// Entrevista: Věra Jourová
Comisaria Europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género
JT: La Comisión Europea y el Parlamento Europeo han redactado informes y han adoptado resoluciones que señalan las malas condiciones de detención que pueden obstaculizar la confianza mutua y una cooperación judicial eficaz entre los distintos Estados miembros. Las condiciones de confinamiento son objeto de críticas consecuentes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las reclamaciones de indemnización de los presos resultan costosas; En otros, las alternativas comunitarias se están introduciendo ampliamente (a menudo en asociación con la vigilancia electrónica); En otros, las penas cortas ya no significan sentencia de encarcelamiento efectiva.
A pesar de las limitaciones resultantes de los tratados de la UE en el ámbito de la justicia, ¿Cómo pueden las políticas dirigidas por la Comisión Europea contribuir al desarrollo y la modernización de una tal diversidad de sistemas penitenciarios y de reinserción social europeos?
VJ: La supervisión de las condiciones de detención y la gestión penitenciaria son primordialmente competencia de los Estados Miembros. Hasta ahora, no existe legislación comunitaria en este ámbito.
Hasta ahora, no existe legislación comunitaria en este ámbito. Sin embargo, las malas condiciones de detención pueden obstaculizar el funcionamiento eficaz de los instrumentos de reconocimiento mutuo de la UE, como la orden de detención europea, tal como ha sido recientemente reconocido expresamente por el Tribunal de Justicia de la UE en el caso Aranyosi / Caldararu.
El Tribunal de Justicia declaró que la ejecución de un MDE debe aplazarse o ponerse fin a un eventual riesgo de trato inhumano o degradante debido a las condiciones de detención del interesado en el Estado miembro en que se dictó el mandamiento.
En consecuencia, podría ser necesaria una mayor coordinación entre los Estados miembros, en particular en lo que se refiere a la información que se pondrá a disposición sobre las condiciones de detención, y que sería necesario elaborar indicadores comunes para evaluar de manera uniforme si existe un riesgo real de trato inhumano o degradante en el sentido del Artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
Yo también apoyo la cooperación con el Consejo de Europa, que tiene una amplia experiencia en el ámbito de la detención y en la promoción de cárceles más humanas y socialmente eficaces.
En 2016, la Comisión Europea concedió una subvención al Consejo de Europa para la creación de una red de órganos nacionales de vigilancia penitenciaria (mecanismos preventivos nacionales).
Permite a los organismos de vigilancia de las cárceles de los Estados Miembros reunirse periódicamente en una red informal para debatir cuestiones de detención e intercambiar las mejores prácticas en este ámbito y centrarse en cuestiones específicas de la UE, como el funcionamiento de la Decisión marco 2008/909 / Transferencia de prisioneros y el MDE.
La Comisión también fomenta la creación de redes y el intercambio de buenas prácticas de las organizaciones penitenciarias y de libertad condicional mediante nuestras subvenciones anuales de funcionamiento a EuroPris y la Organización Europea de Libertad Condicional (CEP) ya través de numerosas subvenciones de acción dedicadas a proyectos relacionados con el encarcelamiento.
JT: Las Decisiones Marco 2008/909/JHA del Consejo (relativas a la aplicación, entre los Estados miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las decisiones sobre medidas de supervisión como alternativa a la detención provisional); 2009/829/JHA (relativa a las penas privativas de libertad o medidas privativas de libertad) y 2008/947/JHA (relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y de libertad condicional con vistas a supervisar medidas de libertad vigilada y sanciones alternativas) se consideran logros importantes a la escala europea.
¿Cómo describiría la aplicación de las decisiones del Consejo, hasta ahora? ¿Cuáles son los principales retos a superar?
VJ: Hasta este momento, casi todos los Estados miembros han aplicado esas Decisiones Marco. La Comisión se está comunicando actualmente con quienes aún no lo han hecho y tomará medidas para garantizar que todos los Estados miembros cumplan con el Marco de la UE.
La Comisión Europea ha organizado numerosas reuniones de expertos para ayudar a los Estados Miembros en la tarea de aplicar las Decisiones Marco en su legislación nacional. Desde hace varios años, organizamos, en estrecha colaboración con EuroPris y la Confederación Europea de Libertad Condicional (CEP), talleres anuales que permiten a las autoridades competentes debatir cualquier cuestión que pueda surgir en el contexto de la aplicación práctica de las Decisiones Marco.
Actualmente, también estamos trabajando en un Manual de la Comisión sobre la FD 2008/909/JHA sobre la Transferencia de Prisioneros.
La aplicación de esos instrumentos es importante, ya que pueden conducir a una reducción de las penas de prisión impuestas por los jueces a los no residentes. Esto no sólo podría reducir el hacinamiento en las cárceles y, por lo tanto, mejorar las condiciones de detención, sino que también permitiría ahorros considerables para los presupuestos dedicados por los Estados Miembros a las cárceles.
La Comisión también fomenta la creación de redes y el intercambio de buenas prácticas de las organizaciones penitenciarias y de libertad condicional mediante nuestras subvenciones anuales de funcionamiento a EuroPris y la Organización Europea de Libertad Condicional (CEP) ya través de numerosas subvenciones de acción dedicadas a proyectos relacionados con el encarcelamiento.
JT: Los trágicos acontecimientos ocurridos en diferentes ciudades europeas han puesto de relieve el fenómeno del riesgo de radicalización en las cárceles.
Los informes indican que las malas condiciones de vida en las prisiones, el hacinamiento, la escasa dotación de personal y la presencia de reclusos radicalizados con los que pueden mezclarse y comunicarse libremente abren la puerta al proselitismo y al reclutamiento extremista.
Las condiciones de vida diarias anormalmente negativas son consideradas por los expertos como un ambiente fértil para el radicalismo y la violencia, en oposición a los entornos más normalizados. Usted ha asumido la responsabilidad de dirigir y apoyar iniciativas sobre la prevención de la radicalización en las cárceles.
¿Cómo caracterizaría usted la cooperación existente entre la Comisión Europea, los Estados Miembros y entre los Estados Miembros en lo que se refiere a la prevención de la radicalización?
VJ: La radicalización en las cárceles es una de mis principales preocupaciones. Las cárceles europeas no deben convertirse en criaderos del terrorismo. Nuestra principal actividad en este campo consiste en financiar para apoyar a los Estados Miembros en la lucha contra la radicalización en las prisiones y mejorar el intercambio de mejores prácticas entre ellos.
Organicé una conferencia ministerial en octubre de 2015 para reunir a los ministros de Justicia así como expertos y profesionales en el terreno para intercambiar sus mejores prácticas.
Como seguimiento de las conclusiones del Consejo sobre la respuesta de la justicia penal a la radicalización de noviembre de 2015, la Comisión Europea publicó dos llamamientos dirigidos de radicalización en el marco del Programa de Justicia en 2015 y 2016 para apoyar el desarrollo de programas de desradicalización o rehabilitación dentro y fuera de las prisiones, incluyendo herramientas de evaluación de riesgo y la promoción de alternativas a la detención, y para desarrollar la formación de jueces, fiscales y personal penitenciario para sensibilizar al público sobre el riesgo de radicalización.
En el área de la radicalización en las cárceles ya hay muchos actores activos en el desarrollo de Directrices y Recomendaciones, por ejemplo el Consejo de Europa publicó en marzo de 2016 las Directrices para los servicios penitenciarios y de libertad condicional y publicó en diciembre de 2016 un Manual sobre la radicalización para el personal penitenciario.
Los grupos de prisiones y reinserción social de la Red de Sensibilización a la Radicalización (Radicalisation Awareness Network – RAN) también estan trabajando activamente en este asunto, publicando Directrices para los profesionales de primera línea como el personal carcelario y de libertad condicional, psicólogos, representantes religiosos y organizando varias reuniones al año sobre este tema.
Los costos de albergar poblaciones carcelarias cada vez más grandes (en algunos países) son motivo de gran preocupación; en la mayoría de los sistemas penitenciarios, la finca penitenciaria está envejeciendo y a menudo no es apta para cumplir las normas comúnmente acordadas; muchos sistemas albergan ahora un gran número de extranjeros y minorías étnicas; y el apoyo público a los programas necesarios de reconstrucción de las prisiones es generalmente bajo.
Una carta enviada a la Comisión Europea firmada por varios Ministros de Justicia (de Rumania, Austria, Hungría, Eslovaquia, Chipre, Italia, Lituania, Croacia, Bulgaria, Eslovenia y Portugal) expresó la opinión de que la modernización de los sistemas penitenciarios debe basarse en la mejora las oportunidades de capacitación del personal, en la introducción de programas de reinserción eficaces para los detenidos y la provisión de condiciones materiales en las cárceles que respeten plenamente la dignidad de cada interno.
Les parece a ellos que estas medidas de cooperación también respaldarían la aplicación de instrumentos de la UE sobre cooperación judicial en materia penal (por ejemplo, la orden de detención europea y la transferencia de prisioneros).
JT: Por cierto, esta es una cuestión recurrente para usted, pero ¿en qué medida puede la Comisión Europea apoyar a los Estados miembros en sus inversiones en infraestructuras sociales como las cárceles?
VJ: Sí es cierto que en 2015 recibí una carta de los Ministros de Justicia de 12 Estados Miembros pidiendo a la Comisión que estudiara las oportunidades de apoyar los esfuerzos para modernizar los centros de detención y mejorar las condiciones de encarcelamiento, bajo los instrumentos financieros existentes de la UE.
Como resultado de esta solicitud, la Comisión ha llevado a cabo un ejercicio de cartografía para ver cómo pueden utilizarse diferentes fondos de la UE para mejorar la situación en las cárceles de los Estados Miembros.
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) puede utilizarse con respecto a la prioridad de eficiencia energética, como la instalación de calefacción central, agua caliente, sistemas de ventilación y aislamiento de ventanas y paredes, lo que puede mejorar directamente las condiciones sanitarias en las cárceles.
También existen oportunidades en el marco del Fondo Social Europeo (FSE). Se podría pensar en la capacitación de los reclusos y del personal, en la reintegración social y en los programas de mejora de las oportunidades de empleo después de la liberación.
Informé a todos los Ministros de Justicia, el año pasado, de estas posibilidades existentes y las discutimos varias veces desde entonces.
JT: En muchas jurisdicciones de Europa Occidental, recientemente se han construido cárceles para mejorar las condiciones o hacer frente a un número creciente de privados de libertad.
Los costos de estos programas son significativos, con casos individuales de cárceles construidas con un coste superior a los €350 millones.
En Europa del Este, donde es posible que la necesidad de reconstrucción sea mayor, la obtención de fondos para la reconstrucción de las prisiones ha resultado difícil. A pesar de las reducciones en el número de prisioneros desde hace veinte años, estos países se enfrentan a problemas significativos para mejorar las infraestructuras penitenciarias antiguas para cumplir con las normas europeas.
Reconociendo que el punto de partida es diferente para cada país y que hay situaciones diferentes en los diferentes Estados Miembros…
¿Sería posible desarrollar un apoyo excepcional en algunos países donde la sobrepoblación y las condiciones penitenciarias indecentes son más frecuentes?
VJ: En el marco financiero actual no es posible un apoyo excepcional a los Estados Miembros. La financiación específica de apoyo a los Estados Miembros en la renovación de las cárceles podría examinarse en el contexto del Marco Financiero Plurianual (MFP) después de 2020. Informé a todos los Ministros de Justicia sobre esto, el año pasado.
Se sabe que los programas de construcción de sistemas penitenciarios no son únicamente la solución a menos que formen parte de un enfoque integral y holístico centrado en la justicia que puede incluir soluciones que buscan agilizar y acelerar la policía, el procesamiento y la actividad judicial; utilizar, dónde apropiado, alternativas de custodia; tratar de introducir sistemas de evaluación y clasificación de los detenidos que permitan el uso más eficaz y adecuado de los bienes penitenciarios existentes; y, por último, construir instalaciones para cumplir tanto con las normas estándar cómo con las necesidades específicas de la población.
A pesar de las inversiones masivas normalmente involucradas en estos esfuerzos sociales, la planificación maestra y la planificación a largo plazo de los sistemas de justicia no es una práctica común en la mayoría de los países.
¿Cómo puede la Comisión Europea apoyar a los Estados Miembros a adoptar las mejores prácticas en términos de planificación a mediano y largo plazo de sus sistemas de justicia?
VJ: Desde el 2013 que la Comisión Europea ayuda a los Estados Miembros a alcanzar sistemas de justicia más eficaces, a través del Cuadro de Indicadores de Justicia de la UE, proporcionando datos objetivos, fiables y comparables sobre la calidad, independencia y eficiencia de los sistemas de justicia en todos los Estados Miembros.
El Cuadro de Indicadores de 2017 se publicó muy recientemente (10 de abril) y contribuye a identificar posibles deficiencias, mejoras y buenas prácticas. Para promover aún más el intercambio de mejores prácticas sobre la eficacia de los sistemas de justicia, la Comisión Europea también se reúne regularmente con representantes de los sistemas de justicia nacionales.
Además, las conclusiones del Cuadro de Indicadores de Justicia de la UE, junto con una evaluación específica para cada uno de los Estados Miembros afectados, alimentan el Semestre Europeo, el ciclo anual de coordinación de la política económica de la UE.
Esto puede llevar a la Comisión Europea a proponer al Consejo la adopción de Recomendaciones específicas para cada país sobre el mejoramiento de los sistemas de justicia nacionales. Hasta ahora, estos ejercicios se han concentrado en los tribunales civiles, pero actualmente se está considerando ampliarlo también al ámbito del derecho penal.
Por último, entre 2014 y 2020, la UE proporcionará apoyo financiero a través de los fondos estructurales y de inversión europeos (ESI Funds) para apoyar las reformas de la justicia y 14 Estados miembros han identificado la justicia como un área que debe ser apoyada por eses fondos.
La Comisión Europea subraya la importancia de adoptar un enfoque orientado a los resultados en la ejecución de los fondos y ha encargado recientemente un estudio para examinar más a fondo el tipo de proyectos financiados por los Estados Miembros.
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La Sra. Jourová fue confirmada como Comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la Unión Europea, como parte de la Comisión Juncker, en octubre de 2014.
Se desempeñó como Secretaria y Portavoz de la Oficina Municipal de Třebíč, Región de Vysočina, República Checa, desde 1995 hasta 2000 y como Jefe del Departamento de Desarrollo Regional para la Región de Vysočina de 2001 a 2003. Entró a la política nacional como Jefa Adjunta Del Ministerio de Desarrollo Regional, encabezó la Sección de Integración Europea hasta marzo de 2006. Entre sus responsabilidades figuraba dirigir el equipo checo que negociaba fondos de la UE con la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones, así como la gestión de fondos de la UE en la República Checa. Entre 2006 y 2013, fue asesora independiente en asuntos de la UE a la República Checa, Rumania, Rusia, Belarús, Letonia, Estonia, Macedonia, Serbia, Montenegro y Moldavia.
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