El modelo de privación de libertad en América Latina atraviesa hace décadas una profunda crisis y los centros penitenciarios han mostrado su endémica debilidad para dar cumplimiento a los fines de la pena.
La detención preventiva y el encarcelamiento como pena, son las principales medidas y sanciones utilizadas contra las personas acusadas o condenadas en el proceso penal y esto ha provocado que el uso excesivo de la pena privativa de libertad caracterice a los sistemas penitenciarios de la región con consecuencias que suponen la vulneración de los derechos humanos de las personas encarceladas y la imposibilidad de responder adecuadamente a las necesidades de reintegración social.
Las cárceles son espacios de violencia, corrupción y violación sistemática de los derechos humanos, caracterizadas por el hacinamiento, hecho que en sí mismo constituye una de las principales violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad y del personal penitenciario.
Dentro del Sistema de Naciones Unidas, UNODC se encuentra en una adecuada posición para asistir a los Estados Miembros para hacer frente a la crisis penitenciaria global, brindando apoyo a iniciativas de reforma penitenciaria en línea con los derechos humanos.
UNODC promueve la aplicación de estándares y normas internacionales en materia de prevención del delito y justicia penal y actúa como Secretaría para los procesos intergubernamentales iniciados para redactar o revisar esas normas.
Adicional a los estándares internacionales en materia de atención a personas privadas de libertad y administración de centros penales (como por ejemplo las Reglas Nelson Mandela y las Reglas de Bangkok), UNODC dispone de una serie de Manuales sobre Justicia Penal y otras publicaciones relevantes relacionadas con la reforma penitenciaria, la prevención del VIH-SIDA, y la atención y tratamiento a las personas privadas de libertad incluyendo a los colectivos en especial situación de vulnerabilidad.
Teniendo en cuenta los diversos factores que contribuyen a la crisis en materia penitenciaria, UNODC concentra su intervención en los siguientes tres objetivos estratégicos: reducir el uso del encarcelamiento, mejorar las condiciones de reclusión y apoyar los programas de reintegración social para las personas privadas de libertad tras su liberación.
El enfoque principal de la estrategia radica en facilitar el diseño y la aplicación de programas de reforma penal en América Latina, generando resultados tangibles. El objetivo es apoyar a los Estados que así lo soliciten, a racionalizar el encarcelamiento, mejorar su aplicación y contribuir a la reducción de la reincidencia mediante el apoyo a los programas de reinserción social, todo esto con un foco especial en la atención a las mujeres infractoras y privadas de libertad.
Para lograr una reforma penal exitosa, ésta debe ir más allá de la administración y gestión penitenciaria, y por ello las contrapartes nacionales no se limitan a los administradores de prisiones sino que también se incluyen a los legisladores, encargados de formular políticas, funcionarios de la policía, fiscalías, proveedores de asesoramiento jurídico y miembros del Poder Judicial.
Para nuestra Oficina es de suma importancia que la reforma penitenciaria no se considere en forma aislada de la reforma integral del sistema de justicia penal. Las transformaciones en los sistemas penitenciarios deben ser diseñadas en el marco de una reforma integral del sistema de justicia criminal, interviniendo no sólo en el Sistema Penitenciario sino en todos los componentes del sistema penal.
Para UNODC el correcto abordaje de la problemática penitenciaria supone el diseño y puesta en marcha de una política pública e integral en materia criminal, que trascienda a la administración de gobierno y que se adopte como política de Estado.
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Piera Barzanó // Desde febrero 2015 ocupa el cargo de Asesora Principal Interregional en la Sección Justicia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) tratando la prevención del delito y la justicia penal, con particular atención a la reforma penal y penitenciaria. Está enfocada prevalentemente en los países africanos y latinoamericanos.
Maria Noel Rodríguez // Desde 2010 es la Coordinadora del Equipo de Reforma Penitenciaria de la Oficina Regional de UNODC para Centroamérica y el Caribe, en Panamá.
Licenciada en Derecho y Ciencias Sociales con posgrado en Ejecución Penal y Derecho Penitenciario, viene trabajando como coordinadora de proyectos, consultora y asesora en asuntos penitenciarios desde hace más de 15 años.
