// Entrevista: Emiliano Blanco
Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal de Argentina
JT: Cuando tomó posesión su principal preocupación/objetivo era la seguridad pública, a la que quería alcanzar a través de la reducción de la reincidencia…
¿Cuál es el estado de avance de la realidad del sistema penitenciario argentino?
EB: En Latinoamérica se trabaja más con una lógica de reinserción social, es decir, se plantea esto desde una visión normativa: todos, bajo determinado tratamiento, logran una mejor readaptación, ponderando, sobre todo, variables que priorizan el trabajo y la educación. Nosotros instalamos el trabajo con evidencia empírica, y lo que hemos hecho es desarrollar y aplicar un esquema de riesgo en términos de reducción de reincidencia. Hemos trabajado los lineamientos desde un punto de vista criminológico, con dos objetivos claros de gestión: uno la seguridad pública y otro la reducción de reincidencia.
La primera medida en la que hemos avanzado es el desarrollo de nuestro propio sistema de clasificación inicial por riesgo. Es decir, trabajamos con nuestro equipo en definir las variables estáticas (antecedentes delictivos, motivos delictuales, gravedad de dichos delitos, etc.) y dinámicas de todos los internos, en un contexto donde no existía tal información de las variables estáticas de todos los internos alojados y mucho menos de las dinámicas. Se realizó una investigación criminológica en la cual se entrevistó a todos los internos alojados en el sistema para su clasificación por riesgo. Eso nos llevó a plantear la necesidad de re-categorizar los establecimientos penitenciarios con una perspectiva de seguridad y aseguramiento, es decir: prevención de fugas, suicidios y con el foco en la conflictividad.
También encaramos en paralelo un trabajo de relevamiento de todas las cuestiones de seguridad procedimental, dinámica y física, y revalorizamos los conceptos de categorización. Ahora, nos encontramos en la etapa de reasignar cada establecimiento de acuerdo a esa clasificación lo cual implica realojamiento y desarrollo de programas de tratamiento específico –por ejemplo: agresores sexuales u homicidas–. Asimismo, se están desarrollando diversos programas de abordaje para los grupos con necesidades especiales, (como ser madres con niños, colectivo LGTBI, mayores de 70 años, jóvenes adultos, entre otros.), de acuerdo a sus necesidades y riesgos.
JT: ¿Cuáles son los principales retos que se colocan al sistema penitenciario argentino en este momento?
EB: Como todo sistema penitenciario en Latinoamérica – y diría que mundial, pero por sobre todo en Latinoamérica – no estamos ajenos a los factores endógenos y exógenos, como siempre suelo decir, que son los que marcan la agenda. Administrar un 60% de procesados es un desafío porque lleva al predominio de una lógica de mera custodia. Desde la perspectiva del interno se hace muy difícil trabajar el sentido de integración en pos de la reducción de reincidencia, cuando la expectativa del interno es salir airoso de su juicio y el tiempo promedio del proceso es de dos años.
Obviamente la sobrepoblación es algo que nos marca la agenda día a día. Hoy estamos con una tasa de ocupación del 99%, lo que implica trabajar sin un coeficiente funcional ideal para reducir la violencia y los conflictos. Lamentablemente estas cuestiones no dependen estrictamente de las administraciones penitenciarias, nuestro rol, en estos momentos, creo que se agota en proponer y acompañar reformas de los sistemas de justicia criminal, en términos de medidas alternativas, o trabajar integralmente con el poder judicial a través de la implementación de medidas que no sean de custodia y sean sentencias directas de base comunitaria, que incluso, en términos académicos, son las que han resultado más efectivas a la hora de reducir la reincidencia. Existen, todavía en un estado inicial, pero estamos en los primeros pasos.
La tasa de encarcelamiento está creciendo y esto es un problema para todas las administraciones. De nuevo, eso siempre rodea a las administraciones penitenciarias, les marca la agenda, pero en definitiva no son los retos concretos o puntuales que tiene el sistema penitenciario por sí.
Nosotros tenemos que empezar a trabajar ya con resultados, en términos de medir la eficiencia de nuestros programas, desde los puntos criminógenos que identificamos, sean riesgos o necesidades y hay también que empezar a trabajar articuladamente la reducción de reincidencia real. Actualmente en términos de la medición de reincidencia, se utiliza un concepto puramente normativo, es decir, la declaración judicial de reincidencia, con lo cual el porcentaje suele ser menor al real. Es por ello que elegimos trabajar con un concepto de reiterancia, considerando “reiterante” a quien sea condenado y luego procesado, o bien dos veces procesado. En definitiva, es la medición más real que tiene el sistema y lo que nos permite ir viendo los resultados que también nos exige la sociedad. Y, por supuesto, prevenir fugas y reducir violencia.
JT: En el contexto penitenciario sur-americano, el sistema argentino es quizás de los que se encuentra menos sobrepoblado, aunque esté funcionando al límite, con infraestructuras obsoletas, déficits a varios niveles e inclusive, en el cual fueran hallados casos de tortura (fuente: El País, “Las cárceles argentinas, al límite”, 5 de Octubre de 2016)
¿Cómo comenta esta realidad?
EB: La sobrepoblación, o trabajar al límite, es un factor que complica mucho. Dificulta la clasificación de internos, la buena asignación de programas de tratamiento y también el control de otras cuestiones, labores que conforman una buena gerencia.
En Argentina tenemos diversos organismos de control sobre tortura, o condiciones de habitabilidad de nuestros establecimientos: están la Procuración Penitenciaria, el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría Oficial, cada uno de los jueces y también muchas ONGs. Con lo cual, si hay algo que tenemos son controles; diría que tenemos como mínimo trece organismos de control y uno de gestión. Tienen libre acceso a las unidades, se trabaja coordinadamente en varias de las recomendaciones que formulan y por supuesto, cualquier irregularidad detectada es investigada judicialmente.
Respecto del Servicio Penitenciario se trabaja con una lógica de monitoreo interno y también de prevención. Existen dos áreas puntuales para abordar los casos individuales, el Servicio de Monitoreo y la División de Asuntos Internos, donde existen investigaciones independientes y de existir alguna irregularidad, se toman las medidas administrativas que corresponda en cada caso, incluso separando a los agentes involucrados de la institución.
Por otro lado, contamos con un área interna de promoción de derechos humanos, que no sólo capacita al personal en este sentido, sino que también responde los reclamos que se efectúan a una línea directa gratuita para los internos o sus familiares. Creemos que es importante trabajar con los organismos de control a nivel local, e incluso con la comunidad internacional, en definir cuáles son las deficiencias propias del sistema, tanto en infraestructura, la capacitación de los agentes y ciertas rutinas que, lamentablemente, en distintas cárceles o prisiones, tienden a normalizarse. La solución está en la capacitación, la comunicación efectiva y la aplicación de protocolos objetivos simples; y desde ahí, se empieza a cambiar, me parece, la posibilidad de que surjan situaciones debido a las deficiencias del sistema.
Lo mismo ocurre con la corrupción. Si uno piensa en la corrupción directa, es mucho más fácil identificarla. Ahora, en los sistemas de administración penitenciaria, la figura omisiva, muchas veces, es la que conlleva a que se produzcan esas situaciones que pueden configurar actos de corrupción. Nosotros hemos trabajado con mapas de riesgo de corrupción tanto en unidades como con organismos e institutos. Hemos creado un servicio específico de anticorrupción que trabaja en la prevención transversal de situaciones que pueden derivar en el favorecimiento de actos de corrupción.
JT: ¿Qué acciones concretas están siendo tomadas y puestas en práctica en el sistema argentino, bajo su liderazgo, y cuáles son los objetivos prioritarios en este momento?
EB: Estamos encarando una fuerte política de bienestar del personal; pretendemos tener gabinetes exclusivos en cada uno de los establecimientos en donde se da asistencia. Hemos detectado muchos casos de estrés laboral, de burnout y tenemos equipos específicos trabajando esta temática.
Otra cuestión son los salarios; es frecuente la comparación en materia penitenciaria con la policía y hemos avanzado mucho en ese sentido, dándole valor y seguridad jurídica a la carrera penitenciaria.
Y después, hay algo que ha dado mucho resultado, a mi modo de ver, que son los distintos protocolos: de requisa, visitas y todos los protocolos que tienen un efecto directo en el día a día de la cárcel. Hemos trabajado en la generación de documentos que sean verdaderamente útiles para la práctica penitenciaria. Es muy común en las administraciones o incluso desde las posiciones directivas generar instrumentos que quizá sean muy buenos en el marco teórico, pero que después son de muy difícil aplicación. Nuestro objetivo ha sido invertir esa lógica, buscando generar protocolos que sean objetivos y simples. Los protocolos son elaborados por quienes operan día a día el sistema en base a los lineamientos generales impartidos desde la Dirección Nacional. Entonces me parece que eso es una buena práctica por dos motivos: en primer lugar porque se genera la escucha activa y real de quien opera en la primera línea del sistema, y en segundo lugar para que los mensajes, o los lineamientos, lleguen mucho más rápido. El Servicio es una gran estructura organizada verticalmente y esto hace que, muchas veces, la comunicación no tenga la efectividad deseada, tanto desde la Dirección Nacional a los agentes como viceversa. Mejorar la comunicación interna permite tener un contacto más real con lo que está pasando, y que las cuestiones definitivas tomen forma, y que las buenas prácticas e ideas, para mejorar el sistema, surjan desde el propio personal y puedan implementarse.
EB: Orgánicamente el Servicio Penitenciario Federal depende de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios que, a su vez, depende de la Dirección Nacional de Readaptación Social. El año pasado, el Ministro de Justicia ha emitido una resolución específica para el trabajo con pulseras electrónicas (monitoreo electrónico) en el que propone, y eso es un trabajo que se hace articuladamente, trabajar con los grupos de especial vulnerabilidad, es decir: mujeres con hijos, mayores de 70 años, LGTBI, etc. Entonces, con ciertos grupos que obviamente tienen especial necesidad y a quienes la cárcel puede hacer aún más vulnerables, se suele tener ese tipo de prioridades. Eso es la oferta que tiene el Poder Ejecutivo; desde el Servicio se ha trabajado de manera estructurada y constantemente se va trabajando con la Subsecretaría y con la Dirección de Readaptación Social. Siguen siendo los jueces, por supuesto, quienes deciden en un caso concreto si aplicar o no la figura de arresto domiciliario bajo monitoreo electrónico, incluso como alternativa a la prisión preventiva. Cada vez son más las jurisdicciones – al ser un sistema federal y provincial – que consultan sobre el funcionamiento de la pulsera electrónica; es una herramienta interesante que el Poder Judicial está empezando a ver con buenos ojos.
