Los casos de violencia, incendios provocados y ataques terroristas planificados, combinados con el preocupante ascenso del número de jóvenes que se unen a organizaciones extremistas o abandonan Europa para luchar en el bando de organizaciones terroristas, muestran que el extremismo violento y la radicalización siguen siendo un reto, no sólo para la seguridad de los estados sino también para los valores fundamentales y los principios democráticos de la Unión Europea, tales como la dignidad humana, la libertad (incluyendo la libertad de expresión), la democracia, la igualdad, el estado de derecho, y el respeto de los derechos humanos.
Por tanto, la respuesta al problema de la radicalización – entendida como “el proceso de adopción de un sistema de creencias extremistas, incluyendo la disposición a apoyar o aplicar la violencia como método para lograr un cambio social efectivo” (1) – ha estado en el centro de la preocupación de los representantes del estado, que deberían diseñar una estrategia integral para combatir el terrorismo.
Aunque la radicalización puede tener lugar en cualquier parte, hay ciertos puntos de interacción social (física o virtual) que, debido a sus características específicas, son más propicios para dar lugar a este fenómeno. Junto con las mezquitas e internet, las prisiones han sido identificadas como uno de los lugares principales de radicalización, a menudo referidas como incubadoras de extremismo violento y campo de cultivo de la radicalización.
De hecho, la evidencia muestra que hay un predominio de ex-internos entre los yihadistas europeos y que muchos de ellos comenzaron su radicalización durante su estancia en prisión. Por ejemplo, en un estudio llevado a cabo por Basra y sus colaboradores (2) en 2016, basado en una base de datos que incluía a 79 yihadistas europeos, se encontró que el 57% habían sido encarcelados antes de verse involucrados en actividades relacionadas con el terrorismo y, de estos, al menos un 31% se habían radicalizado durante el período de internamiento.
Las historias que sustentan los eventos terroristas que han ocurrido recientemente en el mundo occidental ilustran bien esta realidad. Podemos mencionar, por ejemplo, los casos de Chérif Kouachi, uno de los verdugos del ataque al periódico satírico francés Charlie Hebdo, el 7 de enero de 2015; y también, su colega y cómplice Amedy Coulibaly que fue una de las mentes maestras detrás de los ataques terroristas de París del 13 de noviembre de 2015; el perpetrador de los ataques de Copenhague en Dinamarca los días 14 y 15 de febrero de 2015; y algunos datos sugieren que Abu Bakr al-Baghdadi, el jefe del grupo terrorista del Estado Islámico, se radicalizó durante los cuatro años que estuvo recluido en Camp Bucca, una instalación estadounidense en el sur de Iraq.
Aunque no podemos hablar de relaciones causales directas entre el confinamiento en prisión, la radicalización y la consiguiente participación en actividades terroristas, existen motivos fuertes – y, tal y como hemos visto, varios casos que sirven de alerta – para que consideremos que estos entornos cerrados combinan varios factores y dinámicas que pueden aumentar la propensión a desarrollar fenómenos de radicalización.
De hecho, las cárceles son lugares de vulnerabilidad en los que las personas experimentan aislamiento social, estrés y crisis personales, lo que las hace más vulnerables a explorar nuevas creencias, identidades y asociaciones. Además, estos presos vulnerables a menudo comparten el mismo espacio con presos terroristas o extremistas que intentan ejercer su poder de influencia para radicalizar nuevos elementos para su causa.
Los profesionales de primera línea que trabajan en este contexto – a saber, funcionarios correccionales, personal educativo, psicólogos y trabajadores sociales – son el primer punto de contacto profesional para los reclusos en riesgo de radicalización. Por lo tanto, involucrar y capacitar al personal penitenciario y libertad condicional de primera línea, sobre cómo reconocer procesos de radicalización, evaluar la vulnerabilidad de presos particulares y, finalmente, involucrarlos en programas de desradicalización, es clave para la prevención de la radicalización en las cárceles.
En respuesta a esta necesidad, en 2015, la Comisión Europea aprobó el financiamiento del Proyecto de Prevención de la Radicalización en Prisiones (R2PRIS). Al reunir a expertos internacionales en el campo de la radicalización y las administraciones penitenciarias nacionales de seis países europeos, el proyecto R2PRIS busca reducir la radicalización y el extremismo dentro de las cárceles mejorando las competencias del personal de primera línea para identificar, informar e interpretar señales de radicalización y responder adecuadamente. Hasta el momento, el equipo del proyecto desarrolló un marco metodológico, una batería de herramientas de evaluación dirigidas a los gobernadores de prisiones, personal de primera línea y psicólogos, y ahora está probando el programa de capacitación.
Un punto importante que no debemos dejar de mencionar es que los esfuerzos de prevención y desradicalización en las cárceles no se pueden ver en forma aislada, ya que los delincuentes extremistas violentos y los presos vulnerables a la radicalización finalmente serán liberados en la comunidad.
Promover un enfoque holístico para la prevención de la radicalización en estos contextos es, de hecho, la idea principal detrás del Proyecto INTEGRA – Enfoque Integrado de Prevención de la Radicalización en la Comunidad, Servicios Penitenciarios y de Liberdad Condicional que se lanzó en septiembre de 2017.
Representado por seis países europeos, el proyecto INTEGRA se esfuerza por mejorar el proceso de transición entre la prisión y / o los sistemas de libertad condicional y la comunidad para aquellos en riesgo de radicalización o que se han radicalizado. Intenta lograr este resultado centrándose en el desarrollo de habilidades de los delincuentes, así como en la capacitación del personal de primera línea y de las organizaciones.
A este respecto, el Consejo de Europa recomienda que los servicios penitenciarios y de libertad condicional colaboren estrechamente con las organizaciones comunitarias a fin de salvaguardar la continuación de los programas especiales desarrollados durante el encarcelamiento o la libertad condicional (3).
Aunque no existe un modelo único para todos, la cooperación interinstitucional entre las prisiones, la policía y los proveedores de servicios comunitarios es crucial para garantizar que el intercambio de información sea posible y continuo, y que los servicios de apoyo estén en funcionamiento.
Junto con una buena administración penitenciaria y de libertad condicional, reclutamiento y entrenamiento de personal penitenciario y de libertad condicional, y la identificación de presos extremistas violentos y aquellos en riesgo de radicalización, estos constituyen los ingredientes para que una prevención y una lucha contra la radicalización y el extremismo violento exitosas.
Notes:
(1) Allen, C. (2007).
The threat of Islamic Radicalization to the Homeland. Testimony before the U.S. Senate Committee on Homeland Security and Government Affairs, p. 4.
(2) Basra, Rajan, Neumann, Peter, R. & Brunner, Claudia (2016). Criminal pasts, terrorist futures: European jihadists and the new crime-terror nexus. The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR), King’s College London.
(3) Directrices del Consejo de Europa para los servicios penitenciarios y de libertad condicional en relación con la radicalización y el extremismo violento (adoptadas por el Comité de Ministros el 2 de marzo de 2016, en la 1249ª sesión de los Viceministros).
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// Susana Reis es la Jefa de Investigación en IPS_Innovative Prison Systems. Tiene una licenciatura en Criminología de la Universidad de Oporto y un Máster Honorifico en Criminología Global de la Universidad de Utrecht. Fue monitora de enseñanza en la Universidad de Oporto, donde también trabajó en el desarrollo de varios proyectos de investigación. Junto con su equipo, diseña, gestiona y trabaja en el despliegue de varios proyectos transnacionales, a saber, R2PRIS, PRACTICIES, INTEGRA y MenACE.
// Marina Soares es consultora junior en IPS_Innovative Prison Systems, donde trabaja en los proyectos R2PRIS, PRACTICIES, INTEGRA y MenACE. Es licenciada en Criminología por la Universidad de Oporto y posee un Máster en Ciencias de la Policía del Instituto Superior de Ciencias Policiales y Seguridad Nacional (Portugal). Ella es una estudiante Ph.D. de Derecho y Seguridad, en la Universidad Nova de Lisboa.
