Entrevista
Ivan Zinger
Investigador Correccional de Canadá
¿Cuál es el papel y la importancia de la Oficina del Investigador Correccional de Canadá (OCI, por sus siglas en inglés)?
IZ: Como Defensor del Pueblo para las correcciones federales, investigo las denuncias de reclusos o delincuentes que cumplen el resto de sus penas en la comunidad. Tengo mucha autoridad legal para investigar: puedo entrar en cualquier centro penitenciario en cualquier momento; puedo entrevistar, con confidencialidad, a cualquier preso; incluso puedo citar al personal penitenciario para testificar. Además, puedo celebrar audiencias públicas, hacer que la gente testifique bajo juramento, y tengo derecho a examinar cualquier documento de conformidad con una investigación. A pesar de estas autoridades legales, mi poder se limita a hacer recomendaciones, que no son vinculantes para el Servicio Correccional de Canadá (CSC, por sus siglas en inglés).
¿Cuáles son las prioridades que guían los esfuerzos de su oficina, es decir, las áreas que reflejan los desafíos actuales a los que se enfrenta el sistema correccional para responder a las quejas individuales y a las esferas de preocupación sistémicas?
IZ: Tenemos varias prioridades institucionales, pero sin duda el año pasado, la COVID-19 ha sido una preocupación primordial. Una de nuestras prioridades son las condiciones de confinamiento. Trabajamos para garantizar que las condiciones de las prisiones sean adecuadas, seguras y humanas. En Canadá, tenemos unas infraestructuras penitenciarias muy antiguas: la mayoría tienen cuarenta o cincuenta años, y no reflejan la filosofía moderna actual de rehabilitación y reinserción segura. Mi oficina tiene un largo historial de denuncias por el régimen de aislamiento, que se basa en mantener a un preso en una celda durante veintitrés horas o más.
El año pasado, tuvimos una nueva legislación que sustituyó al antiguo régimen de segregación administrativa. Por supuesto, con la COVID-19, el cumplimiento de esos requisitos legales ha sido un gran desafío. Por ley, el Servicio Correccional debe ofrecer una programación de rehabilitación para reducir el riesgo de reincidencia. Debido a la pandemia, el acceso a los programas e intervenciones penitenciarios se suspendió durante la primera ola (desde finales de marzo hasta mediados de mayo de 2020) y se restringió severamente durante la segunda ola (a partir de mediados de noviembre de 2020). Nuestros datos muestran que el acceso a los programas está entre el 30 y el 50% de lo que solía ser antes de la COVID-19.
Sin proporcionar esos programas, los delincuentes terminarán cumpliendo condenas más largas porque no pueden obtener la libertad condicional a menos que hayan cumplido con esos programas. Eso tiene un impacto en las libertades y nos preocupa bastante. Las correcciones de mujeres también son una de nuestras prioridades. En Canadá, tenemos cinco centros penitenciarios para mujeres. Hace veinticinco años, cuando se inauguraron esas instalaciones, existía un compromiso genuino de brindar un enfoque correccional centrado en las mujeres, una filosofía que se ha erosionado significativamente a lo largo de los años.
Ha sido un verdadero reto hacerlo de forma diferente, especialmente con las unidades de máxima seguridad para mujeres, que son muy austeras y tienen un acceso limitado a la programación. Otra prioridad crítica para nosotros son los delincuentes indígenas. Tenemos una sobrerrepresentación desproporcionada de indígenas en las cárceles federales. En la sociedad canadiense, los indígenas representan alrededor del 5% de la población, pero constituyen el 31,5% de la población reclusa y el 42% de las mujeres encarceladas son indígenas. Los resultados de los centros penitenciarios para individuos indígenas son abrumadoramente adversos: los presos indígenas tienden a cumplir una parte más larga de su condena en prisión antes de su puesta en libertad; tienden a albergarse en instituciones de mayor seguridad; suelen ser víctimas de violencia y con frecuencia se les envía a las Unidades de Intervención Estructuradas (SIU, por su siglas en inglés).
Además, los presos indígenas tienden a autolesionarse más a menudo y, una vez en libertad, tienen más probabilidades de que se les suspenda o revoque la libertad condicional. La tasa de reincidencia de los indígenas es mucho mayor. Hemos estado presionando al Servicio Correccional de Canadá para que haga las cosas de manera diferente, pero ha sido una batalla verdaderamente difícil. El acceso a la atención sanitaria es también una de nuestras prioridades, en particular la salud mental. Tenemos un número desproporcionado de personas que ingresan en el sistema con problemas importantes de salud mental. Entre los hombres, aproximadamente el 35% de los ingresos sufre un problema de salud mental de algún tipo y en las mujeres supera el 50%.
El CSC ha tenido dificultades para responder a esas tasas de prevalencia. Hace unos años, elaboramos un informe sobre el envejecimiento y la muerte en prisión. Tenemos un número significativo de presos de edad avanzada (de 55 años o más) y tenemos otros que son paliativos o enfermos terminales y que, en mi opinión, no deberían estar en prisión. Hay reclusos con demencia, Alzheimer, restricciones de movilidad, y algunos incluso están postrados en cama. Sería mejor transferir a esas personas para que cumplan la parte restante de sus condenas en la comunidad, ya sea en hospicios o centros de cuidados prolongados. Al cambiar los recursos de las correcciones institucionales a comunitarias, el CSC podría pagar fácilmente para crear espacios para camas en la comunidad.
Más recientemente, hemos estado lidiando con el tema de la muerte médicamente asistida (o MAID, por sus siglas en inglés) en los servicios correccionales federales. La muerte medicamente asistida debe estar disponible para cualquier persona en el país, incluidos los que están encarcelados. Sin embargo, no creo que se deba permitir que el procedimiento se lleve a cabo dentro de una penitenciaría, lo cual es inapropiado y poco ético. La legislación propuesta puede ampliar el acceso a la muerte médicamente asistida y mi oficina ha elaborado algunas propuestas para prohibir que se realice dentro de una penitenciaría.
¿Cómo es el proceso a través del cual su oficina contribuye para tener unas cárceles federales seguras, legales y humanas en Canadá?
IZ: Recibimos de entre cinco y seis mil quejas individuales cada año, que mi personal atiende por teléfono, correo o (antes de la COVID-19) en persona, en las instituciones. Cada año, nuestros investigadores y yo pasamos unos cuatrocientos días en centros penitenciarios, in situ, entrevistando a reclusos y hablando con el personal. Buscamos el cumplimiento de la ley y la toma de decisiones justa. Si encontramos incumplimiento, formulamos recomendaciones, normalmente al encargado, y tratamos de resolver los asuntos de manera informal y en los niveles más bajos posibles. También nos especializamos en investigaciones sistémicas, que examinan las áreas de preocupación general o específica, a menudo en áreas donde tenemos muchas quejas.
Hemos realizado investigaciones sistémicas en materia de indígenas, suicidio y autolesiones, delincuentes negros, en edad avanzada o jóvenes (menores de 21 años), educación, trabajo y formación profesional, y todos esos informes están en nuestro sitio web. Además, publicamos un informe anual que se presenta ante el Parlamento. Cada informe contiene una serie de recomendaciones de nivel sistémico, que generalmente se dirigen al Comisionado del CSC y están diseñadas para lograr cambios y mejorar el cumplimiento. También hacemos recomendaciones al ministro de Seguridad Pública. Cuando hacemos recomendaciones a nivel institucional, generalmente tenemos mucho éxito; por ejemplo, normalmente obtenemos una buena tracción en nuestras recomendaciones cuando acudimos al encargado.
Sin embargo, el progreso en cuestiones sistémicas es más lento. Hay recomendaciones que hemos formulado una y otra vez a lo largo de una década. No es inusual que un Defensor del Pueblo tenga algunas frustraciones, pero he examinado el contingente de presupuesto y personal del CSC, y he encontrado que es uno de los servicios correccionales con mayores recursos del mundo. El CSC tiene una proporción de presos por funcionario de uno a uno, que es extraordinariamente rica desde cualquier punto de vista. Uno pensaría que, con ese tipo de recursos, tendríamos excelentes resultados, pero, desafortunadamente, Canadá se está quedando atrás en varias áreas, incluido, por ejemplo, el acceso de los reclusos al mundo digital. Los reclusos federales no tienen acceso al correo electrónico vigilado o al uso supervisado de Internet, por lo que no se trata de dinero, sino más bien de prioridades.
(…) El progreso en cuestiones sistémicas es más lento. Hay recomendaciones que hemos formulado una y otra vez a lo largo de una década.
¿Qué tipo de relación y colaboración existe entre su oficina y el Servicio Penitenciario de Canadá?
IZ: Como defensoría y organismo de supervisión, es muy probable que haya cierto grado de tensión entre el supervisor y el supervisado. Si es demasiado amistoso, demasiado cercano o demasiado complaciente, lo más probable es que no esté haciendo su trabajo. Si, por otro lado, la relación es negativa o tóxica, es probable que no se acepte ninguna de sus recomendaciones. Demasiada tensión no es productiva, pero muy poca tensión tampoco es necesariamente deseable. Tienes que colaborar para que los correccionales se muevan en la buena dirección; si no es así, tienes que encontrar otros mecanismos para aplicar presión.
Como defensor del pueblo, tengo muchas herramientas para crear conciencia y hacer que se apliquen mis recomendaciones. Soy bastante activo en los medios de comunicación, donde trato de concienciar a la gente sobre los problemas, y a menudo me piden que comparezca ante comisiones parlamentarias. Nuestro sitio web también se visita con bastante frecuencia. Nuestras investigaciones cuentan con la confianza de académicos, tribunales, ONG, partes interesadas y otros defensores. Nuestros hallazgos a menudo se citan en decisiones judiciales y han llegado a las decisiones del Tribunal Supremo de Canadá.
¿Qué conclusiones saca de la gestión que el Servicio Correccional hizo de la pandemia de la COVID-19?
IZ: He emitido varios informes sobre los impactos de la COVID-19 en las correcciones federales. En la primera ola de la pandemia, seis centros penitenciarios experimentaron un brote y un total de 360 reclusos se infectaron con el virus. En la segunda ola, que comenzó a mediados de noviembre de 2020, trece instituciones sufrieron brotes. El recuento de casos de la segunda ola es más de 2,5 veces mayor que en la primera ola. Desde el inicio de la pandemia, poco más del 10% de la población reclusa total ha dado positivo por COVID-19, que es una tasa de infección significativamente más alta que en la población general. Estos datos sugerirían que, al igual que otros entornos de vida congregada, las prisiones son mucho más susceptibles a la transmisión generalizada del virus.
La diferencia es que las prisiones son entornos de congregación forzosa donde las personas se mantienen en estrecha proximidad entre sí, con poca o ninguna posibilidad de distanciamiento social. Para los presos ancianos y los que tienen una situación médica delicada, el riesgo de contraer la enfermedad puede alterar la vida o incluso ser mortal. Sigo preocupado por el carácter acumulativo y, en algunos casos, indefinido del confinamiento restrictivo y los periodos prolongados de cierres sobre la salud física y el bienestar mental de los reclusos.
Las medidas que se han adoptado para controlar los brotes – aislamiento casi total en la celda, ejercicio al aire libre una vez cada dos o tres días, 20 minutos de tiempo fuera de la celda al día cada dos días para ducharse o usar el teléfono – son excepcionales y difíciles. Hay que reconocer que la respuesta del CSC a la pandemia sigue evolucionando a medida que se aprende más sobre la enfermedad y cómo se puede evitar o contener su propagación en las prisiones. Hemos visto muchas más pruebas masivas en prisiones durante la segunda ola.
El CSC ha mejorado su capacidad de visitas por vídeo, permitiendo que los reclusos permanezcan conectados con sus familiares y seres queridos cuando la mayoría de las prisiones todavía están cerradas a visitas externas. El CSC también ha abierto sus puertas a la Cruz Roja Canadiense, que les ayuda a gestionar brotes de mayor magnitud. La vacunación de los reclusos ha comenzado, y me parece alentador que el CSC siga los consejos y las orientaciones del Comité Consultivo Nacional de Vacunación. Sin embargo, se podría hacer más.
Todavía no tenemos un plan coordinado que permita trasladar a entornos comunitarios a los ancianos o a los que tienen una situación médica delicada, que no suponen un riesgo para la seguridad pública. He pedido que se lleven a cabo más programas en la comunidad. Creo que ha llegado el momento de reasignar personal y recursos para apoyar mejor la reinserción comunitaria segura, oportuna y saludable, y examinar el cierre gradual de algunas cárceles viejas y anticuadas, algunas de las cuales se han visto especialmente afectadas por la COVID-19.
Ahora estamos llevando a cabo visitas a través de videollamadas con reclusos (...)Hemos cambiado por completo nuestro modelo, sin embargo estamos deseando volver a los centros penitenciarios.
¿Cuáles han sido el impacto y los principales desafíos de la pandemia en cuanto al servicio brindado por la OCI?
IZ: Tuvimos que suspender nuestras visitas a las instituciones penitenciarias. En la primera ola, se cerraron a los visitantes, incluida mi oficina, a partir de mediados de marzo. Tuvimos que adaptarnos. La mayoría del personal continúa trabajando de forma remota, pero hemos mantenido un nivel esencial de servicios y operaciones. Mantenemos contactos regulares con los comités de reclusos, la gerencia y los jefes de atención médica semanalmente. En junio y julio de 2020, recomenzamos a visitar prisiones en Ontario y Quebec, a las que se podía ir y volver en el mismo día. Realizamos una decena de estas visitas, y luego, en cuanto se produjeron más casos y llegó la segunda ola, tuvimos que parar de hacerlas. Ahora estamos llevando a cabo visitas a través de videollamadas con reclusos.
Por lo general, anunciaríamos las visitas con dos semanas de antelación, los reclusos proporcionarían sus nombres si deseaban vernos, y los entrevistaríamos y mantendríamos sesiones informativas con los encargados al final de nuestras visitas. Estamos realizando todo eso, pero virtualmente. Hemos cambiado por completo nuestro modelo. Estamos deseando volver a los centros penitenciarios y creo firmemente que las visitas e inspecciones in situ son una parte esencial del cumplimiento de nuestro mandato legal.
JT: Usted preside la “Red de Expertos de la ICPA sobre Supervisión Externa de Prisiones y Derechos Humanos”.
¿Qué trabajo está llevando a cabo esta red y cuáles son las ventajas de que los representantes de la supervisión penitenciaria de todo el mundo estén conectados en red?
IZ: La Red de Expertos de la ICPA sobre Supervisión Externa de Prisiones y Derechos Humanos se puso en marcha en el otoño de 2018 y ahora cuenta con más de cien miembros y aproximadamente treinta terceros que se suscriben a nuestros boletines, de veintiocho países de todo el mundo. Esta red busca facilitar un diálogo constructivo y profesional entre las organizaciones responsables de la supervisión externa de prisiones y las autoridades penitenciarias supervisionadas. La misión de la red es compartir información, mejores prácticas y conocimiento sobre la supervisión externa efectiva de prisiones. Hasta la fecha, hemos publicado seis boletines que cubren varios temas, que incluyen el régimen de aislamiento, los derechos humanos en prisiones y la independencia de los órganos de supervisión.
Desde la primera ola de la COVID-19, publicamos dos boletines informativos que analizan la supervisión y monitoreo de prisiones durante una pandemia y el uso del aislamiento médico y la cuarentena en las prisiones. La respuesta a estos boletines ha sido abrumadoramente positiva. Los miembros han expresado que los boletines informativos han sido recursos importantes, que proporcionan información para su trabajo sobre el terreno. Otros han comunicado lo valioso que es escuchar a órganos de supervisión en otras jurisdicciones que se enfrentan a problemas similares. A veces damos por sentadas las normas y los estándares.
Creemos que nuestra experiencia es universal y nos volvemos inflexibles en la forma en que abordamos los problemas. Al participar en un intercambio global de información, somos conscientes de la diversidad de la experiencia humana, incluso en un ámbito reducido como la supervisión de prisiones. Espero que a través de esta sensibilización, las personas que trabajan en mi campo o las que generalmente participan en administración penitenciaria se vuelvan más flexibles en la forma en que abordan el importante trabajo que hacemos.
Ivan Zinger
Investigador Correccional de Canadá
Ivan Zinger fue nombrado Investigador Correccional de Canadá en 2017. Se incorporó a esta Oficina en 2004 y se convirtió en su director ejecutivo y en consejero general cinco años después. El Dr. Zinger ocupó anteriormente varios puestos de alta dirección, políticas e investigación en departamentos de seguridad pública y organismos federales desde que se incorporó a la administración pública en 1996. Tiene una licenciatura en Derecho consuetudinario y un doctorado en Psicología de la conducta delictiva. Además, es Profesor adjunto del Departamento de Derecho de la Universidad de Carleton.
