Entrevista
Victor Dickson
Presidente y director general de la Fundación Safer, Estados Unidos de América
¿Quiénes son exactamente los clientes de la Fundación Safer y cómo les apoya para ser ciudadanos que respetan la ley?
VD: Durante casi cincuenta años, la Fundación Safer ha brindado servicios de desarrollo laboral para personas que tienen un historial de arresto y condena en los estados de Illinois y Iowa. Nuestros clientes son personas que se encuentran actualmente encarceladas en prisiones estatales, cárceles del condado, en espera de juicio, en libertad condicional o vigilada, o en la comunidad y que ya no están bajo supervisión. Safer apoya a las personas independientemente de la naturaleza de su condena penal o del momento en que tuvo lugar la condena. Nuestros clientes pueden tener antecedentes penales de un caso que ocurrió hace décadas, pero necesitan ayuda hoy.
Además, servimos a hombres, mujeres y jóvenes involucrados en el sistema de justicia. Somos una organización no gubernamental (ONG) financiada por el gobierno federal/estatal/local de Estados Unidos, filántropos y donantes privados. La Fundación Safer también opera numerosas empresas sociales diseñadas para proporcionar oportunidades de formación y empleo a nuestros clientes y generar ingresos de explotación para la agencia. Estas empresas incluyen una compañía de construcción, una agencia de contratación alternativa y un call center. Creemos que la clave para que nuestros clientes se conviertan en ciudadanos que respetan la ley es que se conviertan en ciudadanos plenamente funcionales y capaces de mantenerse a sí mismos y a sus familias económicamente.
Para llegar a ser plenamente funcionales y autosuficientes es necesario que les ayudemos con una amplia gama de programas y servicios. Nuestro propósito es ayudar nuestros clientes a que sean contratados por el sector privado, con oportunidades de salario digno o que se conviertan en emprendedores. Para lograr ese objetivo es necesario que les ayudemos con una amplia gama de necesidades que incluyen vivienda, desintoxicación, servicios de trauma y salud mental, vínculos con los servicios de salud física, establecer un puente entre la educación académica, la formación profesional y las certificaciones, preparación para el empleo, servicios de colocación laboral y mantenimiento del empleo.
¿Cuáles son los logros más importantes de la Fundación Safer hasta la fecha?
VD: Los principales logros incluyen la elaboración del modelo de desarrollo de la mano de obra: ASCEND. Este modelo utiliza intervenciones basadas en evidencia que han demostrado ser efectivas en una reinserción con éxito. Además, nuestros logros también incluyen la obtención de licencias para servicios de tratamiento de abuso de sustancias, la operación de centros de libertad condicional financiados por el estado dónde los reclusos trabajan fuera de las cárceles, logros políticos, de promoción y legislativos que eliminan las barreras al empleo y servir como intermediario fiscal y de programas federales y estatales.
Las personas con antecedentes penales se enfrentan más de cuarenta mil consecuencias colaterales que los limitan a una ciudadanía de segunda clase.
JT: Safer es la única agencia sin ánimo de lucro que opera dos Centros Transitorios para Adultos (ATC, por sus siglas en inglés) seguros en nombre del Departamento de Instituciones Penitenciarias de Illinois.
¿En qué consisten estos centros y cómo es la relación de asociación entre Safer y el departamento correccional estatal?
VD: Los ATC son centros residenciales de trabajo que albergan a 650 reclusos del sistema penitenciario estatal que están cumpliendo los dos últimos años de su condena. Los ATC brindan una amplia gama de servicios para equipar y preparar a los reclusos para el empleo en el sector privado y su reinserción en la comunidad y sus familias. Los servicios del ATC incluyen un puente entre la educación académica, la preparación de pruebas y del examen de equivalencia para la Educación Secundaria, la terapia individual y en grupo contra el abuso de sustancias, el tratamiento de la drogodependencia asistido con medicación, formación profesional y programas de certificaciones, programas de formación para los progenitores y de reunificación familiar, servicios de colocación laboral y mantenimiento del empleo.
Los reclusos que se matriculan a través de nuestros ATC tienen una tasa de reincidencia aproximadamente un 50% inferior que la de los reclusos puestos en libertad directamente de la prisión estatal. Safer ha gestionado ATC para el Departamento de Instituciones Penitenciarias de Illinois durante casi cuarenta años. Nuestra relación es contractual, o sea, el Departamento de Instituciones Penitenciarias es nuestro cliente y debemos asegurarnos continuamente de que nuestro cliente esté satisfecho con el nivel de servicio que ofrecemos. Además, nuestros ATC están certificados por la Asociación Americana de Correcciones, certificados para cumplir con la Ley para la Eliminación de Violaciones en Prisión y certificados por el departamento de correccional de Illinois anualmente.
¿Cuál es su visión transversal sobre la evolución de los principales desafíos que impiden mejores resultados para las personas con antecedentes penales? ¿Qué necesita cambiar?
VD: Los principales desafíos que impiden resultados mejores para las personas con antecedentes penales comienzan con la falta de comprensión, en la sociedad, en general, sobre las consecuencias colaterales de tener antecedentes penales y cómo eso crea una discapacidad social de por vida. La Dra. Keesha Middlemass, de la Universidad de Howard, es autora de un libro titulado «Convicted and Condemned» y ella describe la condena penal como una «discapacidad social». Una discapacidad que inhibe el pleno funcionamiento del individuo y la participación social, en muchos aspectos de la misma manera que las personas que tienen discapacidades físicas.
Ella sostiene que sin la intervención social y legal para eliminar la discapacidad, las personas con antecedentes nunca se convertirían en miembros plenamente funcionales y productivos. Las personas con antecedentes penales se enfrentan más de cuarenta mil consecuencias colaterales, barreras que los limitan a una ciudadanía de segunda clase. Estas barreras representan políticas y leyes promulgadas localmente en los cincuenta estados de América. Por lo tanto, eliminar estas consecuencias colaterales se convierte en una tarea enorme porque cada estado requiere una acción individual. Uno de los factores más importantes es la ignorancia de la población en general con respecto a estas barreras y el gran número de personas con antecedentes penales.
En los Estados Unidos de América más de setenta millones de personas – aproximadamente el 25% de la población – tienen un historial de arresto o condena que los hace vulnerables a estas consecuencias colaterales. Otro punto de desconocimiento es la relación entre los antecedentes penales y otros problemas socioeconómicos a los que se enfrentan las personas en nuestra sociedad. La relación de causa o efecto no está clara, pero lo que sí está claro es que las personas con antecedentes están representadas de manera desproporcionada en casi todos los ámbitos del problema socioeconómico.
Son desproporcionadamente pobres, desproporcionadamente sin hogar, desproporcionadamente desempleadas, desproporcionadamente adictas, padecen problemas de salud mental desproporcionadamente, desproporcionadamente analfabetas y, por supuesto, están desproporcionadamente atrapadas en nuestro sistema de justicia penal. Las cosas que deben cambiar incluyen nuestras leyes, políticas y prácticas en el gobierno y el sector privado. Debemos continuar eliminando las barreras laborales como las leyes sobre licencias ocupacionales que impiden que las personas con antecedentes entren en una amplia gama de carreras.
Además, necesitamos reformas penales para abordar la duración innecesaria y el enfoque punitivo de las correcciones; también habría que eliminar la f ianza en efectivo que resulta de manera desproporcionada en la detención de los pobres y las minorías. Además, daríamos la bienvenida a la expansión de las leyes de sellado y eliminación de antecedentes penales para eliminar el castigo de por vida para las personas con antecedentes. Y, por supuesto, las reformas policiales son fundamentales para brindar equidad racial a la aplicación de las leyes.
Por lo tanto, se necesita una amplia gama de cambios para comenzar a reducir la cantidad de personas que se introducen en nuestro sistema de justicia penal y reducir nuestra población reclusa. Hay que garantizar que quiénes no son una amenaza para la seguridad pública no sean encarcelados innecesariamente y que las personas encarceladas reciben realmente una rehabilitación y los servicios integrales que necesitan, una vez liberadas, para que se rompa el ciclo de la reincidencia.
Los principales desafíos que impiden resultados mejores para las personas con antecedentes penales comienzan con la falta de comprensión, en la sociedad, sobre las consecuencias colaterales de tener antecedentes penales y cómo eso crea una discapacidad social de por vida.
En su opinión, ¿en qué medida la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias agravan los desafíos de reintegración de quiénes están en conflicto con la ley penal?
VD: La COVID-19 ha permitido que todos vean los problemas que han existido en nuestra sociedad desde el principio. Cuando la COVID-19 comenzó en nuestro estado, el Gobernador y el departamento penitenciario pidieron a la Fundación Safer que ayudara a los presos a los que se les había concedido la liberación anticipada para reducir el hacinamiento y evitar una propagación catastrófica de la COVID-19 en el sistema. En una semana, reunimos un equipo de agencias asociadas y comenzamos a apoyar a las personas inmediatamente después de su regreso a la comunidad. Establecimos una función de clasificación para evaluar las necesidades, vinculamos a las personas con los Navegadores de Reinserción para conectarlos con los diversos servicios y programas necesarios.
Una de las consecuencias de la COVID-19 fue que las familias y los amigos con quienes los reclusos normalmente buscaban una vivienda estaban sufriendo las consecuencias económicas negativas de la pandemia. Muchas familias habían perdido sus trabajos y ahora se enfrentaban a la precariedad de la vivienda y, sin embargo, se les pedía que recibieran inesperadamente a un miembro de la familia que acababa de salir de la cárcel. La crisis de salud pública creó una situación en la que los reclusos regresaban a los hogares que ya sufrían dificultades económicas y ahora hay otra boca que alimentar sin una fuente de ingresos.
Además, en algunos casos los excarcelados han tenido una atención médica deficiente, padecen enfermedades crónicas y son aún más susceptibles al virus. Siempre se han enfrentado a la precariedad de la vivienda, a la falta de recursos básicos como alimentos y ropa, a las necesidades de transporte, a las necesidades de salud del comportamiento y de atención sanitaria física. Ahora han regresado a una sociedad donde esas necesidades son aún más pronunciadas para las personas sin antecedentes.
Con el apoyo filantrópico pudimos proporcionar paquetes de atención para las personas que salían de la cárcel debido a la COVID-19, que incluía alimentos, ropa, artículos de aseo, acceso a la tecnología, asistencia para la vivienda y el empleo. La desaceleración de la economía hizo que encontrar empleo fuera aún más difícil para las personas con antecedentes. Los estudios han demostrado que, en épocas normales, las personas que salen de prisión tienen una tasa de desempleo del 27% un año entero después de su liberación. Esta tasa de desempleo es más alta que la que experimentaron los estadounidenses durante la Gran Depresión. Uno solo puede imaginar cuál es la de tasa de desempleo ahora cuando la sociedad está experimentando el trauma económico de la COVID-19.
Esta pandemia ha hecho más visibles la experiencia y las necesidades de las personas después de salir de la cárcel. La pandemia de la COVID-19 ha hecho que seamos plenamente conscientes de las disparidades respecto a la salud, el empleo y el acceso a los recursos. También ha hecho que reconozcamos que estos problemas se multiplican por diez para las personas con antecedentes penales, especialmente las que salen de prisión durante la pandemia. Pero también hemos visto que podemos implementar un enfoque holístico para ayudar eficazmente a los residentes que regresan, que implementamos durante la pandemia.
Ese enfoque holístico se llamó PEERR™ (Programa de respuesta a la liberación temprana de emergencia). Los lectores pueden ver el informe sobre el programa PEERR™. Este programa representa el modelo de coordinación previa y posterior a la liberación y los servicios integrales necesarios para los residentes que regresan y más allá de la pandemia. Nuestro éxito en la mejora de las vidas de nuestros clientes requiere reformas del sistema judicial a escala nacional y estatal, cambios de políticas y legislativos, cambios en las políticas y prácticas laborales y la ampliación de los servicios de reinserción integrales/holísticos con una coordinación previa y posterior a la liberación.
Victor Dickson
Presidente y director general de la Fundación Safer, Estados Unidos de América
Victor Dickson se unió a Safer como presidente en 2013. Su experiencia incluye más de veinte años en el sector corporativo donde ha ocupado diversos puestos de liderazgo, pero sus raíces están en el servicio social. Ejerció funciones durante seis años como director de operaciones de una superiglesia, donde dirigió una variedad de entidades que brindan servicios sociales, educación y socorro, a escala local e internacional. Ha formado parte de juntas y comisiones, incluida la Comisión de Servicios Humanos de Illinois, la Comisión de Illinois para Eliminar la Pobreza, la Junta de Oportunidades de Innovación de los Trabajadores de Illinois, entre otras. Se graduó en la Universidad Roosevelt, en Chicago.
