Entrevista
Rómulo Mateus
Director general de Reinserción y Servicios Penitenciarios, Portugal
¿Cuáles han sido las principales prioridades desde que asumió su cargo hace dos años en la Dirección General de Reinserción y Servicios Penitenciarios (DGRSP)?
RM: Entré en funciones en febrero de 2019 con una carta de misión bien definida y con algunas ideas innovadoras para cumplir a corto plazo, sin embargo, casi todas nuestras energías tuvieron que orientarse a proteger a las personas que estaban bajo nuestra responsabilidad, ante la amenaza de la pandemia.
Tenemos un sistema muy sensible, con muchas personas, todas diferentes, bajo nuestra responsabilidad, incluidos reclusos, inimputables, menores y ciudadanos que cumplen condenas y medidas en la comunidad. Naturalmente habríamos tenido que sufrir el impacto de la crisis de la pandemia. Aun así, pudimos empezar algunos proyectos, y las principales prioridades se establecieron en el ámbito de la reforma de los establecimientos penitenciarios del país, de la modernización digital, de la justicia juvenil y de la salud mental de los reclusos.
Además, nos enfrentamos a la escasez y al envejecimiento de los recursos humanos, algo que es común a otros organismos públicos.
En esta miríada de desafíos, cuando empecé a desempeñar mi cargo, tuvieron lugar varios incidentes que aparecieron en los medios de comunicación, vinculados a la utilización ilícita de teléfonos móviles por parte de los reclusos. Por lo tanto, tuvimos que hacer un examen crítico de las comunicaciones que permitíamos a los reclusos.
Llegamos a la conclusión de que el modelo de una llamada telefónica al día, durante cinco minutos, era obsoleto y no se correspondía con las necesidades de mantener los vínculos socioafectivos de los reclusos. Nos fijamos en los modelos ya adoptados en el extranjero, donde las comunicaciones telefónicas – manteniendo las precauciones necesarias – están liberalizadas y con teléfonos instalados dentro de las celdas.
Así, iniciamos una experiencia piloto, instalando teléfonos en las celdas de algunos establecimientos penitenciarios. Una primera preocupación fue la objeción instintiva de la comunidad, por lo que este tema exigió bastante inversión de tiempo, así como el debate con la tutela, con la comunidad y otras partes interesadas.
Al mismo tiempo, nos preocupa mucho la distribución poco racional de los establecimientos penitenciarios del país, que es la herencia de varias realidades muy heterogéneas y a veces poco compatibles.
Tenemos una serie de pequeños establecimientos penitenciarios – las denominadas «cárceles comarcales» – que otorgan poca racionalidad al sistema y, por lo tanto, intentamos buscar un nuevo modelo de gestión de estos establecimientos. Se nos ocurrió la idea de crear, como experiencia piloto, una cárcel donde solo hubiese reclusos en régimen abierto y comenzamos a tomar medidas para poner en marcha también esta reforma.
También en la justicia juvenil tuvimos que dar un salto para modernizarnos porque heredamos un modelo inadecuado, muy represivo y restrictivo de derechos y de la idea de acercamiento a la vida comunitaria, que debe aplicarse a la vida en los centros educativos.
Al mismo tiempo, habíamos recibido fuertes censuras de organismos internacionales sobre la organización de la salud mental de los inimputables bajo custodia. A este respecto, hemos tenido que reinventarnos para conseguir mejoras significativas en las condiciones de vida que damos a estos ciudadanos. De esta forma, tuvimos que ser polifacéticos, tratando de cumplir varias prioridades y cambiar paradigmas. Eran tiempos de esperanza y compromiso hasta que, de repente, la COVID-19 entró en nuestro país
Nos basamos en pruebas científicas internacionales que apuntaban a una disminución de la tasa de suicidio de los reclusos que tienen un teléfono dentro de su celda, a un descenso de la tensión entre guardias y reclusos y también a una reducción del tráfico de teléfonos móviles.
¿Podría, por favor, facilitarnos más detalles sobre esos procesos de transformación en el ámbito de la salud mental y de los establecimientos de régimen abierto?
RM: La salud mental es un problema que tiende a aumentar y nuestro país no consigue dar una respuesta adecuada.
La DGRSP es responsable de alrededor de 500 inimputables, y me di cuenta de que muchos estaban concentrados en espacios con poca dignidad en la única clínica que tenemos, en el medio penitenciario, exclusivamente dedicada a la psiquiatría y salud mental.
Como solución, trasladamos a estos reclusos a un pabellón con excelentes condiciones de habitabilidad – una infraestructura que había sido creada para la Unidad Libre de Drogas de ese centro penitenciario –, pero que no se estaba utilizando al cien por cien.
A la vez, fruto de las políticas concertadas que los Ministerios de Justicia y de Sanidad supieron desarrollar, se pusieron a disposición cuarenta camas en el Hospital (psiquiátrico) Magalhães Lemos, en Oporto.
Por cierto, el principio general es que estas personas deberían estar en unidades de salud mental, no en centros penitenciarios; solo aquellos que son peligrosos en sus prácticas diarias deben estar retenidos en el sistema carcelario. También tenemos pabellones en hospitales psiquiátricos en Lisboa y Coímbra, y tenemos convenios con algunas instituciones especializadas.
Además, ampliamos el hospital psiquiátrico a una nueva ala, lo que permitió admitir a reclusos inimputables que estaban esperando una vacante y también a reclusos con enfermedades mentales que se encontraban en establecimientos penitenciarios comunes, que no podían beneficiarse de un plan terapéutico y de recuperación. Al mismo tiempo, fue necesario invertir en más médicos, enfermeras y asistentes operativos.
Una reciente visita del Mecanismo Nacional de Prevención elogió las nuevas condiciones que estamos consiguiendo dar a estos enfermos. Esto me complace porque, frente a una pandemia tan difícil – quizás el momento más difícil que ha atravesado el sistema penitenciario –, aun así logramos atender a una población muy necesitada.
Cabe destacar que los inimputables fueron de las primeras personas privadas de libertad en ser vacunadas contra la COVID-19.
Es cierto que el sistema necesitaría crear un hospital psiquiátrico desde cero, en Lisboa, así como reformar el que ya existe, que se formó en torno a un concepto que ya no corresponde, pero difícilmente podemos disponer de esos recursos en este momento.
Además, tenemos un plan de renovación que prevé la inversión en casas de acogida para las personas inimputables, ya que cuando su estado de salud mental estabiliza, dejan de ser peligrosas y deberían ser devueltas a la sociedad.
Sobre la prisión de régimen exclusivamente abierto de Torres Novas: es una experiencia muy interesante que me gustaría reproducir. Esta prisión tenía alrededor de 40 reclusos –porque es una pequeña cárcel comarcal – y otros tantos guardias, lo que no es racional desde el punto de vista de la gestión de los recursos, sobre todo cuando tenemos más de otros veinte establecimientos del mismo tamaño.
Esta institución penitenciaria supo relacionarse muy bien con la comunidad, en particular con las autoridades locales, hasta el punto de tener unos treinta espacios en régimen abierto en el exterior. Esta es una alerta a la responsabilidad social en la ejecución de las penas de prisión.
El régimen abierto permite al recluso salir sin custodia para trabajar y volver al final del día, donde permanecerá hasta al día siguiente. Al contar con reclusos que ya han demostrado ser fiables a la hora de acercarse a la vida normal en comunidad, fue posible transformar este establecimiento en una prisión completamente volcada al exterior.
Con unos requisitos de seguridad mucho menores, cerca de la mitad de los guardias de esta prisión fueron trasladados a otros establecimientos donde se les necesitaba y también redujimos parte del personal administrativo. Este es el modelo posible para el conjunto penitenciario tan irracional que hemos heredado.
¿En qué medida la modernización digital es una prioridad para el sistema penitenciario portugués?
RM: Esta Dirección-General desempeña una misión esencial del Estado de Derecho Democrático, pero creo que se ha dejado atrasar en relación con la revolución digital.
Por ejemplo, no tenemos digitalizados los procesos de los reclusos, teníamos un equipo informático obsoleto e insuficiente, tenemos un sistema de información sobre los reclusos que no responde a las necesidades de consulta rápida, que idealmente debe ser compartida con los tribunales para el intercambio rápido de información.
Hemos heredado un modelo muy atrasado con respecto a las innovaciones que serían normales y que ahora se ven aumentadas por las necesidades que conlleva la pandemia.
De hecho, es una opción fundamentalmente política, del Gobierno de Portugal, mantener a las personas en régimen de teletrabajo pero, para eso, son necesarios equipos adecuados, redes informáticas rápidas y estables y la digitalización de los procesos. Por lo tanto, hay mucho que mejorar a este respecto.
En 2019 y 2020 invertimos €1 800 000,00 en material informático y este año prevemos tener una inversión de €800 000,00 en ordenadores portátiles, cámaras web y en la mejora de las redes. En los centros educativos también hemos creado condiciones para la comunicación a distancia de los jóvenes con sus familiares y esto resultó decisivo cuando se suspendieron las visitas por la pandemia. Y también creamos esas condiciones en los establecimientos penitenciarios, que ahora están todos dotados de equipos que permiten no solo los contactos a distancia con los tribunales, sino también los contactos de los presos con sus familiares.
Estamos intentando recuperar el paso para una reorganización digital, que está en marcha, aunque no con tanta rapidez como nos gustaría.
En los últimos cinco años, la inversión en monitoreo electrónico creció un 124% y tenemos un sistema muy robusto y seguro. Es interesante que el monitoreo electrónico corre el riesgo de convertirse en una víctima de su propio éxito, ya que los recursos humanos y técnicos ya no son suficientes para la demanda de los tribunales.
Usted ha luchado por la instalación de equipos de telefonía fija en las celdas de los establecimientos penitenciarios. ¿Cuál es la situación de esta medida y cuáles son los objetivos de su aplicación?
RM: Este es un tema fascinante porque se trata de buscar un paradigma diferente y más humanizado.
Al principio avanzamos con un sistema piloto de colocación de teléfonos en las celdas en la prisión de Linhó (prisión masculina, del área metropolitana de Lisboa, que alberga mayoritariamente a condenados que tienen entre 21 y 30 años) y en la prisión de Odemira (pequeña cárcel de mujeres).
Sin embargo, he recibido instrucciones para ampliar el proyecto y ya se están instalando teléfonos en las celdas de otros tres establecimientos.
Para este proyecto, nos basamos en pruebas científicas internacionales que apuntaban a una disminución de la tasa de suicidio de los reclusos que tienen un teléfono dentro de su celda, a un descenso de la tensión entre guardias y reclusos y también a una reducción del tráfico de teléfonos móviles.
En poco más de un año, la experiencia que estamos teniendo es de gran satisfacción entre la población destinataria. Los teléfonos instalados ascienden a más de medio millar y hay una aparente disminución del contrabando de teléfonos móviles.
A finales de 2021 haremos una evaluación final y, si se demuestra que es f iable, segura y un valor añadido para el sistema, el objetivo es aplicar esta solución en todas las prisiones. Hay que decir que no supone costes para el Estado, porque debe ser un distribuidor, seleccionado mediante licitación pública, quien se encargue de toda la instalación, mientras que las llamadas las pagan los reclusos.
Además de eso, los reclusos seguirán estando autorizados para llamar solo a los números que autorice la administración penitenciaria, porque la necesidad de escrutinio y las exigencias de seguridad se mantienen.
¿Cómo valora la gestión de las penas con monitoreo electrónico y si, en su opinión, existe un potencial de crecimiento para las formas alternativas a la respuesta carcelaria?
RM: Tenemos alrededor de 2500 personas bajo monitoreo electrónico. Muy posiblemente, si no tuviéramos este modelo alternativo, estas personas estarían dentro del sistema penitenciario.
El cliché – de que un recluso cuesta, al día, cerca de €50 euros al Estado, mientras que una persona bajo vigilancia cuesta a lo sumo €10 – es verdadero y se refleja en los recursos que el Estado tiene que asignar a la DGRSP.
En los últimos cinco años, la inversión en monitoreo electrónico creció un 124% y tenemos un sistema muy robusto y seguro.
Es interesante que el monitoreo electrónico corre el riesgo de convertirse en una víctima de su propio éxito, ya que los recursos humanos y técnicos ya no son suficientes para la demanda de los tribunales.
Es una clara señal de éxito y de la confianza en el sistema, pero es urgente reforzar su soporte humano. Estamos alerta sobre ese asunto, la tutela está informada y sé que está preocupada.
Solo veo ventajas en el monitoreo electrónico: evita a la gente la experiencia carcelaria – que siempre tiene aspectos negativos –, es segura, ahorra dinero al Estado y tiene un inmenso potencial de crecimiento.
En este momento el 53% de los vigilados son los denominados «agresores de violencia doméstica», que es un flagelo para el que nuestro país ha acordado recientemente y que tiene graves repercusiones en todo el sistema: tenemos más de mil presos por violencia doméstica, es decir, casi el 10% de todos los reclusos.
Pero la respuesta no puede ser solo penitenciaria y judicial, tiene que ser también cultural.
Conseguimos sacar del sistema alrededor de 2000 reclusos, 700 de los cuales contaban con el permiso de salida administrativa extraordinaria. Esta medida fue un gran éxito y, además, la ley que la permite es flexible y todavía hoy se sigan concediendo estos permisos.
JT: La pandemia de la COVID-19 ha traído grandes desafíos para las organizaciones penitenciarias.
Debido a las restricciones derivadas de crisis de la pandemia, ¿qué tipo de medidas se han aplicado en Portugal?
RM: No es fácil anunciar a los reclusos que su nivel de reclusión va a aumentar y que los contactos con el exterior van a estar aún más restringidos.
Ya contamos con un año de experiencia en la gestión del sistema penitenciario con coronavirus y es justo dedicar unas palabras de reconocimiento a los presos, por cómo han sabido aceptar las numerosas restricciones que les tuvimos que imponer de forma cívica y comprometida. No solo los que se quedaron dentro de los centros, sino también los que pudieron salir y siguen bajo nuestra responsabilidad.
Nos dimos cuenta muy pronto de que sería necesario sacar a reclusos de los centros penitenciarios. Era necesario crear espacios de cuarentena para tratar a los que enfermaban –temíamos que un brote de COVID-19 condujese a la propagación de la enfermedad muy rápidamente –, y esto se confirmó en los brotes que nos enfrentamos.
Los diversos agentes sociales, políticos y legislativos supieron entender la urgencia de esta medida y pudimos aliviar la presión que existiría en el sistema carcelario, cuando entrase la COVID-19.
El presidente de la República Portuguesa concedió un indulto a los casos de evidente necesidad humana, el legislador autorizó una amnistía para las pequeñas condenas restantes de dos años, pero la medida más original fue la denominada «permiso de salida administrativa extraordinaria».
Esta medida permitió que aquellos reclusos, que ya tenían una rutina de salidas regulares autorizadas, pudieran salir y esperar en casa hasta que la pandemia terminase.
Con estas tres medidas conseguimos sacar del sistema alrededor de dos mil reclusos, setecientos de los cuales contaban con el permiso de salida administrativa extraordinaria.
Por supuesto que entrañaba riesgos porque nadie podía garantizar que los reclusos, una vez en casa, no salieran a la calle o reincidieran en algún tipo de práctica delictiva – aunque la trayectoria de estas personas nos daba cierta seguridad –, pero lo cierto es que la relación de incidencias es prácticamente nula. Permanecieron en su casa bajo la supervisión de los equipos de reinserción social, que realizaron repetidas visitas a domicilio y fueron esenciales para que pudiéramos proceder con esta medida.
La mayor parte de los reclusos que fueron liberados al abrigo de la salida extraordinaria pasaron, sin embargo, para la libertad condicional, una señal de que cumplieron, con mérito, las difíciles normas que se les exigían. Esta medida fue un gran éxito y, además, la ley que la permite es flexible y todavía hoy se sigan concediendo estos permisos.
Una vez conseguido el alivio y la creación de espacios dentro del centro penitenciario, debíamos adoptar medidas para reinstaurar, lo antes posible, las visitas para los reclusos. Gastamos cerca de €300 000 en cabinas acrílicas en los parlatorios, para que pudieran volver a tener visitas presenciales, aunque con reserva previa y algunas limitaciones.
Al mismo tiempo, hemos aumentado las llamadas telefónicas: en lugar de una llamada de cinco minutos al día, los reclusos podían ahora realizar tres llamadas. Es menos de lo que me gustaría, pero estamos limitados por un marco legal.
Además, las instrucciones eran liberalizar y facilitar al máximo los contactos virtuales y las visitas judiciales virtuales, por lo que se han utilizado abundantemente. Hay reclusos que prefieren la visita virtual porque de esa forma ahorran a los familiares una visita al parlatorio, donde están limitados por una barrera física.
Por lo tanto, el enfoque del conjunto de medidas adoptadas fue esencialmente proteger a los reclusos, pero, aunque tenemos que someterlos a una cuarentena profiláctica a su regreso, nunca hemos suprimido las salidas autorizadas, porque sabemos lo importante que son para el equilibrio emocional de los reclusos y sus familias.
Rómulo Mateus
Director general de Reinserción y Servicios Penitenciarios, Portugal
Rómulo Mateus es magistrado del Ministerio Fiscal portugués desde 1986 y en su carrera destaca además el cargo de fiscal de la República Portuguesa en Kosovo, al abrigo de la EULEX, entre 2013 y 2018. Entre 2002 y 2009 realizó funciones en la Dirección General de Reinserción y Servicios Penitenciarios de Portugal (DGRSP) como inspector coordinador en el Departamento de Auditoría e Inspección. Por aquel entonces, fue nombrado perito del Consejo de Europa, en grupo de trabajo, en materia de Prisión Preventiva y Gestión Penitenciaria. Actualmente, es fiscal de la República Portuguesa en el Juzgado Central de lo Penal de Lisboa, y está al frente de la DGRSP bajo nombramiento en comisión de servicios.
