Artículo
Alberto Kopittke
América Latina vive actualmente su período más largo en el que la gran mayoría de sus países viven bajo regímenes democráticos, donde la mayoría de los conflictos políticos armados han terminado y, a pesar de la fuerte cultura militarista y el populismo autoritario, las fuerzas armadas apoyan las transiciones pacíficas de gobierno entre diferentes grupos ideológicos.
Aunque la pobreza ha crecido durante la pandemia y la miseria, el desempleo y el racismo son problemas estructurales a gran escala, la mayoría de los países han experimentado dos décadas de crecimiento económico y ampliación de los derechos sociales.
Sin embargo, un gran problema ha afectado prácticamente toda la región desde hace más de 50 años: una terrible epidemia de violencia que ha consumido la vida de millones de latinoamericanos, especialmente jóvenes pobres y negros. A pesar de las importantes diferencias locales, el motor de esta violencia son los grupos organizados en torno a la venta de drogas y otros mercados ilegales.
Con el tiempo, lo que comenzó como pequeños grupos que ejercían control sobre barrios empobrecidos se ha convertido en enormes corporaciones criminales, compuestas por cientos o incluso miles de miembros afiliados. A medida que ampliaron su alcance, estos grupos dejaron un rastro de violencia a su paso, volviéndose cada vez más armados y organizados.
Los Estados, por su parte, han aplicado en general recetas similares, confiando en su fortaleza operativa y puntual, pero débiles en cuanto al fortalecimiento de sus capacidades estratégicas para hacer frente a este tipo de delincuencia.
Tanto los gobiernos de derecha como los de izquierda, por caminos diferentes, están llegando en general al mismo lugar: el uso creciente de una doctrina militarista de combate, ya sea por parte de la policía civil o militar o directamente por las propias fuerzas armadas, lo que resulta en abusos de fuerza y alta letalidad policial contra grupos socialmente vulnerables. Al mismo tiempo, estas soluciones se están convirtiendo en una doctrina ideológica, que retrata los derechos humanos como obstáculos que protegen a los criminales y construye una gran base de apoyo para acciones cada vez más extremas (aunque lleven décadas sin mostrar resultados positivos).
En otro frente, el sistema penitenciario en muchas partes del continente ha caído muy por debajo de los estándares básicos de dignidad humana, con instalaciones abarrotadas y de baja calidad. En numerosos países de la región, estas cárceles se han convertido efectivamente en centros operativos de organizaciones criminales. La falta de una adecuada separación entre individuos de bajo y alto riesgo y de cualquier tipo de tratamiento penal hace que jóvenes que ingresaron a las cárceles por delitos menores salgan con un perfil delictivo más agravado y con grandes “deudas” que deben pagar en las calles.
La falta de control sobre el crimen organizado dentro del sistema penitenciario hace que las cárceles se conviertan en “sedes” funcionales, donde los grupos forman alianzas, planean atentados y llevan a cabo crímenes digitales masivos contra la población, apoderándose de las calles desde dentro de los muros, bajo la protección del Estado.
Lamentablemente, no hay indicios en el horizonte de que la demanda de drogas pueda reducirse, o de que alguna política global pueda tener un impacto sustantivo en la dinámica económica de estas organizaciones.
La modernización de las instituciones policiales ya ha mostrado resultados positivos concretos en el continente. Esta modernización no se confunde necesariamente con un mayor aparato tecnológico (que puede ser necesario, pero nunca un fin en sí mismo), sino con una mayor capacidad institucional en áreas como: análisis de la delincuencia y gestión interinstitucional integrada1, control interno, inteligencia, lucha contra el blanqueo de dinero, investigación de homicidios, medicina forense y control de armas.
Además, la aplicación de estrategias basadas en pruebas, más centradas, proactivas e integradas, como la actuación policial orientada a la resolución de problemas2, a actuación policial en puntos calientes acompañada de microintervenciones urbanas3,4,5 y la disuasión focalizada6 ya han demostrado su eficacia en la reducción de la letalidad violenta.
Las intervenciones urbanas a gran escala en comunidades periféricas también han demostrado ser de gran importancia para dar seguimiento y sostenibilidad a las acciones de seguridad7. Del mismo modo, se ha demostrado que los programas de prevención bien estructurados y basados en las mejores pruebas protegen a los jóvenes8 e invierten las trayectorias de riesgo9, incluso en contextos negativos.
Pero llevar a cabo reformas estructurales del sistema penitenciario debe ser también una tarea prioritaria para aquellos gobiernos que quieran atajar eficazmente la epidemia de violencia. Es urgente estructurar sistemas en los que los líderes violentos sean efectivamente aislados de sus grupos, así como que los jóvenes puedan recibir un tratamiento penal digno y un tratamiento para reducir la reincidencia delictiva basado en los mejores conocimientos científicos.
América Latina tiene dos grandes vías posibles para hacer frente al crimen organizado: la vía populista, autoritaria, militarista y contraria a los derechos fundamentales, que ha sido ampliamente utilizada a lo largo del siglo XX, y que puede dar resultados puntuales, pero que no puede sostenerse a largo plazo. O el camino de un modelo de seguridad pública basado en la evidencia10 que proteja los principios fundamentales, incluso en los momentos más duros y difíciles.
Afortunadamente, hoy en día el mundo ha acumulado una gran cantidad de conocimientos sobre lo que funciona y lo que no para reducir la violencia. Aunque la delincuencia organizada plantee nuevos retos, la introducción de este concepto debe seguir siendo la principal tarea de quienes creen que el fortalecimiento del Estado de Derecho democrático es el mejor fin y la mejor manera de construir sociedades con menos violencia.
Referencias
1 Kopittke, A. L. W., & Ramos, M. P. (2021). What works and what doesn’t to reduce homicides in Brazil: a systematic review. Revista De Administração Pública, 55(2), 414-437. https://doi.org/10.1590/0034-761220190168
2 CHAINEY, Spencer P.; SERRANO-BERTHET, Rodrigo; VENERI, Federico. The impact of a hot spot policing programme in Montevideo, Uruguay: an evaluation using a quasi-experimental difference-in-difference negative binomial approach. Police Practice and Research, v. 22, n. 5, p. 1541-1556, 2021
3 COLLAZOS, David et al. Hot spots policing in a high-crime environment: An experimental evaluation in Medellin. Journal of Experimental Criminology, v. 17, n. 3, p. 473-506, 2021.
4 BLATTMAN, Christopher et al. Place-Based Interventions at Scale: The Direct and Spillover Effects of Policing and City Services on Crime. Journal of the European Economic Association, v. 19, n. 4, p. 2022-2051, 2021
5 Chainey, Spencer & Estévez-Soto, Patricio & Pezzuchi, Gastón & Serrano Berthet, Rodrigo (2022). An evaluation of a hot spot policing programme in four Argentinian cities. The Police Journal: Theory, Practice and Principles. 96. 0032258X2210790. 10.1177/0032258X221079019.
6 Michelle Degli Esposti; Carolina V.N. Coll; Eduardo Viegas da Silva; Doriam Borges; Emiliano Rojido; Alisson Gomes dos Santos et AL. Effects of the Pelotas (Brazil) Peace Pact on violence and crime: a synthetic control analysis. The Lancet Regional Health Americas. VOLUME 19, 100447, MARCH 2023.
7 CERDA, M. et al. Reducing Violence by Transforming Neighborhoods: A Natural Experiment in Medellin, Colombia. American Journal of Epidemiology, v. 175, n. 10, p. 1045-1053, 2012. DOI: 10.1093/aje/kwr428.
8 RAMOS, C.; NIETO, A.M.; CHAUX, E. Aulas en Paz: Resultados preliminares de un programa multi-componente. Revista Interamericana de Educación para la Democracia, v. 1, p. 36-56, 2007.
9 FUNDACIÓN PAZ CIUDADANA. Impact and cost-benefit evaluation of drug treatment courts in Chile. Presentation of results May 2018.
10 Kopittke, Alberto. Evidence-Based Public Safety Manual: what works and what doesn’t to prevent violence. Conhecer, 2023.
El Dr. Alberto Kopittke es Director Ejecutivo del Instituto Cidade Segura y consultor externo sobre Seguridad Ciudadana para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es doctor en Políticas Públicas, máster en Ciencias Penales y licenciado en Derecho y Policía Basada en la Evidencia. Tiene experiencia en puestos de asesoramiento gubernamental y coordinación de iniciativas a escala nacional en Brasil, incluido el de Secretario Municipal de Seguridad Pública en Canoas/RS. Ha trabajado como consultor en varios proyectos exitosos de reducción de la violencia, formulando Planes de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia basados en evidencias.
Publicidad
