Entrevista
Ángel Luis Ortiz González
Secretario General de Instituciones Penitenciarias, España
En los últimos años, se han realizado importantes inversiones en España en la modernización del sistema penitenciario a través de una serie de reformas legales, en línea con las decisiones marco de la Unión Europea. Además, la población carcelaria y la tasa de encarcelamiento han disminuido. Aun así, los desafíos son una constante para el organismo que dirige Ángel Luis Ortiz desde 2018. En esta entrevista, el Secretario General comparte de manera sucinta sus logros y el rumbo hacia donde quiere llevar la institución.
¿Cuáles son los principales logros del sistema correccional español?
AO: El primero, haber dotado de infraestructuras adecuadas a la mayoría de los centros penitenciarios.
Gracias a las inversiones realizadas durante los últimos 40 años, en este momento la ocupación de las prisiones se encuentra en un 72,8%, lo que supone que ha desaparecido el hacinamiento.
Durante el período 1980-1983, se elaboró un programa de construcción de instalaciones, con un presupuesto de 22.500 millones de pesetas (aproximadamente 135 millones de euros), cantidad a la que se sumaron otros 4.400 millones de pesetas (más de 26 millones de euros) para la creación de dos centros de alta seguridad y dos centros asistenciales hospitalarios.
Con el fin de racionalizar y centralizar la construcción de centros penitenciarios, en 1992 nació la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. Desde entonces ha sido la encargada de construir veintiséis centros tipo, trece centros de inserción social y cuatro unidades de madres, todos en funcionamiento a día de hoy.
Además, desde 1979 contamos con un marco jurídico garantista que define de forma clara los derechos y obligaciones de las personas privadas de libertad al tiempo que introduce la figura del Juez de Vigilancia Penitenciaria como garante de esos derechos. Esto permite un control judicial auténtico de la ejecución de la pena privativa de libertad.
Este control ha facilitado que los jueces de vigilancia se pronuncien sobre aspectos tan diferentes como la exploración radiológica, la alimentación forzosa, el uso de medios coercitivos sobre los internos, los registros de celdas, los cacheos corporales o el régimen de comunicaciones con el exterior y la naturaleza de estas.
¿En qué medida estos logros están vinculados a factores como el cambio tecnológico y las sentencias alternativas? Y, por otro lado, ¿cuáles son los principales desafíos a los que el sistema se enfrenta hoy en día (aparte de la pandemia de COVID-19)?
AO: Aunque la Ley Orgánica General Penitenciaria aprobada en 1979 no contiene una regulación de las medidas alternativas, también llamadas penas comunitarias, el Código Penal introdujo los trabajos en beneficio de la comunidad, así como la realización de programas de tratamiento, como forma de sustituir el ingreso en prisión. En estos momentos el volumen de esas medidas alternativas supera las 100.000 condenas anuales y, en la práctica, eso supone un alivio en los ingresos en prisión.
Por otro lado, la población reclusa está entorno a las 46.000 personas en los centros que dependen de la Administración General del Estado, y aproximadamente un 20% se encuentra en tercer grado. Dentro de ese tercer grado (semilibertad), más de 5.000 condenados han estado bajo control telemático en el momento más crítico de la pandemia.
Sin lugar a dudas, las nuevas tecnologías, tanto en el control de los internos fuera de prisión como en su utilización como elementos pasivos que contribuyen a la seguridad, están facilitando la mejora del sistema penitenciario español.
Al disponer de unas infraestructuras adecuadas y de un marco jurídico garantista, el reto para el sistema penitenciario español está en facilitar a todos los internos una oferta tratamental acorde a sus necesidades; una oferta cada vez más amplia y específica. Por ese motivo, en los últimos años hemos elaborado nuevos programas, como, por ejemplo, el diseñado para los condenados por delitos de odio.
Conscientes de la complejidad del problema, llegamos a la conclusión de que era necesaria la intervención con personas privadas de libertad por esta tipología delictiva y así nació el Programa Diversidad. Entre las causas que se abordan está la discriminación por razón de sexo, de género, de creencias religiosas, por xenofobia…
También los delitos económicos han sido objeto de estudio y en ellos se centra el PIDECO. Por otro lado, hemos puesto en marcha actuaciones para las condenas cortas por violencia de género. Se trata de optimizar al máximo el paso por el sistema penitenciario.
Lo último en el área de tratamiento tiene que ver con la implantación de programas de justicia restaurativa, en los que la víctima del delito tiene un protagonismo esencial.
Además, se trabaja en la responsabilización del victimario. Estos procesos, que a veces culminan en encuentros entre las dos partes, dan a la víctima la oportunidad de ser escuchada y contribuyen a que pueda superar, en ocasiones, duelos difíciles de resolver.
Más de 5.000 condenados han estado bajo control telemático en el momento más crítico de la pandemia. Sin lugar a dudas, las nuevas tecnologías, tanto en el control de los internos fuera de prisión como en su utilización como elementos pasivos que contribuyen a la seguridad, están facilitando la mejora del sistema penitenciario español.
JT: Los funcionarios de prisiones en España han solicitado, entre otras mejoras de las condiciones de trabajo, la reclasificación de los centros penitenciarios y que sean reconocidos como agentes de la autoridad. (Fuente: El Confidencial).
Cuál es su visión y estrategia para el personal penitenciario? ¿Y qué importancia tiene, para usted, el tema de la formación y desarrollo de la plantilla de funcionarios de prisiones?
AO: La hoja de ruta pasa por potenciar la formación que se imparte al personal de la Administración Penitenciaria y, dadas las especiales competencias que desarrollan los profesionales en los establecimientos penitenciarios, reconocerlos como agentes de la autoridad.
Estamos trabajando, además, para mejorar las condiciones laborales de esos profesionales, que juegan también un papel importante en la actividad tratamental de las personas privadas de libertad. Hay que tener en cuenta que son ellos los que están en contacto directo con la población reclusa, quienes ejercen el acompañamiento del interno durante el tiempo que está privado de libertad.
La formación, tanto la inicial como la continua, es esencial para el correcto desempeño de las funciones que el personal penitenciario tiene que desarrollar.
España cuenta con unas renovadas instalaciones. Sin embargo, hasta ahora carecía de un centro de formación acorde con la calidad de esas instalaciones. Es por eso que este año hemos decidido crear el Centro de Estudios Penitenciarios, con sede en Cuenca. Durante los próximos años se harán las reformas necesarias para su puesta en funcionamiento.
De momento, ya se ha comenzado a trabajar en esa ciudad en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y se están impartiendo clases en el campus de la ciudad.
Esta formación inicial para quienes comienzan a trabajar en Instituciones Penitenciarias consiste en dos fases: un curso teórico en el Centro de Estudios y un programa práctico en las prisiones. Por otro lado, cerca de 6.000 personas reciben cada año formación continua en tres modalidades: presencial, on line y descentralizada, en los centros penitenciarios.
JT: Además de Cataluña, que ya contaba con una gestión autónoma de sus prisiones, desde octubre 2021 el País Vasco también asumió la competencia de sus tres centros penitenciarios. (Fuente: El País). Distinto de otros países, en España no existe un sistema penitenciario Federal y otro Estatal (lo de las comunidades autónomas) con competencias distintas y complementarias.
¿Cuál es la forma de gobernación y cómo la colaboración entre las diferentes jurisdicciones, es decir, entre la administración penitenciaria estatal y las administraciones autónomas?
AO: Efectivamente, en España no existe esa diferencia. El marco constitucional español permite que aquellas comunidades autónomas que lo tengan contemplado en su estatuto puedan asumir la competencia para la ejecución de las condenas.
El marco normativo es único, pero la ejecución de ese marco normativo puede realizarse por la Administración General del Estado o por las comunidades autónomas. Dos han asumido esa competencia, Cataluña y País Vasco; esta última el 1 de octubre de 2021.
La relación con esas comunidades es de completa colaboración: se actúa de forma coordinada mediante la realización de convenios y lo que prima es el diálogo.
La radicalización supone un reto que, por su dimensión global, debe ser abordado por todos los sistemas penitenciarios. En España desde hace años se viene ofreciendo un programa para desradicalizar a los condenados por terrorismo. Sin lugar a dudas, esta materia se encuentra entre los objetivos principales de la Administración Penitenciaria española.
JT: El último informe “SPACE I” menciona que España presenta algunos indicadores con valores significativamente superiores a la mediana europea, a saber, la larga duración de las penas de prisión, el porcentaje de reclusos mayores (de 50 y más años), y los porcentajes tanto de mujeres como de extranjeros entre la población penitenciaria.
¿Cómo está abordando y gestionando estos retos específicos?
AO: Aunque las tasas de criminalidad en España son de las más bajas de Europa, la tasa de encarcelamiento es de las más altas. Igual sucede con el tiempo medio de estancia en prisión.
Afortunadamente, al ser la tasa de criminalidad baja, el número de personas en prisión se encuentra en una línea descendente, hasta el punto de que en los últimos once años ha disminuido en 20.000 el número de internos e internas. Ese descenso, unido a las plazas disponibles no ocupadas, más de 15.000, hace que la ocupación en España se encuentre en ese 72,8%.
Esta situación permite gestionar con cierta normalidad la vida dentro de las prisiones, más todavía si se tiene en cuenta que hace once años el número de trabajadores penitenciarios era de 22.000 y en este momento supera los 24.000. Además, en los últimos cuatro años las ofertas de empleo público han permitido ir completando esa cifra con 4403 nuevos trabajadores; de ellos, 1100 se incorporan en 2022.
JT: Una realidad que también tiene sentido abordar hoy es la de la radicalización y el extremismo violento en el seno de la población privada de libertad o bajo medidas alternativas.
¿Cómo afronta este desafío y qué está haciendo la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para prevenir y combatir la radicalización dentro del sistema?
AO: La radicalización supone un reto que, por su dimensión global, debe ser abordado por todos los sistemas penitenciarios. En España desde hace años se viene ofreciendo un programa para desradicalizar a los condenados por terrorismo. Sin lugar a dudas, esta materia se encuentra entre los objetivos principales de la Administración Penitenciaria española.
En el ámbito del terrorismo yihadista, recientemente se ha finalizado un convenio de colaboración con las autoridades turcas que ha permitido a funcionarios españoles formar en esta materia a sus homólogos durante más de dos años.
Las medidas regimentales que se han adoptado para hacer frente a la situación sanitaria han consistido en la suspensión de permisos de salida y de traslados entre centros, en controles más rigurosos en los talleres ocupacionales y en una limitación de las comunicaciones en locutorios.
En cuanto a este tipo de comunicaciones, se llegó a la suspensión en los momentos álgidos de la pandemia y, desde entonces, se han ido impulsando las videoconferencias.
¿Cómo ha sido liderar y gestionar la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en tiempos de pandemia? ¿Qué retos y oportunidades ha presentado la crisis de salud púbica y si los cambios van a permanecer tras la pandemia?
AO: La gestión y las medidas adoptadas han contenido el avance de la pandemia dentro de las prisiones españolas.
La incidencia acumulada por cada 100.000 internos es 1,5 veces menor que en la población general. A 30 de diciembre de 2021, dentro de la sexta ola, había 303 positivos en COVID-19. La mayoría asintomáticos y tres hospitalizados.
Además, desde el inicio de la pandemia, la tasa de mortalidad ha sido 8,2 veces menor que en la población general: hemos tenido once fallecimientos; casi todos, personas con patologías previas.
En este tiempo, han pasado por las prisiones españolas cerca de 90.000 personas.
Las medidas regimentales que se han adoptado para hacer frente a la situación sanitaria han consistido en la suspensión de permisos de salida y de traslados entre centros, en controles más rigurosos en los talleres ocupacionales y en una limitación de las comunicaciones en locutorios.
En cuanto a este tipo de comunicaciones, se llegó a la suspensión en los momentos álgidos de la pandemia y, desde entonces, se han ido impulsando las videoconferencias.
Respecto a las medidas sanitarias, se han realizado diagnósticos precoces de sintomáticos, se ha procedido a su aislamiento, aprovechando los módulos que existían sin estar ocupados, se ha promovido el uso de mascarilla y el mantenimiento de la distancia interpersonal y se han realizado cuarentenas tras volver de permiso o después de realizar comunicaciones.
Además, a finales de año, más de un 85% de los internos tenía la pauta completa de vacunación. Menos del 2% había rechazado la vacuna.
Sí me parece importante destacar que gracias a la labor informativa y pedagógica del personal penitenciario, los internos han comprendido que las restricciones se han debido a razones de salud pública.
Esto ha permitido que durante toda la pandemia no se hayan producido incidentes graves por esta causa.
Ángel Luis Ortiz
Secretario General de Instituciones Penitenciarias, España
Ángel Luis Ortiz es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una extensa trayectoria en los juzgados, donde se inició como auxiliar, con tan solo 18 años. Fue oficial y magistrado con destino en distintos juzgados, entre ellos el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid. Durante diez años fue asesor del Área de Justicia y Prisiones de la Oficina del Defensor del Pueblo. Además, ha sido el coordinador de un informe monográfico sobre la “Situación de las prisiones en España”.
Asumió el cargo de secretario general de Instituciones Penitenciarias el 18 de junio de 2018, después de haber ejercido como director de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid durante dos años y medio.
