// Entrevista: Celso Manata
Director de la Dirección General de Reinserción y Servicios Carcelarios de Portugal
JT: Desempeñó funciones de DG de los Servicios Carcelarios entre 1994 y 2001.
¿Cuáles son las principales diferencias entre el sistema penitenciario portugués de hace 20 años y el actual y que registró una mayor evolución, tanto positiva como negativa?
CM: Estos últimos 20 años han sido muy importantes: noto diferencias “del día para la noche”, y la mayoría de ellas en el sentido positivo.
Cuando llegué al Servicio, en 1994, teníamos algunas instalaciones que eran realmente medievales. Esa realidad fue totalmente superada. Hicimos un recorrido muy largo, aunque también es cierto que durante los últimos años se han producido algunos recortes en la inversión. Estamos inmersos en un conjunto de situaciones complicadas de resolver, pero, como primera idea, en 20 años hubo una gran evolución, sin duda positiva, aunque los últimos años, debido a la crisis, hemos tenido que afrontar situaciones difíciles.
De la misma manera en la que hablo de las instalaciones, podría hablar también de cómo las personas que trabajan en el sistema se relacionan con los reclusos: cambió, de manera radical, para mejor. Obviamente continuamos teniendo situaciones censurables, pero son excepcionales, o sea, aquella idea que en los años 90 había sobre el tratamiento en las prisiones se ha superado; las personas ya dicen que el preso es sujeto del tratamiento. La forma en que el recluso es visto y tenido en consideración es primordial.
Por otro lado, también evolucionamos en la caracterización de la población reclusa. Hace 20 años teníamos más de un 30% de preventivos, ahora tenemos 15%. Este hecho es un salto importante porque un sistema con un alto porcentaje de preventivos tiene más dificultades. Los presos que cumplen condena son más estables y con ellos se consigue trabajar con mayor facilidad. Los preventivos son una población más compleja y con alto índice de rotación y no siempre conseguimos comprender o valorar la inversión que podemos hacer con ellos.
Naturalmente que no todo es positivo. Tenemos, hoy, serias dificultades que no teníamos en el pasado: dificultades presupuestarias realmente significativas y tremendamente condicionantes y no me refiero únicamente a la falta de dinero, sino a todo aquello que el dinero puede comprar. La cuestión del presupuesto y de los medios materiales es central. En esta materia presentamos una evolución muy negativa. ¡No conseguimos hacer más contención en el gasto!
También en lo que respecta a los regímenes hemos tenido grandes alteraciones: el código de ejecución de penas trajo importantes novedades – siempre tuvimos buenas leyes y reformas con las que fuimos reconocidos internacionalmente, pero eran unas leyes muy elásticas, para acogerse mucho a su interpretación. Hoy tenemos una reglamentación muy estrecha, un código de ejecución de penas muy regulado y una regulación general que se fija mucho en los detalles, lo que es positivo.
En esta área todo lo que sea establecido en el código, en la ley, en el reglamento garantiza más aún los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos, y permite una mayor impugnación de los hechos. En este dominio, hubo una gran “jurisdiccionalización” en la ejecución de las penas – yo diría que no fue acompañada en términos de refuerzo de medios a nivel de los tribunales, lo que crea cierto ruido y distorsión.
El régimen abierto, por ejemplo, es un aspecto en que estamos peor: la reglamentación condujo al descenso del régimen abierto externo. En aquel entonces teníamos cerca de 500 personas en esa situación y ahora, cuando llegué aquí, teníamos apenas 60. Con esos 500 individuos el número de fracasos que teníamos era muy similar al que tenemos hoy. El problema de la “jurisdiccionalización” es que las personas que no trabajan dentro del sistema (jueces y magistrados del Ministerio Público) tienen una menor capacidad para soportar el riesgo. De hecho – y es algo que el Consejo de Europa ha mencionado repetidas veces – la distribución de las competencias no debe ser hecha de manera aleatoria, sino que tiene que ser muy pensada en función de los grupos profesionales involucrados. Es por eso que se critica mucho a los países en que es el juez quien determina el régimen y la ejecución de la pena. Es la administración penitenciaria la que debería decidir cuál es el régimen aplicable, porque es la administración que conoce y convive diariamente con el recluso. Quien está en los tribunales – puedo decir esto porque soy magistrado – nunca tendrá la posibilidad de conocer realmente la realidad carcelaria. Pero, además de todo eso, su contacto con las prisiones también no es el ideal.
Recientemente encontré a un viejo amigo en una reunión en París – que fue director de la prisión de Luxemburgo – que me contaba que los jueces, en su país, pasaban una semana tomando contacto con la realidad carcelaria y que durante dos días incluso dormían dentro de la prisión. En Portugal, los jueces y los procuradores hacen una visita a las instituciones penitenciarias una única vez, durante una tarde, y, por tanto, esto trae consecuencias en la percepción y comprensión de lo que es cumplir condena.
En estos últimos 20 años pienso que el balance es positivo. ¿Pero estamos en un punto donde querríamos estar? No estamos, estamos muy lejos de ello.
Hay aspectos que empeoraron: algunos tienen que ver con factores financieros, otros con las circunstancias de la vida, por ejemplo, el envejecimiento de la población en las prisiones. Esta es una realidad en toda Europa que, obviamente, condiciona nuestro trabajo en gran medida. El problema de las enfermedades, que en estos últimos años se ha visto agravado sustancialmente y, sobre todo, el problema de la comorbilidad, que también se agravó, dificultan nuestra tarea.
JT: ¿Cuáles son los principales desafíos/problemas a los que se enfrenta el sistema y qué medidas está implementando o va a implementar para solucionar estos problemas?
CM: Una de las realidades que merece estar en primer plano – porque es un problema en sí mismo que genera muchos más problemas – es la sobrepoblación. ¡Un establecimiento penitenciario excesivamente ocupado nunca puede funcionar bien! Este problema puede ser resuelto de dos maneras: o creando más prisiones o disminuyendo el número de reclusos.
Es sabido que, sea al nivel de la ONU o al nivel del Consejo de Europa, la solución apuntada para esta cuestión no pasa por construir más prisiones, pero sí en la disminución de la población carcelaria. Si esto es cierto para un sistema equilibrado, o sea, que tiene una población reclusa en relación a su realidad criminal, aún es más necesario en nuestro caso porque tenemos una realidad criminal que nada tiene que ver con nuestra población carcelaria. Estadísticas de entidades independientes demuestran que los crímenes violentos y el crimen organizado – dos áreas relacionadas con el número de reclusos – han ido descendiendo sistemáticamente. Tenemos una realidad criminal muy “suave” que nada tiene que ver con la de otros países (como Francia o Bélgica, por ejemplo) con gravísimos problemas de inseguridad y de criminalidad violenta, y la verdad es que estos países tienen alrededor de 100 presos por cada 100 mil habitantes y nosotros seguimos con 137.
Las plazas que tenemos disponibles en este momento son más que suficientes para la población reclusa real que deberíamos tener. Deberíamos tener un número en torno a 11 500, si tuviésemos ese número estaríamos en una situación de subocupación.
La gran inversión que se debería realizar debería dirigirse a la reducción de la población. Es eso lo que mantengo y defiendo desde el primer día.
JT: Sabemos que quiere abrir un centro penitenciario específico para presos de mayor edad. ¿En qué consiste realmente esta idea?
CM: En Portugal, como en Europa, hemos constatado un crecimiento muy significativo de presos de avanzada edad. Por otro lado, hemos también constatado que esta población tiene unas características y necesidades muy específicas. Desde luego hay cuestiones de enfermedad, de comorbilidad, hay muchas necesidades que deben ser cubiertas de otra manera.
De cara a esta realidad, la manera de abordarles tiene que ser diferente, porque no estamos hablando de una persona que a los 70 años vaya a buscar su primero empleo, no podemos darle un curso de informática que no entienda, o no podemos incluirlo en un determinado programa.
Algo que me impresiona bastante es que estas personas son extremadamente frágiles dentro del universo penitenciario; son especiales, tienen necesidades especiales y es un grupo cada vez mayor. Es importante que comencemos a pensar en la creación de una respuesta a medida de esa población. Esa respuesta podrá tener diferentes formatos, pero me gustaría probar una primera experiencia, por eso estamos haciendo una búsqueda de personas disponibles o que vieran con agrado una experiencia de esta naturaleza. En función de los resultados obtenidos, veremos en qué lugar se crearía una unidad específica para este tipo de personas. Esto es algo prioritario y pronto se determinará.
En 2016, Celso Manata fue designado para ejercer las funciones de Director General de Reinserción y Servicios Carcelarios, un cargo que ya le era conocido puesto que había sido director de los Servicios Carcelarios entre 1994 y 2001. En el momento de ese nombramiento, el magistrado ocupaba el cargo de Procurador General Adjunto, siendo especialista en el área de familia y menores. Celso Manata fue también miembro del Comité Europeo de Prevención da la Tortura del Consejo de Europa.
