// Entrevista: Sérgio Moro
Ministro de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Brasil *
JT: Los datos publicados a mediados de julio de 2019 por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) de Brasil indicaban que había por lo menos 812.564 presos en el país, de los cuales el 41,5 % (337.126) eran presos provisionales. Brasil tiene la tercera población penitenciaria más grande del mundo, después de Estados Unidos y China. ¿Cuál es la estrategia del MJSP para hacer frente a la superpoblación carcelaria y aumentar la seguridad en el país?
SM: Me gustaría hacer algunas aclaraciones: Brasil tiene una población muy grande y una tasa de criminalidad muy alta. El número absoluto, realmente, es impresionante. La tasa relativa de presos por cada 100.000 habitantes, en una comparación realizada por un instituto internacional, colocó a Brasil en la 26.ª posición entre más de 90 países. Nuestra tasa relativa no es tan impresionante. Si pensáramos en comparar el número de presos con las tasas de criminalidad, probablemente llegaríamos a la conclusión de que no es tan significativo. Gran parte de estos 700.000 presos no están en régimen cerrado, sino en régimen semiabierto, que en muchos lugares funciona básicamente con tobilleras y arresto domiciliario. La evaluación del Ministerio de Justicia es que el tamaño de esta población carcelaria supone un gran desafío. Existe una necesidad real de pensar en situaciones específicas y soluciones alternativas a las penas de prisión, como la prestación de servicios, pero existen límites a las soluciones alternativas: delitos graves cometidos con violencia o corrupción, por ejemplo. Debemos continuar sancionando estos crímenes con la prisión. Lo que hemos estado haciendo es tratar de ampliar nuestra estructura carcelaria para evitar problemas de hacinamiento y mejorar la estructura de las prisiones actualmente existentes para que estén en mejores condiciones.
JT: ¿Qué medidas tiene en mente el Gobierno para resolver el problema del alto número de presos provisionales?
SM: No sé si esta cifra es tan alta en comparación con otros países, al identificar sus porcentajes. Según nuestros datos internos el porcentaje es de un 33 % de presos provisionales, aquellos que han sido arrestados y no han tenido aún juicio. Desde el momento en que se lleva a cabo el juicio, si el proceso se retrasa, por supuesto que esto es un problema, pero si el preso ha sido juzgado, puede que no haya sido juzgado de forma definitiva pero ya ha sido condenado penalmente por la Justicia.
Y ese 33 % no es muy diferente de lo que se ve en otros países europeos también. El número difiere del CNJ. Se trata de una diferencia de criterio: Consideramos un preso provisional aquel que no ha sido juzgado en ningún tribunal todavía. Lo que supone un problema para la justicia brasileña es la gran lentitud en la fase de apelaciones. Si vamos a considerar a todos aquellos que no tienen un juicio definitivo como presos provisionales, habría un número realmente mayor. Desde el momento que hay juicio condenatorio y una apelación, el tiempo para el proceso viene dado en parte por la acción de la defensa.
JT: ¿Qué se prevé para el fortalecimiento de las penas alternativas? ¿Cómo aliviará este fortalecimiento los problemas de exceso de encarcelamiento y el alto índice de detenidos preventivos?
SM: Ya tenemos una legislación que prevé la posibilidad de combinaciones de hasta cuatro años de prisión en lugar de una pena alternativa. Creo que eso ya es suficiente. Sin embargo, lo que necesitamos es asumir el control de estas penas alternativas. A menudo se hace sobre la base de prestación de servicios y a veces con dificultad para mantenerse al día con el servicio de los condenados, pero en el ámbito de la legislación abstracta, creo que nuestra ley es lo suficientemente generosa.
“Es importante señalar que se ha producido una disminución de los principales indicadores penales desde principios de año. Solo en materia de asesinatos, tenemos un descenso del 22 % en comparación con el mismo períododel año pasado. En otros delitos, por ejemplo,
el robo a una institución financiera, este descenso fue aún más significativo, alrededor del 40 %. Es un mérito compartido porque la
seguridad pública es una responsabilidad social no solo del Gobierno federal, sino de los Gobiernos estatales.”
JT : Por un lado, podemos decir que el cuadro de violencia en el país se ha visto agravado por la acción del crimen organizado, incluida la multiplicación de bandas y facciones criminales en el territorio y también en las prisiones. Por otro lado, la explosión de la población carcelaria está correlacionada en gran medida con los delitos de drogas; en 2016, el 28 % de la población penitenciaria del país estaba acusada de este tipo de delitos. ¿Qué acciones se están realizando o se realizarán, bajo su tutela, para detener y revertir el problema de los grupos de crimen organizado, dentro y fuera de las prisiones?
SM: El Gobierno ha adoptado una postura muy firme contra las organizaciones criminales. Gran parte de los delitos violentos en Brasil están vinculados, especialmente en las regiones metropolitanas, a disputas entre organizaciones criminales o, en el caso del tráfico de drogas, a disputas entre proveedores y consumidores. El Gobierno ha adoptado la política de trasladar a los líderes criminales a prisiones federales de máxima seguridad, donde suele haber excelentes condiciones para mantener a estos presos. Es una prisión más dura, aunque las condiciones son generalmente mucho mejores que hasta en las prisiones estatales, en términos de alimentación e higiene, están más controlados, las celdas son individuales, no hay fugas, no hay rebeliones, no hay teléfonos móviles.
Esto ha roto la cadena de mando de las organizaciones criminales, ha generado un debilitamiento y el volumen de incautaciones de drogas ha crecido en Brasil. En parte por la mayor eficiencia de la policía federal, y por otro lado pretendemos centrarnos también en la confiscación de bienes, como ya hacemos en las investigaciones que conducen al desmantelamiento de la organización, y no solo a la detención de los dirigentes. Es importante señalar que se ha producido una disminución de los principales indicadores penales desde principios de año. Solo en materia de asesinatos, tenemos un descenso del 22 % en comparación con el mismo período del año pasado. En otros delitos, por ejemplo, el robo a una institución financiera, este descenso fue aún más significativo, alrededor del 40 %. Es un mérito compartido porque la seguridad pública es una responsabilidad social no solo del Gobierno federal, sino de los Gobiernos estatales. Creo firmemente que esta confrontación del crimen organizado, con una investigación eficiente, la confiscación y el aislamiento de los líderes, ha desempeñado un papel relevante en este descenso.
En cuanto a los delitos relacionados con las drogas, tenemos algunos datos oficiales. En septiembre se habían incautado 75 toneladas de cocaína, mientras que el año pasado no se había llegado a las 50 toneladas. En cuanto a otras drogas como la marihuana, estamos llevando a cabo importantes alianzas con Paraguay, que es un país productor, para la erradicación de las plantaciones de marihuana en ese país, lo que supone un método mucho más eficiente que la incautación de los cargamentos de drogas en Brasil.
“Estamos estudiando y construyendo un modelo de colaboración público-privada principalmente en lo que respecta a los establecimientos penitenciarios.”
JT: En los últimos dos días hemos participado en un evento organizado conjuntamente con su Ministerio sobre las alianzas público-privadas en el sistema penitenciario como una de las formas de aliviar las necesidades de la población penitenciaria. En cuanto a las alianzas público-privadas en el sector penitenciario, ¿qué tipo de acción puede realizar su oficina respecto a la evaluación de la necesidad de este tipo de asociación? ¿Y en qué medida cree que tales alianzas tienen el potencial de apoyar los objetivos de su Gobierno con respecto al tema de las prisiones?
SM: Estamos estudiando y construyendo un modelo de colaboración público-privada principalmente en lo que respecta a los establecimientos penitenciarios. Básicamente la principal iniciativa de construcción son los Estados, ya que ellos construyen las prisiones estatales. Las prisiones federales están destinadas a instalaciones de máxima peligrosidad y no se puede crear ninguna asociación en este ámbito. Para los Estados es diferente, ya que tratan con la población carcelaria general. Lo que hará el Gobierno federal es sugerir un modelo en el que los Estados que tienen su autonomía puedan o no acogerse, con sus matices, y tratar de establecer pautas. Por supuesto, seguir el modelo sugerido por el Gobierno federal es más fácil a nivel de financiación. Sin embargo, el modelo está en construcción, porque queremos hacer un modelo también basado en el trabajo del recluso, de modo que parte de su salario se destine a sí mismo, pero otra parte se destine también al coste de la financiación propia para la construcción de estos establecimientos.
“La lucha contra la corrupción es un tema perenne y relevante para todos los países. Es algo que fortalece no solo la economía, sino la democracia misma. El compromiso de nuestro Ministerio es buscar el fortalecimiento especial de la policía federal, dotándola de la mejor estructura de recursos humanos, financieros y herramientas para investigar la corrupción, que es un delito muy complejo.”
JT : La lucha contra la corrupción es uno de sus principales estandartes como ministro del actual Gobierno de Brasil; sin embargo, las instituciones del propio sistema de justicia (incluyendo la policía, el sistema penitenciario y otras entidades) registran casos de corrupción. De hecho, en el Índice de Percepción de la Corrupción Mundial 2018, el país bajó del 96.º al 105.º puesto de los 180 países evaluados. La puntuación subió a 35 puntos sobre 100: la cifra más baja en los últimos siete años4. ¿Cómo pretende enfrentar la corrupción en las instituciones de justicia?
¿Y hasta qué punto el problema de la corrupción no pone en tela de juicio los esfuerzos de su Ministerio para aumentar la eficacia del sistema?
SM: La lucha contra la corrupción es un tema perenne y relevante para todos los países. Es algo que fortalece no solo la economía, sino la democracia misma. El compromiso de nuestro Ministerio es buscar el fortalecimiento especial de la policía federal, dotándola de la mejor estructura de recursos humanos, financieros y herramientas para investigar la corrupción, que es un delito muy complejo. En 2019 comenzamos a alentar a los Estados a establecer delegaciones de investigación de la corrupción, de modo que no quedara solo a cargo de la policía federal, ya que hay corrupción en los Gobiernos estatales. Hemos establecido la creación de algunos fondos dentro del Ministerio donde el capital se dirige a inversiones en seguridad por parte de los Estados. Hemos establecido criterios para la distribución de los recursos. Uno de los criterios que resaltamos fue el requisito de que cada Estado tenga una unidad organizada especializada en la investigación del delito de corrupción. En varios Estados a partir de este estímulo, o paralelamente a él, comenzaron a crear unidades de esta naturaleza, lo cual es bastante prometedor.
La responsabilidad del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública concierne más bien a la parte ejecutiva: la policía. El poder judicial tiene una gran independencia y autonomía de sus órganos de gestión. Nuestra participación es algo menor, excepto, por supuesto, en las propuestas legislativas. Enviamos un proyecto de ley contra el crimen al Congreso a principios de este año con medidas contra la corrupción, el crimen organizado y los crímenes violentos.
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Sérgio Moro es un antiguo magistrado, escritor, profesor universitario y actual ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil. Fue juez federal del 13.º Juzgado Federal Penal de Curitiba (capital del estado de Paraná) y profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad Federal de Paraná (UFPR). Especialista en la lucha contra la delincuencia financiera, el blanqueo de capitales y las organizaciones criminales. Cuenta con más de veinte años de experiencia en la magistratura federal y ha actuado en la Operación Lava Jet y el caso Banestado, entre otros. En 2012, fue juez instructor en el Tribunal Supremo Federal.
*El señor Moro se retiró del cargo de Ministro de Justicia y Seguridad Pública a finales de abril de 2020 y ya no ocupa el cargo que ocupaba en el momento en que se realizó esta entrevista.
