Artículo
Pedro das Neves1
La Directiva europea sobre la resiliencia de las entidades críticas2 3, que entró en vigor el 16 de enero de 2023, representa un paso significativo en el fortalecimiento de la seguridad y la resiliencia de las infraestructuras críticas en toda la Unión Europea4. Los Estados miembros tienen hasta octubre de 2024 para adoptar la legislación nacional de transposición de esta directiva que amplía y actualiza el anterior Programa Europeo para la Protección de Infraestructuras Críticas (PEPIC) y la Directiva sobre Infraestructuras Críticas Europeas (ICE), con el objetivo de hacer frente a las amenazas tanto físicas como digitales, reforzando la resiliencia de las entidades críticas frente a una serie de amenazas, incluidos los peligros naturales, los ataques terroristas, las amenazas internas o el sabotaje, así como las emergencias de salud pública.
La Directiva amplía la definición de entidades críticas5, incluyendo una gama más amplia de sectores, como la energía, el transporte, la banca, el agua potable, las aguas residuales, la producción, transformación y distribución de alimentos, la salud, el espacio, la infraestructura del mercado financiero y los sectores de infraestructura digital y, en ciertos aspectos, los sectores de la administración pública6 que pueden proporcionar uno o más servicios esenciales7. Esta ampliación reconoce la naturaleza interconectada de las infraestructuras modernas y los posibles efectos en cascada que pueden causar las perturbaciones. En este contexto, se exige a las entidades críticas que realicen evaluaciones exhaustivas de los riesgos8 y apliquen medidas de seguridad adecuadas para mitigarlos. Esto implica prepararse para una serie de escenarios, como catástrofes naturales, ciberataques y otras amenazas de origen humano. Además, los Estados miembros de la UE deben desarrollar, aplicar y actualizar periódicamente estrategias nacionales para mejorar la resiliencia de las entidades críticas mediante el establecimiento de marcos normativos adecuados y la prestación de orientación y apoyo. La directiva también hace hincapié en la importancia de la cooperación tanto dentro de cada país como a través de las fronteras nacionales para facilitar el intercambio de información, mejores prácticas y asistencia mutua en tiempos de crisis.
La Directiva forma parte de un esfuerzo más amplio de la UE para proteger a sus ciudadanos y servicios de una amplia gama de riesgos, garantizando que los servicios esenciales puedan seguir funcionando sin problemas incluso en condiciones adversas. Aunque la directiva abarca ampliamente sectores clave, desde la energía al transporte y los servicios públicos, hay argumentos de peso para incluir las administraciones penitenciarias como entidades críticas y las prisiones en la lista de infraestructuras críticas de Europa.
El auge del crimen organizado transnacional, la radicalización y el extremismo violento que conduce al terrorismo plantea profundos desafíos. Las prisiones no son meras instalaciones de confinamiento; son nodos de nuestra red de seguridad en los que coexisten riesgos significativos y oportunidades de rehabilitación. No reconocer y proteger adecuadamente estas instalaciones puede acarrear consecuencias nefastas, no sólo internamente sino para la sociedad en general. En primer lugar, las prisiones desempeñan un papel fundamental en la contención de individuos que suponen una amenaza significativa para la sociedad. La seguridad física de estas instituciones es crucial para garantizar que tales individuos no continúen sus actividades delictivas desde la cárcel o se fuguen para plantear nuevas amenazas. Sin embargo, más allá de la mera contención, las prisiones son también escenarios donde librar las batallas contra la radicalización y el crimen organizado mediante la restauración, la retribución, la incapacitación, la disuasión y la rehabilitación efectiva. Garantizar la resiliencia de estos centros significa no sólo protegerlos frente a amenazas internas y externas, sino también reforzarlos como instituciones de rehabilitación capaces de abordar y mitigar las raíces del comportamiento delictivo y el extremismo.
Los incidentes en las prisiones tienen un efecto dominó que repercute mucho más allá de sus muros. Los fallos de seguridad provocan el pánico generalizado de la población, trastornos económicos y una pérdida significativa de la confianza pública en la capacidad del gobierno para mantener el control y la seguridad. En la UE, donde hemos sido testigos del impacto de la delincuencia organizada transnacional y el terrorismo, la seguridad transfronteriza reviste una importancia capital. La desestabilización del sistema penitenciario de un solo Estado miembro tiene repercusiones transnacionales que afectan a la arquitecturas de seguridad del continente.
Considerar la administración penitenciaria como entidade crítica y las prisiones como infraestructuras críticas también se ajusta al objetivo más amplio de la UE de armonizar las normas de seguridad en todos los Estados miembros. La disparidad en los protocolos de seguridad y las condiciones de las prisiones en toda Europa es notable. Reconocer estas instalaciones como infraestructuras críticas requerirá una base de resistencia que todos los Estados miembros deberán alcanzar, elevando así la seguridad en toda la UE. Invertir en la resiliencia de los sistemas penitenciarios es rentable. La mejora de las tecnologías de seguridad, una formación más eficaz del personal penitenciario, una mejor inteligencia penitenciaria y el uso de enfoques de rehabilitación y desistimiento basados en pruebas reducen la probabilidad de que se produzcan incidentes que requieran costosas respuestas de emergencia.
La consideración de las administraciones penitenciarias como entidades críticas y la inclusión estratégica de las prisiones en la lista europea de infraestructuras críticas no es un mero ajuste administrativo. Es una evolución necesaria en nuestro planteamiento de la seguridad nacional y continental. A medida que asistimos a la compleja interacción de la delincuencia organizada, la radicalización, el extremismo y el terrorismo en el siglo XXI, nuestras estrategias de resiliencia deben adaptarse. Al reforzar estas instituciones frente a las múltiples amenazas a las que se enfrentan, no sólo mejoramos su capacidad para funcionar eficazmente, sino que también salvaguardamos a la sociedad en general de los efectos en cascada de su posible fracaso.
¿Cuál es la posición de su administración penitenciaria en el debate general sobre la definición de entidades críticas e infraestructuras críticas? El momento de actuar es ahora, garantizando que la resistencia frente a las amenazas cambiantes siga siendo sólida y responda a las necesidades de una Europa segura y estable.
References
1 Pedro das Neves es el Director Ejecutivo de IPS Innovative Prison Systems, una empresa de investigación, asesoramiento y desarrollo tecnológico centrada en la modernización de los servicios penitenciarios.
2 Sitio web de la Comisión Europea sobre la resistencia de las infraestructuras críticas.
3 Directiva (UE) 2022/2557 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, sobre la resiliencia de las entidades críticas y por la que se deroga la Directiva 2008/114/CE del Consejo.
4 El artículo 2 (4) define «infraestructura crítica» como un activo, una instalación, un equipo, una red o un sistema, o una parte de un activo, una instalación, un equipo, una red o un sistema, que sea necesario para la prestación de un servicio esencial.
5 Una entidad pública o privada que ha sido identificada por un Estado miembro de conformidad con el artículo 6 de la directiva que puede prestar uno o más servicios esenciales; que opera, y su infraestructura crítica está ubicada, en el territorio de dicho Estado miembro; y un incidente tendría efectos perturbadores significativos, determinados de conformidad con el artículo 7, apartado 1, en la prestación por parte de la entidad de uno o más servicios esenciales o en la prestación de otros servicios esenciales en los sectores establecidos en el anexo (energía, transporte, banca, agua potable, aguas residuales, producción, transformación y distribución de alimentos, salud, espacio, infraestructura del mercado financiero y sectores de infraestructura digital, sector de la administración pública) que dependen de ese o esos servicios esenciales.
6 Entidades de la administración pública de los gobiernos centrales, tal como las definan los Estados miembros de conformidad con la legislación nacional.
7 El artículo 2 (4) define «servicio esencial» como un servicio crucial para el mantenimiento de las funciones vitales de la sociedad, las actividades económicas, la salud y la seguridad públicas o el medio ambiente.
8 «Las evaluaciones de riesgos de entidades críticas tendrán en cuenta todos los riesgos naturales y antropogénicos pertinentes que puedan dar lugar a un incidente, incluidos los de carácter intersectorial o transfronterizo, los accidentes, las catástrofes naturales, las emergencias de salud pública y las amenazas híbridas y otras amenazas antagónicas, incluidos los delitos de terrorismo previstos en la Directiva (UE) 2017/541», tal y como recoge el artículo 12 (2) de la directiva.
Pedro das Neves tiene experiencia en varios países de Europa, Asia Central, Oriente Medio y América Latina en la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada y el extremismo. Pedro es director general de IPS Innovative Prison Systems e ICJS Innovative Criminal Justice Solutions Inc, miembro de la junta directiva de la Asociación Internacional de Correccionales y Prisiones (ICPA) y editor de la Revista JUSTICE TRENDS. Pedro es profesor de Inteligencia en Sistemas Penitenciarios (identificación, prevención y gestión de amenazas) en el Programa de Máster de Prevención y Gestión de la Seguridad Penitenciaria de la Universidad UNED, un programa conjunto de la UNED y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de España.
