Entrevista
Fiorella Salazar Rojas
Ministra de Justicia y Paz, Costa Rica
JT: En el año 2000, Costa Rica tenía 7550 presos y una tasa de población carcelaria de 193 por 100 000 habitantes. Tras 17 años, el número de internos llegaba a más de 19 mil, la tasa de población carcelaria iba en más de 370 por 100 000 habitantes y la tasa de sobrepoblación era de 129%.
¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el sistema de justicia de Costa Rica y cuáles son las acciones concretas que tiene su Ministerio para solucionar los retos que enfrenta en matéria penitenciaria?
FSR: Tenemos retos al interno de la institución, retos hacia la propia sociedad, y luego están los retos que se presentaron con la pandemia, que exigieron que nos re-adecuáramos de forma rápida. Con respecto a los retos que yo veo dentro de la institución: en la parte de Paz (que incluye la prevención de la violencia y la inclusión social) el principal es el fortalecimiento del equipo y la búsqueda del talento humano para desarrollar la oferta programática completa, a lo largo y ancho de todo el país.
Y afuera el reto es continuar estrechando lazos con otras instituciones del Estado que trabajan con las mismas poblaciones meta, llegar a las comunidades y tener una oferta que sea atractiva y que le agregue valor a la vida de la gente, a través de programas de prevención e inclusión que van para niñez, juventud, mujeres y otras poblaciones vulnerables. Esto, en tiempos de pandemia, fue mucho más retador porque no podíamos físicamente estar con la gente y tuvimos que volcarnos a brindar servicios en la virtualidad.
En el tema de prevención, el año passado, las Casas de Justicia, que son espacios en los cuales buscamos la resolución alterna de conflictos en las comunidades, estaban cerradas por la pandemia y tuvimos que desarrollar el protocolo para brindar los servicios de resolución de conflictos virtualmente, lo que nunca se había hecho en este país.
En la parte penitenciaria, el reto es todavía más grande, porque tenemos aproximadamente 15500 personas en el sistema cerrado y, el año passado, el foco fue intentar que no se contagiaron del virus, además de los retos que ya existían, como las infraestructuras y los programas que se desarrollan al interior de los centros penitenciarios.
En Costa Rica, a cada persona que ingresa a un centro penitenciario, se le diseña, en conjunto con ella, un plan de atención individual que tiene que ir cumpliendo para que se le abran oportunidades laborales, por ejemplo, ya sea dentro del centro penitenciario o a través de convenios. Para nosotros es muy importante que la persona no se sienta estancada durante el tiempo de la condena sino que sea un tiempo en el que algo cambie.
Yo quisiera que el sistema penitenciario fuera capaz de brindarle a la gente herramientas, habilidades, algún tipo de insight para que cuando salgan hagan las cosas distintas.
Si logramos que la gente cambie alguna parte de su comportamiento, habremos logrado algo realmente importante. Dentro de los centros penitenciarios hay gente que aprende a leer y escribir, que completa la educación primaria, la secundaria, y también hay gente que hace hasta tres carreras universitarias. Para mí, el reto más grande no es solo acomodar las personas en condiciones dignas, sino también proveerles algo que haga clic en sus vidas.
El hacinamiento sigue siendo un reto actual. En este momento estamos en una tasa de 302 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes y el número global de hacinamiento está en 20%. Del 2017 hasta ahora hemos bajado muchísimo la tasa de sobrepoblación, pero ese un global; tenemos centros penitenciarios que tienen tasas negativas, así como tenemos centros que están sobre el 100% y el reto, grandísimo, es trabajar para balancear la cantidad de población, llegar, digamos, a un 20% estandarizado, en todos los centros.
Este es un tema complejo porque enfrentamos una realidad, con respecto al Poder Judicial, que nos complica mucho la posibilidad de tratar el sistema como un sistema. Hay una serie de órdenes judiciales que impiden nuevos ingresos a algunos centros. Los jueces, en cada una de sus jurisdiciones, ven el centro que les toca ver y emiten órdenes judiciales sobre ese centro particular sin fijarse en el rebote que eso tiene en los demás.
Algunas de esas órdenes tienen una cantidad de años y no han sido levantadas, a pesar de que tratamos con los jueces de ejecución de la pena de que les hagan una revisión. Hasta el momento solo uno o dos nos han ido permitiendo nuevos ingresos.
La opinión pública es un reto muy importante. Hay que recordarles a los ciudadanos que los que están en los centros penitenciarios solo tienen suspendido un derecho, que es el derecho a la libertad. El trabajo del Ministerio no se puede circunscribir solamente adentro sus paredes. El cambio de opinión pública es una tarea de todos los días.
JT: En los últimos años se han realizado importantes inversiones en nuevas infraestructuras penitenciarias en Costa Rica, incluido el nuevo centro penitenciario Terrazas que constituye la mayor inversión penitenciaria en décadas.
¿Hasta que punto las nuevas infraestructuras mitigan los retos que enfrenta el sistema penitenciario en términos de espacio y condiciones dignas? Y, ¿Cuál es el papel de las entidades de cooperación externa en la mejora del sistema penitenciario de Costa Rica?
FSR: Nosotros, en dos años de administración, hemos construido alrededor de 2400 nuevos espacios penitenciarios. Terrazas ha sido el proyecto más grande em décadas: han sido 24 millones de dólares, 17000m2 y más de 70 edificios que se han construido para albergar a unas 2250 personas privadas de libertad.
Paralelamente, hemos hecho pequeños proyectos que suman algunos espacios. Por ejemplo, tenemos un proyecto de regionalización de la mujer en el cual estamos creando 36 espacios penitenciarios para mujeres en diferentes lugares del país, para tratar de contribuir al tema del arraigo y que las mujeres esten localizadas en sus zonas de origen. En muchísimos casos son madres, jefas de hogar, que están lejos de los niños.
Estos espacios tienen también habitaciones de casa cuna porque muchas tienen a sus bebés dentro del establecimiento penitenciario – en Costa Rica los niños pueden estar con sus mamás hasta los 3 años.
Adicionalmente se han creado 56 espacios en centros ya existentes y se han creado más de cien espacios en oportunidades terapéuticas, en colaboración con la Universidad de Costa Rica. Estos son para jóvenes en proceso de dejar el consumo de sustancias.
La infraestructura que aún no se está utilizando está en período de equipamiento y estamos haciendo la gestión para que nos den el personal, principalmente policial – eso es una aprobación de Hacienda y luego irá al Congreso. Entonces, es un proceso que va más allá de solo la dotación de la infraestructura.
En materia penitenciaria, tuvimos una colaboración importantisima con el BID, de 2012 a 2018, donde, gracias a un préstamo de 67 millones de dólares, se construyeron tres Unidades de Atención Integral. Estas tienen una infraestructura distinta a la que tienen los centros penitenciarios en el país.
Lo que se buscó fue recrear la vida afuera, las personas andan un poco más libres, pueden estar caminando por toda la unidad, tienen instalaciones deportivas, talleres industriales, tiene la parte de educación etc. Y no es solo el tema de la infraestructura sino que se creó todo un modelo con un perfil de quiénes podían acceder a ese tipo de centro, donde el proceso de trabajo con los presos es distinto del resto de los centros y tiene más elementos para la reinserción social. Con respecto a multilaterales esa fue la última y la más grande.
Terrazas se hizo con recursos propios, no hemos tenido otros préstamos. Sin embargo, en este momento estamos en conversaciones con otros multilaterales, pero todavía no las hemos concertado.
JT: En agosto 2018 el Presidente de Costa Rica firmó la ley de bloqueo de la señal celular en las cárceles (1). En octubre de 2020, se anunció que el bloqueo de señal entraba en funcionamiento, y que, a esa fecha, aún no cubría todos los centros penales (2).
¿Qué repercusiones se espera que tenga este proyecto? Y, ¿En qué medida la lenta implementación de algunos proyectos impide el logro de mejores resultados para el sistema de Justicia?
FSR: El resultado esperado del proyecto de bloqueo de señal es disminuir – ojalá eliminar, pero sabemos que es difícil eliminar – las estafas telefónicas de las cuales es víctima la sociedad costarricense en general. Se llegó a determinar que muchas de las estafas se estaban realizando desde teléfonos celulares en los centros penitenciarios.
Entonces, en 2019 se creó la ley y teníamos un plazo de nueve meses para implementar la solución tecnológica, o sea, hasta abril del año pasado. A causa de la pandemia, tuvimos retrasos por dificultades técnicas, pero en octubre 2020 la mayoría de los centros penitenciarios del país ya estaban cubiertos por la solución tecnológica y la implementación se finalizaría al final del año y eso es lo que ha sucedido.
Y a partir de enero y lo que va de este año (hasta el 11 de marzo 2021) se van haciendo las calibraciones necesarias, se han identificado casos particulares, pero las operadoras están cumpliendo con el bloqueo de señal dentro de los centros.
La ley que le da marco a este proyecto dejó dos mandatos muy bien establecidos para las operadoras telefónicas: por un lado, dentro de los centros no puede funcionar ningún teléfono celular, y simultáneamente fuera de los centros el servicio no se puede afectar a los vecinos.
Entonces, ese es el gran reto en que las operadoras han estado en los últimos meses porque pueden que bloqueen muy bien el centro pero están teniendo muchos reclamos de quienes viven cerca o de las personas que entran a un centro a hacer una diligencia y cuando salen el teléfono no les funciona por un par de horas o más.
La obligación del Ministerio fue facilitar la implementación del proyecto dentro de los centros; según el último dato que tengo teníamos ya más de 5000 bloqueos realizados dentro de los centros penitenciarios. Respecto al tiempo que lleva implementar los proyectos, cuando es solo dentro de la institución, yo creo que es “más fácil” porque es un tema de explicar y motivar para que las cosas avancen.
El Ministerio ha logrado muchas cosas a nivel interno en estos meses y en esta administración. A veces los proyectos se extienden más cuando ya nos toca interactuar con otras instituciones, por ejemplo cuando necesitamos un permiso del Congreso. Pero aun vamos logrando bastante.
Hace muy poco firmamos un protocolo de trabajo conjunto con el Instituto Mixto de Ayuda Social, que trabaja con las poblaciones vulnerables de todo el país; con este protocolo nos estamos enviando gente entre ambas instituciones.
Otro ejemplo fue la aprobación de recursos del presupuesto extraordinario para proyectos del Ministerio en la Asamblea Legislativa: nos tomó cuestión de semanas, porque hay muy buena comunicación. !Es un trabajo de equipo!
¿Cuál es la situación con respecto a las medidas alternativas y, en particular, al monitoreo electrónico?
FSR: Tenemos, en este momento, 14250 personas en medidas alternativas y unas 1825 en monitoreo electrónico (son dos grupos distintos). Para tratar el tema de medidas alternativas, hemos creado las Oficinas de Atención en Comunidad, a través de las cuales se hace el seguimiento muy cerca, en terreno.
La ley del monitoreo electrónico se aprobó en el 2014 y estamos en un momento bastante maduro de ese sistema. El año pasado incorporamos nuevo personal técnico y policial.
La gente que está en monitoreo electrónico tiene un profesional en educación, en orientación, en derecho, en psicología, en trabajo social que los acompañan y, de la misma forma que la gente que está en los centros penitenciarios, los monitoreados cumplen un plan de atención individual que incluye educación o trabajo.
Además, hicimos una mejora tecnológica el año pasado y la nueva herramienta nos permite, por ejemplo, enviarle información al juez de ejecución de la pena en tiempo real, mientras que antes podían pasar varios meses.
Y, a mediados de febrero 2021, hemos lanzado la licitación para contratar el nuevo proveedor para los próximos cuatro años. Según nuestro calendario, a final de este año estaríamos ya firmando el nuevo contrato. Realmente me siento muy esperanzada de que este momento y la siguiente etapa sean de muchísima más consolidación.
JT: La pandemia de COVID-19 ha traído grandes desafíos a las organizaciones penitenciarias.
Dadas las restricciones derivadas de la crisis pandémica, ¿Qué tipo de medidas se han implementado en Costa Rica?
FSR: En el sistema penitenciario empezamos a prepararnos desde antes que el virus llegara a Costa Rica – el primer caso de infección en el país fue en el 6 marzo del 2020 y en un centro penitenciario fue en le 1 de julio 2020.
Nosotros habíamos empezado a trabajar en equipo, desde febrero, con el Ministerio de Salud y con la Caja Costarricense de Seguro Social, que es quien tiene la red de servicios de salud pública en el país.
Inmediatamente se creó un protocolo para trabajar dentro de los centros penitenciarios – al principio era mucho el lavado de manos, la etiqueta respiratoria y el distanciamiento social – pero este protocolo se fue revisando y ajustando (ya estamos en la versión 7) a medida que las autoridades de salud han ido enseñándonos más.
Hemos tenido un año de altos y bajos. El día de hoy (11 de marzo 2021) solo tenemos 17 casos positivos en todo el sistema. La estrategia que hemos utilizado desde el principio, fue el aislamiento; en cada centro identificámos espacios que iban a ser exclusivamente para aislar tanto a las personas positivas como a las personas sospechosas, entonces, cada persona que viene de una celda judicial tiene que cumplir un aislamiento de 14 días.
Algunas personas llegaban al sistema penitenciario ya con su prueba positiva para COVID-19 entonces cumplían la cuarentena hasta que estuvieran recuperadas y se les levantara la orden sanitaria.
Además, cualquier persona dentro un centro penitenciario que tendría que salir a una cita médica o a una diligencia judicial, al regresar también tenía que ir a aislamiento. Creo que esta “pared de fuego” nos impidió que se hiciera un contagio masivo.
Han fallecido de COVID-19 catorce personas privadas de libertad: todas han sido atendidas como cualquier otro ciudadano, en el sistema de seguridad social. También hemos tenido personal infectado y se han recuperado. En este momento, la tasa de recuperación de la población privada de libertad es 165 personas recuperadas por cada caso activo; el 99% de la gente que ha tenido el virus está recuperada.
Antes de que la pandemia llegara, creamos una conciencia muy grande en el seno de la población penitenciaria, a traves de muchas sesiones de conversación.
Los privados de libertad se comprometieron a tal punto con el tema de la prevención que pidieron a sus familias que no vinieran a los centros penitenciarios.
De hecho, el 20 de marzo 2020 tuvimos que suspender las visitas y así fue hasta que reabrió la visita el 18 diciembre del 2020 – me siento muy orgullosa de poder decir que no hemos tenido ni un solo contagio por visita.
El contacto de los privados de libertad con las familias fue muy poco. En el mes de agosto inauguramos la visita virtual en el centro penitenciario de mujeres y ya lo habiamos hecho y lo seguimos haciendo en el penal juvenil.
Pero en el grueso del sistema penitenciario, que son hombres adultos, realmente fue muy complejo porque no teníamos ni equipos para visitas virtuales ni cómo crear esa dinámica para que todos pudieran ir cumpliendo con su visita en un tiempo determinado.
Sin embargo, a través de donaciones de equipos, sí pudimos implementar las audiencias virtuales para que los privados de libertad participarán en sus procesos judiciales sin tener que salir del centro. Eso nos conllevó una coordinación muy cercana con el Poder Judicial por todo el país.
En este momento, las visitas están muy controladas, solo pueden entrar personas mayores de edad, solo una persona por cada visita, solo pueden estar una hora y tienen que cumplir estrictamente los protocolos. Una vez que finaliza la visita, las personas visitadas tienen que limpiar el espacio, lavar la ropa que llevan puesta y bañarse.
En este momento, estamos siguiendo los grupos de vacunación que ha definido el país para toda la población. Dentro de los centros penitenciarios, se empezó vacunando el personal de salud, ya se ha vacunado una parte importante de la Policía Penitenciaria y el 100% del centro penitenciario del adulto mayor.
La pandemia fue un reto muy grande, pero hemos ido haciendo un trabajo bonito, incluso hicimos un documental, durante todos estos meses, sobre cómo iba evolucionando el tema de la pandemia en los centros penitenciarios.
(1) Jiménez B., E. (2018, agosto 16). Presidente firma ley de bloqueo celular en cárceles (…). La Nación.
(2) Ministerio de Justicia y Paz. (2020, octubre 23). La espera terminó: el bloqueo de señal telefónica en sistema penitenciario costarricense entra en funcionamiento.
Fiorella Salazar Rojas
Ministra de Justicia y Paz, Costa Rica
Fiorella Salazar Rojas tiene grado en Economía y un master en Gestión de Proyectos. Tiene una amplia formación y experiencia profesional en gestión de proyectos, desarrollo de liderazgo y orientación a resultados. Ocupó diversos cargos de consultoría y coordinación durante los años que trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo, entre 2009-2018. Al mismo tiempo, fue profesora universitaria en el campo de la gestión de proyectos. En el momento en que asumió el Ministerio de Justicia y Paz, en febrero de 2020, era Viceministra de Seguridad Pública.
