// Entrevista: Jennifer Oades
Presidenta del Consejo de Libertad Condicional de Canadá
JT: ¿Qué es el Consejo de Libertad Condicional de Canadá?
JO: El Consejo de Libertad Condicional de Canadá (PBC, por sus siglas en inglés, o el Consejo) es una agencia dentro de la cartera de servicios del Ministerio de Seguridad Pública y Protección Civil. Es un tribunal administrativo independiente que tiene autoridad exclusiva y discrecionalidad absoluta, en virtud de la Ley penitenciaria y de libertad condicional, para conceder, negar, cancelar, rescindir o revocar la semilibertad y la libertad condicional plena, y autorizar o aprobar ausencias temporales.
El PBC también puede, previa remisión, rescindir o revocar la puesta en libertad estatutaria. Además, el PBC es responsable de imponer, modificar o eliminar las condiciones de libertad condicional en materia de ausencias temporales, semilibertad, libertad condicional plena, puesta en libertad estatutaria y supervisión a largo plazo. El PBC también puede ordenar, previa remisión del Servicio Correccional de Canadá (CSC, por sus siglas en inglés), que ciertos delincuentes permanezcan en prisión hasta el final de su condena. Esto se llama detención.
Además, el PBC toma decisiones respecto a la libertad condicional de los delincuentes de las provincias y territorios que no tienen sus propios consejos de libertad condicional (solo Ontario y Quebec tienen sus propios consejos de libertad condicional).
Como parte del sistema de justicia penal de Canadá, el PBC toma decisiones independientes y de calidad en materia de libertad condicional y de cancelación de antecedentes penales, así como de recomendaciones de indulto, de manera abierta y responsable, respetando al mismo tiempo los derechos y la dignidad tanto de los delincuentes como de las víctimas, de conformidad con sus responsabilidades y autoridades estatutarias.
Además, el PBC tiene la responsabilidad de tomar decisiones para ordenar, denegar la orden y revocar las cancelaciones de antecedentes penales (también denominadas indultos) en virtud de la Ley de antecedentes penales y el Código Penal. También hace recomendaciones para el ejercicio de la clemencia a través de la Prerrogativa Real de Gracia.
JT: ¿Cómo funciona el PBC y cómo promueve la reintegración social de los delincuentes?
JO: Nuestro mandato es contribuir a la seguridad pública, y lo hacemos tomando decisiones de calidad sobre el momento y las condiciones de la liberación de los delincuentes. La gran mayoría de los delincuentes están cumpliendo condenas fijas y, por lo tanto, regresará a nuestras comunidades en algún momento.
Las investigaciones demuestran que la mejor manera de contribuir a la seguridad pública es mediante la liberación gradual del delincuente a través de varios tipos de libertad condicional –desde ausencias temporales, pasando por la semilibertad y hasta la libertad condicional plena– en los que están bajo supervisión, para poder manejar el riesgo y tener los mecanismos de apoyo para ayudarles a convertirse en ciudadanos respetuosos de la ley y reintegrarse con éxito en sus comunidades.
La forma en que se toma la decisión en materia de libertad condicional es la siguiente: los delincuentes, en cierto momento de su condena, son considerados para la libertad condicional (semilibertad o libertad condicional plena, dependiendo de sus circunstancias) – esto puede ser el resultado de una evaluación legislada de una solicitud.
Algunas evaluaciones se hacen por medio de una resolución en papel, mientras que otras se hacen por medio de una audiencia. En este último caso, el equipo de gestión del caso del delincuente, en particular el agente de la libertad condicional del CSC, que es la parte penitenciaria del sistema de justicia penal, presentará el caso al Consejo.
A partir de ahí, el Consejo le preguntará al delincuente sobre el plan de libertad condicional, sobre lo que el delincuente ha aprendido a través de los varios programas en los que participó, etc. Si hay víctimas que han expresado que desean tomar parte en la evaluación, pueden hacerlo; y pueden también proporcionar una declaración escrita que será sometida a la consideración del Consejo.
Las decisiones finales del Consejo toman en consideración toda la información relevante y persuasiva: cuáles fueron las razones por las que el juez dictó la sentencia, si los programas fueron completados exitosamente, si ha habido evaluaciones de riesgo psicológico o psiquiátrico, qué piensa la comunidad acerca de la liberación del delincuente, si existen mecanismos de apoyo disponibles para el delincuente y cualquier aporte de la víctima.
El Consejo también puede imponer condiciones para la liberación del delincuente. Hay todo tipo de condiciones especiales que pueden imponerse a la libertad condicional, como la de continuar con su terapia psicológica o abordar cuestiones relacionadas con el uso indebido de sustancias.
En última instancia, la protección de la sociedad es nuestra consideración primordial, incluida la cuestión de si la puesta en libertad del delincuente contribuiría a la protección de la sociedad al facilitar su reintegración en la comunidad como un ciudadano respetuoso con la ley.
Creo que todos reconocemos que el caso de alguien que salga de la cárcel al final de su condena, libre y sin ninguna supervisión, no aporta realmente ningún beneficio a la seguridad pública ni proporciona el apoyo necesario para integrar a alguien en la sociedad.
JT: ¿Quiénes son los miembros del Consejo y qué preparación y formación tienen?
JO: Cualquier ciudadano canadiense puede solicitar ser miembro del Consejo. No tenemos muchos miembros jóvenes y eso puede ser porque los nombramientos son solo por un período de tiempo determinado, por lo que la mayoría de los miembros del Consejo tienden a estar al final de su carrera o en su post-jubilación.
Tenemos miembros del Consejo que han trabajado en el sistema penitenciario y personas que han trabajado en el sistema de justicia penal, como oficiales de policía y abogados. También hay trabajadores sociales, psicólogos y personas que han trabajado en el sistema educativo. En última instancia, el Consejo está compuesto por canadienses que reflejan la diversidad de las comunidades canadienses.
Proporcionamos entrenamiento extensivo a los miembros de nuestro Consejo, no solo en materia de nuestra ley, sino también en materia de evaluación de riesgos, poblaciones vulnerables especiales, salud mental, delincuentes indígenas, mujeres delincuentes, entre otros. La capacitación también incluye la observación de audiencias. Pueden hacer falta de cuatro a seis meses de capacitación para que los miembros del Consejo estén listos y seguros de sí mismos a la hora de tomar los diversos tipos de decisiones requeridas por la ley.
JT: ¿En qué medida coopera el PBC con el servicio penitenciario y las organizaciones comunitarias?
JO: Trabajamos en colaboración con muchas organizaciones: obviamente, el Servicio Correccional de Canadá (CSC) es nuestro mayor socio y es con quien trabajamos más estrechamente. Aunque hay otros dos consejos de libertad condicional en el país – Ontario tiene uno y Quebec también – para todas las demás provincias y territorios, el PBC es quien toma las decisiones relacionadas con los delincuentes provinciales (los que cumplen menos de dos años de condena).
Tenemos reuniones regulares con el CSC sobre varios temas de interés mutuos y hemos colaborado en asuntos como la creación de un «Portal de Víctimas» – un portal seguro en línea que permite a las víctimas registradas acceder a los servicios e información a los que tienen derecho, conforme a la ley.
También trabajamos en estrecha colaboración con la Real Policía Montada de Canadá – nuestra autoridad policial federal – porque el Consejo también es responsable de los indultos y las cancelaciones de antecedentes penales. Y hay muchas organizaciones no gubernamentales, como la John Howard Society, la Elizabeth Fry Society, la St. Leonard’s Society, el Ejército de Salvación, grupos de víctimas y grupos indígenas, por nombrar solo algunas.
Cuando tomamos decisiones sobre los delincuentes, queremos saber a dónde «van» los delincuentes, qué programas se ofrecen en la comunidad y qué tipo de apoyo tienen. Es importante que trabajemos con estas organizaciones, tanto a nivel nacional como local, para escuchar sus preocupaciones y asegurarnos de que nuestras puertas estén abiertas a las oportunidades para mejorar continuamente nuestra toma de decisiones.
JT: Algunas tendencias, como el hecho de que la gran mayoría de las órdenes de libertad condicional se hayan cumplido con éxito y de que, en el último decenio, la tasa de condenas violentas de delincuentes bajo supervisión haya disminuido, son algunos de los indicadores positivos del desempeño del PBC. (Fuente: 2016 Corrections and Conditional Release Statistical Overview).
¿Cuáles son los resultados de la labor del PBC de los que están más orgullosos?
JO: Todavía soy relativamente nueva aquí, así que no estoy muy segura de todas las cosas de las que estoy orgullosa. [Ríe]. Estoy segura de que hay algunas cosas que se me escaparán, pero permítanme mencionar algunas. En primer lugar, nuestros resultados en términos de nuestras tasas de éxito de libertad condicional son bastante impresionantes: el año pasado, el 99 % de los casos de semilibertad y el 98 % de los casos de libertad condicional plena se completaron con éxito sin reincidencia. Ahora bien, algunos de estos delincuentes podrían haber sido suspendidos por un período de tiempo y luego re-liberados, pero sin reincidir.
En segundo lugar, el Consejo toma más de 15 000 decisiones en materia de libertad condicional al año. Actualmente, el Consejo de Libertad Condicional de Canadá tiene escasez de miembros, por lo que su dedicación y profesionalidad tiene que ser reconocidos. Estamos trabajando para aumentar el número de miembros de nuestro Consejo a la cantidad normal de aproximadamente noventa miembros.
En tercer lugar, tenemos resultados sorprendentes teniendo en cuenta que somos una organización pequeña de 485 personas. El personal del Consejo proporciona un apoyo excelente a los miembros del mismo en cuanto a la preparación de los expedientes de las causas y en las audiencias, y también a las víctimas, ayudándoles a acceder a los servicios y a la información que estamos legalmente obligados a proporcionar.
El año pasado tuvimos más de 32 000 contactos con víctimas, un aumento del 10 % con respecto al año anterior. Se permite que las víctimas presenten declaraciones ante el Consejo, es decir, que entreguen una declaración por escrito y que la presenten (lean) en las audiencias.
El año pasado hubo 244 presentaciones de declaraciones de víctimas en 149 audiencias. En este momento, hay 8300 víctimas registradas a las que les proporcionamos información continua acerca de la próxima evaluación de un delincuente.
Nuestras tasas de éxito son bastante impresionantes: el año pasado, el 99 % de los casos de semilibertad y el 98 % de los casos de libertad condicional plena se completaron con éxito sin reincidencia.
JT: ¿Existen indicadores que necesiten ser mejorados y/o desafíos que le gustaría ver resueltos, y cómo los está abordando?
JO: Siempre hay mejoras que hacer. Me gustaría hablar de dos de ellas. La primera son los delincuentes indígenas. Este país tiene un pasado vergonzoso en términos de lo que ha sucedido con los pueblos indígenas y las tendencias resultantes dentro del sistema de justicia penal.
Existe una representación desproporcionada de indígenas en prisión: aunque representan menos del 5 % de la población canadiense, representan el 20 % de la población encarcelada. Y es peor para las mujeres: alrededor del 40 % de las mujeres encarceladas son indígenas. Se trata de una cuestión muy difícil.
En todo el gobierno se han realizado enormes esfuerzos para abordar una serie de cuestiones que afectan a los pueblos indígenas y se han logrado algunos progresos en el sistema de justicia penal. Por ejemplo, el PBC ha introducido las audiencias asistidas por líderes de las comunidades indígenas, que proporcionan un ambiente y un enfoque culturalmente apropiados. Además, tenemos audiencias asistidas por la comunidad, que se llevan a cabo en la comunidad y siguen el formato de audiencias asistidas por líderes indígenas.
Nos aseguramos de que los miembros del Consejo reciban la formación necesaria para asegurar que la historia social aborigen se considere durante nuestra toma de decisiones y a la hora de entrevistar a los delincuentes indígenas. Recientemente, hemos estado entrenando a los miembros del Consejo sobre el trastorno del espectro del alcoholismo fetal (FASD, por sus siglas en inglés).
Necesitamos adoptar un enfoque de entrevista distinto al tratar con un delincuente que tiene FASD, y necesitamos entender qué apoyos comunitarios están disponibles para ellos. También acabo de crear un nuevo Comité Indígena del Presidente que yo presidiré.
He invitado a varias personas indígenas de algunas de nuestras organizaciones socias, así como a otras que están fuera del sistema de justicia penal, para que traten de informarme sobre asuntos que desconozco y para que me «aprieten las tuercas» con el fin de seguir mejorando nuestra respuesta en materia de delincuentes indígenas. Yo seré toda oídos en el periodo que viene.
El otro ámbito en el que creo que podemos mejorar es el de las mujeres delincuentes. Es el grupo de mayor crecimiento en la población carcelaria. Ellas tienen necesidades únicas, su senda al crimen es diferente. Las investigaciones indican que deberíamos hacer las cosas de manera diferente en las audiencias – otras jurisdicciones ya están llevando a cabo las audiencias de las mujeres de manera muy diferente a las de los hombres, y yo apoyo eso.
Alrededor del 90% de las mujeres han sufrido algún tipo de trauma, ya sea sexual, físico o psicológico, por lo que tenemos que informarnos más sobre el trauma y asuntos de género en términos de cómo llevamos a cabo las audiencias de libertad condicional para las mujeres. Así que vamos a mirar esto y ver qué más debemos hacer.
Otras jurisdicciones ya están llevando a cabo las audiencias de las mujeres de manera muy diferente a las de los hombres, y yo apoyo eso.
JT: Este año se cumple el 20º aniversario de la ICPA, una Asociación que usted vio nacer y de la que fue la primera Directora Ejecutiva.
¿Cómo se siente al estar tan involucrada en la fundación de una organización internacional y cómo le ayuda esa experiencia en el presente?
JO: ¡No puedo creer que hayan pasado 20 años! Fui invitada a ser la primera Directora Ejecutiva por un pequeño grupo de personas que realmente querían marcar la diferencia. Estaba tan emocionada de ser parte de eso.
Empezamos desde cero y no sabíamos realmente lo que hacíamos, pero lo hicimos y lo pusimos en marcha. Estuve allí durante los primeros cinco años y la vi crecer, pero en realidad fueron los directores ejecutivos y los miembros de la junta directiva que vinieron después de mí los que convirtieron a la ICPA en una de las asociaciones correccionales más influyentes del mundo.
Estoy increíblemente orgullosa, y me siento honrada de haber sido parte del proceso. No tengo palabras para describir cómo esos cinco años influyeron en mi comprensión de los asuntos correccionales. La mayoría de los que trabajamos en el campo criminal/correccional/de la libertad condicional tenemos desafíos comunes. Reunirse y discutir esos desafíos y lo que la gente está haciendo al respecto es muy útil. No tienes que reinventar la rueda, porque otras personas están pasando, o han pasado, por los mismos retos.
A través de la ICPA, construí una red maravillosa y muy útil. Todavía puedo levantar el teléfono hoy y comunicarme con mi red cuando tengo una pregunta sobre algún problema. Y ahora que estoy aquí, como presidenta del PBC, es muy agradable saber que esas redes siguen existiendo y que la gente sigue queriendo ayudarse mutuamente. Aprender sobre diferentes sistemas y enfoques ha sido muy enriquecedor y me ha ayudado a informarme en todo mi trabajo.
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Jennifer Oades fue nombrada Presidenta del Consejo de Libertad Condicional de Canadá en enero de 2018. Comenzó su carrera en el Servicio Correccional de Canadá (CSC, por sus siglas en inglés) en 1991, donde ha ocupado numerosos cargos, incluso dentro de las correccionales comunitarias. Ella lideró la creación de la ICPA en 1998, donde ejerció como directora ejecutiva durante cinco años. Al regresar al CSC, continuó su labor dentro de los servicios de políticas e intergubernamentales y se desempeñó como directora general de la Subdivisión de Políticas Estratégicas y de Relaciones Intergubernamentales, la Subdivisión de Formación y Perfeccionamiento y Comisionada Adjunta para la Mujer. Se retiró del CSC en 2014. Oades es licenciada en Antropología y Estudios Nativos por la Universidad de Trent.
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