// Entrevista: Nicole Belloubet
Ministra de Justicia, Francia
JT: La Ley de Programación y Reforma de la Justicia 2018-2022 es un documento voluminoso de 109 artículos que cubre muchos aspectos, pero ¿podría indicar los aspectos fundamentales que marcan un punto de inflexión decisivo para la justicia francesa, con este cambio legislativo?
NB: Esta ley aborda todos los desafíos de la justicia con un enfoque pragmático y garantiza el acercamiento de los medios de los que dispone la justicia a los justiciables. Por lo tanto, es difícil identificar una medida crucial que represente la esencia misma de la reforma emprendida.
Sin embargo, me gustaría mencionar algunas medidas emblemáticas. En asuntos civiles, simplificaremos el procedimiento para los divorcios conflictivos y aliviaremos las dificultades de las personas bajo tutela.
En materia penal, también se realizan simplificaciones en beneficio de los servicios de investigación. Estableceremos un procedimiento que especifique multas por una cantidad fija para luchar más eficazmente contra el consumo de drogas. También experimentaremos con los tribunales penales para acelerar el proceso en ciertos delitos como la violación.
La política de condenas se ha renovado profundamente para hacerla más transparente y eficaz en la lucha contra la reincidencia. Eliminaremos las condenas de menos de un mes y promoveremos condenas más apropiadas que la prisión para aquellas de corta duración como, por ejemplo, la pulsera electrónica. Al mismo tiempo, permitiremos que las penas de prisión se ejecuten de forma efectiva en las instituciones adecuadas según el caso.
La ley también prevé una transformación digital de la justicia. En 2022, todos los procedimientos civiles y penales estarán totalmente informatizados. Pero quiero garantizar que todos los justiciables tengan acceso a la justicia.
Nuestros conciudadanos alejados del mundo digital podrán seguir haciendo consultas y peticiones en papel. También podrán acudir a los servicios de recepción única para el justiciable (SAUJ, por sus siglas en francés) del tribunal judicial de su jurisdicción o cualquier otro del territorio para contar con ayuda en sus gestiones. A la hora de preservar el buen funcionamiento de todos los establecimientos del sistema de justicia, he optado por acercar la justicia a los justiciables.
JT: Más específicamente en el ámbito de la justicia penal, incluyendo los contextos penitenciarios y de reintegración social, así como las medidas y las sanciones aplicables en la comunidad, ¿qué cambios traerá la reforma? ¿Esta reforma prevé eliminar el problema del hacinamiento en las cárceles?
NB: Como todos nuestros conciudadanos, he observado el triple fracaso del sistema actual de sanciones penales. Es poco claro debido a la frecuente discrepancia entre la condena impuesta y la que realmente se cumple.
En consecuencia, el autor del delito, las víctimas y la sociedad en su conjunto no lo entienden. Esta pérdida de credibilidad socava en gran medida su eficacia. Este sistema también le da demasiada importancia al encarcelamiento en el caso de condenas de corta duración, que no son efectivas.
El resultado es un hacinamiento “endémico” en las cárceles que nos ha llevado a pasar de 48 000 personas detenidas a principios de la década del 2000 a más de 70 000 en la actualidad. Por último, nuestro sistema no es eficaz contra la reincidencia, que afecta al 41% de los autores tanto de delitos como de infracciones y hasta al 63% de los autores de delitos que salen de la cárcel sin una modificación de la pena.
Esta observación me ha llevado a proponer una revisión global de la política de condenas. Pretendo alejarme del encarcelamiento sistemático, ya que no es la condena más apropiada según la naturaleza y gravedad de los hechos, ni para el autor ni para la situación en la que se encuentra.
Están prohibidas las penas de prisión muy cortas (de menos de un mes) y estamos desarrollando condenas autónomas como la detención domiciliaria bajo monitoreo electrónico, el servicio comunitario o la libertad condicional, que tienen en cuenta las consecuencias del fracaso de la coacción penal y facilitan la aplicación de sentencias de libertad vigilada.
Esta poderosa reforma, que entrará en vigor gradualmente hasta marzo de 2020, va acompañada de un programa inmobiliario que nos permitirá habilitar 15 000 espacios adicionales (7 000 estarán disponibles antes de 2022).
Más allá del aumento del número de plazas, que contribuirá, junto con la reforma de las condenas, a luchar contra el hacinamiento en las cárceles, se trata de una diversificación del parque de viviendas que estamos llevando a cabo mediante la creación de establecimientos como el SAS (estructura de apoyo a la salida), con el fin de favorecer un proceso individualizado de las condenas y un tratamiento adaptado, que tenga en cuenta el grado de peligrosidad de las personas detenidas y su evolución.
Estos cambios profundos en el sistema de sanciones y en las herramientas para su aplicación son esenciales para combatir mejor la reincidencia.
La política de condenas se ha renovado profundamente para hacerla más transparente y eficaz en la lucha contra la reincidencia.
JT: Algunas de las medidas de este proyecto de ley han sido parcialmente censuradas por el Consejo Constitucional; las principales censuras se refieren a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal francés que refuerzan las facultades del Ministerio Público.
Así, se censuraron las disposiciones que permitían hacer extensivas a todos los delitos las técnicas especiales (sistema de sonido de un lugar, registro de imágenes o datos informáticos) en el contexto de una investigación en flagrante delito o de una investigación preliminar. También desde el punto de vista penal, se censura el uso de la videoconferencia en las audiencias para la prolongación de la prisión preventiva (Fuente: Le Monde, “La réforme de la justice partiellement centée par le Conseil constitutionnel”, Jean-Baptiste Jacquin, 21 de marzo de 2019).
¿Qué significan estas censuras para usted y hasta qué punto constituyen una frustración con respecto a los objetivos de su ministerio para la reforma de la justicia?
NB: El Consejo Constitucional ha aprobado la mayoría de las disposiciones que permiten mejorar la labor de los investigadores y magistrados del Ministerio Público. Asimismo, ha aprobado la ampliación de las investigaciones bajo seudónimo para combatir los delitos cibernéticos y la extensión de la multa fija al consumo de drogas. También ha aprobado la creación de una fiscalía nacional antiterrorista y la experimentación con nuevos tribunales penales.
He tomado nota de la decisión del Consejo Constitucional de mantener un sistema más controlado y, por tanto, más complejo para las escuchas telefónicas en las investigaciones. También he observado que el Consejo ha decidido no permitir el uso de la videoconferencia en las audiencias de prolongación de la prisión preventiva, procedimiento que había aprobado hace solo unos meses para las audiencias en las que se resolvían recursos de extranjeros detenidos en los centros de detención administrativa.
Fui miembro del Consejo Constitucional. Conozco la dificultad de la labor que realiza, la ferocidad en la búsqueda de un equilibrio constante entre la garantía de las libertades fundamentales y la posibilidad de una acción pública en beneficio de la comunidad. Siento el mayor respeto por esta institución única, que garantiza nuestro Estado de Derecho.
La ley también prevé una transformación digital de la justicia. En 2022, todos los procedimientos civiles y penales estarán totalmente informatizados.
JT: El Decreto 2019-98 de 13 de febrero de 2019, por el que se modifican las disposiciones del Código de Procedimiento Penal relativas al régimen disciplinario de los detenidos, introduce nuevas sanciones disciplinarias, entre ellas, la extensión de las posibilidades de recurso a los módulos disciplinarios. (Fuente)
¿Cuál es la razón de este cambio? ¿No puede llegar a ser contraproducente?
NB: El decreto de febrero de 2019 se ha emitido de conformidad con el plan para combatir la violencia en los centros de detención, tanto contra el personal penitenciario como entre las personas detenidas.
El sistema de sanciones disciplinarias para los actos cometidos por los detenidos no había evolucionado para adaptarse a las infracciones cometidas actualmente y requería aclaraciones.
Hemos aumentado la gravedad de determinadas faltas, como los insultos o las amenazas contra los agentes custodios. También hemos creado nuevas faltas disciplinarias para hacer frente a acciones graves, como la resistencia violenta a la autoridad o la incitación a cometer actos de terrorismo. Además, hemos proporcionado a los comités disciplinarios medios para la adaptación al crear, por ejemplo, servicios comunitarios.
El objetivo no es extender el internamiento en los módulos disciplinarios, sino garantizar una respuesta adecuada a la falta cometida, en función de su naturaleza y gravedad, a fin de proteger mejor al personal penitenciario y a los detenidos.
JT: En esta reforma de la justicia, ¿cuál es el papel de la implementación de las nuevas tecnologías y de la modernización digital?
NB: En cuanto comenzó la reorganización de la justicia, en octubre de 2017, quise que se reflexionara sobre la digitalización y el impacto de las nuevas tecnologías. La Justicia no puede permanecer fuera del mundo y de su evolución.
El entorno digital está adquiriendo una importancia creciente en todos los campos. Considero que tenemos ante nosotros una oportunidad magnífica para acercar la justicia a los justiciables, al acortar distancias y posiblemente reducir también los plazos. Pero solo tendrá éxito si esta evolución y su aplicación están bien planificadas y organizadas. Para ello, he desarrollado un plan de transformación digital basado en tres ejes.
El primer eje consiste en la mejora de las herramientas que están a disposición de los magistrados y agentes, tanto en lo que se refiere a la red como a los equipos materiales. Es una condición imprescindible para dotar de fluidez a los intercambios entre los interlocutores del sistema de justicia, que son, en primer lugar, los abogados, notarios y secretarios judiciales.
El segundo eje consiste en el desarrollo de nuevas aplicaciones que faciliten el acceso a la justicia y el trabajo de los funcionarios del ministerio, como los servicios de investigación. Estas aplicaciones ya se diseñan otorgando a los justiciables un papel central en el sistema.
Hace unos meses ya que los ciudadanos pueden recibir su certificado de antecedentes penales en el teléfono. En las próximas semanas, el portal del justiciable permitirá a nuestros conciudadanos seguir sus procedimientos en línea. En 2020, será posible hacer remisiones en línea entre los tribunales. En 2022, tendremos procedimientos civiles y penales totalmente informatizados.
El tercer eje consiste en apoyar tanto a los profesionales del derecho como a los justiciables. En cuanto a estos últimos, como he mencionado anteriormente, los servicios de recepción les ayudarán con las gestiones; en el caso de aquellos que no se sientan cómodos con la tecnología pero deseen utilizarla, recibirán ayuda en las distintas fases de su procedimiento. Durante la legislatura, dedicaremos más de 500 millones de euros al éxito de esta transformación digital.
Pretendo alejarme del encarcelamiento sistemático (…) Están prohibidas las penas de prisión muy cortas (de menos de un mes) y estamos desarrollando condenas autónomas (…)
JT: El presidente E. Macron se ha comprometido personalmente con el aspecto de la reforma relativo al sentido de las condenas; pretende cambiar la cultura que ha hecho de la cárcel la referencia en términos de castigo penal.
En la práctica, las modificaciones en este ámbito pueden ser las más difíciles de poner en marcha, especialmente si no cuenta con el apoyo de los abogados y las organizaciones de magistrados.
¿Cuál es su estrategia para implementar este cambio?
NB: Tiene razón, la aplicación de una nueva política de imposición de penas requiere la movilización de todas las partes interesadas. Los magistrados y abogados ocupan un lugar destacado en este proceso de implementación. Y no son los únicos. El personal de la secretaría, el personal de la administración penitenciaria y todos los interlocutores del sistema de justicia contribuyen activamente.
La reforma de las condenas, que he presentado a petición del presidente de la República, es realmente ambiciosa. El objetivo sigue siendo alejarse del encarcelamiento sistemático y combatir mejor la reincidencia. Su éxito requiere una buena comprensión por parte de todas las partes involucradas que he mencionado anteriormente.
Acompañaremos la ley con documentos prácticos para que los profesionales del derecho puedan entenderla correctamente.
También movilizaremos el refuerzo de nuestros servicios penitenciarios, de reintegración y de libertad condicional (SPIP, por sus siglas en francés), los cuales estamos fortaleciendo. Junto con las asociaciones que trabajan para los tribunales, deben garantizar que los magistrados dispongan de todos los elementos necesarios para aplicar condenas apropiadas, como la pulsera electrónica.
Para lograr este objetivo, he decidido contratar a 1 500 profesionales más en los servicios de reintegración y libertad condicional antes de 2022.
JT: ¿Cuáles son las medidas prioritarias para hacer frente al creciente problema de la radicalización violenta, el extremismo y la delincuencia organizada en las cárceles? ¿Qué medidas se han adoptado en las cárceles francesas para desplegar servicios de inteligencia penitenciaria?
NB: Para hacer frente a la radicalización islamista, hemos desarrollado la capacidad de evaluar a los detenidos en módulos especializados. Las personas que son susceptibles a la radicalización pasan de 12 a 16 semanas allí. Como resultado, los detenidos más peligrosos son recluidos en aislamiento. Los detenidos prosélitos son internados en estructuras estancas. Estamos desarrollando programas para promover la retirada de la radicalización violenta.
También hemos desarrollado el servicio de inteligencia penitenciaria, que se ha visto reforzado gracias a la Ley de Programación y Reforma de la Justicia. El número de efectivos, que supera los 300, contará con un centenar de agentes más, a finales de 2020.
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Nicole Belloubet fue nombrada ministra de Justicia de Francia en junio de 2017. Tiene un postgrado en Derecho Público, un diploma de Estudios Avanzados en Historia Jurídica y un doctorado en Derecho Público. Durante cinco años (2000-2005) fue presidenta del Comité Directivo Interministerial para la Promoción de la Igualdad de Género en la Educación. Fue miembro del Consejo Constitucional entre 2013 y 2017. En cuanto a mandatos electorales, ha sido concejala de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (1989-1996), primera teniente de alcalde de Toulouse (2008-2010), consejera regional de Midi-Pyrènèes y primera vicepresidenta a cargo de Educación, Educación Superior e Investigación.
