Jeremy Lightfoot

La estrategia de cambio sistémico en las correcciones de Nueva Zelanda ya está dando sus frutos

Entrevista

Jeremy Lightfoot

Director ejecutivo, Ara Poutama Aotearoa – Departamento de Servicios Penitenciarios, Nueva Zelanda

Nuestro entrevistado dirige una fuerza laboral de casi 9000 personas que administran alrededor de 10 000 ciudadanos en prisión y 30 000 que cumplen sentencias alternativas.
Desempeñó un papel de liderazgo fundamental en el desarrollo de Hōkai Rangi, una estrategia de cinco años que establece el compromiso para eliminar la sobrerrepresentación de los maoríes en el sistema de justicia penal. En esta entrevista, destaca las prioridades hacia comunidades más seguras, al poner el bienestar en el centro del trabajo del Departamento.

 JT: En el sistema penitenciario de Nueva Zelanda hay una sobrerrepresentación significativa de ciudadanos maoríes. Hacia finales de 2018, el porcentaje de personas maoríes reclusas era del 52%, cuando estas representan alrededor del 15% de la población nacional. (Fuente: Departamento de Servicios Penitenciarios).

¿Cuáles son las principales dificultades resultantes de esta realidad? ¿Y qué prioridades y objetivos principales se ha marcado el Departamento de Servicios Penitenciarios al respecto?

JL: Son diversos los factores que afectan a la población reclusa, y es importante que colaboremos estrechamente con el sistema judicial en general y otras agencias y ONG asociadas para mitigarlos.

La atención se ha centrado principalmente en ofrecer opciones comunitarias alternativas más seguras que el sistema judicial puede tenir en cuenta al disponer la condena.

Una de dichas opciones es la iniciativa de Servicios de Apoyo a la Libertad Condicional, que arrancó en 2018. Asiste a personas en prisión preventiva o en riesgo de entrar en prisión para que puedan solicitar la libertad condicional mediante solicitudes sólidas y bien presentadas en tiempo y forma. Si se concede la libertad condicional bajo fianza o vigilada por medios electrónicos, el servicio ayuda a las personas afectadas a cumplir los deberes de su régimen.

Ello incluye ayudarles a comprender las condiciones a que están sujetas, ponerlas en contacto con los servicios pertinentes para abordar las necesidades sociales que no tienen cubiertas y orientarlas para que sigan una trayectoria que las aleje del sistema judicial.

Impartimos el servicio colaborando con nuestros socios del sector judicial, donde se incluyen la policía, los juzgados y tribunales, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Justicia.

Ha habido avances; por ejemplo, se ha reducido el tiempo de espera hasta la concesión de la libertad condicional, son pocas las personas que han redelinquido, y ha aumentado la proporción de condenas basadas en la comunidad (en comparación con los casos en que no se cuenta con el apoyo del servicio). Ahora, el servicio se está implantando en toda Nueva Zelanda con el iwi (el pueblo), los proveedores de servicios sociales maoríes y las partes interesadas del sector judicial, distrito a distrito. Además, nos hemos fijado en los programas e intervenciones que aportan una diferencia más significativa para evitar reingresos en prisión.

En 2017, el Tribunal de Waitangi publicó Tū Mai Te Rangi: Reporting on the Crown and Disproportionate Reoffending Rates. El informe destacaba el éxito que habíamos alcanzado para evitar la redelincuencia en general. Con todo, concluía que continuábamos infringiendo los principios del tratado sobre la protección efectiva y la equidad, ya que nos faltaba enfoque estratégico en los maoríes.

En respuesta, lanzamos el Hōkai Rangi, en agosto de 2019. En él presentábamos nuestros compromisos para mejorar los resultados con y para los maoríes. Se desarrolló con maoríes e incluye una visión del mundo Te Ao Māori.

La idea central de Hōkai Rangi está definida por el concepto de bienestar para todas las personas, lo que incluye a nuestro personal, a las personas que cumplen condenas y resoluciones y a sus familiares, además de las víctimas y comunidades.

Centramos nuestro trabajo en seis áreas de resultados: asociación y liderazgo, humanización y cicatrización de las heridas causadas; whānau (familia); incorporación de una visión del mundo Te Ao Māori; whakapapa (genealogía); y fijación de los cimientos para la participación.

Tales resultados nos ayudarán a cumplir nuestros objetivos estratégicos de mejorar la seguridad pública, reduciendo la nueva comisión de delitos y el trabajo junto a nuestros asociados para evitar la sobrerrepresentación de ciudadanos maoríes en el sistema correccional.

 

La atención se ha centrado principalmente en ofrecer opciones comunitarias alternativas más seguras que el sistema judicial puede tenir en cuenta al disponer la condena.

The New Zealand Department of Corrections is committed to keeping prison staff safe and supported.
El Departamento Correccional de Nueva Zelanda se compromete a mantener seguro y respaldado al personal penitenciario.

 JT: El plan estratégico del Departamento de Servicios Penitenciarios prevé un auténtico cambio del sistema.

¿Qué puede decirnos al respecto? ¿Qué resultados se han logrado hasta ahora?

JL: Cada vez creamos más asociaciones, y se trata de asociaciones con sentido. No podemos cumplir el Hōkai Rangi por nuestra cuenta, y debemos reconocer que no disponemos de todas las respuestas. Hemos logrado avances muy importantes en los últimos dos años.

Hikitia (antiguamente el Servicio de Salud Mental y Adicciones de Waikeria) y el Programa de Itinerarios para Maoríes son ejemplos fantásticos de asociación. Estamos probando nuevas vías de asociación con la población maorí en estos sitios piloto. El aprendizaje que obtengamos informará los cambios que se aplicarán para trabajar en otras partes.

Se han logrado ciertas mejoras en el sentido de reducir en número la población reclusa, y los datos estadísticos que hemos visto son alentadores. De un modo seguro, hemos reducido la cifra de personas reclusas.

En marzo de 2018 había 10.820 personas internas en prisiones. A fecha de hoy (9 de febrero de 2022), la cifra ha descendido a 7.989. En marzo de 2018, la tasa de ingreso en prisión correspondiente a Nueva Zelanda era de 218 por cada 100.000 habitantes; a 31 de diciembre de 2021 era de 148 por cada 100.000 habitantes (una reducción del 32%). Para los maoríes, la tasa de ingreso en prisión, en marzo de 2018, era de 657 por cada 100.000. A 31 de diciembre de 2021, era de 459 (una reducción del 30%).

Las tasas de nueva condena y reingreso están mejorando. La proporción de personas que han salido de prisión y vuelven a ser condenadas en los 12 meses siguientes a la liberación ha disminuido del 42% al 39%, en el período comprendido entre 2014/15 y 2019/20, mientras que la tasa de reingresos en el mismo período de 12 meses ha disminuido del 28% al 24%.

Las tasas de nueva condena y de reingreso están mejorando también en lo que respecta a la población maorí. En el período de 2014/15 a 2018/19, la tasa de reingreso en los12 meses siguientes a la liberación descendió del 30% al 27%, y las tasas de nueva condena en el mismo período de 12 meses habían descendido del 46% al 43%.

El próximo gran reto consiste en saber qué puede hacer el conjunto del sistema para centrarse más en la equidad. Veo oportunidades y apoyo enormes para un enfoque colectivo del sector judicial. Nunca había visto semejante unión para el logro de dicho objetivo. Debemos cambiar nuestro modo de hacer para conseguir impacto colectivo.

Lanzamos el 'Hōkai Rangi', en agosto de 2019. En él presentábamos nuestros compromisos para mejorar los resultados con y para los maoríes.

¿Cuál es su enfoque en lo que concierne a la formación y el desarrollo del personal? ¿Qué importancia otorgan a este aspecto en la estrategia en curso del Departamento?

JL: La idea central de Hōkai Rangi reside en el concepto del bienestar. “Kotahi anō te kaupapa: ko te oranga o te iwi” – Nuestra labor persigue un único propósito: la salud física y mental y el bienestar de las personas.
Existen, para mí, tres grupos de personas: nuestro personal, las personas a las que tratamos y su whānau (familia), y la comunidad.

Si nuestro personal no está bien, no podemos lograr un cambio positivo para las personas a las que tratamos y de las que cuidamos. En consecuencia, las personas que trabajan para nosotros son una de mis máximas prioridades, y es esencial para nosotros cumplir los compromisos asumidos enel 'Hōkai Rangi'.

He ahí el motivo por el que invertimos en aumentar la capacidad de recursos humanos a largo plazo mediante la formación continua y el desarrollo de habilidades.

Es fundamental que les brindemos nuestro apoyo, necesario para llevar a cabo una de las labores más difíciles del país. El reconocimiento público es insuficiente si se tienen en cuenta los entornos increíblemente duros a los que nuestra gente debe enfrentarse cada día.

Debemos implementar los apoyos adecuados, asegurándonos de que nuestro personal, principalmente los miembros que están en primera línea, cuenten con las habilidades y la capacidad que necesitan para desempeñar sus funciones. Hemos hecho mucho trabajo de base para implementar dichos apoyos, pero nos queda un buen trecho por recorrer en los próximos años.

Estamos trabajando para mantener seguro a nuestro personal de primera línea a través del Plan de Acción Conjunta contra la Violencia y la Agresión.

Desarrollado en colaboración con sindicatos durante el año pasado, el plan establece una serie de acciones encaminadas a evitar y reducir el número de ataques dirigidos contra el personal de prisiones, y se centra en cinco áreas clave: fijarnos en nuestro procedimiento disciplinario interno para asegurar que se obliga a los reclusos a responsabilizarse de sus actos; impartir la formación adecuada para el personal e implicar a este; considerar nuestra dotación actual de equipo de protección individual (EPI) para el personal, asegurándonos de que sea apto para su finalidad; asegurarnos de que los centros estén lo suficientemente dotados de personal y liberar tiempo de las tareas transaccionales para que puedan establecer relación con los reclusos; y, asegurar que se contribuya de modo suficiente al bienestar del personal, procurando también por su salud física y mental.

Desde 2020, el sistema Neozelandés y KiwiRail tienen una iniciativa para proporcionar puestos de trabajo a los reclusos que están a punto de ser liberados del Centro Correccional de la Región de Northland (NRCF). Algunos de estos hombres regresaron a NRCF para participar en una capacitación de liderazgo.

 JT: Leemos en el sitio web del Departamento que “Ara Poutama Aotearoa – El Departamento de Servicios Penitenciarios está construyendo una nueva prisión con un servicio especializado en salud mental y adicciones en la prisión de Waikeria”.

Háblenos de la nueva infraestructura (Hikitia) y otros proyectos de modernización que tengan en curso.

JL: Hikitia (que fue el Servicio de Salud Mental y Adicciones de Waikeria) está en desarrollo en nuestras prisiones de la Región Central para hombres en custodia que presentan necesidades complejas por motivos de salud mental y adicciones. El nombre fue propuesto por nuestros socios maoríes, y significa «aligerar, eliminar los problemas que abruman a una persona».

Esta unidad de 100 camas (Te Wai o Pure), situada en la prisión de Waikeria, será fundamental para el servicio, con funciones que llegarán a las otras prisiones de la Región Central (Centro Penitenciario de Spring Hill y Prisión de Tongariro).

Te Wai o Pure y el servicio Hikitia en general se desarrollan como parte de la construcción de la nueva prisión de Waikeria, y estarán disponibles a partir de 2023. Esperamos que aproximadamente 2.000 hombres se beneficien de este servicio cada año.

Hikitia es un magnífico ejemplo de la dirección que emprenderemos en el futuro. Además, estamos haciendo una inversión significativa para asegurar que nuestro personal cuente con las habilidades y la capacidad específicas que necesita.

Presentaremos, además, el beneficio de la tecnología y el acceso a los dispositivos, aplicando los controles de seguridad apropiados.

La reconstrucción de Waikeria resultará en la primera prisión provista de un entorno tecnológicamente habilitado. Y no será el último. Aprenderemos de la experiencia y desplegaremos estas soluciones en el resto de lugares.

Hace poco, probamos los dispositivos que se utilizarán en la prisión de Waikeria con mujeres que participaron en un piloto que resultó muy positivo en la prisión para mujeres de Christchurch. Fue realmente reconfortante leer sus comentarios; transmitían sentimientos de humanización, dignidad e independencia. Dada la estructura física del entorno penitenciario, resulta difícil modernizar la infraestructura tecnológica.
 

No obstante, estamos haciendo una prueba piloto de un servicio inalámbrico para nuestro personal en la prisión para mujeres de Christchurch, consistente en testear un diseño que nos permita utilizar dispositivos inalámbricos. Gracias a él, podremos ver qué sería necesario para su implantación a escala nacional.

Los funcionarios utilizan dispositivos robustos (resistentes a las caídas y que pueden llevarse en el interior de las corazas que utilizan para protegerse de posibles navajazos o puñaladas).

Ellos mismos participaron en la selección. Con estos dispositivos, podemos empezar a automatizar tareas manuales. También aquí está implicado nuestro personal. Se les pregunta qué tarea quieren que se automatice primero (suelen escoger la tarea de reunir a los reclusos).

El uso de los dispositivos supone liberar tiempo para trabajo más interesante, incluido tener relación con las personas a las que tratan. Su uso tiene un gran potencial; por ejemplo, la formación en línea y los servicios de telemedicina.

 JT: El número de personas que cumplen condenas y resoluciones en el seno de la comunidad en Nueva Zelanda casi triplica el número de personas que integran la población reclusa.

¿Cómo han evolucionado las condenas alternativas en Nueva Zelanda? ¿Cómo contribuye su Departamento a los servicios penitenciarios de la comunidad?

JL: Hay en Nueva Zelanda una cifra relativamente alta de personas que cumplen condenas en el seno de la comunidad, si se compara con otras jurisdicciones. En 2007, se introdujo el arresto domiciliario como una condena de propio derecho, y también se crearon nuevas condenas de detención en la comunidad y vigilancia intensiva.

Desde entonces, hemos asistido a tendencias generales de incremento del uso de mayor supervisión y vigilancia intensiva y a un declive de las condenas consistentes en trabajos para la comunidad. El uso de sentencias de arresto comunitario y domiciliario se ha mantenido relativamente constante desde que su introducción.

Las personas que trabajan en las correcciones comunitarias desempeñan un papel capital en la seguridad de la comunidad. Los servicios penitenciarios velan por que las personas cumplan sus condenas y resoluciones y ofrecen programas de rehabilitación, formación académica y formación profesional que ayudarán a quienes los reciban a dar un giro a sus vidas y romper el ciclo que les conduce a redelinquir.

El monitoreo electrónico constituye una herramienta importante para la gestión segura de las personas que permanecen en la comunidad.

En noviembre de 2021, firmamos un nuevo contrato con una sociedad tecnológica para suministrar nuestra solución de vigilancia electrónica. Gracias a ella, es posible una cobertura significativamente mejor en todo el país, y permite una vigilancia muy estrecha de las condiciones y las resoluciones.

Hace que las resoluciones y condenas de cumplimiento en el seno de la comunidad sean alternativas seguras y viables al ingreso en prisión de muchas personas gestionadas por nuestro Departamento. Además, propicia una participación más normal de dichas personas en la sociedad mientras están cumpliendo una condena o una resolución.

¿Hasta qué punto el Departamento de Servicios Penitenciarios se vio afectado por el impacto de la pandemia de COVID-19? ¿Qué oportunidades y dificultades ha planteado dicha situación a su organización?

JL: Como organización, hemos enfocado la situación de pandemia basándonos en tres prioridades: 1) la seguridad y el bienestar de las personas; 2) las necesidades de las personas a las que cuidamos y de sus familias, reconociendo que las restricciones que aplicamos, en las que se incluía la falta de contacto físico con la familia, surtiría un efecto significativo en las personas mismas y en su bienestar; y 3) realizar actividades operativas esenciales de un modo proporcionado al riesgo.

Nos hemos centrado en asegurarnos que pudiésemos prestar los servicios con la máxima seguridad posible y dispusiésemos de las medidas necesarias en funcionamiento.

Rediseñamos todas nuestras actividades operativas basándonos en el riesgo. Revisamos las actividades de alto nivel asumidas por nuestros 10.000 empleados, y las asociamos a los niveles de alerta del país.

Así, por ejemplo, el nivel de alerta 4 (nivel de alerta máximo) implicaba que todos nuestros establecimientos comunitarios estuviesen físicamente cerrados. Todavía tuvimos que tratar a 30.000 personas que cumplían condena y resoluciones judiciales en el seno de la comunidad, por lo que nos vimos obligados a encontrar rápidamente cambios innovadores, donde se incluye una mayor difusión del uso de la tecnología.

Del mismo modo, para nuestras prisiones, tuvimos que continuar gestionando con seguridad las aproximadamente 8.000 personas que tenemos en custodia, pensando en su bienestar y necesidades y, al mismo tiempo, en la seguridad de nuestro personal. Introdujimos una serie de medidas para proteger el entorno; en concreto, una cuarentena de 14 días para los nuevos ingresos, a quienes separábamos del resto de la población reclusa; controles de temperatura por la imagen y exámenes médicos para quienes entraban en la prisión, incluidos personal y visitantes; distanciamiento social; EPI, vacunas y tarjetas de proximidad para facilitar el seguimiento de los contactos.

Gracias a dichas medidas, nuestro personal de prisiones se ha mantenido a salvo. Tuvimos el primer caso en abril de 2020, y después no hubo ningún caso durante casi 16 meses. En total, a 17 de enero de 2022, hemos tenido 76 casos en nuestras prisiones, y el virus no se ha transmitido en su interior.

A principios de este año, nuestro personal que trabaja en prisiones fue uno de los primeros grupos que accedió a la vacuna. Hemos animado y apoyado a nuestro personal y a las personas que tenemos a nuestro cuidado para que se vacunen.

Si bien para gran parte de nuestro personal la vacuna es ahora obligatoria, muchos de sus miembros ya se habían vacunado antes.

Hemos invertido todos los recursos necesarios para asegurarnos de que nuestro personal, y también los reclusos, se sientan seguros y apoyados para recibir la vacuna. Entre las iniciativas se encuentran las de promover debates directos con líderes influyentes de nuestras prisiones y foros educativos basados en niveles culturales, permitir que los funcionarios de prisiones se pudiesen vacunar en las instalaciones sanitarias del propio centro y las clínicas de vacunación en vehículos.

Ahora nuestro trabajo se consiste en hacer que la vacunación sea obligatoria para todo el personal de las correcciones en la comunidad, para que todos estén totalmente vacunados contra la COVID-19 antes del 28 de abril de 2022.

De nuestra respuesta ante la pandemia, también han resultado efectos positivos. Debe destacarse, por ejemplo, el apoyo que los equipos han brindado sus colegas. El bienestar mental es esencial, y nos hemos concienciado más de ello durante la pandemia. Mantener la conexión y apoyarse mutuamente ha sido clave para que pudiésemos superar un tiempo difícil e incierto.

También ha sido positivo el esfuerzo que hemos hecho por mantener las personas reclusas conectadas con sus seres queridos. Para ello fue esencial la introducción de las videollamadas.

También ha sido positivo el esfuerzo que hemos hecho por mantener las personas reclusas conectadas con sus seres queridos. Para ello fue esencial la introducción de las videollamadas. Así pudieron mantener el vínculo pese a la suspensión de las visitas durante los períodos de confinamiento.

Jeremy Lightfoot

Director ejecutivo, Ara Poutama Aotearoa - Departamento de Servicios Penitenciarios, Nueva Zelanda

Jeremy Lightfoot fue nombrado director ejecutivo en febrero de 2020. Ha desempeñado múltiples funciones desde que se incorporó a la Administración Penitenciaria en 2010: subdirector ejecutivo, director general de finanzas, tecnología y comercio y comisionado nacional.
Además, dirigió la asociación público-privada (PPP) para el proyecto de la prisión de Wiri (ahora Centro Penitenciario del Sur de Auckland). Lightfoot cuenta con vasta experiencia en materia de sector público, comercio y gestión de contratos, tanto en Nueva Zelanda como en el Reino Unido.

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