// Entrevista: Alexandre Zouev
Subsecretario General de Estado de Derecho e Instituciones de Seguridad, Naciones Unidas
JT: ¿Cuáles son los puntos clave del trabajo de las operaciones de paz de la ONU en materia de promoción de la justicia y los correccionales en los entornos afectados por crisis y, más específicamente, a qué historias de éxito puede hacer referencia?
AZ: La paz solo puede construirse sobre la base de la justicia y el respeto por el Estado de derecho. El fortalecimiento del
Estado de derecho es esencial para construir y mantener la paz en cualquier tipo de ambiente, pero especialmente en entornos afectados por crisis. La mejora de la seguridad, la estabilización y el restablecimiento de la autoridad estatal requiere de instituciones judiciales y correccionales eficaces y responsables.
Las instituciones de justicia penal pueden desempeñar un papel central en la protección de los civiles al ayudar a reducir la amenaza de los expoliadores de los grupos armados y evitar una recaída en el conflicto. Desde 2012, el trabajo en materia de Estado de derecho y operaciones de paz de la ONU se han beneficiado de la participación de múltiples aliados, en virtud del acuerdo del Punto Focal Mundial (GFP, por sus siglas en inglés) para los aspectos policiales, judiciales y penitenciarios.
El GFP es una plataforma de las Naciones Unidas, copresidida por mi oficina y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), diseñada para fortalecer la provisión de sistemas de Estado de derecho, abordar y prevenir conflictos violentos, proteger los derechos humanos y restaurar la justicia y la seguridad para poblaciones afectadas por conflictos. La plataforma permite a todas las entidades participantes de las Naciones Unidas –incluidos el PNUD, ONU Mujeres, el ACNUDH, el ACNUR y la UNODC– perseguir objetivos compartidos, respetando y aprovechando los mandatos, capacidades y ventajas comparativas individuales.
Algunos ejemplos de éxito abarcan varias áreas, incluida la promoción de la rendición de cuentas por delitos graves y relacionados con conflictos: en la República Centroafricana (RCA), la policía de la MINUSCA y los expertos en justicia y correccionales, junto con otros aliados del GFP, apoyan conjuntamente el restablecimiento de la justicia penal y de las instituciones de seguridad, incluida la operacionalización de un Tribunal Penal Especial (TPE). El TPE es un tribunal nacional compuesto por magistrados nacionales e internacionales, con jurisdicción para investigar y procesar delitos atroces. El Tribunal se encuentra en una fase crítica. Se ha nombrado el primer grupo de investigadores, fiscales y jueces; se han adoptado las reglas de procedimiento y evidencia; se están desarrollando estrategias de enjuiciamiento y protección de testigos; y las investigaciones han comenzado. Estos esfuerzos apoyan la extensión de la autoridad del Estado, la lucha contra la impunidad y la eficacia del sistema de justicia penal. El TPE está ayudando a consolidar el apoyo regional para los mecanismos de rendición de cuentas por delitos atroces.
En la República Democrática del Congo, la asistencia que los aliados del GFP le brindan a las células de apoyo a la Fiscalía ha acelerado los juicios en el sistema de justicia militar. La asistencia de estas células ha resultado en la condena de 990 perpetradores; se registraron un total de 1726 casos de violencia sexual y de género y se han emitido 643 sentencias, lo que resultó en que miembros de alto rango de las milicias fueran condenados por violación y esclavitud sexual.
En Malí, los aliados del GFP están implementando programas en apoyo de la extensión de la autoridad del Estado, en el norte, y están abordando los factores de conflicto a través del fortalecimiento del Estado de derecho. Con nuestro apoyo, el Ministerio de Justicia adoptó prioridades esenciales para las reformas de justicia descritas en los acuerdos de paz; estas son fundamentales para la capacidad del gobierno de coordinar el apoyo bilateral y multilateral que recibe el sector judicial. Las nuevas áreas de participación incluyen la operacionalización de una unidad nacional especializada en terrorismo y delincuencia organizada transnacional, el nombramiento de fiscales y jueces de investigación, la designación de oficiales de investigación especiales y la capacitación especializada en estas áreas.
Con respecto al apoyo carcelario en la RCA, la MINUSCA apoya la desmilitarización de las cárceles y la creación de un servicio penitenciario civil como parte de una estrategia general para mejorar la seguridad pública y garantizar la custodia segura y humana de los detenidos, incluidos los detenidos por delitos graves. En la actualidad, el gobierno ha designado 68 empleados especializados en correccionales, quienes están autorizados para asesorar y capacitar al personal de las prisiones. Esto ayuda a evitar la fuga de detenidos de alto perfil, que son potenciales amenazas para una paz frágil. El número de fugitivos de prisión, incluidos los detenidos de alto perfil, disminuyó de 843, en 2015, a aproximadamente 132 desde principios de 2017(1).
La MINUSMA (nuestra misión en Malí) ha ayudado a las autoridades nacionales a prevenir la propagación del extremismo violento en las cárceles al proporcionar un paquete de medidas para la rehabilitación de dos secciones de alta seguridad en la prisión principal, en Bamako (donde están detenidos los sospechosos de cometer crímenes relacionados con el terrorismo). También ha proporcionado al personal de las prisiones de Malí capacitación especializada en seguridad de prisiones y en identificación de la radicalización y gestión de los reclusos extremistas violentos.
“La paz solo puede construirse sobre la base de la justicia y el
respeto por el Estado de derecho.”
JT: ¿En qué medida las operaciones de paz de la ONU promueven el cumplimiento de las Reglas de Mandela y Bangkok?
AZ: Debemos garantizar que todos los reclusos estén protegidos contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tanto las Reglas de Mandela como las de Bangkok son muy interdependientes y se han convertido en los estándares para todas las iniciativas en las operaciones de paz de la ONU en el ámbito de los servicios correccionales.
Desde nuestro punto de vista, la forma más efectiva de promover el cumplimiento de las Reglas de Mandela y de Bangkok es garantizar que formen parte de todos los aspectos de nuestro trabajo. Las políticas de apoyo a las prisiones dan prioridad a las áreas temáticas de la participación correccional en el mantenimiento de la paz, que están destinadas a fortalecer la capacidad nacional para garantizar cárceles seguras y humanas. La premisa de cada área temática es la implementación de estándares de derechos humanos en entornos complejos y de escasos recursos.
Trabajamos en colaboración con varias agencias de las Naciones Unidas. Indudablemente trabajamos con el ACNUDH, pero también con la UNODC, el PNUD y varias ONG, para crear conciencia sobre las Reglas de Mandela y de Bangkok entre nuestros homólogos nacionales en los países anfitriones y en la sociedad civil. También, como parte de nuestro enfoque hacia la administración responsable de prisiones, aprovechamos cada oportunidad para abogar por la implementación de estándares de derechos humanos en nuestros círculos internacionales en conferencias y talleres.
Estos estándares de derechos humanos también establecen la base de la capacitación previa al despliegue, así como la capacitación en el marco de la misión que recibe el personal correccional de las Naciones Unidas aportado por los Gobiernos. Esta capacitación tiene como objetivo dotar al personal del conocimiento y las habilidades para ayudar a las autoridades penitenciarias nacionales a comprender los elementos estratégicos y operativos de los estándares, aumentar la voluntad política para su implementación y trabajar dentro de la legislación nacional existente para aplicar los principios de estas reglas, con el fin de proteger los derechos y la dignidad de los detenidos, los reclusos y el personal penitenciario.
La justicia y los sistemas correccionales tienen muy pocos recursos, y esto no solo pasa en los países en desarrollo y en las regiones en conflicto. La situación no solo tiene que ver con las asignaciones presupuestarias, que en muchos casos son insuficientes, sino también con la falta de capacitación y selección adecuadas de los funcionarios penitenciarios, así como el incumplimiento de las normas internacionalmente reconocidas en materia de derechos humanos y derecho humanitario. Nuestro personal correccional trabaja con los servicios penitenciarios nacionales en la búsqueda de enfoques creativos para trabajar dentro de estos parámetros, con el objetivo de lograr un mejor cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos en las cárceles.
“La justicia y los sistemas correccionales tienen muy pocos recursos, y esto no solo pasa en los países en desarrollo y en las regiones en conflicto.”
JT: Por favor, háblenos más sobre el personal aportado por los Gobiernos y cómo ayudan durante las operaciones de paz de la ONU.
AZ: Los Estados miembros brindan un importante apoyo al asignar expertos calificados en justicia, policía y correccionales para que actúen como personal aportado por el Gobierno en las operaciones de paz de las Naciones Unidas.
Este personal representa aproximadamente el 80% del personal correccional en las operaciones de paz de la ONU y el 15% del personal judicial. El disponer de expertos nacionales altamente calificados para el servicio, en el papel de personal aportado por los Gobiernos, tiene un gran impacto en nuestra capacidad para cumplir con las tareas estipuladas.
Un ejemplo de un caso en el que ha sido crucial la modalidad de personal aportado por el Gobierno es la República Democrática del Congo, donde nuestra misión (MONUSCO) ha establecido células de apoyo de la Fiscalía compuestas por expertos en justicia y vigilancia policial designados por los Estados miembros. Estos oficiales aportan amplia experiencia en las áreas de investigación, procesamiento y adjudicación de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras transgresiones graves, incluidas aquellas de carácter sexual. A través de la asesoría y la enseñanza, este personal apoya a los expertos judiciales nacionales en materia del procesamiento de los delitos más graves, que tienen un impacto directo en la paz, la seguridad y la estabilidad.
Me gustaría hacer un llamado a los lectores, especialmente a aquellos que trabajan por la justicia nacional, la policía o los servicios penitenciarios, para que le pregunten a sus instituciones sobre las posibilidades de ser convocados para actuar como personal aportado por el Gobierno en las operaciones de paz de la ONU.
JT: No cabe duda de que la misión de la Oficina del Estado de Derecho y las Instituciones de Seguridad (OROLSI) no tendría éxito sin la ayuda de los aliados. ¿Quiénes son esos aliados?
AZ: Sí, de hecho, el éxito y la sostenibilidad de los esfuerzos de mantenimiento de la paz de la ONU dependen de alianzas estratégicas. Nuestra alianza principal es con las autoridades nacionales, quienes son los propietarios finales de cualquier iniciativa diseñada para apoyar a las instituciones policiales, judiciales y penitenciarias. Nuestra función principal es desarrollar las capacidades de nuestros aliados nacionales para poder apoyar un progreso significativo, legítimo y sostenible. Sin embargo, si bien esta es nuestra alianza más crucial, también puede ser la más delicada y difícil de establecer y mantener.
La plataforma Punto Focal Mundial (GFP) ha aumentado la coherencia de las Naciones Unidas en el ámbito del Estado de derecho al alinear las estrategias/programas con los planes nacionales de desarrollo y al servir como un punto de entrada único para los gobiernos anfitriones. A través de evaluaciones, planificación y programación conjuntas, el acuerdo del GFP ha aumentado el impacto y los resultados mediante la reducción de la competencia, el aprovechamiento de la experiencia y el fomento de la innovación.
El Grupo de Amigos de los Servicios Correccionales es una iniciativa impulsada por los Estados Miembros que apoya el trabajo de los correccionales en las operaciones de paz de la ONU, tanto política como sustantivamente. El Grupo educa, promueve y apoya el papel que tienen los correccionales en el mantenimiento de la paz y la seguridad entre los Estados Miembros y en varios debates de los comités en Nueva York. Este compromiso ha impactado directamente en el lenguaje estipulado en varias resoluciones del Consejo de Seguridad, y ha asegurado los recursos necesarios y el financiamiento programático de las iniciativas de correccionales. Lo que es aún más importante es el hecho de que los servicios penitenciarios nacionales de estos Estados Miembros han apoyado activamente nuestro trabajo con iniciativas concretas, como las misiones específicas de evaluación de correccionales en la RCA, y el desarrollo y la entrega de iniciativas de capacitación específicas (como liderazgo de prisiones y programas de gestión de prisiones con perspectiva de género).
Las ONG (internacionales y nacionales) son otras aliadas importantes en el sector correccional. Algunos ejemplos incluyen el Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, la Organización Internacional de Derecho del Desarrollo y la Reforma Penal Internacional (PRI, por sus siglas en inglés). Las ONG nacionales son particularmente efectivas dado su entendimiento de las costumbres locales, la política, la cultura y el idioma, mientras que la PRI es un defensor particularmente fuerte para la implementación de las Reglas de Mandela y de Bangkok. La MINUSCA se asoció recientemente con la PRI para redactar la estrategia de desmilitarización del servicio penitenciario. El borrador se completó en septiembre de 2018, y pronto se presentará al Presidente de la RCA para su promulgación. Esta estrategia constituye el plan de acción, a corto y largo plazo, para el desarrollo del servicio penitenciario de la RCA.
JT: ¿Hay proyectos particulares relacionados con la justicia o las correccionales para los cuales OROLSI requiere apoyo?
AZ: Nuestro Servicio de Justicia y Correccionales (JCS, por sus siglas en inglés) busca el apoyo de donantes para financiar varias iniciativas, incluidos proyectos para fortalecer la efectividad y el impacto de los esfuerzos judiciales y correccionales mediante un estudio de lecciones aprendidas (que podría ser publicado); fortalecer la calidad del personal aportado por los Gobiernos en materia de justicia y correccionales; mejorar la capacidad de las operaciones de paz en el apoyo de la responsabilidad penal por delitos graves (incluso a través de un despliegue más rápido de expertos especializados en los mecanismos nacionales de rendición de cuentas); y, respaldar el desarrollo de procedimientos operativos estándar relacionados con la detención y el manejo de reclusos de alto riesgo, incluidos los extremistas violentos y otras personas de alto perfil. Todo esto tiene el propósito de 1) fortalecer la capacidad de las operaciones de paz de la ONU para administrar de manera segura a individuos de alto riesgo al ser detenidos por la policía y el ejército de la ONU; y 2) apoyar a las autoridades penitenciarias nacionales para gestionar personas de alto perfil.
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Alexandre Zouev se unió a las Naciones Unidas en 1990 y ha prestado servicios en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Desde junio de 2016 y hasta que asumió su cargo actual (en abril de 2017), fue gerente de programa global y asesor especial para la prevención del extremismo violento en el PNUD. Anteriormente, entre 2011 y 2016, fue coordinador residente de las Naciones Unidas y representante residente del PNUD en Tayikistán. Zouev tiene un Ph.D. en Economía del Desarrollo del Instituto Estatal de Moscú, y ha escrito numerosos libros y artículos sobre aspectos sociales y económicos del desarrollo.
