Artículo
Josep García Coll & Pedro Liberado
Existe una idea relativamente generalizada de que el encarcelamiento de personas delincuentes terroristas y extremistas violentas (VETO, por sus siglas en inglés) puede aumentar (la vulnerabilidad a) la radicalización.
De hecho, algunos estudios afirman que el internamiento, por sí mismo, conlleva un mayor riesgo de radicalización (1). Sin embargo, a veces este aumento de riesgo tiene más que ver con cierta tendencia a sobreestimar la amenaza de los VETO en prisión por parte de los funcionarios de prisiones (2) que, por ejemplo, con demasiada frecuencia equiparan la conversión al Islam con la radicalización (3).
El Manual de rehabilitación de la Radicalization Awareness Network (RAN) para profesionales de primera línea que trabajan con personas vulnerables la radicalización y VETO (4) destaca la importancia de prestar especial atención a este riesgo durante la prisión preventiva debido a las especificidades de este período.
En primer lugar, en prisión preventiva las personas reclusas aún no han sido juzgadas (ni han recibido una sentencia) y, por lo tanto, deben ser consideradas inocentes. En segundo lugar, los casos de extremismo violento tienden a recibir mucha atención mediática y, en consecuencia, influyen (negativamente) en la opinión pública dando una perspectiva más securizada.
Esto puede llevar al personal penitenciario a etiquetar o estigmatizar tendenciosamente a las personas en prisión preventiva con cargos de extremismo violento o terrorismo.
Por lo tanto, es necesario formar extensivamente al personal penitenciario en lo referente al principio de presunción de inocencia, de forma que siempre sea capaz de anteponer el juicio profesional a la estigmatización popular y los juicios mediáticos de las personas en prisión preventiva.
En segundo lugar, dado que aún no se ha probado ningún delito, no se puede iniciar una rehabilitación específica. Así, las intervenciones generales realizadas por profesionales de la psicología y el trabajo social son clave en este momento. En primer lugar, se encargarán de evaluar el riesgo de las personas recién llegadas.
Para ello, generalmente se recomienda el uso de herramientas estandarizadas de evaluación de riesgos, aunque en ocasiones el juicio profesional puede otorgar juicios más matizados (4).
Por otro lado, este personal deberá evaluar las necesidades criminógenas del recluso y los posibles problemas de salud mental presentes (p. ej., trastornos de la personalidad). Esto será importante para determinar las posibles intervenciones a desarrollar (4).
Los profesionales de la psicoterapia, el trabajo social y la prevención y el afrontamiento del extremismo violento (incluidos los mentores) ya pueden iniciar algunas de estas intervenciones durante este periodo.
Sin embargo, para evitar la reacción a las intervenciones de cambio de actitud o la estigmatización (4), las actividades implementadas nunca deben etiquetarse como tales. Estos equipos profesionales especializados deberían a su vez explorar las redes pro-sociales que pueden influir positivamente en el interno e, incluso, hablar en el juicio en su defensa (es decir, familiares, amigos o pareja) (4).
Por otra parte, el papel de los representantes religiosos durante la prisión preventiva también puede resultar útil a la hora de llevar a cabo intervenciones basadas en la fe y fomentar una comprensión moderada de la práctica religiosa (4). Por último, las organizaciones no gubernamentales suelen aportar mucho en este proceso.
Por ejemplo, en algunos contextos, las intervenciones llevadas a cabo por voluntarios han demostrado ser muy efectivas, especialmente si comparten un origen religioso, étnico o lingüístico específico con el VETO (5).
Sin embargo, de nuevo cabe señalar que toda intervención debe evitar la confrontación dialéctica con el interno, con el fin de evitar la reactancia (6).
El trabajo durante el periodo de prisión preventiva debe también evitar que los acusados acumulen más agravios y que se vean influenciados por otros reclusos que podrían reforzar sus posturas extremas (6). La ubicación del interno en el centro es decisiva para prevenir esto.
Uno de los retos habituales tiene que ver con encontrar un término medio entre mantener las medidas de seguridad necesarias para evitar que los extremistas violentos continúen con sus actividades y aplicar medidas de contención que diferencien a los internos por terrorismo del resto. (1; 7- 8)
La percepción de maltrato o victimización de los VETOS que algunos regímenes penitenciarios (p. ej. el aislamiento) pueden provocar en este punto solo aumentarán la propia convicción del interno de que la acción violenta está justificada (3) y reducirán en gran medida sus posibilidades de desvincularse (y, muy probablemente, de desradicalizarse).
Por otro lado, el tratamiento de los VETO en instalaciones y programas específicos también puede ser percibido como un agravio por parte de los reclusos comunes (9) y suele crear una opinión pública de que las autoridades penitenciarias recompensan a este tipo de personas reclusas (fue el caso de los miembros de ETA encarcelados en España antes de 1987) (10).
Por último, permitir que los VETO en prisión preventiva se mezclen con la población en general implica un aumento de su vulnerabilidad en algunos aspectos (p. ej. ataques de miembros de grupos extremistas rivales) (4) y de la vulnerabilidad del resto (p. ej. a partir del proselitismo y reclutamiento de otras personas para su causa) (4). La búsqueda de este equilibrio entre seguridad y respeto a las libertades individuales no es fácil y encuentra distintas formulaciones prácticas en cada uno de los modelos de gestión de los internos (11).
En este sentido, algunas investigaciones recientes sostienen que la definición del modelo penitenciario más efectivo en términos de prevención de la radicalización (o promoción de la desradicalización) es una tarea difícil y compleja, debido a la diversidad de contextos y la falta de información sistematizada sobre los éxitos y fracasos de cada modelo (12).
No obstante, como se ha mencionado anteriormente, ninguna de estas medidas e intervenciones funcionará sin el compromiso necesario de los funcionarios y administradores penitenciarios para proporcionar un entorno donde la estigmatización y la discriminación de los VETO no estén presentes. La contratación de equipos profesionales diversos puede ser una forma de prevenir esto (4).
Asimismo, diferentes experiencias han demostrado la eficacia de los enfoques dinámicos de seguridad, que permiten evaluar los riesgos que presentan los internos a partir de la comunicación e interacción diaria con los funcionarios de prisiones.
En conclusión, la prevención de la radicalización violenta en el período previo al juicio es crucial debido a las vulnerabilidades específicas presentes. Por lo tanto, la cooperación entre los diferentes actores, tanto de las autoridades penitenciarias como de las organizaciones de la sociedad civil, es crucial para llevar a cabo esta tarea de manera efectiva.
Por lo tanto, serán necesarios mecanismos de colaboración entre las distintas instituciones que permitan llevar a cabo procesos de intercambio de información y coordinación para el correcto seguimiento de cada VETO.
Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto MIRAD se centra en mejorar las capacidades de evaluar el riesgo de las autoridades penitenciarias mediante la mejora de herramientas estandarizadas y actualizadas para los periodos de prisión y de libertad vigilada.
Además, tiene en cuenta las necesidades de las diferentes partes interesadas involucradas en la rehabilitación y reintegración de los VETO, reuniendo a personas y entidades expertas junto con autoridades penitenciarias y de libertad condicional y organizaciones no gubernamentales para desarrollar protocolos y herramientas que faciliten el trabajo multi-agencia.
El consorcio de MIRAD reúne a entidades públicas y privadas que han sido seleccionadas debido a su experiencia previa en los campos de la justicia, la investigación antiterrorista y la educación. Está integrado por entidades de investigación, ONG, empresas privadas y asociaciones profesionales.
En el consorcio están representados siete Estados miembros de la UE de Europa occidental [Francia (14, 15) Bélgica (16)], central [Polonia (17)], meridional [Portugal (18), España (19), Grecia (20)] y oriental [Bulgaria (21)].
Siga el enlace para saber más sobre el Proyecto MIRAD, o póngase en contacto con el equipo en la dirección de correo contact@mirad-project.eu.
Referencias:
[1] Neumann, P. (2010). Prisons and terrorism: Radicalisation and de-radicalisation in 15 countries. International Center for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) and National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START).
[2] Schultz, W. J., Bucerius, S. M., & Haggerty, K. D. (2021). The floating signifier of “radicalization”: Correctional officers’ perceptions of prison radicalization. Criminal Justice and Behavior, 48(6), 828-845.
[3] Zahn, M. (2017). Prisons: Their role in creating and containing terrorists. In G. LaFree, & J. Freilich (Eds.), The handbook of the criminology of terrorism (pp. 520-534). Wiley.
[4] Walkenhorst, D., Baaken, T., Ruf, M., Leaman, M., Handle, J., & Korn, J. (2019). Rehabilitation Manual. Rehabilitation of radicalised and terrorist offenders for first-line practitioners (RAN MANUAL).
[5] Orban, F. (2019). Mentorordningen i kriminalomsorgen: En prosessevaluering, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter. KRUS University College of the Norwegian Correctional Service.
[6] Braddock, K. (2014). The Talking Cure? Communication and psychological impact in prison de-radicalisation programmes. In A. Silke (Ed.), Prisons, terrorism and extremism: Critical issues in management, radicalisation and reform (pp. 60-74). Routledge.
[7] UNODC (2016). Handbook on the management of violent extremist prisoners and the prevention of radicalization to violence in prisons. United Nations Office on Drugs and Crime.
[8] Veldhuis, T. (2016). Prisoner radicalization and terrorism detention policy: Institutionalized fear or evidence-based policy making? Routledge.
[9] Williams, R. (2016). Approaches to violent extremist offenders and countering radicalisation in prisons and probation. Radicalisation Awareness Network (RAN).
[10] Zuloaga, J. (2021). “Herrera de la Mancha se queda sin presos de ETA”, La Razón, 10 de abril.
[11] Thompson, N. (2018). Australian correctional management practices for terrorist Prisoners. Salus Journal, 6(1), 44-62.12 García Coll, J., & Lobato, R, (2022). La encrucijada entre la radicalización y la desradicalización: Teorías, herramientas y aspectos aplicados. Los Libros de la Catarata.
[12] García Coll, J., & Lobato, R, (2022). La encrucijada entre la radicalización y la desradicalización: Teorías, herramientas y aspectos aplicados. Los Libros de la Catarata.
[13] CNAM Conservatoire National des Arts et Métiers
[15] IACFP International Association for Correctional and Forensic Psychology – Europe
[16] PPHS Polish Platform for Homeland Security
[17] IPS Innovative Prison Systems
Josep García Coll
Josep García Coll es investigador de Prevención de la Radicalización y del Extremismo Violento en la Fundación Euroárabe de Altos Estudios. Su ámbito de especialización son los procesos de radicalización violenta y las intervenciones de desradicalización. Tiene una maestría en Investigación en Psicología de la Universidad de Barcelona y otra en Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universitat Jaume I. Actualmente, Josep es candidato a doctor en Psicología Social por la Universidad de Córdoba. Anteriormente, ha trabajado en resolución de conflictos con ONGs en diferentes países. También es coautor del libro “The Crossroads between Radicalisation and Deradicalisation”.
Pedro Liberado
Pedro Liberado se unió a IPS_Innovative Prison Systems (IPS) en 2018. Ese mismo año comenzaría a coordinar el equipo y área de proyectos sobre Radicalización, Extremismo Violento y Crimen Organizado. Fue nominado director de Investigación dos años después. Además de esas responsabilidades, es accionista y miembro del Consejo de Administración desde el 1 de enero de 2022. Pedro Liberado es Licenciado en Sociología por la Universidad de Coimbra, tiene un máster en Criminología de la Universidad de Oporto y actualmente es candidato a Doctor en Criminología por la Universidad de Granada.
Proyecto Destacado
