de una gestión penitenciaria basada en la evidencia, tanto en la formulación de políticas públicas como en la aplicación cotidiana de las prácticas de rehabilitación?
AC: Este acercamiento entre la práctica institucional y la investigación académica ha sido fundamental. Profesionales dentro y fuera de la PPPR han trabajado para producir conocimiento, publicar artículos y formular guías técnicas basadas en evidencia, como es el caso de los protocolos de atención en las Unidades de Progresión.
Esto fortalece una cultura de gestión calificada, guiada por los datos y el análisis continuo de los resultados. La construcción de políticas públicas se hace más precisa y el impacto de las acciones de rehabilitación puede medirse con mayor rigor, aumentando la eficacia del sistema en su conjunto.
Profesionales de la PPPR han trabajado para producir conocimiento, publicar artículos y formular guías técnicas basadas en evidencia, como es el caso de los protocolos de atención en las Unidades de Progresión.
¿Qué papel ha desempeñado la digitalización y la implantación
de herramientas tecnológicas en la estrategia de la Policía Penal?
AC: La transformación digital es un pilar estratégico de la gestión penitenciaria en Paraná, ayudando a hacer los procesos más eficientes, seguros y transparentes. Herramientas tecnológicas como los sistemas de información penitenciaria permiten un mejor control y gestión de la población carcelaria, además de apoyar la toma de decisiones basada en datos.
El monitoreo electrónico es un ejemplo de modernización, que ha ampliado las posibilidades de ejecución de penas y medidas alternativas de forma segura, trazable y eficaz. También hemos invertido en la educación a distancia como forma de ampliar el acceso a la educación de los reclusos en todas las regiones del Estado. Un ejemplo de ello es el Proyecto Siris, una iniciativa que pretende ofrecer educación básica y profesional a los reclusos, a través de clases retransmitidas en directo a las celdas.
En cuanto a los próximos pasos, existe un compromiso permanente con la expansión de la digitalización, con planes que incluyen la integración de sistemas, el uso de inteligencia artificial para analizar datos, la expansión de la educación digital, la implementación de tecnologías avanzadas de seguridad y la automatización de procesos administrativos. El objetivo es fortalecer el trabajo de la Policía Penal y hacer que el sistema penitenciario sea cada vez más eficiente, humanizado y alineado con las mejores prácticas tecnológicas.
Ananda Chalegre
Directora General, Departamento de Policía Penal del Estado de Paraná, Brasil
Ananda Chalegre es la actual Directora General de la Policía Penal de Paraná, en Brasil. Postgraduada en Inteligencia y Seguridad Pública, Chalegre es policía criminal desde hace 18 años. Ha sido directora de diferentes unidades, como la Penitenciaría Central del Estado – Unidad de Progresión, Casa de Custodia de Curitiba, Patronato y Oficina Social.
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