Interview
Dan Halchin
Doctor, Director General de la Administración Penitenciaria rumana
La sobrepoblación continúa siendo un problema en las prisiones rumanas. El informe más reciente del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa identifica unas cuantas áreas en las que existe margen de mejora. Por ejemplo, mejora de las condiciones de vida, la oferta actividades con sentido que ayuden a los presos a prepararse para la reintegración social, el incremento de la plantilla de funcionarios de prisiones y la garantía de servicios de atención sanitaria adecuados.
En esta entrevista, el director general revela la estrategia para enfrentar los desafíos y habla sobre los avances logrados. Existe un sólido compromiso con la reforma y modernización del sistema penitenciario, que sería un camino difícil sin la cooperación externa, especialmente de Noruega.
¿Cuáles han sido sus prioridades al abordar los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario? ¿Qué avances y desarrollos le gustaría señalar hasta el momento?
DH: Conozco plenamente las dificultades existentes en nuestro sistema. Pese a que algunas preocupaciones pueden y deben abordarse, hemos priorizado mejorar y ampliar la infraestructura física. Es difícil ejercer una influencia positiva en los reclusos y rehabilitarlos si nuestras instalaciones penitenciarias son pobres, obsoletas o inadecuadas.
En 2020, el gobierno rumano emitió un Memorando Nacional para abordar esta cuestión. En resumen, hacia el final de 2025, muchas de las prisiones actuales habrán ampliado su capacidad y estaremos construyendo dos prisiones nuevas. Se añadirán casi 8.000 nuevas plazas a la capacidad existente. Actualmente, el número de plazas es para aproximadamente veinte mil reclusos.
Hasta el momento, el plan de ruta a cinco años para estas ampliaciones avanza según las previsiones. Para 2021 habíamos planeado incrementar la capacidad en 210 nuevas plazas; conseguimos superarla. Este año (2022), vamos en camino de incorporar 445 nuevas plazas. Con las ampliaciones y las nuevas prisiones, incrementaremos la capacidad en 1.275 plazas en 2023. En 2024 se añadirán otras 5.419 camas, y en 2025 se añadirán 500.
El progreso ha sido sustancial en la creación de una arquitectura para la rehabilitación, y nuestras tasas de reincidencia lo reflejan claramente. Asistimos a un claro declive de la reincidencia.”
El progreso ha sido sustancial en la creación de una arquitectura para la rehabilitación, y nuestras tasas de reincidencia lo reflejan claramente. Asistimos a un claro declive de la reincidencia.
En 2010, la tasa de reincidencia era del 43%; en 2021 había descendido al 37%. Ofrecemos programas de asistencia educativa, psicológica y social basados en las necesidades individuales de cada recluso.
Partimos de un proceso de evaluación multidisciplinar como base para el plan de intervención individualizado. Los programas en educación, capacitación y ciudadanía abarcan escolarización, formación profesional, información y cultura, talleres religiosos y morales, aficiones y actividades profesionales, deportes, competiciones y encuentros recreativos, además de acontecimientos culturales/artísticos. También contamos con asesoramiento psicológico, psicoterapia, prevención del riesgo de suicidio y programas para los internos con trastornos mentales, drogadicciones, conducta agresiva. También contamos con un programa para internos con condenas por delitos contra la libertad sexual.
Nos centramos también en programas de asistencia social; en particular, de educación familiar y de refuerzo de la relación entre los reclusos y sus redes de apoyo, prevención de la violencia doméstica, mediación social y trabajo social individualizado, entre otras intervenciones.
Rumanía introdujo una disposición legal con enmiendas específicas que abordaban la prisión preventiva. Aprobada dicha ley, el número de presos preventivos pasó de 3.753 a 3.037. (…) Y con las nuevas medidas preventivas, el número de reclusos sujetos a medidas cautelares se redujo en prácticamente el 50%.
JT: El uso excesivo de la prisión preventiva suele ser un problema en Europa y en todas partes. Sin embargo, en Rumanía el porcentaje de personas en prisión a la espera de juicio es muy bajo si se compara con la media europea.
¿Qué medidas se han considerado o se están considerando para apoyar alternativas al encarcelamiento y reducir la prisión preventiva? ¿Qué papel le corresponde a la administración de centros penitenciarios en el diseño de dichas políticas?
DH: Por lo que a prisiones se refiere, hemos señalado constantemente que el uso excesivo de la prisión preventiva tiene efectos adversos, principalmente el de la sobrepoblación. Además, dada la incertidumbre relacionada con esta categoría de reclusos, la planificación de la ejecución de la sentencia y la rehabilitación quedan en suspenso.
En 2003, cuando nuestra población reclusa superaba la cifra de 48.000 personas, Rumanía introdujo una disposición legal con enmiendas específicas que abordaban la prisión preventiva. Aprobada dicha ley, el número de presos preventivos pasó de 3.753 a 3.037.
Tras la entrada en vigor del nuevo Código penal y de la nueva Ley de enjuiciamiento penal, en febrero de 2014, dadas las nuevas medidas preventivas adoptadas, el número de reclusos sujetos a medidas cautelares se redujo en prácticamente el 50%.
El hito se logró porque los tribunales, progresivamente, proponían más medidas alternativas que no pasaban por el internamiento; por ejemplo, el control judicial y el arresto domiciliario. Actualmente, son 2.400 las personas que permanecen en custodia como medida cautelar. En 2020, el Parlamento rumano aprobó una nueva ley que proporciona la base jurídica y las directrices para la implantación de un sistema de monitoreo electrónico de los delincuentes, como medida alternativa al internamiento.
Actualmente, la administración de prisiones trabaja en la ejecución de este proyecto en cooperación con el Ministerio del Interior, la Dirección de Libertad Condicional y Servicio de Comunicaciones del Gobierno. Confiamos que, una vez puesto en práctica, el número de internos en prisión preventiva se reducirá aún más.
¿Qué más puede decirnos acerca de la adopción del monitoreo electrónico en Rumanía?
DH: Según la legislación rumana, la Policía y la administración penitenciaria pueden utilizar los sistemas de monitoreo electrónico para fines de control judicial, control judicial en la libertad bajo fianza, arresto domiciliario u otras medidas restrictivas. También pueden utilizarse para el seguimiento a distancia de los reclusos que cumplen medidas judiciales previas al juicio o comunitarias.
El sistema de prisiones puede recurrir al monitoreo electrónico para incrementar la seguridad; en el ámbito de las actividades relacionadas con la rehabilitación y la reintegración y en la vigilancia de los reclusos que salen de permiso.
Consideramos que el monitoreo electrónico puede aplicarse a todas las categorías de internos cuando estos se encuentran fuera del lugar de detención; por ejemplo, cuando desempeñan una actividad laboral fuera de las instalaciones de la prisión. De una media sistémica de 3.300 reclusos en régimen abierto, se estima que 300 de los que trabajan estarán sujetos al monitoreo electrónico.
Veo en el monitoreo electrónico un perfeccionamiento de la seguridad en ciertas situaciones y lugares. Otras ventajas son la mayor implicación de los internos en las actividades laborales y un uso más mesurado del personal mediante la reducción de costes y la optimización de los recursos humanos.
El monitoreo electrónico puede también tener un impacto significativo en la población sujeta a medidas cautelares. De las 2.400 personas que actualmente se encuentran en prisión a la espera de juicio, hasta 480 podrían recibir una medida judicial o una orden restrictiva mediante el monitoreo electrónico.
En 2020, el Parlamento rumano aprobó una nueva ley que proporciona la base jurídica y las directrices para la implantación de un sistema de monitoreo electrónico. El monitoreo electrónico puede también tener un impacto significativo en la población sujeta a medidas cautelares.”
¿Cuáles son las prioridades del sistema de prisiones rumano en cuanto respecta a modernización digital? ¿Qué innovaciones son más necesarias para mejorar la misión del organismo?
DH: La interacción diaria entre los reclusos y la administración de la prisión todavía tiene lugar mediante papel y bolígrafo. Se trata de un sistema que es poco fiable y genera una gran carga de trabajo burocrático. Actualmente exploramos un software de gestión documental robusto que debería permitir la cooperación continua entre la sede y cada unidad carcelaria. Confiamos en que hacia el final de 2024 podremos gestionar el 99% de los documentos en un entorno electrónico centralizado. Además, a través de un proyecto financiado por la Unión Europea, estamos desarrollando nuevo software para gestionar los expedientes de los presos. El coste de la inversión ronda los 1,2 millones de euros.
Finalmente, estamos sopesando la posibilidad de ofrecer acceso a gran escala a libros digitales en todas las prisiones. Se espera que esta medida tendrá un impacto importante en la rehabilitación de los reclusos, especialmente porque se abordará la cuestión del analfabetismo (más del 6% de los reclusos son analfabetos) y otras vulnerabilidades.
JT: Diferentes programas y organizaciones multilaterales apoyan la modernización del sistema de prisiones rumano.
¿Puede explicar la importancia de los acuerdos de cooperación, en particular el acuerdo con Noruega, en materia de ayudas?
DH: Queremos reforzar las relaciones actuales con diversos sistemas penitenciarios y de reinserción de muchos países. En este contexto, las relaciones bilaterales entre Rumanía y Noruega son especialmente relevantes.
Desde 2014, hemos construido una sólida relación con el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional noruego. Del fructífero intercambio de buenas prácticas resultaron varios proyectos financiados por el Mecanismo Financiero Noruego (NFM) de 2009-2014, en estrecha colaboración con socios del servicio de prisiones del país. Actualmente estamos implantando cuatro proyectos financiados a través del NFM 2014-2021, aprovechando la excelente relación previamente iniciada. La suma global de los proyectos en curso en el marco de las ayudas procedentes de Noruega ronda la suma de 43 millones de euros. La mayor parte de la financiación (31 millones) se aplica a la financiar el denominado Proyecto del sector penitenciario.
El Proyecto del sector penitenciario tiene por finalidad mejorar la capacidad de las prisiones y la libertad condicional en Rumanía, además de prestar servicios de reintegración a los delincuentes (reclusos, personas que han cumplido condena o personas que cumplen condena en la comunidad). La estrategia principal de la iniciativa consiste en poner en práctica el principio noruego de la «fluidez», e invertir en el desarrollo del capital humano.
El concepto de «fluidez» busca la cooperación estructurada y mejorada entre la prisión y la libertad condicional, que en Rumanía son dos sistemas diferentes. Además, en el proyecto se trabaja para perfeccionar la colaboración con las autoridades locales y así asegurar un enfoque integrado para las intervenciones dirigidas a delincuentes y una transición natural de la prisión a la comunidad.
Además de crear nueva infraestructura, el proyecto prevé el establecimiento de diversos centros penitenciarios piloto. Es una primicia para Rumanía, ya que las nuevas instalaciones constituirán el escenario donde se replanteará la dinámica de la relación entre prisiones y el sistema de la libertad condicional.
Otra mejora fundamental que vendrá de la mano de esta iniciativa es la modernización de la Escuela Nacional de Capacitación para el Personal de Prisiones. El proyecto arrancó a finales de agosto de 2019, y su finalización está prevista para abril de 2024.
Estoy satisfecho de que diversos hitos importantes del proyecto ya se hayan alcanzado. Concluimos la primera evaluación de los instrumentos de reintegración social, la concienciación de la diversidad intercultural de los delincuentes y la evaluación de la comunicación organizativa a nivel tanto interno como externo. Y hemos formado al personal de prisiones en materia de comunicación. Logramos completar la fase de diseño (incluidos el estudio de viabilidad y la documentación del diseño técnico) en gran parte de los centros penitenciarios piloto, y pronto pondremos en marcha la fase de licitación para la ejecución de las obras.
Nos hemos esforzado mucho para avanzar en las actividades del proyecto, pero también para iniciar otras nuevas actividades; por ejemplo, el primer diagnóstico organizativo de instituciones penitenciarias, elaborando la metodología de trabajo para aplicar el principio de la «fluidez». Finalmente, hemos formado a muchos funcionarios de prisiones en diversas materias.
4NORM(-ality) es otro proyecto financiado por EEA and Norway Grants. Está presupuestado 5 millones de euros.
Con él se persigue mejorar la reintegración social de las personas que cumplen condena en tres de nuestras prisiones. Tiene como metas la formación del personal, la creación de una nueva unidad de investigación en el seno de la Administración Penitenciaria, y el refuerzo del departamento de investigación existente en la Dirección de la Libertad Condicional.
Además, el proyecto busca también mejorar las condiciones de detención y laborales de los reclusos; establecer una oficina de actividad en una prisión; capacitar a los presos según las demandas actuales del mercado laboral y desarrollar un programa de rendición de cuentas para los reclusos, basado en las recomendaciones del Consejo de Europa. El proyecto 4NORM(-ality) también prevé explícitamente la inclusión y el empoderamiento de los delincuentes de etnia gitana, y la inclusión social de otros grupos de reclusos en situación de vulnerabilidad.
El programa de rendición de cuentas, la capacitación de funcionarios y otras medidas de reintegración posteriores a la puesta en libertad contribuyen a tales objetivos. Este proyecto tiene en cuenta especialmente la igualdad de género, la no discriminación, la transparencia y la lucha contra la corrupción, ya que son cuestiones transversales.
El programa de rendición de cuentas se ha desarrollado con expertos noruegos. Se propone, principalmente, preparar del modo adecuado la puesta en libertad y el logro de una reintegración social sin incidencias. La misión final es reducir la reincidencia. Al mismo tiempo, formamos a los funcionarios de prisiones sobre el principio de la normalidad. El programa se está probando con más de 100 reclusos en tres prisiones.
La Administración Penitenciaria también es responsable del proyecto SECURE (la sigla de «Safe and Educated Community Undertaking Responsible Engagement») (una comunidad segura, educada e implicada con responsabilidad).
Este proyecto analizará las causas de la reiteración en la actividad delictiva y apoyará las políticas públicas de reducción de la reincidencia en Rumanía. Trabajamos en esta iniciativa con la Dirección de Prevención de la Delincuencia del Ministerio de Justicia.
Incorpora un programa multidisciplinar para delincuentes violentos y con adicción a las drogas; el objetivo es desarrollar sus habilidades prosociales. Se trata de facilitar el paso de su régimen a una reintegración social completa.
El proyecto permitirá el establecimiento de un nuevo pabellón polifuncional en la prisión de Mărgineni, con espacios para incrementar la responsabilidad y la autonomía de los detenidos y presentar iniciativas de rehabilitación y reintegración.
Finalmente, también promovemos el proyecto «CHILD – Child Inclusion Learning and Developing» en colaboración con el Centro Educativo Târgu Ocna y el Ayuntamiento de esta ciudad.
Con un presupuesto de alrededor de 1,5 millones de euros, promovemos la reintegración social de menores y jóvenes a través de la mejora de las actividades educativas y la asistencia especializada ofrecida por el Centro Educativo Târgu Ocna.
Confiamos en que los proyectos financiados por las ayudas noruegas contribuirán a hacer que el delincuente rumano pase de ser una «persona socialmente asistida» a ser un ciudadano responsable que sea un empleado responsable, un padre atento y un buen vecino.”
Usted se inició en el cargo de director general durante la pandemia de COVID-19. ¿A qué dificultades se enfrentó la prisión?
DH: Me enfrenté a la pandemia de COVID-19 como director de una prisión y como director general de la administración penitenciaria. El período ha sido bastante difícil para mí en ambos cargos, ya que nadie tenía una hoja de ruta o una lista de verificaciones para resolver una situación tan terrible.
Sin embargo, con una planificación cuidadosa y gran comprensión y dedicación por parte de los reclusos y el personal, pudimos superar los escollos con una calma relativa. Afortunadamente, durante la pandemia, no hubo motines, ni contagios masivos u otras fatalidades. Elaboramos un plan maestro que cubría cada aspecto de las actividades de la prisión y de los derechos de los reclusos. Intentamos evitar la expansión del virus SARS-CoV-2 en las prisiones mediante el distanciamiento social, la intensificación de la higiene y el suministro de máscaras de protección facial a los reclusos.
Otras medidas fueron la limitación y el control de los contactos externos: reducimos el número de estaciones de trabajo y pusimos pantallas acrílicas de separación en las salas de visitas.
La participación en las actividades programadas se realizó en grupos reducidos, de acuerdo con las restricciones impuestas, y las transferencias de reclusos entre unidades carcelarias fueron limitadas. Intentamos garantizar la máxima intervención en educación, por lo que pusimos en marcha la formación a distancia.
Solo durante el estado de alarma, que duró dos meses al inicio de la pandemia, tuvimos que restringir las visitas y los permisos de salida. Los reanudamos tan pronto como las autoridades nacionales levantaron el estado de emergencia.
En general, no suspendimos el régimen de visitas en nuestras prisiones. Las visitas solo se pospusieron en el caso de los reclusos que dieron un resultado positivo en un test de COVID-19, para cumplir las cuarentenas obligatorias.
A fin de mantener la conexión con la red de apoyo, incrementamos los límites de llamada telefónica diaria hasta 45 minutos para los presos que cumplen condena en un régimen de máxima seguridad. Los presos que se encuentran en otros regímenes pudieron hacer llamadas diarias de hasta 75 minutos.
Racionalizamos las llamadas en línea en función del número de visitas a las que cada recluso tenía derecho. Además, recurrimos a las comunicaciones virtuales para las audiencias ante el tribunal.
A continuación, durante el estado de alerta, continuamos ofreciendo comunicaciones en línea a los reclusos, de acuerdo con las disposiciones de la Ley n.º 55/220 sobre Medidas para prevenir y contrarrestar los efectos de la pandemia de COVID-19. En comparación con 2020, el porcentaje de comunicaciones en línea fue superior en un 22%.
La legislación nacional incluyó disposiciones beneficiosas para nuestro servicio, que se han mantenido hasta la fecha presente. El notable esfuerzo por parte del personal para explicar la obligatoriedad de las restricciones y la importancia de la vacunación también es digno de mención. Gracias a un trabajo tan meticuloso, superamos el umbral del 80% de la población reclusa vacunada, el doble del porcentaje conseguido fuera de los muros de la prisión.
Dan Halchin
Doctor, Director General de la Administración Penitenciaria rumana
El comisario Dan Halchin (PhD) es un alto cargo de la policía penitenciaria, que acumula más de 20 años de experiencia. Ha sido director de prisión durante dos períodos (2006-2010 y 2017-2021), y ocupó el cargo de subdirector general entre 2015 y 2017. Su experiencia ha sido valiosa en dos misiones internacionales, en Kosovo y Libia, donde estuvo durante seis y nueve meses, respectivamente. Asumió el cargo de director general de la Administración Penitenciariarumana en abril de 2021. Supervisa 34 prisiones, 6 hospitales penitenciarios, 4 centros educativos y diversas unidades de apoyo; gestiona más de 23.000 reclusos y más de 13.000 funcionarios.
