// Entrevista: Rodil Hernández
Director General de Centros Penales de El Salvador
JT: ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el sistema de justicia salvadoreño, en general, y el sistema penitenciario, en particular?
RH: En el caso del sistema de justicia, el principal reto es lograr ser tal como lo establece nuestra Constitución: ¡una Justicia pronta y cumplida!
En el ámbito penitenciario se ha mejorado muchísimo porque tenemos nuevos juzgados de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena. El principal desafío es reducir la tasa de sobrepoblación de más de 300%, la más alta de América Latina: tenemos a 38 000 personas privadas de libertad y capacidad para 11 400. Hay 5000 personas que no han ingresado por falta de espacio, así que están prácticamente cumpliendo su detención provisional en las instalaciones de la Policía Nacional Civil. Este es un desafío muy grande, además de la profesionalización de nuestro personal, principalmente la de los agentes custodios.
Tenemos un tema muy complejo que son los grupos de pandillas que han ido mutando de tal forma que se han convertido en estructuras trasnacionales de crimen organizado y que alcanzan 1/3 de la población recluida.
La infraestructura antigua, obsoleta y deteriorada por falta de mantenimiento es otro reto, además porque no fue diseñada para constituirse como centros de reclusión, mucho menos de tratamiento. ¡Hay reos, en nuestro país, que están recluidos en lugares que eran para albergar los caballos!
Estamos desarrollando una serie de inversiones – de más de 185 millones de dólares – en la creación de nueva infraestructura, en la dotación de talleres para rehabilitación, pero también para la contratación de más de 1400 personas que se van incorporar a la planta actual de personal, que no supera los 2600.
JT: En el año 2000, había 7750 privados de libertad (130 de población carcelaria por 100 000 habitantes); tras 16 años, el número de internos asciende a 38 000 y el índice de población carcelaria va en más de 550.
Delante de esta realidad, ¿cuál es la estrategia y cuáles son las acciones concretas para solucionar el problema del hacinamiento?
RH: En primer lugar, establecimos un sistema de información integrada. No existía ni siquiera un sistema de conteo de una forma automatizada! A ese sistema le denominamos “SITE”: nos permite saber con quienes contamos y todos los datos jurídicos, personales, demográficos, médicos, etc., todo lo que tiene que ver con información necesaria para poder establecer una estrategia. Esa base de datos tiene seis años y nos permitió saber que alrededor de diez mil privados de libertad iban a cumplir su condena en los próximos 10 años.
Establecimos una estrategia de clasificación con base en la adaptabilidad para los procesos de rehabilitación. Tenemos un régimen progresivo de cumplimiento de las penas y la estrategia de fortalecimiento del sistema tiene que ver con crear toda la estructura, tanto física, como de personal, como de programas de tratamiento que permitan agilizar la progresión. Si bien es cierto que alrededor de 10 mil personas están próximas a salir, podemos hacer que el resto de privados de libertad pueda irse aproximando al goce de alguno de los beneficios penitenciarios que contempla nuestra ley como la fase de confianza, la semi-libertad, y la libertad condicional, ordinaria o anticipada.
El resultado que esperamos, para el año 2019, es dejar la tasa de hacinamiento en un 30% arriba de la capacidad instalada porque vamos a generar 17 400 nuevos espacios.
Me importa la aceleración del régimen progresivo y la habilitación de las personas que se van acercando al cumplimiento de la pena para que obtengan herramientas de vida y laborales, conocimientos, y tratamiento para que se puedan integrar de una forma exitosa a la sociedad. Esto incluye la totalidad de los privados de libertad, con la diferencia que en el caso de los que pertenecen a pandillas porque los delitos por los cuales ellos han sido condenados tienen penas más largas. Durante los próximos cinco años están en régimen ordinario, y (un 90% de ellos) estarán prácticamente sin posibilidad de poder accesar a los beneficios penitenciarios.
No obstante, nuestro programa de tratamiento es para el 100% [de la población penitenciaria], sin exclusiones ni diferencias.
JT: Sabemos que, desde el 2011, tienen un programa de rehabilitación designado “Yo Cambio”, el cual, mientras tanto, desde fines del 2014, se ha convertido en un nuevo modelo de gestión penitenciaria.
¿Nos explica, por favor, en que consiste este nuevo modelo y el estado de avance de su implementación?
RH: El “Yo Cambio” es un modelo de tratamiento en el cual hay cero ocio carcelario, es decir que el 100% de los internos se integrará en diferentes programas de tratamiento o de ocupación. Los involucramos en el desarrollo de programas de aprendizaje, de alguna habilidad laboral, cultural, espiritual, etc.
El programa inicia con una concientización de la condición en la que están, del reconocimiento del delito cometido y la necesidad de construir un nuevo proyecto de vida. Luego, ocuparles y ayudarles a descubrir capacidades. Además existe un componente laboral muy fuerte a través de actividades de mantenimiento de las instalaciones penitenciarias y de trabajo en apoyo a la comunidad; hemos ido acercando los privados de libertad con la sociedad, de tal forma que puedan contribuir con municipalidades, con instituciones gubernamentales, o con servicios, a través de tutores.
También contamos con una parte legal que permite que los internos que participan en obras de apoyo a la comunidad puedan rectificar los cómputos de sus sentencias de tal forma que por cada día que laboren se les redima dos días de condena; muchos de ellos puedan alcanzar beneficios de libertad condicional y obtener herramientas laborales.
El modelo “Yo Cambio” ya es prácticamente una marca del sistema que se conoce en todo el país y nos ha permitido que la sociedad vaya flexibilizándose… En nuestro país había una gran “sed” de venganza en la sociedad sobre todo por el tema de los pandilleros y la afectación que ellos causan y han causado a la sociedad salvadoreña con el cometimiento de delitos graves. Entonces, ha sido un proceso de reconciliación de los privados de libertad con la sociedad.
Con esto logramos la reducción de los carcelarios y el ordenamiento de los centros; también se han mejorado los aspectos de salubridad y de convivencia.
Ahorita, el 95% de los centros penales está dentro del modelo de gestión “Yo Cambio”. Solamente faltan tres centros, que son penales de pandillas (Cuidad Barrios, Quezaltepeque, y el de máxima seguridad: Zacatecoluca). Vamos a implementar el modelo en estos centros penales en los próximos dos años.
JT: El Salvador es de los países que más tiene que hacer frente al fenómeno de las pandillas y del crimen organizado.
¿Qué comentarios hace usted respecto a este tema, refiriéndose a las consecuencias que trae al sistema de justicia penal y al sistema carcelario?
RH: Los grupos de pandillas son grupos altamente organizados y estructurados. El modelo también va acompañado de las medidas necesarias para desarticular sus “cabezas”, que están conminando el resto de los miembros a seguir cometiendo delitos, inclusive desde las prisiones.
Se ha aplicado también una serie de medidas extraordinarias en los centros penales que albergan pandilleros. Estas medidas extraordinarias han implicado una serie de acciones severas para mantener el control y tienen el propósito de desarticular esas estructuras criminales desde las prisiones y también en las calles. Esta política trae aparejadas algunas restricciones que interfieren con los derechos de los privados de libertad. Fueron medidas aprobadas por unanimidad en el Congreso – en nuestra Asamblea Legislativa 100% de los diputados votaron por ellas – y que han tenido un efecto de reducción de cometimiento de homicidios y de crímenes de extorsión. Se ha desarticulado también financieramente la estructura criminal, y, dentro de las prisiones, estas medidas extraordinarias prácticamente han llevado a un aislamiento de los internos, con prohibición de visitas – solamente la visita profesional está permitida. Son medidas drásticas pero necesarias para atender el problema de las pandillas.
Se están construyendo centros penales con mayor seguridad para alojar a los cabecillas de esas estructuras y el nuevo modelo de gestión se está implementando ya en tres de esos seis centros penales, en los cuales están participando los miembros de las pandillas y se está generando una conducta diferente. El objetivo es llegar al 100% y agilizar una serie de obras de mejoramiento de la infraestructura y de los diseños de construcción de los centros penales, de tal forma que se pueda ejercer un mayor y mejor control y desarrollar los programas de tratamiento adecuados.
