Entrevista
Norman L. Reimer
CEO mundial de Fair Trials
Fair Trials es un guardián de la justicia penal mundial, una ONG en defensa de la equidad, la igualdad y la justicia. Su equipo de expertos independientes pone al descubierto amenazas a la justicia, a través de la investigación original; y propone cambios prácticos para resolverlas.
La ONG defiende modificaciones en las políticas, el apoyo al litigio estratégico, políticas de reforma y el establecimiento de estándares y buenas prácticas a escala internacional. Apoya los movimientos locales que persiguen la reforma de la justicia, y se alía con abogados, activistas, académicos y otras ONG
En cuanto a la prisión provisional, Fair Trials reclama activamente que dicha medida se aplique como último recurso; y únicamente para que las personas a quienes se impute un delito estén detenidas el menor tiempo posible
JT: Fair Trials acumula 30 años de experiencia en la lucha contra la injusticia sistémica existente en los enjuiciamientos penales.
¿Cómo y por qué surgió la organización? ¿Cómo han evolucionado los retos a los que la misión de la organización se enfrenta?
NR: Fair Trials se fundó para ayudar a las personas del Reino Unido que estaban sometidas a procedimientos penales abusivos en otros países. Sin embargo, con los años ha devenido una voz mundial en favor de la reforma de la justicia penal. Con oficinas en Bruselas, Londres, el conjunto del Reino Unido y, cada vez más, en Latinoamérica, Fair Trials brinda una herramienta de comparación única para la reforma de la justicia penal.
Si bien en la práctica totalidad de los sistemas penales hay alguna deficiencia, los sistemas aplicados en un país o una región ofrecen derechos, protecciones y protocolos que pueden mejorar los sistemas de otros países y regiones. La capacidad de promover la reforma mejora enormemente cuando es posible analizar un problema desde un punto de vista diferente.
Son tres los factores clave que han contribuido a la evolución de nuestra labor. En primer lugar, el que la criminalización y el enjuiciamiento hayan sido acogidos en todo el mundo como la solución política preferente para abordar todas las conductas personales, sociales y económicas de las personas menos privilegiadas.
Actuar con la ilusión de que cualquier mal social puede resolverse mediante la creación de nuevos delitos, o la intensificación de las penas aplicables a los delitos existentes, ha resultado en uno de los mayores fracasos de la política pública de todos los tiempos. Soportando un enorme coste económico y social, las sociedades han derrochado recursos preciosos, arruinado vidas individuales, roto familias y destruido comunidades.
La maza del enjuiciamiento penal, con demasiada frecuencia acompañada de la prisión provisional y la posible imposición de pena de reclusión, es el medio más inhumano y menos efectivo para hacer frente a dificultades que deberían resolverse por otras vías; por ejemplo, la atención a la salud física y psíquica, la educación, el alivio de la pobreza o la vivienda. Ahora, Fair Trials se propone como objetivo resolver los problemas del exceso de criminalización, encarcelamiento y los abusos de poder del gobierno.
En segundo lugar, el exceso de criminalización y del recurso a la prisión provisional ha desembocado en sistemas judiciales sobrecargados. La respuesta ha sido los juicios rápidos, donde se incluyen diversos mecanismos de renuncia al enjuiciamiento y sentencias de conformidad. El resultado es una justicia de línea de montaje, en la que incluso las personas inocentes se ven abocadas a renunciar a derechos valiosos como, por ejemplo, el de oponerse a las pruebas obtenidas de un modo ilegítimo o la preparación de una defensa.
Se trata de renuncias que socavan la supervisión judicial crítica de la conducta de quienes aplican la ley. Fair Trials defiende poner al descubierto las deficiencias de estos procedimientos, y trabaja para restaurar los derechos básicos del enjuiciamiento.
En tercer lugar, el proceso penal es un motor de opresión para las comunidades de minorías raciales y otras comunidades marginadas. El trato desigual es el rasgo distintivo de la mayoría de los sistemas en casi todos los países, y se hace evidente en cada uno de sus aspectos y fases. Las personas pertenecientes a comunidades de minorías raciales y otras comunidades marginadas tienen más probabilidades de ser detenidas por la policía, encarceladas antes del juicio, sometidas a prácticas coercitivas para conseguir admisiones de culpabilidad, declaradas culpables y penadas con condenas más graves.
En el conjunto de nuestra campaña intentamos identificar, poner al descubierto y remediar las prácticas, políticas y procedimientos que conducen al trato desigual y que perpetúan el racismo o la discriminación de cualquier tipo.
Actuar con la ilusión de que cualquier mal social puede resolverse mediante la creación de nuevos delitos, o la intensificación de las penas aplicables a los delitos existentes, ha resultado en uno de los mayores fracasos de la política pública de todos los tiempos.”
JT: Una de las campañas insignia de Fair Trials consistió en concienciar sobre la elevada tasa de encarcelamientos previos al juicio, y de las consecuencias que restringir el derecho a la libertad y a la presunción de inocencia acarrean.
¿En qué se ha centrado la actividad de Fair Trials al respecto? ¿Cuánto nos falta para que la prisión provisional se aplique como último recurso de forma generalizada?
NR: Tal como mostró el informe de 2016 de Fair Trials – “A Mesure of Last Resort? The practice of pretrial detention decision-making in the EU” (“¿Una medida de último recurso? La práctica de la toma de decisiones sobre la prisión provisional en la UE”) – la prisión provisional es una práctica rutinaria en los países del conjunto de Europa, y contribuye a una crisis que ya viene de antiguo en las prisiones de Europa.
El problema continúa siendo de grandes dimensiones en el conjunto de la UE. Resultados de investigación publicados por Fair Trials el año pasado (2021) mostraron que las tasas de prisión provisional en los Estados miembros de la UE crecieron, pese a los graves riesgos para la salud originados por la detención de personas durante la pandemia de COVID-19. Esto, además de contribuir a la sobrepoblación y al deterioro de las condiciones de encarcelamiento, resulta en detrimento del Estado de derecho en toda la región.
Fair Trials respondió con una hoja de ruta completa en la que destacaba las medidas que la UE debe adoptar para abordar esta crisis. En el Reino Unido, Fair Trials ha mostrado que miles de personas permanecieron en prisión provisional durante años, debido a los recortes financieros de largo plazo, que se intensificaron a causa de la pandemia.
En el informe Locked up on lockdown – life on remand during the pandemic (Encerrados en confinamiento – La vida en prisión provisional durante la pandemia), publicamos más de 20 perfiles de personas mantenidas en prisión preventiva en Inglaterra y Gales. En cada perfil encontramos un relato desgarrador de privación e inhumanidad vivido por una persona presuntamente inocente.
En uno se describía la situación soportada: «Media hora de ejercicio en un patio sucio repleto de residuos de alimentos, basura en general, orines y heces que se lanzan desde las ventanas de las celdas. Plagas de ratas y palomas. Diez minutos para la ducha, pero no es cada día, ya que debes elegir entre dedicar ese tiempo al ejercicio, a la ducha o a limpiar la celda.»
La maza del enjuiciamiento penal, con demasiada frecuencia acompañada de la prisión provisional es el medio más inhumano y menos efectivo para hacer frente a dificultades que deberían resolverse por otras vías;(...)”
JT: Fair Trials ya se ha referido en otras ocasiones1 a la no adopción de medidas alternativas a la orden de detención europea (ODE). Hay decisiones europeas, como la Decisión marco 2009/829/JAI, encaminadas a mejorar la cooperación y el reconocimiento mutuo para facilitar alternativas a la prisión provisional.
¿Qué relación tiene Fair Trials con las directivas y recomendaciones que la Comisión Europea, el Consejo de Europa y otras entidades emiten con respecto a la prisión provisional?
NR: Fair Trials fue instrumental en la creación de seis directivas que han establecido los derechos en el proceso como leyes directamente aplicables en cada Estado miembro de la UE. Comprenden el derecho a servicio de interpretación y traducción; el derecho a la información y al acceso a abogado; la presunción de inocencia; los derechos de los menores y la asistencia jurídica gratuita. Se trata de derechos en principio instrumentales para ayudar a las personas acusadas a preparar la defensa y a oponerse a decisiones relativas a la prisión provisional.
Puesto que cada una de dichas directivas se centra, como mínimo en parte, en la protección procesal durante el período previo al juicio, tienen la capacidad de mejorar la administración de la prisión provisional y evitar que esta se use en exceso. Sin embargo, la Directiva de la presunción de inocencia, pese a constatar el «vínculo claro» entre la presunción de inocencia y el derecho a permanecer en libertad durante el período previo al juicio, excluye explícitamente la prisión provisional de su alcance, argumentando que dicha materia se abordaba en otras iniciativas.
Fair Trials trabaja con la red LEAP para supervisar la aplicación de dichas directivas, y documenta y comparte activamente con las partes interesadas de la UE las brechas existentes entre la ley y la práctica, cuya consecuencia es que las personas no puedan acceder a dichos derechos o estos carezcan de sustancia.
Hemos trazado una Hoja de ruta de la prisión provisional en la que proporcionamos un marco para garantizar derechos sólidos a la defensa en Europa. Sin embargo, la evidencia pone de manifiesto desigualdades por parte de quienes materializan plenamente los derechos procesales reconocidos por la UE.
Con demasiada frecuencia, las personas pertenecientes a minorías raciales o étnicas ven como, a causa del racismo estructural, sus derechos les son negados. Se les impide acceder a un abogado o la representación que obtienen es de mala calidad. En Bulgaria, por ejemplo, los investigadores detectaron pruebas de que los gitanos detenidos no podían contactar con un abogado mientras estaban bajo custodia policial, no obstante el derecho a la asistencia de abogado reconocido por la legislación de la UE.
Se vio en Hungría que la población gitana tenía más probabilidades de que fuesen las autoridades responsables de la investigación quienes les designasen el abogado. La investigación mostró que a menudo los abogados designados reciben sueldos inferiores, por lo que la defensa que ofrecen es de baja calidad. De ambos estudios se desprende que los derechos reconocidos por la UE no se cumplen por completo, ya que el acceso al derecho a la defensa, cuando es posible, es de baja calidad.
El incremento de las tasas de encarcelamiento muestra que los derechos procesales, por sí solos, no pueden evitar la prisión provisional; en consecuencia, debemos centrarnos en primer lugar en reducir el recurso a la criminalización.
Fair Trials defiende una prohibición total del uso de la inteligencia artificial y la toma de decisiones automatizada para crear perfiles y predecir o evaluar la probabilidad de conductas delictivas futuras.”
JT: Fair Trials trabaja en la elaboración de un índice que compara los sistemas de justicia penal de diversos países en lo que concierne a la transparencia y al cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos
¿Qué objetivo persiguen con ese Índice? ¿Qué papel puede desempeñar este instrumento en la práctica?
NR: No hay duda de que los sistemas de justicia penal de todo el mundo no funcionan. Sin embargo, no tenemos conocimiento y dudamos de cómo pueden resolverse estos sistemas en quiebra sin disponer de datos o métricas que reflejen exactamente cómo funcionan los procedimientos judiciales penales.
¿Qué derechos se respetan? ¿Cuáles se ignoran? ¿Cuándo puede una persona acusada acceder a un abogado? ¿Cuenta el abogado con tiempo y recursos suficientes que le permitan representar al cliente? ¿Quién entra en prisión provisional y durante cuánto tiempo? ¿A quién se concede la libertad provisional? ¿Qué condena se ofreció antes del juicio y hasta qué punto es esta comparable con la que resultó después del juicio? Durante mucho tiempo los sistemas de justicia penal operaron en una nube de ofuscación sin datos.
El Proyecto Índice se ha diseñado para abordar esta laguna de conocimiento y aportar transparencia a la justicia penal. El objetivo es establecer un marco de referencia para los sistemas judiciales penales, para crear conciencia pública acerca de la injusticia sistémica y establecer una base objetiva para promover la reforma. De hecho, esto podría muy bien deberse a la falta de datos. Pero incluso documentar esa laguna es vital para promover la reforma. La falta de datos ratifica la falta de transparencia. Y, cuando no hay transparencia, no hay rendición de cuentas. En otros sectores donde existe riesgo para las vidas humanas (por ejemplo en la atención sanitaria o en el transporte), se proporcionan datos.
La creación del Índice internacional de Fair Trials ofrece la esperanza de establecer un sistema de puntuación que permita medir el rendimiento de los sistemas de la justicia penal, en términos de cumplimiento de los estándares internacionales, en materia de derechos humanos. Potencialmente, el proyecto tiene la capacidad de revolucionar la forma en que evaluamos el funcionamiento de dichos sistemas; y puede informar la forma en que debemos reformarlos.
JT: Fair Trials alza la voz para condenar la aplicación de los sistemas de inteligencia artificial predictivos y de creación de perfiles en la aplicación de la ley y en la justicia penal. La organización se ha adherido a una declaración de la sociedad civil que insta a la UE a prohibir estos sistemas de inteligencia artificial.
¿Por qué se muestran reticentes ante el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia penal? ¿Qué recomiendan para las predicciones basadas en datos, la creación de perfiles y las evaluaciones de riesgo?
NR: Fair Trials rechaza el uso de la inteligencia artificial (IA) y la toma de decisiones automatizada por dos motivos principales. En primer lugar, porque corresponde a seres humanos la toma de decisiones que puedan cambiar drásticamente la vida de una persona.
En segundo lugar, porque, según resulta de la investigación, los sistemas de IA y de toma de decisiones automatizada refuerzan la discriminación y perpetúan los sesgos ya existentes contra grupos que, históricamente, han sufrido una mayor presión policial y, de un modo desproporcionado, han sido detenidas y encarceladas. Deben existir salvaguardas legales estrictas que rijan otros usos de la IA en la justicia penal, y transparencia sobre su diseño, los datos que utiliza y la forma en que dichos datos se procesan.
Toda persona cuya vida pueda verse afectada por la IA o la toma de decisiones automatizada debe estar capacitada para entender, controlar y oponerse a su uso; y tribunales imparciales deben poder evaluar su impacto. Fair Trials defiende una prohibición total del uso de la IA y la toma de decisiones automatizada para crear perfiles y predecir o evaluar la probabilidad de conductas delictivas futuras. Instamos a que dicha prohibición se incluya en la Ley de inteligencia artificial que actualmente se debate en el seno del Parlamento Europeo.
¿Qué desafíos emergen en los sistemas de justicia penal a nivel global? ¿Hasta qué punto puede Fair Trials contribuir a superarlos?
NR: Bien, ciertamente, el uso de la IA es un desafío emergente. También existe, siempre, la dificultad de confrontar, exponer y eliminar el racismo sistémico y los sesgos implícitos. La sociedad ya no puede seguir tolerando el uso del derecho penal como mecanismo para perpetuar la opresión de clases enteras de personas.
En general, debemos encoger los sistemas de justicia penal. Necesitamos superar la adicción al enjuiciamiento penal como medio de lograr la regulación de las conductas. Muchos, no todos, pero sí una cantidad importante de los peores aspectos de los sistemas de justicia penal podrían mejorar si el sistema no estuviese tan cargado de detenciones y enjuiciamientos, que son totalmente innecesarios para resolver el problema detectado.
Más allá de esto, incluso en dichos, relativamente pocos, casos que constituyen el delito clásico (por ejemplo robar o causar lesiones físicas a otra persona), Fair Trials apoya reformas que, siempre que sea posible, sustituyan el enjuiciamiento y el castigo por la justicia restaurativa. Todos ellos son objetivos de gran envergadura. No se lograrán fácilmente; requerirán gran esfuerzo. Pero la reforma de la justicia penal no es una
carrera de velocidad, sino un maratón que vale la pena correr
Norman L. Reimer
CEO mundial de Fair Trials
Norman L. Reimer es el CEO mundial de Fair Trials. Antes de incorporarse a la organización, fue director ejecutivo de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal, la organización predominante en Estados Unidos dedicada a mejorar la capacidad de los abogados penalistas para proteger los derechos fundamentales y promover reformas que contribuyan a avanzar hacia un sistema de justicia penal transparente, racional, humano y no discriminatorio. Previamente, Norman Reimer pasó las dos primeras décadas de su trayectoria profesional ejerciendo como abogado defensor en la representación de clientes de todas las procedencias y situaciones.
