Caso Destacado: Chile
Jaime Gajardo Falcón, Ministro de Justicia y Derechos
Humanos, Chile
En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile hemos elaborado una nueva Política Penitenciaria para guiar nuestras decisiones estratégicas sostenibles en el largo plazo. Para ello, se han considerado diagnósticos y propuestas de diversos actores, así como evidencia nacional e internacional sobre mejores prácticas.
Se han definido cuatro ejes: reinserción social; seguridad y custodia; personal penitenciario; y infraestructura, bajo el criterio transversal de respeto a los derechos humanos. A partir del análisis del sistema y bajo cada eje, se identificaron problemáticas y objetivos para fortalecer una mirada integral que atienda las causas de las brechas identificadas.
Uno de los aspectos más preocupantes en seguridad es la situación carcelaria. La sobrepoblación que existe en algunos recintos penitenciarios, el deterioro de su infraestructura o falta de esta y las nuevas formas de criminalidad de quienes ingresan a los penales por resolución de los tribunales son materias que convergen para crear riesgos tanto al interior como al exterior de estos recintos.
Actualmente, la mayoría de las cárceles presentan sobrepoblación, es decir, su capacidad de uso supera el 100%, y varias están en hacinamiento, condición que se da cuando alcanza o excede el 200%, según la clasificación de Gendarmería de Chile. En sus 81 establecimientos, la capacidad promedio de uso alcanza un 140,5%, con una población total de más de 59.000 internos.
En este período, el país ha rehabilitado 1.844 plazas y creado 483 nuevas, mejorando significativamente la capacidad penitenciaria. Ello se enmarca en un Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria que hemos generado para mejorar las condiciones de habitabilidad, prevenir problemas de seguridad y generar mejores posibilidades de reinserción.
El Plan Maestro se basa en un análisis integral del sistema penitenciario, que incluye la determinación del déficit de plazas y la brecha de sobreuso en los recintos existentes. Además, se considera el pronóstico del crecimiento de la población penitenciaria y la evaluación del deterioro de la infraestructura actual.
El plan analiza la eficiencia del sistema en función del tamaño de los recintos y la segmentación de la población penitenciaria, prestando especial atención a los internos vinculados al crimen organizado, quienes requieren medidas restrictivas específicas. También se examina la viabilidad de garantizar servicios básicos en las nuevas infraestructuras y se enfatiza el trabajo interinstitucional con las comunidades para reducir la oposición a la construcción de nuevos recintos en distintas regiones.
Para abordar estos desafíos, el plan contempla poner en funcionamiento construcciones finalizadas que requieren puesta en marcha, reparar establecimientos en desuso, ampliar y densificar algunos recintos y construir nuevos.
Asimismo, propone un conjunto de iniciativas que se considera necesario llevar adelante, aunque no se encuentran financiadas, porque deben cumplir todo un proceso en el marco del presupuesto nacional del país. Sin perjuicio de ello, quedan planteadas y con estudios iniciales para decisión de próximas gestiones.
Con estas consideraciones, al año 2030 se habrán invertido US$ 1.261 millones en infraestructura carcelaria, sumando más de 12.600 nuevas plazas. Actualmente hay cerca de 60.000 internos,
cuando la capacidad es de 42.000, con todos los problemas que ello implica.
A ello hay que agregar que las proyecciones de crecimiento de población penal, si se mantiene la actual tendencia y aplicación de sanciones, con restricciones en materia de libertad condicional y medidas alternativas a la reclusión, al 2030 se habrá superado los 73 mil privados de libertad. Para enfrentar el déficit proyectado, se han planteado la evaluación de 11 nuevas iniciativas que sumarían 14.494 plazas adicionales, alcanzando un total de 28.850.
Para concretar la infraestructura penitenciaria, el país ha recurrido a disposiciones legales para modificar los planos reguladores comunales y agilizar los procedimientos burocráticos. Como parte de la actualización del plan de infraestructura, hemos optado por el sistema de concesiones dentro del modelo de participación público-privada. Este modelo combina la construcción y operación de servicios complementarios por parte del sector privado, mientras que el Estado mantiene la responsabilidad sobre la seguridad y la reinserción social.
La participación del sector privado ha demostrado ser eficiente en la construcción, mantenimiento y provisión de servicios complementarios, como alimentación y lavandería, contribuyendo así a la mejora del sistema penitenciario. Además, en las licitaciones actuales, se han introducido mejoras en los servicios médicos, con un aumento en la oferta, especialmente en atención psiquiátrica, dado su papel crucial en el sistema penitenciario. El aparato estatal supervigila el cumplimiento de estándares en todas las áreas desarrolladas por el sector privado.
La construcción de más cárceles, en todo caso, es una medida necesaria pero insuficiente para enfrentar la delincuencia. El encarcelamiento genera un efecto de incapacitación
momentáneo, pero también dificulta la reintegración. Está documentado que penas en libertad, con supervisión y apoyo social, tienen mejores resultados en reducción de reincidencia.
Por ello, además de más cárceles, insistimos en que es necesario fortalecer penas sustitutivas, el acceso a beneficios intrapenitenciarios y la libertad condicional como mecanismos que apoyan la reinserción social. Esperamos que los diferentes sectores se sumen a esta perspectiva y no solo postulen más encarcelamiento.
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