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Didier Reynders
Comisario Europeo de Justicia
Al pensar sobre la justicia, puede acudir a la mente del ciudadano la imagen de abogados con peluquines, tribunales con columnas neoclásicas o la balanza de la dama de la justicia. Pero en la práctica, esta imagen de la justicia ha cambiado con el tiempo, al igual que las herramientas que tenemos para apoyarla.
Me satisface decir que en la Unión Europea la justicia avanza a paso firme y con ambición hacia la digitalización, en línea con las tendencias de nuestro siglo. De hecho, mi prioridad es acelerar el proceso y hacer del sector de la justicia el corredor en cabeza en la Década Digital de Europa.
Quiero ver la caída de las barreras que impiden el acceso a la justicia y que los ciudadanos confíen en la eficiencia de los sistemas judiciales.
Cuando irrumpió la pandemia de COVID-19, muchos ciudadanos de la Unión Europea asistieron a retrasos e incluso al paro total en los sistemas judiciales respectivos.
La conclusión fue que todavía había mucho por hacer para avanzar y tener sistemas judiciales más resilientes y eficientes, algo a lo que también puede contribuir el aprovechamiento máximo de la transición digital.
En el contexto descrito, el 1 de diciembre de 2021 formulé tres propuestas para avanzar en la mejora de los sistemas judiciales en la UE.
La primera persigue hacer que la administración de justicia sea más sencilla y menos costosa para ciudadanos y empresas. Prevé que se puedan utilizar medios de comunicación electrónicos para la presentación de demandas y la comunicación con las autoridades, sin tener que salir de casa o de la oficina; que los intercambios entre los Estados miembros sean posibles a través de portales nacionales y que la Comisión Europea facilite un punto de acceso en el Portal Europeo de e-Justicia.
Queremos lograr una solución moderna e integrada que anule las barreras prácticas existentes. Los ciudadanos podrán pagar las costas judiciales por medios electrónicos.
Además, dado el aprendizaje obtenido con las realidades que han aflorado con la COVID-19, nuestra propuesta asegura que las vistas orales también pueden tener lugar por videoconferencia.
Las herramientas digitales, además de acelerar procedimientos y reducir el tiempo dedicado a desplazamientos, son esenciales para preservar nuestra seguridad frente a las amenazas criminales.
Los atentados de 2016, en Bruselas, fueron un ataque terrorista coordinado que conmocionó Bélgica. Muchos conciudadanos europeos también experimentaron el dolor y el temor infligidos por estos ataques, que continúan siendo una amenaza para sobre nuestras sociedades.
Presentamos dos propuestas que harán que la forma en que enfocamos las amenazas terroristas y las investigaciones en materia penal sean más resilientes y acordes con la era digital en que vivimos.
La segunda propuesta, sobre la información digital en casos de terrorismo transfronterizo, moderniza significativamente el sistema de información de Eurojust.
Inmediatamente después del atentado en la sala Bataclan de 2015, en París, las autoridades vieron que necesitaban una mejor colaboración transfronteriza para las investigaciones y enjuiciamientos en materia de terrorismo transfronterizo. Por ello se creó el Registro Judicial Europeo contra el Terrorismo de Eurojust.
Me satisface decir que ha revolucionado el trabajo de los órganos policiales en el conjunto de la Unión Europea y ha permitido a las fiscalías identificar posibles vínculos en investigaciones contra sospechosos de terrorismo llevadas a cabo en diferentes países de la UE. Se ha conseguido así una respuesta judicial coordinada.
También la implicación de las autoridades judiciales debe ser coordinada. Es fundamental desde el punto de vista del Estado de derecho, ya que las medidas de prevención coordinadas — por ejemplo, las órdenes de registro domiciliario y de detención — requieren autorización y supervisión por parte de las autoridades judiciales.
Ahora queremos que el Registro suba de nivel. Nos proponemos modernizar el sistema para identificar muchos vínculos de modo automático, minimizando la intervención manual. Así, el feedback por parte de Eurojust para las autoridades nacionales será más rápido y mejor.
Pretendemos también crear canales de comunicación digital seguros entre las autoridades nacionales y Eurojust. Finalmente, la propuesta ofrecerá una base jurídica clara para la cooperación con fiscalías no situadas en la UE.
La tercera propuesta se dirige a apoyar el funcionamiento de Equipos de Investigación Conjunta (JIT, por su sigla en inglés). Se trata de equipos constituidos para investigaciones penales específicas y están formados por las autoridades de dos o más Estados, con el fin de colaborar en casos penales.
La propuesta prevé una plataforma de colaboración de los Equipos de Investigación Conjunta. Se tratará de una herramienta de colaboración en línea de máxima seguridad, cuyo objeto será facilitar los intercambios y la cooperación entre los JIT durante su existencia.
Facilitará la comunicación, el intercambio de información y la transmisión de pruebas por medios electrónicos, e incluirá grandes cantidades de datos, trazabilidad de la prueba y planificación y coordinación de las operaciones de los JIT. Diseñada para asegurar la confidencialidad, se ajusta a los estándares de ciberseguridad más exigentes.
En conversaciones y reuniones anteriores con profesionales de la justicia, me sorprendió cuantas autoridades judiciales instructoras se basan en la confianza mutua para intercambiar información y pruebas con seguridad y rapidez. Me di cuenta de que disponer de herramientas digitales es fundamental, especialmente cuando el cumplimiento de los plazos es esencial.
La digitalización también está cada vez más presente en la vida de los ciudadanos y las empresas, por lo que estos también esperan recibir una respuesta digital y rápida a sus problemas.
Como parte de Next Generation EU (Plan de recuperación para Europa), la digitalización de los sistemas judiciales devino un objetivo transversal para todos los Estados miembros.
Me complace afirmar que cumplimos nuestras promesas en aras de un sistema judicial moderno y digital. Los Estados miembros también tendrán que implantar estas herramientas e infraestructuras de tecnologías de la información.
Para saber más visite esta página de información sobre las políticas de la Comisión Europea.
Didier Reynders
Didier Reynders se convirtió en Comisario Europeo de Justicia, responsable del estado de derecho y protección del consumidor, en diciembre de 2019. De nacionalidad belga, ha ocupado varios cargos políticos de alto nivel en su país, entre ellos viceprimer ministro (2014-2019), ministro de Asuntos Exteriores y Europeos (2014-2019) —cartera que acumula con la de ministro de Defensa entre 2018 y 2019—, ministro de Asuntos Exteriores, Comercio Exterior y Asuntos Europeos (2011-2014) y ministro de Hacienda (1999-2011). Además, de 2004 a 2011, presidió el Mouvement Réformateur (alianza de partidos liberales). Fue elegido diputado en 1992. Antes de eso, presidió la Compañía Belga de Ferrocarriles y la Sociedad Nacional de Aviación. Es licenciado en derecho por la Universidad de Lieja (1981).
