Práctica notable – Australia
Intervención conductual con presos preventivos
En 2016, el Gobierno de Nueva Gales del Sur dictó diversas prioridades a los organismos del sector público, para que abordasen problemas irresolubles como la indigencia, el suicidio y la reincidencia. Una de dichas prioridades consistía en reducir, en un 5%, la proporción de agresores en el ámbito doméstico que reincidían antes del transcurso de un año.
Una de las estrategias que el Servicio Penitenciario de Nueva Gales del Sur (CSNSW) puso en marcha como respuesta fue asociarse con el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita de Nueva Gales del Sur, a fin de crear una breve intervención dirigida a reclusos en prisión preventiva por cargos de violencia doméstica.
En Nueva Gales del Sur, hay más de 11.000 reclusos en prisión preventiva cada año, debido a la denegación de la libertad bajo fianza o a la incapacidad de reunir los requisitos para acogerse a ella.
Las restricciones que se imponen a los reclusos en prisión preventiva de todas las jurisdicciones australianas para poder acceder a los programas y participar en ellos son similares.
Un impedimento destacado para la aplicación de los programas a este colectivo es el desconocimiento de la duración de la permanencia en custodia, un problema agravado por la situación judicial, y las exigencias de comparecencia ante los tribunales, de cada individuo.
Galouzis y Corben (2016) concluyeron que la población reclusa en prisión preventiva del Sistema Penitenciario de Nueva Gales del Sur era numerosa y transitoria: el 22% pasaban menos de una semana bajo custodia; el 45% pasaban menos de un mes bajo custodia; y, el 18% pasaban menos de 30 días bajo custodia, antes de salir en libertad bajo fianza, sin que se dictase en su contra una pena de prisión.
Antes de 2016, los reclusos en prisión preventiva de Nueva Gales del Sur recibieron servicios de apoyo fundamentales, educación, formación profesional y programas de asistencia por problemas como el consumo de estupefacientes; sin embargo, mayoritariamente, los programas de rehabilitación (criminógena) específicos para un tipo de delito en particular solo estaban disponibles para quienes cumplían condena.
La principal barrera para que los reclusos preventivos puedan incluirse en tales programas es que en todos los programas criminógenos de Nueva Gales del Sur hay un componente de «mapeo del delito» – y no podemos obligar a dichos reclusos a dar a conocer los detalles de su delito mientras haya un procedimiento judicial en curso.
Otras limitaciones para acceder y disponer de recursos para programas residen en que, mayoritariamente, las unidades de detención preventiva y el personal que ahí trabaja tienen como prioridad cuestiones relacionadas con los tribunales, las crisis inmediatas y cuestiones de salud psíquica.
Dada la alta tasa de rotación de esta población y el tiempo limitado de la permanencia bajo custodia, el Sistema Penitenciario de Nueva Gales del Sur modificó el programa que teníamos de 40 horas para los delincuentes de violencia doméstica y familiar. Se adaptó para una población de presos preventivos considerando la evidencia para intervenciones breves.
Se concluyó que la participación en el programa completo1 tenía un impacto positivo en términos de reducción de la reincidencia (Zhang et. al. 2019).
La intervención en Violencia doméstica (DV) en prisión preventiva se estructura en seis sesiones que tienen lugar en centros penitenciarios específicos de Nueva Gales del Sur.
Solo pueden acogerse a la intervención hombres a quienes se imputen delitos de violencia doméstica (contra un miembro de la unidad familiar o su pareja) y/o que estén sujetos a una orden de alejamiento o prohibición de contacto. El nivel de riesgo de reincidencia que se les atribuye no es uno de los criterios en la fase de prisión preventiva.
La intervención se centra ayudarles a comprender sus circunstancias judiciales específicas, relativas a la violencia doméstica, y a proporcionarles conocimientos y habilidades para mantener relaciones más sanas. Los objetivos se logran abordando los aspectos siguientes:
- Afrontar – gestionar las emociones
- Cambiar – identificar el maltrato
- Cuidado – estilo de vida saludable
- Comunicación
- Opciones – planificación de acciones
Gracias al programa de violencia doméstica en prisión preventiva, los reclusos participantes tienen la oportunidad de comprender la importancia de una orden de alejamiento y prohibición de contacto. Además, disponen de un foro al que dirigir sus preguntas en relación con dichas resoluciones judiciales.
De la experiencia de nuestros facilitadores y de los profesionales del servicio de asistencia jurídica gratuita se desprende que muy pocos de los participantes en el programa de violencia doméstica en prisión preventiva conocen y comprenden las condiciones de las órdenes de alejamiento y prohibición de contacto.
Muchos tampoco conocen la gran variedad de conductas constitutivas del maltrato; por ejemplo, el acoso económico o cibernético. La sesión de intervención dedicada a este aspecto suele contar con muchos participantes, y resulta muy eficaz cuando afloran los relatos personales.
Un buen número de los participantes admiten que tenían referentes inapropiados de cómo debe ser una relación de pareja o familiar próxima saludable y que, por consiguiente, contar con facilitadores que se centren en el modelaje del rol prosocial es importante.
No están obligados a asistir a las sesiones, y pueden repetir una sesión tantas o tan pocas veces como quieran o sus circunstancias se lo permitan.
También es importante el hecho de que en las intervenciones no se exija una admisión de culpabilidad o asunción de responsabilidad por lo que se refiere a los cargos que se les imputan y por los que se encuentran en prisión preventiva.
Aunque se discuta el tema de la violencia doméstica, no se debería revelar ningún detalle de los cargos que pesan sobre cada persona.
Se identifica en la estrategia el riesgo de que las personas en prisión preventiva (o nuestros compañeros de las fuerzas policiales o de la administración de justicia) perciban la participación en el programa como una admisión de culpabilidad.
Rotundamente, no ha sido así. Y la participación voluntaria superó nuestras expectativas. Desde el inicio, han sido ya 5 685 personas las que han participado en la intervención. En los últimos 12 meses, pese al impacto de la COVID, 549 personas acudieron a 1844 sesiones.
La intervención se basa en las habilidades de los facilitadores para manejar cualquier resistencia en el aula. Lo hacen definiendo claramente los límites de la confidencialidad y las reglas del grupo, además de insistir en las cualidades de la sinceridad y la empatía.
Los facilitadores explican que no es necesario conocer el detalle de las acusaciones en sí mismas; que basta con tener presente que las habilidades que se tratan en el grupo (por ejemplo, la de la comunicación efectiva) son universales. Incluso cuando un participante defienda su inocencia, tales habilidades pueden ayudarle a disfrutar de una vida más feliz y productiva.
Para algunos facilitadores, la naturaleza voluntaria de la intervención es una de las mayores bondades. Los adultos presos ven su autonomía limitada, y están muy controlados en el entorno carcelario. Se les dice cuándo pueden moverse, dormir y comer, que este es el plan previsto para su caso y, normalmente, que estos son los programas que tienen que seguir.
El programa de la violencia doméstica en prisión preventiva permite al individuo decidir si participa en la intervención, con independencia de cuál sea el motivo que le impulsa a hacerlo.
Quienes participan en la intervención reciben una carta que certifica su asistencia al programa, y dicha carta puede entregarse al juzgado o tribunal; sin que el motivo de la participación deba cuestionarse. Muchos de quienes participan voluntariamente quieren mostrar su proactividad.
Su motivación puede obedecer a factores externos; sin embargo, al participar, se exponen a estrategias para construir relaciones más saludables, habilidades para lograr una comunicación efectiva y formas de gestionar los factores de estrés a que pueden estar sometidos a lo largo de su vida.
Hasta el momento, carecemos de datos que describan el impacto de la participación en el sistema judicial y las decisiones que desvíen a una persona del cumplimiento de una pena de prisión. Sin embargo, y paradójicamente, la intervención y la disposición de los individuos a participar en ella tienen muy buena acogida por parte de los juzgados.
Actualmente, en colaboración con nuestros socios en investigación, se está delimitando la evaluación de los beneficios de la intervención. Los detenidos que han participado en el programa suelen defenderlo. Además, influyen en otros internos preventivos para que acudan a las sesiones y reciban ayuda, si consideran que la necesitan.
Los formularios de feedback del programa que los participantes completan muestran agradecimiento. Es alentador saber que estamos eliminando las barreras que impiden la intervención en etapas iniciales.
Si se condena a los participantes a una pena de cumplimiento en la comunidad o de permanencia bajo custodia, con la intervención, dichos participantes podrán tener mejor conocimiento y preparación para los programas en los que se les pedirá que participen para reducir su riesgo de reincidencia.
Nota:
(1) Este programa, denominado EQUIPS Domestic & Family Violence, forma parte de una serie de otros cinco programas EQUIPS cuya realización puede exigirse a quienes han cometido violencia doméstica. Su objetivoes abordar todas sus necesidades criminógenas. La sigla EQUIPS responde a las iniciales en inglés de Explore, Question, Understand, Investigate, Practice y Succeed (Explorar, Preguntar, Comprender, Investigar, Practicar y Triunfar).
Danielle Matsuo
Danielle Matsuo es directora del Grupo de Programas y Servicios para el Agresor, del Sistema Penitenciario de Nueva Gales del Sur. Tiene a su cargo una plantilla formada por más 700 profesionales que imparten programas y prestan servicios destinados a personas que cumplen condena bajo custodia o en la comunidad. Durante los primeros 12 años de sus 23 años de trayectoria profesional en el Servicio Penitenciario de Nueva Gales del Sur, trabajó como psicóloga en prisiones. Actualmente cursa un doctorado sobre las semejanzas y diferencias entre hombres que han cometido homicidios. En su cargo anterior, Danielle era responsable del desarrollo, la impartición y la supervisión de todos los programas de cambio conductual del Sistema Penitenciario de Nueva Gales del Sur.
