Práctica Notable – Ontario, Canadá
Programa de Libertad bajo Fianza de Toronto
A finales de la década de 1970, la provincia de Ontario se enfrentó a una importante sobrecarga en las prisiones. Con más de la mitad de la población reclusa a la espera de juicio, hacía falta que en la provincia se construyesen más instalaciones o se desarrollasen soluciones alternativas.
El movimiento llegó tras una serie de reformas del sistema de libertad bajo fianza, con la intención de resolver la problemática de la inaccesibilidad de los procedimientos de puesta en libertad previa al juicio.
Creció la presión para que se estableciesen programas de verificación de garantías y supervisión que aportasen a los tribunales vías alternativas para dejar en libertad a los encausados hasta la llegada del juicio.
Basándose en experiencias anteriores de Estados Unidos y Canadá, el Ministerio de Servicios Penitenciarios de Ontario llegó a una solución que pasaba por la verificación y la supervisión en el seno de la comunidad.
Por sus resultados satisfactorios, el proyecto se expandió a todos los tribunales de Toronto. Al mismo tiempo, se pusieron en marcha iniciativas similares en otras ciudades.
El proyecto pasó a ser entonces el Programa de libertad bajo fianza de Toronto (TBP), una entidad sin ánimo de lucro que ha estado en funcionamiento hasta la fecha presente.
Ahora, el Programa de verificación y supervisión de la libertad bajo fianza (BVSP) está presente en toda la provincia. Lo financia el Ministerio del Fiscal General de Ontario e incluye programas de libertad bajo fianza específicos para la población indígena.
Canadá ha asistido a un crecimiento sostenido (1) del número de personas sujetas a medidas cautelares. En la década de 1980, entre 3.000 y 4.000 encausados se encontraban en esta situación; a finales de la década de 1990, la cifra era de 6.500.
Desde 2004-2005, el número de personas admitidas a la espera de juicio superaba el número de personas ya condenadas en los servicios penitenciarios provinciales/territoriales.
En 2010, el número de personas sujetas a medidas cautelares rondaba la cifra de 14.000, y los números fluctuaron entre 11.500 y 15.500 durante esa década.
Según los datos más recientes (2) de 2020-2021, ha descendido hasta 12.800 el número de personas sujetas a medidas cautelares (tras la cifra media superior a 15.000 de los cinco años anteriores).
Sin embargo, los presos preventivos siguen representando el 67% del número total de las personas incluidas en el sistema penitenciario.
Si nos centramos en la provincia de Ontario (3), constatamos una tendencia muy similar. Sin embargo, allí la población sujeta a medidas cautelares superó a la de las personas ya condenadas antes (en 2001-2002). En 2021-2022, dicha población ya representaba más del 77% de las personas encausadas.
El efecto de la prisión preventiva puede resultar enormemente injusto para un gran porcentaje de personas que después verán como los cargos que se les imputan se retiran o a las que se exige responsabilidad penal.
Para estas últimas, la incertidumbre del período de medidas cautelares resulta en la negación de las ventajas de que disfruta a la población reclusa ya condenada; por ejemplo, el acceso a programas de intervención.
Además, si acaba imponiéndose pena de prisión al encausado, el período que este ha pasado en prisión preventiva no computa a efectos de cálculo del tiempo de cumplimiento de condena que debe transcurrir para poder solicitar la libertad condicional.
La necesidad de medidas alternativas en Canadá va incluso más allá de preservar el principio fundamental de la presunción de inocencia. Basta con considerar el gran número de personas sujetas a medidas cautelares, para ver que la más mínima fluctuación en la aplicación de las medidas de supervisión comunitaria tendría un impacto significativo en la sobrepoblación de los centros de detención.
Además, el elevado coste de mantener a personas bajo custodia constituye un buen argumento para rechazar la encarcelación.
El sistema de libertad bajo fianza permite a la persona acusada esperar al juicio sin separarse de la comunidad y al mismo tiempo garantizar que comparecerá ante el tribunal en el momento oportuno.
Sin embargo, al decidir si alguien reúne los requisitos para permanecer en libertad a la espera del juicio, es necesario establecer una serie de garantías.
La información relativa a la situación financiera, la residencia, el empleo y la salud puede ser fundamental al decidir si alguien plantea el riesgo de no cumplir la siguiente citación de comparecencia ante el tribunal.
A menudo, los miembros vulnerables de la sociedad carecen de toda alternativa que no sea la de permanecer bajo custodia hasta la llegada del juicio.
El TPB ofrece apoyo previo al juicio y servicios de supervisión de la libertad bajo fianza a los tribunales y a las personas encausadas. Así contribuye a minimizar la prisión preventiva innecesaria.
Lo financia el BVSP, con fondos procedentes del Gobierno provincial de Ontario (Ministerio del Fiscal General). Se propone como objetivo asegurar el trato justo y equitativo para todas las personas implicadas en el sistema judicial, cualquiera que sea su situación social o económica.
Cuando el encausado acude a una audiencia de libertad bajo fianza tras haber sido detenido, si su abogado o el abogado de oficio no pueden asegurar una fianza adecuada, el TPB interviene para tramitar la derivación.
El primer paso consiste en entrevistar a la persona encausada para recopilar información básica y verificarla. Esta información, basada en hechos, se traslada al tribunal, para facilitar y agilizar la audiencia de libertad bajo fianza. Finalmente, el encausado queda en libertad bajo la supervisión del TPB hasta que se haya resuelto sobre los cargos que se le imputan.
A través del TPB, las personas en situación de vulnerabilidad pueden recibir apoyo profesional desde el inicio del proceso judicial, lo que, a menudo, constituye el primer paso hacia la rehabilitación.
Supongamos que la persona acusada incumple las condiciones impuestas por el tribunal durante el período de supervisión. En tal caso, recae en el TBP la responsabilidad de hacer cumplir las condiciones de la libertad bajo fianza.
Con oficina en cada uno de los ocho tribunales provinciales en la zona metropolitana de Toronto, el Programa también se ocupa de revisar la libertad bajo fianza para quienes no puedan cubrir las fianzas previamente establecidas, o quienes necesiten recurrir una orden de detención.
Es habitual que los beneficiarios del Programa sufran una enfermedad mental o un deterioro del desarrollo cognitivo, carezcan de hogar, sean adictos a alguna sustancia o procedan de familias disfuncionales.
En los últimos tres años, por ejemplo, las cifras muestran que más de la mitad tenían problemas de salud mental o consumían sustancias, y que casi el 35% tenían varios trastornos a la vez. Con frecuencia, eran dichos problemas la causa principal de que infringiesen la ley.
Para abordar el carácter específico de la población que atiende, el personal del TBP tiene una trayectoria académica que incluye Trabajo social, Psicología, Sociología y otras áreas afines, con especializaciones diversas.
Más allá de los funcionarios judiciales designados, dedicados a entrevistar, verificar y presentar decisiones ante el tribunal, y los supervisores de la libertad bajo fianza, responsables de gestionar los clientes, el TPB cuenta con personal específico que proporciona apoyo especializado.
Los coordinadores de la salud mental supervisan y manejan los casos de clientes que padecen enfermedades mentales graves, y los coordinadores avanzados de la comunidad acompañan y supervisan los encausados que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en la comunidad.
El Programa incluye, además, supervisores específicos para indígenas que se ocupan de los casos que conciernen a clientes indígenas.
Además, si las resoluciones judiciales lo disponen o se detecta una necesidad especial al respecto, el TBP diseña planes de supervisión en cooperación con organizaciones aliadas que aportan tratamiento especializado y servicios de asesoramiento.
El Programa de libertad bajo fianza de Toronto ayuda a los ciudadanos más vulnerables del sistema judicial y, al mismo tiempo, ahorra dinero.
Entre 2019 y 2022 (ejercicios fiscales), el TBP verificó 18.030 casos y supervisó a 10.621 encausados.
La tasa de éxito en las comparecencias judiciales es excepcionalmente alta: en los ejercicios fiscales del período 2019 a 2022, la media estuvo situada en el 96%.
De los casos cerrados en los últimos tres años, de media, se retiraron o archivaron los casos de prácticamente la mitad de las personas acusadas. De hecho, durante dicho período, aproximadamente 80 personas que de otro modo habrían permanecido bajo custodia fueron declaradas no culpables en todos los cargos.
En tan solo los últimos tres años, el TBP ofreció una alternativa a la prisión preventiva para más de diez mil personas. Se trata de un número considerable de personas que no tuvieron que permanecer en prisión.
Incluso considerando el coste de la supervisión del BVSP, que asciende a aproximadamente 7,65$ (dólares canadienses) diarios por persona, el ahorro es de millones de dólares si se compara con el coste diario de la detención, que asciende a aproximadamente 409$ diarios por interno. (4)
Además, la rehabilitación y la socialización empiezan pronto y en el seno de la comunidad. Con el apoyo del TBP, es habitual que los clientes avancen en la solución a su problema de abuso de sustancias, salud mental, vivienda, gestión de la ira o laboral.
A través de este esfuerzo cooperativo, algunas de las dificultades más acuciantes del proceso de rehabilitación se abordan en el plazo más breve posible, lo que incrementa la integración social del encausado con independencia de cuál sea finalmente la resolución para los cargos que se le imputan.
Este tipo de intervenciones puede salvar vidas, sin que importe la procedencia social, económica o psicológica del cliente.
El TBP representa un enfoque integral en el que se asegura el contacto regular para abordar las necesidades de la persona acusada y reducir enormemente el riesgo de incumplimiento de las resoluciones judiciales.
De ahí que el Programa contribuya a reducir las probabilidades de reincidencia.
Finalmente, el Programa de libertad bajo fianza de Toronto representa beneficios socioeconómicos para la comunidad de la capital de Ontario.
Referencias
(1) Statistics Canada (2022). Cuadro 35-10-0154-01 Recuento del promedio de adultos que están incluidos en los programas penitenciarios provinciales y territoriales.
(2) Statistics Canada(2022). Estadísticas de los servicios penitenciarios: Tablero interactivo.
(3) Statistics Canada (2022). Cuadro 35-10-0013-01 Gastos de explotación correspondientes a los servicios penitenciarios para personas adultas (Ontario).
(4) Statistics Canada (2022). Cuadro 35-10-0013-01 Gastos de explotación correspondientes a los servicios penitenciarios para personas adultas.
David Scott
David Scott ha sido director ejecutivo del Programa de libertad bajo fianza de Toronto durante más de veinte años. Comenzó su carrera allí en 1989 como trabajador de enlace en el Centro de Detención Metro West. En 1996, creó la División de Inmigración dónde fue Gerente de Programas hasta finales de 2004, cuando fue ascendido al cargo actual. Tiene una
maestría en Criminología de la Universidad de Toronto, con una especialización en Participación del sector privado en el sistema de medidas penales comunitarias.
