Rodil Hernandez El Salvador prisons

La seguridad pública a través de la reforma penitenciaria y el control de pandillas

// Entrevista: Rodil Hernández

Director General de Centros Penales de El Salvador

JT: ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el sistema de justicia salvadoreño, en general, y el sistema penitenciario, en particular?

RH: En el caso del sistema de justicia, el principal reto es lograr ser tal como lo establece nuestra Constitución: ¡una Justicia pronta y cumplida!

En el ámbito penitenciario se ha mejorado muchísimo porque tenemos  nuevos juzgados de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena. El principal desafío es reducir la tasa de sobrepoblación de más de 300%, la más alta de América Latina: tenemos a 38 000 personas privadas de libertad y capacidad para 11 400. Hay 5000 personas que no han ingresado por falta de espacio, así que están prácticamente cumpliendo su detención provisional en las instalaciones de la Policía Nacional Civil. Este es un desafío muy grande, además de la profesionalización de nuestro personal, principalmente la de los agentes custodios.

Tenemos un tema muy complejo que son los grupos de pandillas que han ido mutando de tal forma que se han convertido en estructuras trasnacionales de crimen organizado y que alcanzan 1/3 de la población recluida.

La infraestructura antigua, obsoleta y deteriorada por falta de mantenimiento es otro reto, además porque no fue diseñada para constituirse como centros de reclusión, mucho menos de tratamiento. ¡Hay reos, en nuestro país, que están recluidos en lugares que eran para albergar los caballos!

Estamos desarrollando una serie de inversiones – de más de 185 millones de dólares – en la creación de nueva infraestructura, en la dotación de talleres para rehabilitación, pero también para la contratación de más de 1400 personas que se van incorporar a la planta actual de personal, que no supera los 2600.

JT: En el año 2000, había 7750 privados de libertad (130 de población carcelaria por 100 000 habitantes); tras 16 años, el número de internos asciende a 38 000 y el índice de población carcelaria va en más de 550.
Delante de esta realidad, ¿cuál es la estrategia y cuáles son las acciones concretas para solucionar el problema del hacinamiento?

RH: En primer lugar, establecimos un sistema de información integrada. No existía ni siquiera un sistema de conteo de una forma automatizada!  A ese sistema le denominamos «SITE»: nos permite saber con quienes contamos y todos los datos jurídicos, personales, demográficos, médicos, etc., todo lo que tiene que ver con información necesaria para poder establecer una estrategia. Esa base de datos tiene seis años y nos permitió saber que alrededor de diez mil privados de libertad iban a cumplir su condena en los próximos 10 años.

Establecimos una estrategia de clasificación con base en la adaptabilidad para los procesos de rehabilitación. Tenemos un régimen progresivo de cumplimiento de las penas y la estrategia de fortalecimiento del sistema tiene que ver con crear toda la estructura, tanto física, como de personal, como de programas de tratamiento que permitan agilizar la progresión. Si bien es cierto que alrededor de 10 mil personas están próximas a salir, podemos hacer que el resto de privados de libertad pueda irse aproximando al goce de alguno de los beneficios penitenciarios que contempla nuestra ley como la fase de confianza, la semi-libertad, y la libertad condicional, ordinaria o anticipada.

El resultado que esperamos, para el año 2019, es dejar la tasa de hacinamiento en un 30% arriba de la capacidad instalada porque vamos a generar 17 400 nuevos espacios.

Me importa la aceleración del régimen progresivo y la habilitación de las personas que se van acercando al cumplimiento de la pena para que obtengan herramientas de vida y laborales, conocimientos, y tratamiento para que se puedan integrar de una forma exitosa a la sociedad. Esto incluye la totalidad de los privados de libertad, con la diferencia que en el caso de los que pertenecen a pandillas porque los delitos por los cuales ellos han sido condenados tienen penas más largas. Durante los próximos cinco años están en régimen ordinario, y (un 90% de ellos) estarán prácticamente sin posibilidad de poder accesar a los beneficios penitenciarios.
No obstante, nuestro programa de tratamiento es para el 100% [de la población penitenciaria], sin exclusiones ni diferencias.

JT: Sabemos que, desde el 2011, tienen un programa de rehabilitación designado “Yo Cambio”, el cual, mientras tanto, desde fines del 2014, se ha convertido en un nuevo modelo de gestión penitenciaria.
¿Nos explica, por favor, en que consiste este nuevo modelo y el estado de avance de su implementación?

RH: El “Yo Cambio” es un modelo de tratamiento en el cual hay cero ocio carcelario, es decir que el 100% de los internos se integrará en diferentes programas de tratamiento o de ocupación. Los involucramos en el desarrollo de programas de aprendizaje, de alguna habilidad laboral, cultural, espiritual, etc.

El programa inicia con una concientización de la condición en la que están, del reconocimiento del delito cometido y la necesidad de construir un nuevo proyecto de vida. Luego, ocuparles y ayudarles a descubrir capacidades. Además existe un componente laboral muy fuerte a través de actividades de mantenimiento de las instalaciones penitenciarias y de trabajo en apoyo a la comunidad; hemos ido acercando los privados de libertad con la sociedad, de tal forma que puedan contribuir con municipalidades, con instituciones gubernamentales, o con servicios, a través de tutores.

También contamos con una parte legal que permite que los internos que participan en obras de apoyo a la comunidad puedan rectificar los cómputos de sus sentencias de tal forma que por cada día que laboren se les redima dos días de condena; muchos de ellos puedan alcanzar beneficios de libertad condicional y obtener herramientas laborales.

El modelo «Yo Cambio» ya es prácticamente una marca del sistema que se conoce en todo el país y nos ha permitido que la sociedad vaya flexibilizándose… En nuestro país había una gran «sed» de venganza en la sociedad sobre todo por el tema de los pandilleros y la afectación que ellos causan y han causado a la sociedad salvadoreña con el cometimiento de delitos graves. Entonces, ha sido un proceso de reconciliación de los privados de libertad con la sociedad.

Con esto logramos la reducción de los carcelarios y el ordenamiento de los centros; también se han mejorado los aspectos de salubridad y de convivencia.

Ahorita, el 95% de los centros penales está dentro del modelo de gestión «Yo Cambio». Solamente faltan tres centros, que son penales de pandillas (Cuidad Barrios, Quezaltepeque, y el de máxima seguridad: Zacatecoluca). Vamos a implementar el modelo en estos centros penales en los próximos dos años.

JT: El Salvador es de los países que más tiene que hacer frente al fenómeno de las pandillas y del crimen organizado.
¿Qué comentarios hace usted respecto a este tema, refiriéndose a las consecuencias que trae al sistema de justicia penal y al sistema carcelario?

RH: Los grupos de pandillas son grupos altamente organizados y estructurados. El modelo también va acompañado de las medidas necesarias para desarticular sus «cabezas», que están conminando el resto de los miembros a seguir cometiendo delitos, inclusive desde las prisiones.

Se ha aplicado también una serie de medidas extraordinarias en los centros penales que albergan pandilleros. Estas medidas extraordinarias han implicado una serie de acciones severas para mantener el control y tienen el propósito de desarticular esas estructuras criminales desde las prisiones y también en las calles. Esta política trae aparejadas algunas restricciones que interfieren con los derechos de los privados de libertad. Fueron medidas aprobadas por unanimidad en el Congreso – en nuestra Asamblea Legislativa 100% de los diputados votaron por ellas – y que han tenido un efecto de reducción de cometimiento de homicidios y de crímenes de extorsión. Se ha desarticulado también financieramente la estructura criminal, y, dentro de las prisiones, estas medidas extraordinarias prácticamente han llevado a un aislamiento de los internos, con prohibición de visitas – solamente la visita profesional está permitida. Son medidas drásticas pero necesarias para atender el problema de las pandillas.

Se están construyendo centros penales con mayor seguridad para alojar a los cabecillas de esas estructuras y el nuevo modelo de gestión se está implementando ya en tres de esos seis centros penales, en los cuales están participando los miembros de las pandillas y se está generando una conducta diferente. El objetivo es llegar al 100% y agilizar una serie de obras de mejoramiento de la infraestructura y de los diseños de construcción de los centros penales, de tal forma que se pueda ejercer un mayor y mejor control y desarrollar los programas de tratamiento adecuados.

Hemos tenido una constante interrelación con las organizaciones de derechos humanos y con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que tiene un acceso irrestricto a todas nuestras prisiones.

JT: En abril de 2016 entraron en vigencia una serie de medidas especiales en las cárceles destinadas exclusivamente a pandilleros. El objetivo era aislar a los detenidos en el entendido de que son ellos el motor criminal de las pandillas; ahora, se decidió extender esas medidas por un año más.
¿Cuál es el estado de cosas, están estas medidas extraordinarias produciendo los efectos deseados? ¿Y cuál es la situación en lo que dice respecto a los derechos humanos?

RH: Hay que conocer realmente el quehacer de la estructura delincuencial de la pandilla… En 2004 las autoridades de Seguridad Pública decidieron recluir a los miembros de pandillas en penales específicos, es decir, se destinó un centro penal para alojar allí a todos los miembros de la MS13 (Mara Salvatrucha), por ejemplo, otro centro penal para los miembros de La 18 – que son las dos pandillas principales – y otro [centro penal] para el resto de pandillas, separando la población “común” de los pandilleros. Pero no se acompañó esa decisión de todo lo que tenía que haberse acompañado. Además, hubo una fuertísima persecución del delito, durante esa época se capturó a todas las cabezas de las estructuras de pandillas y se los recluyó. Pero nunca se mejoró la infraestructura y, ante el incremento exponencial de internos, nunca se contrató más personal, ni se capacitó al personal que ya estaba nombrado, para atender ese problema de tener allí a líderes o cabecillas de estructuras transnacionales, con mucho (¡mucho!) poder adquisitivo, y también poder de influencia, de amenaza y de control territorial. Prácticamente entregaron el sistema penitenciario a las estructuras criminales. Es decir, los recluyeron, los dejaron depositados, los abandonaron y jamás hicieron ningún esfuerzo para mantener el control de las prisiones.

Eso es lo que está cambiando con el programa de fortalecimiento del sistema penitenciario: clasificación de las personas privadas de libertad por su grado de peligrosidad y no por su pertenencia a una estructura “X” o “Z”; creación de nueva infraestructura adecuada para cada uno de los grados de peligrosidad; darle cumplimiento a la ley penitenciaria; movilización del régimen progresivo para que los privados de libertad de baja peligrosidad o que se van acercando al cumplimiento de su condena estén en condiciones para darles el tratamiento que corresponde y que no sean mezclados con otros que tienen otro tipo de condición.

El control del sistema penitenciario se hace también a través del mejoramiento de la infraestructura, de la modernización de los protocolos de actuación con la colocación de mayor tecnología, de sistemas de video vigilancia y de control de ingresos, la biometría – para el control de ingresos e identificación de visitantes – y un tratamiento al 100% de las personas privadas de libertad.

Son cosas que no las teníamos hace 10 años y que ahora estamos impulsando, un proceso que inició en el año 2009 con la entrada al gobierno de nuestra administración.

Estamos ya prácticamente en la etapa final de la implementación de todo esto proceso, fortaleciendo nuestra escuela penitenciaria con un modelo nuevo de formación.

Aunque estén estas medidas extraordinarias, no es cierto que los privados de libertad se pasen las 24 horas en sus celdas; se han autorizado horas para libertad ambulatoria y hay también acceso a la adquisición de bienes y servicios a través de nuestro sistema de tiendas institucionales. Hay restricciones en algunos centros, es decir, la dosificación y la temporalidad son importantes y permiten que las medidas extraordinarias logren el objetivo.

Hemos tenido una constante interrelación con las organizaciones de derechos humanos y con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que tiene un acceso irrestricto a todas nuestras prisiones. El derecho a la salud no está en ningún momento ni siquiera limitado, de hecho, estamos dando atención de salud con mayor énfasis en los centros bajo las medidas extraordinarias.

Las medidas extraordinarias no son medidas para violar derechos humanos, tienen como objetivo recuperar y mantener el control en estos centros penales.

En un centro penal bajo medidas (Ciudad Barrios), recientemente los internos estallaron una granada, atacándose entre ellos mismos dentro de la misma pandilla, la MS… Armas que tenían ahí en su poder desde hace muchos años, debido a la complejidad de realizar nuestras requisas, por toda la sobrepoblación, la acumulación de ropa y de cosas que los reos llevan a la cárcel sin mayor control. Con las medidas [extraordinarias] agilizamos, profundizamos, y mejoramos los procedimientos de revisión.

Hay una tendencia de algunos cabecillas de las estructuras delincuenciales de pandillas de ordenar que algunos de sus miembros no coman la ración diaria para que vayan cayendo en una situación de desnutrición y que posiblemente el objetivo haya sido que deriven en muertes y que luego puedan servir para desvirtuar la aplicación de las medidas o afectar nuestra política de seguridad pública. Estamos tomando ya las medidas pertinentes para corregir esta situación, pero eso te da una muestra también de la gravedad del problema que tenemos con esos grupos de pandillas; son capaces de hacer cualquier cosa para seguir manteniendo el control dentro del sistema.

JT: ¿Estas medidas extraordinarias son suficientes o plantean otras para controlar y detener la fuerza de las pandillas?

RH: Por el momento han demostrado que son suficientes. La desarticulación de la estructura criminal y el aislamiento de “las cabezas” han permitido reducir el promedio diario de homicidios en el país, de 22 homicidios diarios – antes de la aplicación de las medidas extraordinarias (el 95% de estos homicidios está vinculado a las pandillas, como hechores o como víctimas) –  a un promedio de 9.2 homicidios diarios y la tendencia, cada día, es hacia bajo.

Se ha golpeado la estructura financiera de las pandillas y el control territorial que las pandillas ejercían en las comunidades también se ha visto mermado.

Entonces, todo eso tiene que ver directamente con el control que se está tomando en las cárceles, porque aquí había una relación muy directa con los que estaban en la cárcel dirigiendo prácticamente el quehacer criminal afuera, en las calles.

JT: ¿Nos comenta, por favor, cuales son y qué papel desempeñan las entidades de cooperación externa en la reforma del sistema penitenciario salvadoreño?

RH: Son muy importantes. Tenemos muchísima cooperación internacional, sobre todo de la AECID, la agencia española de cooperación. Ellos nos han apoyado grandemente en el relanzamiento de nuestra escuela penitenciaria, en la formación de personal, con cursos especializados de gestión penitenciaria y de criminología.

La Unión Europea también ha dado un apoyo grandísimo en el ámbito de infraestructuras: creamos un sector materno infantil y un centro de desarrollo integral para los niños de las privadas de libertad; es un centro modelo a nivel regional. Mucho apoyo de parte de Taiwán – con talleres de construcción y de estructuras metálicas – y apoyo también de la INL, de los Estados Unidos, y del gobierno Italiano.

Todos estos son los que han estado colaborando con el sistema penitenciario de una forma sostenible e ininterrumpida desde el año 2010.

JT: ¿Cuál es su visión respecto al futuro del sistema penitenciario del país?

RH: Nuestra visión es de que el sistema se convierta en un sistema moderno desde un punto de vista tecnológico, de la gestión penitenciaria y del tratamiento de los privados de libertad. Vamos hacia un modelo seguro y reabilitante.

De acuerdo a nuestras cifras, más de un tercio de la población privada de libertad va a cumplir su condena en los próximos siete años. Eso significa que, si podemos agilizar también el régimen progresivo, podamos contribuir a dejar un sistema superado y menos hacinado en el que la gestión se pueda volver más sostenible. Si no logramos reducir la tasa de hacinamiento en los próximos años, realmente vamos a tener un sistema muy comprometido.

La formación del nuevo personal es un gran reto: ha habido un problema de mucha corrupción, pero hay que ir luchando para cambiar esa cultura, manteniendo el control, mejorando la formación, brindando mayores oportunidades a nuestro personal de tal forma que estamos desarrollando, por primera vez, lo que es la carrera penitenciaria a través de un sistema organizado de promociones y de ascensos.

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Abogado y notario, es también licenciado en Administración de Empresas y tiene master en Gerencia Pública, Justicia y Seguridad.
En 2013, fue nombrado Director General con el objeto de dirigir la política penitenciaria de conformidad a los principios que rige la ley, así como la organización, funcionamiento y control administrativo de los centros penitenciarios. En 2012 se desempeñó como Subdirector General; su ingreso a la institución fue en el año 2009, cuando fue asignado Subdirector General Administrativo. Es coautor de la Política Penitenciaria de El Salvador.

 

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