Entrevista
Vincent Van Quickenborne
Ministro de Justicia, Bélgica
El sistema judicial belga se enfrenta a retos complejos como el hacinamiento en las cárceles, los altos índices de reincidencia y el acuciante problema de la delincuencia organizada. En esta entrevista exclusiva, con el Ministro de Justicia belga, exploramos sus valiosas ideas sobre el enfoque del país en materia de justicia penal, centrándonos especialmente en el sistema penitenciario.
¿Cuáles son los principales objetivos actuales del Ministerio en el ámbito de la justicia penal, con especial atención al sistema penitenciario?
VVQ: En Bélgica, la detención se administra a través de 36 prisiones y un número pequeño pero creciente de “casas de detención” y “casas de transición” a pequeña escala. En la actualidad, las instalaciones del Servicio de Prisiones albergan un total de 11.529 reclusos, aunque su capacidad real es de 10.458.
El problema del hacinamiento persiste desde hace décadas en nuestro país. Al asumir el cargo hace tres años, quise abordar de frente este acuciante reto.
Sin embargo, es importante reconocer que nuestro sistema no sólo se enfrenta al hacinamiento en las cárceles, sino también a una desalentadora tasa de reincidencia del 70% entre los presos liberados. Además, debemos mejorar urgentemente la atención prestada a las personas con necesidades de salud mental mientras están bajo nuestra custodia. Para abordar estas cuestiones críticas, hemos aplicado un triple enfoque.
Un paso significativo en nuestros esfuerzos de reforma ha sido la revisión de nuestras leyes de ejecución de penas inferiores a tres años. Esta revisión ha dado lugar a la creación de nuevos centros de detención a pequeña escala, diseñados específicamente para proporcionar orientación personalizada a las personas que cumplen condenas más cortas.
Además, hemos transformado el papel de los funcionarios de prisiones tradicionales en el de orientadores, centrándonos más en la rehabilitación. El año pasado contratamos con éxito a 460 de estos orientadores en contexto penitenciario, que trabajan incansablemente para ayudar a los reclusos a prepararse para su reinserción en la sociedad. Se espera que este cambio estratégico tenga un impacto sustancial y positivo en la reducción de las tasas de reincidencia.
Al mismo tiempo, nuestro compromiso se extiende a la mejora de los servicios sanitarios para los reclusos con necesidades de salud mental o atención psiquiátrica.
Estas medidas integrales subrayan nuestra determinación de proporcionar el apoyo y la atención necesarios para reducir los índices de reincidencia y fomentar la rehabilitación, al tiempo que deberían aliviar el hacinamiento. Estamos decididos a garantizar un sistema de justicia penal más humano, más seguro y más eficaz para todos.
Hasta qué punto ha podido Bélgica mitigar el hacinamiento con la apertura de nuevas instalaciones, y qué otras medidas se están tomando para hacer frente a la falta de plazas?
VVQ: Desde hace más de cuatro décadas, las cárceles belgas se enfrentan a un hacinamiento crónico, y el enfoque histórico de simplemente aumentar la capacidad ha demostrado ser ineficaz.
Se calcula que sólo alrededor del 20% de la población reclusa necesita realmente de estar en infraestructuras de alta seguridad, complejas y costosas. El encarcelamiento prolongado sin orientación específica tiende a empeorar la reincidencia, ya que las personas tratadas de forma inhumana en prisión suelen volver a la sociedad con la misma mentalidad.
Bélgica está alejándose de la idea de ampliar la capacidad de las prisiones tradicionales y está apostando por centros de detención a menor escala, donde los reclusos pueden recibir el apoyo y la orientación necesarios para facilitar su reinserción.
Esto incluye la búsqueda de un empleo adecuado, la adquisición de nuevas competencias para el mercado laboral y el aprendizaje de habilidades esenciales para la vida, como la gestión de las finanzas personales y la obtención de vivienda. Ejemplos exitosos de otros países demuestran un impacto positivo en la reducción de las tasas de reincidencia, donde han llegado a ser tan bajas como el 30%.
El primer centro de detención a pequeña escala de este tipo se inauguró hace más de un año, y por él han pasado hasta ahora 75 personas que han cumplido condenas cortas. El entrenamiento diario en pequeños grupos de convivencia se centra en su integración social. Algunos reclusos asisten a programas de formación externos, como la certificación de conductor de carretilla elevadora con empleo casi garantizado, mientras que otros cogen una bicicleta para trabajar cada mañana en la cocina de un restaurante popular, con el compromiso de su empleador de mantenerlos empleados tras su puesta en libertad.
La capacidad de las casas de detención que tenemos planteadas varía, pero siempre se mantiene por debajo de los 60 residentes por lugar, divididos en grupos de convivencia de 12 a 15 personas. En la actualidad, se han abierto dos de estas instalaciones, y otras siete están en proceso. El objetivo a corto plazo es establecer un total de 15 en todo el país, ya que su eficacia es mayor cuando se trabaja con los reclusos en su propia región. A largo plazo, el objetivo es que el 80% del tipo de detenidos actualmente alojados en prisiones se alojen en estas instalaciones, aunque esta transformación llevará varios años.
Para aliviar aún más el hacinamiento, el nuevo código penal, que se debate actualmente en el parlamento, hace hincapié en las penas alternativas. Esta reforma legal supone un alejamiento de la idea decimonónica de penas de prisión y/o multas como solución, por defecto, para todos los delitos penales. En su lugar, permite penas a medida como el tratamiento psicológico obligatorio, lecciones de prevención de infracciones de tráfico, cursos de gestión de la agresividad y servicios en beneficio de la comunidad como alternativas viables, reduciendo, finalmente, el encarcelamiento. En combinación con la construcción de nuevas prisiones y la apertura de nuevos centros de detención, se espera que el número total de reclusos disminuya a largo plazo.
Hasta hace poco, las condenas de menos de tres años no se ejecutaban. Esta política se aplicó hace muchos años para combatir el hacinamiento. Sin embargo, a partir de septiembre de 2023, estas sentencias volvieron a ejecutarse en las cárceles. Aunque esta decisión puede sobrecargar temporalmente los centros penitenciarios, se prevé que tenga un impacto positivo a largo plazo. El uso de dichas estructuras pequeñas para penas más cortas y brindar apoyo activo, hacia la reinserción, a grupos de convivencia más reducidos contribuye a disminuir la probabilidad de que vuelvan a cometer delitos.
JT: Usted ha descrito la nueva prisión de Haren como una especie pueblo penitenciario capaz de promover una nueva perspectiva de la detención, más humana y centrada en la capacitación y reinserción de los reclusos.
¿Podría usted contarnos más sobre los enfoques habilitados por las nuevas instalaciones penitenciarias? Y ¿Cuál es el papel de estos avances dentro de la estrategia más amplia de reinserción social?
VVQ: La prisión de Haren, inaugurada el año pasado, representa un importante paso adelante en la modernización y el fortalecimiento del sistema penitenciario belga. A diferencia de los centros tradicionales, que se enfocan únicamente en la seguridad y el control, Haren adopta un enfoque más progresista, haciendo hincapié en la orientación personal para todos los reclusos.
Este centro de vanguardia, con capacidad para 1.190 personas, se aparta del diseño convencional de las prisiones en forma de estrella. En cambio, adopta un concepto de “pueblo penitenciario”, donde los residentes son alojados en unidades de convivencia separadas de aproximadamente 30 individuos cada una. Dentro de estas unidades, los reclusos disfrutan de gran libertad de movimientos durante la mayor parte del día. Pueden convivir, cenar y participar en actividades dentro de la zona común de su unidad, incluso cocinar en la cocina compartida.
Una innovación destacable en Haren es la introducción de llaveros programados para abrir las puertas de las celdas y de circulación. De este modo, los reclusos pueden circular por las instalaciones sin supervisión física constante, lo que les permite participar en talleres o recibir visitas. Aunque la seguridad sigue siendo una prioridad máxima dentro y fuera del centro, Haren reconoce que un énfasis excesivo en las restricciones y el control puede socavar la autonomía y el sentido de la responsabilidad de los reclusos, que son cruciales para una reinserción satisfactoria en la sociedad.
Los consejeros de detención y los asistentes de seguridad trabajan en tándem para proporcionar un entorno de seguridad equilibrado y dinámico. Llevan a cabo procedimientos de seguridad, gestionan situaciones de crisis y sirven como puntos de contacto para internos, compañeros y visitantes. Aunque el funcionamiento de estas unidades difiere del de un centro de detención, permite un enfoque más adaptado y colaborativo con cada recluso, centrándose en sus necesidades individuales y trabajando por un futuro mejor tras la puesta en libertad.
Además, en Haren se creará un Centro de Observación Clínica Seguro, capaz de alojar hasta 30 reclusos para una observación prolongada dirigida por un psiquiatra, a semejanza del Centro Pieter Baan.1
Este programa tiene una duración de seis semanas, durante las cuales los equipos de psiquiatría forense pueden recabar información más exhaustiva sobre las personas implicadas en casos de contexto psiquiátrico.Esta evaluación reforzada facilita una evaluación más precisa de los riesgos potenciales que plantean los reclusos.
JT: Un problema cada vez más preocupante en Bélgica es la delincuencia organizada, una amenaza que usted ha identificado como “el nuevo terrorismo”. Entre las medidas para combatir el crimen organizado, Bélgica, los Países Bajos, Alemania, Francia, Italia y España han acordado reforzar la cooperación transfronteriza.
¿Puede compartir con nosotros su punto de vista sobre este fenómeno y su importancia dentro de las prioridades del Ministerio?
VVQ: Bélgica, junto con los países vecinos, ha reconocido la necesidad de reforzar la cooperación transfronteriza para combatir el crimen organizado, especialmente el tráfico de drogas. Esta cooperación significa el compromiso colectivo de hacer frente a la naturaleza transnacional de las redes delictivas.
La condición de la ciudad de Amberes, como segundo puerto de contenedores más grande del mundo y principal punto de entrada de cocaína en Europa, añade una dimensión crítica al problema. Las organizaciones delictivas se aprovechan de la situación estratégica del puerto, lo que provoca conflictos violentos y actividades delictivas en la región.
Los grupos implicados en el tráfico de drogas en nuestro país son predominantemente internacionales. Abarcan, entre otros, a los cárteles de la droga sudamericanos, la mafia albanesa, los sindicatos delictivos marroquíes y la ‘Ndrangheta. Los líderes de estos grupos suelen refugiarse en países extranjeros, lo que convierte su detención en un reto complejo.
La red se está cerrando sobre estas bandas criminales. La policía y la justicia están tomando medidas enérgicas y logrando acabar con una parte cada vez mayor de sus actividades.
Hemos introducido un amplio paquete de estrictas medidas de control para salvaguardar el acceso a los puertos, regular el uso de equipos portuarios mediante biometría, limitar estrictamente la disponibilidad de datos sensibles y mejorar el control del personal, de forma similar a las medidas de seguridad en los aeropuertos.
Además, se ha incrementado el despliegue de medios policiales, investigadores y aduaneros para combatir el crimen organizado a todos los niveles. Todas estas operaciones están coordinadas por un comisionado nacional antidroga recientemente nombrado.
En algunos países, la naturaleza violenta de estos grupos delictivos se pone de manifiesto en incidentes como agresiones a magistrados, policías y periodistas. Estos actos ponen de manifiesto la gravedad de esta amenaza. Yo mismo escapé a un intento de secuestro el año pasado. Durante semanas, mi familia y yo nos vimos obligados a refugiarnos en un piso franco y, aún hoy, seguimos bajo protección policial continua. Pero esto demuestra que estamos avanzando, que estamos teniendo éxito en la búsqueda y captura de criminales. Y sólo podemos hacerlo mediante la cooperación internacional. Se necesita una red para derrotar a una red.
La colaboración entre Bélgica, Países Bajos, Francia, Alemania, España e Italia es cada vez más sólida. Necesitamos urgentemente llevar esta colaboración a un nivel plenamente europeo a través de la UE.
Nuestra colaboración actual se extiende a las fuerzas de seguridad estadounidenses, a los gobiernos de países de América Central y del Sur e incluso a naciones que aún ofrecen refugio a presuntos delincuentes. La lucha contra el crimen organizado es un reto a largo plazo.
Aunque se están haciendo progresos, la lucha continúa, y seguimos comprometidos a hacer frente a esta amenaza con el objetivo de alcanzar el éxito. No me cabe duda de que al final venceremos.
¿Hasta qué punto el crimen organizado dentro de los centros penitenciarios es una preocupación en Bélgica y cómo se está abordando el problema?
VVQ: La influencia del crimen organizado en los centros penitenciarios es motivo de preocupación, al igual que en muchos otros países. Para combatir este problema, se han puesto en marcha varias estrategias y se han extraído enseñanzas de experiencias en el extranjero.
Bélgica busca en países como Estados Unidos, Italia y los Países Bajos información sobre medidas eficaces para afrontar este reto.
Uno de los principales motivos de preocupación es el contrabando de estupefacientes y teléfonos móviles en las prisiones. Se realizan esfuerzos para reforzar las medidas de seguridad con el fin de detectar e impedir la introducción de estos artículos prohibidos.
Un problema particular en algunos de nuestros centros penitenciarios más antiguos es la práctica de arrojar objetos prohibidos como armas, drogas y teléfonos móviles por encima de muros y vallas.
Mientras que el lanzamiento de objetos ilegales como armas y drogas siempre ha estado penado, no existía ninguna sanción por el lanzamiento de teléfonos, por ejemplo. Con nuestro nuevo Código Penal, el acto de arrojar objetos por encima de los muros y vallas de las cárceles será un delito punible en sí mismo. Se trata de una medida proactiva para disuadir de estas actividades.
Además, trabajamos continuamente en la mejora de la seguridad dentro de los centros penitenciarios, lo que incluye la instalación de sistemas avanzados de vigilancia, el aumento de la formación del personal y la mejora de los procedimientos de control de los visitantes.
La recopilación eficaz de inteligencia y el intercambio de información entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, tanto dentro como fuera de las prisiones, desempeñan un papel crucial en la lucha contra la delincuencia organizada en el contexto penitenciario.
Pero, si bien las medidas de seguridad son fundamentales, abordar las causas profundas del comportamiento delictivo y promover la rehabilitación y reinserción de los reclusos también forman parte de la estrategia.
Ofrecer a los reclusos oportunidades de educación, formación profesional y orientación puede contribuir a reducir su propensión al crimen organizado.
1 Centro psiquiátrico forense situado en los Países Bajos. Se encarga de evaluar y tratar a personas que han sido acusadas o condenadas por delitos graves y se considera que padecen un trastorno mental que puede haber contribuido a su conducta delictiva. Este centro lleva a cabo evaluaciones psiquiátricas exhaustivas para determinar el estado mental de los individuos, ayudando al sistema judicial a tomar decisiones sobre las medidas legales adecuadas.
Vincent Van Quickenborne
Ministro de Justicia, Bélgica
Vincent Van Quickenborne es Viceprimer Ministro y Ministro de Justicia y Mar del Norte del Gobierno belga desde 2020. Fue el senador más joven de la historia de Bélgica, de 1999 a 2003. Posteriormente fue responsable de la mejora de la eficiencia administrativa, primero como Secretario de Estado para la Simplificación Administrativa, y después como Ministro de Emprendimiento y Simplificación hasta 2011. Antes de asumir el cargo de Ministro de Justicia, fue Ministro de Pensiones. Vincent Van Quickenborne sigue participando activamente en la gobernanza local como alcalde de la ciudad de Kortrijk, donde reside actualmente.
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