Entrevista
Leandro Lima
Secretario de Estado de Administración Penitenciaria y Socioeducativa, Santa Catarina, Brasil
El sistema penitenciario brasileño presenta varios retos, entre los que se destacan el hacinamiento y la alta tasa de encarcelamiento. La infraestructura deficiente, la falta de personal y las pandillas también aparecen con frecuencia en las noticias. En esta entrevista, el Secretario de Estado explica cómo están mejorando los estándares de vida en las cárceles de todo el estado a través de iniciativas como el trabajo penitenciario y el “Fondo Rotatorio”. También nos habla sobre la expansión de las penas alternativas, capacitación y desarrollo del personal, y los desafíos y oportunidades de la pandemia.
¿En qué medida el hacinamiento impide a la Secretaría de Estado de Gestión Penitenciaria y Socioeducativa llevar a cabo su misión?¿Y qué medidas se necesitan o se están tomando para hacer frente a la falta de vacantes en las cárceles?
LL: El desafío de construir vacantes es urgente y debe preocupar a casi todos los sistemas penitenciarios del país, ya que tenemos un tremendo fenómeno de encarcelamiento. Santa Catarina es un estado que encarcela mucho y mantiene a la gente presa por largos períodos de tiempo.
Esto significa que somos conservadores en la aplicación de la ley, tanto en lo relativo a la reclusión como en la ejecución de la condena. Evidentemente, la creación de nuevas vacantes es importante, teniendo en cuenta la situación de nuestro sistema judicial. Mientras siga así, vamos a necesitar seguir generando plazas.
He sido policía penitenciario durante más de tres décadas y he estado trabajando en la gestión durante diez años. En los últimos años hemos invertido en la regularización de las plazas, es decir, hemos transformado las plazas existentes en espacios dignos para el cumplimiento de la condena.
Además, durante este período, también construimos nuevas unidades, en las que siempre tenemos en cuenta espacios para el trabajo y la educación, en proporción al número de plazas en las celdas. El trabajo y la educación ahora se llevan a cabo en diferentes espacios de la zona donde habitan los reclusos y esto representa un cambio significativo.
Además, ya no se realizan trabajos artesanales ni ningún tipo de trabajo “esclavizante” dentro de las unidades penitenciarias. Todo el trabajo es el resultado de convenios firmados con unas 260 empresas y el recluso recibe el salario mínimo obligatorio. Trabajan ocho horas diarias, tienen descanso para comer, uniforme y un equipo de protección personal.
Otra preocupación es atraer empresas de la región donde se encuentra la unidad penitenciaria. De esta forma, cuando el interno obtiene la libertad, tiene más probabilidades de reinsertarse al mercado laboral.
A pesar de la construcción de nuevas unidades, la renovación de algunas otras y la el cierre de antiguas cárceles, es cierto que todavía tenemos algunas unidades penitenciarias que precisan ser demolidas para dar cabida a otras nuevas.
En los próximos dos años esperamos crear al menos 2500 nuevas plazas vacantes. Sin embargo, llevará algunos años más regularizar todas las plazas necesarias para atender las demandas del sistema.
¿Qué inversiones se han hecho en trabajo e indústrias penitenciarios?
LL: Tenemos diversas industrias y la variedad de productos fabricados en las cárceles va desde el metal hasta la ropa de alta costura. También cabe mencionar la industria textil así como la industria del mueble.
Además de las empresas, tenemos veinte municipios en todo el estado que contratan a presos en régimen semiabierto. Estos internos trabajan en el sector de la limpieza y mantenimiento de calles y en el cuidado de jardines.
Como Santa Catarina es un importante centro textil del país, creamos el programa SAP Textil, que supuso una inversión de más de R$ 30 millones (aproximadamente 4,7 millones de euros / 5,4 millones de dólares americanos) en la construcción de dieciocho almacenes industriales, en la adquisición de cientos de máquinas y, también, en la contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI). Esta entidad brinda capacitación a 2.100 internos para trabajar en corte y confección, serigrafía industrial, mantenimiento de máquinas y logística. Uno de nuestros proyectos es fabricar uniformes escolares para la red pública de Santa Catarina, así como hacer todos los insumos textiles para el Departamento de Salud del Estado.
Estoy convencido de que la activación económica del preso mediante el trabajo remunerado y calificado, mientras cumple su condena, aumenta las posibilidades de reinserción social, ya que, por ejemplo, podrá mantener a su familia.
Otro dato muy positivo que llama la atención es que todo preso que trabaja también ha tratado de estudiar, en el otro turno. Cuando los presos están trabajando y estudiando, los niveles de tensión de una unidad penitenciaria bajan, por lo que las actividades laborales y educativas constituyen una estrategia de seguridad. Un ejemplo de esto es que las rebeliones aquí, en Santa Catarina, son cada vez más escasas; la última fue en octubre de 2011.
La activación económica del preso mediante el trabajo remunerado y calificado, mientras cumple su condena, aumenta las posibilidades de reinserción social. Todo preso que trabaja también ha tratado de estudiar, en el otro turno. Cuando los presos están trabajando y estudiando, los niveles de tensión de una unidad penitenciaria bajan, por lo que las actividades laborales y educativas constituyen una estrategia de seguridad.
Santa Catarina fue pionera en la implementación del Fondo Rotatorio del sistema penitenciario. ¿En qué consiste este instrumento de política pública y cuál es su impacto en la práctica?
LL: Las unidades penitenciarias están organizadas en siete regionales y cada una de ellas tiene un Fondo Rotatorio con dos tomadores de decisiones: el superintendente regional y el responsable de la actividad laboral de la región.
El Fondo Rotatorio se alimenta del 25% del salario que cada recluso gana en la empresa que lo contrata, en concepto de indemnización, conforme a lo previsto en la Ley de Ejecución Penal. Otra fuente para los fondos es el beneficio de las operaciones de los talleres que realiza el propio Fondo.
Por ejemplo, la fábrica de cemento del Complejo Penitenciario de Chapecó es un proyecto de Fondo Rotatorio. Tanto el estado como los municipios de la región compran los bloques de hormigón, que necesitan para sus obras, a la prisión. El beneficio generado por estas ventas revierte al Fondo.
Entonces, el Fondo Rotatorio es una experiencia de gestión regional abastecida con recursos descentralizados, en cuanto se diferencia de la cuenta central del Estado. Además, este instrumento alivia al Estado. Las unidades regionales están al día con el mantenimiento y cuidados y recaudan sus propios fondos.
Además, las prisiones regionales tienden a competir entre sí. Los propios superintendentes regionales han buscado asociaciones comerciales e industriales en su región. Actualmente, contamos con actividad industrial en centros penitenciarios en todas las regiones del estado.
En la región de Serra e Meio Oeste tenemos la primera penitenciaría de Brasil con un 100% de adherencia al trabajo por parte de los presos. Esto es muy positivo y apoya el índice de autosostenibilidad de las prisiones.
Además, el Fondo contribuye a la rehabilitación de los reclusos a través del trabajo y a un ambiente más seguro en las unidades.
Sin duda, este sistema permite un mejor uso del presupuesto del Estado, porque muchos gastos del sistema penitenciario se realizan a nivel regional, a través de los respectivos Fondos Rotatorios.
De hecho, los recursos de los Fondos Rotatorios han permitido ejecutar diversas obras de mejoras en las unidades penitenciarias, tales como reformas en las salas de visitas donde los internos reciben a sus familias, entre otras obras.
Los Fondos Rotatorios permiten un mejor uso del presupuesto del Estado, porque muchos gastos del sistema penitenciario se realizan a nivel regional, a través de los respectivos Fondos Rotatorios.
JT: Noticias publicadas en el sitio web del Gobierno de Santa Catarina, en los últimos meses, informaron de la integración de cientos de nuevos policías penitenciarios e informaron que el Gobernador ratificó la Ley de Policía Penitenciaria.
¿Qué necesidades, avances y logros se han registrado en relación con los operadores penitenciários? ¿Y qué importancia tiene el tema de la formación y el desarrollo de los agentes?
LL: Con esta nueva ley se regularizaron una serie de trámites de los que ya era responsable, en la práctica, el policía penitenciario. Aún más importante que aumentar el nivel de autoridad, este cambio legal amplió la responsabilidad del policía penitenciario.
Al mismo tiempo, logramos mejorar la remuneración y los bonos otorgados. En conjunto, creo que estos logros reducirán en gran medida la corrupción, el ingreso de ilícitos a las cárceles e incluso las fugas de presos.
Por otro lado, la formación y desarrollo de los operadores es el pilar que sustenta el sistema penitenciario. Nuestra Academia es el gran transformador del potencial humano y es nuestra mayor inversión.
La capacitación fortalece el papel de los agentes y el compromiso del equipo con la actividad, para beneficio de todo el sistema.
Recientemente lanzamos SAPCiencia, un programa interno que ofrece 650 plazas para estudios de posgrado, máster y doctorado, íntegramente financiado por el Estado y exclusivamente para empleados de la Secretaría de Estado de Administración Penitenciaria y Socioeducativa.
Con esta iniciativa acercamos cada vez más el mundo académico al profesional. El interés fue tal que tendremos una segunda edición del proyecto, todavía con más plazas.
Priorizamos la inversión en el operador para que sea el gran transformador en el día a día de las unidades penitenciarias. El sistema es cada vez más abierto y transparente, por lo que tenemos cada vez menos casos de corrupción y violencia.
¿Cuál ha sido la evolución de las medidas alternativas no privativas de la libertad, incluido el monitoreo electrónico? ¿Y cuál es su visión de futuro en relación con este tema?
LL: Evitar el encarcelamiento es muy inteligente y educativo. En los últimos cinco años hemos invertido de manera cada vez más específica en los Centros de Sanciones y Medidas Alternativas (CPMA, por sus siglas en portugués), donde actualmente atendemos más de 5.000 casos.
Los CPMA están institucionalizados y son el resultado de un convenio entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Actualmente, existen once Centrales en todo el Estado y el objetivo es seguir progresando. Los resultados son muy buenos; tenemos una tasa de reincidencia bajísima y hemos comprobado que, especialmente en los casos de delitos menores, las penas alternativas alcanzan una efectividad superior al 90%.
En cuanto al monitoreo electrónico, el número actual es de más de 2.100 monitoreados. Son medidas que dan como resultado una baja reincidencia, pero sobre las que todavía hay prejuicios. La gente cree que cuando alguien rompe una tobillera todo el sistema ha fallado y eso no es verdad. Contamos con un sistema de monitoreo seguro que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana. Las incidencias que ocurren se solucionan de inmediato.
De hecho, la pandemia ha fomentado una mayor aceptación del uso de tobilleras. Antes trabajábamos a diario, y de forma hercúlea, para convencer a los jueces. Hoy en día, eso no sucede tan a menudo.
Evitar el encarcelamiento es muy inteligente y educativo.
Los resultados son muy buenos; tenemos una tasa de reincidencia bajísima y hemos comprobado que, especialmente en los casos de delitos menores, las penas alternativas alcanzan una efectividad superior al 90%.
¿Cuáles fueron los principales desafíos y oportunidades que la crisis pública sanitaria, provocada por la pandemia de COVID-19, presentó al sistema penitenciario de Santa Catarina?
LL: Al principio, la pandemia nos causó mucho miedo, un sentimiento que no habíamos experimentado en mucho tiempo. La primera reacción fue encerrarnos en la Secretaría. Incluso trajimos colchones para que, en caso de que nos contagiáramos, pudiéramos aislarnos en el lugar de trabajo.
Toda la orientación científica señalaba que la población en custodia era un factor de riesgo extremo. Y ya tenemos un elevado número de casos de tuberculosis y VIH/SIDA, ¡así que el panorama daba miedo! Pero trabajamos todos los días, de manera presencial, tanto en administración como en operaciones, ya que es imposible trabajar a distancia al tener que atender a 24.000 presos.
Recuerdo que en nuestra primera reunión en el Tribunal de Justicia, en marzo de 2020, elaboramos la idea de un muro sanitario. Instalamos una Sala de Situación que hizo todo el mapeo de los sistemas penitenciario y socioeducativo. Esta información fue la base para todas las ordenanzas y protocolos sanitarios, siempre validados con el equipo de la Secretaría de Salud del Estado, algunos médicos nos orientaron diariamente dando charlas a todos los involucrados en el sistema, desde operadores, hasta jueces y fiscales de Justicia.
La recogida de información de la Sala de Situación también señaló la necesidad de productos, infraestructura, equipos de protección personal y profesionales de la salud para atender el sistema. Contratamos a 120 profesionales de la salud en una emergencia, y empezamos a seleccionar y aislar las unidades penitenciarias, restringiendo el acceso a las visitas.
Todas las visitas se volvieron virtuales. La actividad laboral se suspendió por un tiempo y la educación pasó a ser a distancia. Además de todos estos cambios, hemos reforzado al máximo las medidas de higiene y limpieza.
El concepto de muro sanitario fue un éxito. La tasa de mortalidad fue extremadamente baja, una de las más bajas de Brasil. Lamentamos 17 muertes (8 presos y 9 trabajadores). Toda esta estructura evitó sobrecargar la red hospitalaria pública, ya que pudimos atender a los internos con síntomas más leves, dentro de las unidades. Los casos graves fueron enviados a los hospitales.
Creo que las estrategias conjuntas entre la Secretaría de Salud, el Gobierno del Estado, el Poder Judicial y el Ministerio Público fueron la clave de nuestro éxito. Si bien tuvimos que aislar unidades enteras –ya que tuvimos casos de 600 presos contaminados al mismo tiempo en el centro penitenciario–, las reuniones multilaterales periódicas fueron cruciales para entender el momento.
En respuesta a la pandemia, también creamos mecanismos que todavía siguen en funcionamiento, como un centro COVID que funciona las 24 horas. Este centro recibe notificaciones de casos e información de los operadores. Estos datos nos permiten realizar un seguimiento que, considerando tendencias y estadísticas, ayuda en la toma de decisiones de gestión y operaciones de una forma rápida y firme.
Todos los días publicamos un boletín sobre la COVID, en el sitio web de la Secretaría, que muestra todos los números del sistema penitenciario y socioeducativo: casos activos, y posibles casos, número de vacunados, atención médica realizada, entre otros.
La vacunación ya superó las 60.000 dosis, incluyendo a presos y funcionarios; la dosis de refuerzo también ya se está aplicando. La vacuna, asociada al aislamiento social, ha funcionado muy bien.
Si podemos hablar de algún legado de esta pandemia, que no nos remita a algún tipo de dolor, es el hecho de que estamos usando cada vez más, recursos tecnológicos. Hoy, además de las visitas virtuales, también tenemos audiencias virtuales y un locutorio virtual con los abogados.
JT: El proceso de Asociaciones Público Privadas para infraestructura penitenciaria que involucra al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está bajo consulta pública.
¿Por qué el estado de Santa Catarina opta por una asociación público-privada y cómo ve usted el desarrollo de este proceso?
LL: El enfoque del BID sobre las asociaciones público-privadas (APP) es muy interesante y ha cambiado mi punto de vista. Se debe revisar la experiencia de gestión compartida de prisiones que tuvimos en la última década. Hubo temas relacionados con el costo y el control, entre otros, que nos alejaron de esta modalidad.
Sin embargo, este modelo de APP es una alternativa a los modelos existentes, ya que el poder de control del Estado no está subestablecido ni exteriorizado de ninguna manera.
Además, es mucho más costoso tener un policía penitenciario que realice actividades intermedias en una unidad, como las relacionadas con el alojamiento y la atención sanitaria.
Así, reunimos lo mejor del sector privado y la Policía Penitenciaria, por lo que yo veo este concepto con optimismo.
Me imagino hoy a la Policía Penitenciaria ejerciendo su actividad al 100% y a la entidad privada desarrollando otras acciones. Cada uno con sus roles y responsabilidades bien definidos para que ninguna de las partes salga perjudicada.
Queremos que la primera experiencia PPP bajo este formato sea un éxito, porque, en este caso, será nuestro parámetro a mejorar de cara al futuro.
Leandro Lima
Secretario de Estado de Administración Penitenciaria y Socioeducativa, Santa Catarina, Brasil
Leandro Lima inició su carrera como policía penitenciario en 1988. Pedagogo, formado por la Universidad del Vale do Itajaí (UNIVALI), hizo publicaciones científicas en la Revista del Observatorio Internacional de Educación en las Prisiones, del Instituto de Educación de la UNESCO, y en el 1er Foro Internacional de Acciones Socioeducativas en las Cárceles.
Fue galardonado con la Medalla al Mérito Académico en 2005. Antes de su cargo actual, fue director de varios centros penitenciarios y también director del Departamento de Administración Penitenciaria de Santa Catarina.
