Rudy Van De Voorde
Director general del Servicio penitenciario belga
En ningún otro momento de la historia del sistema penitenciario un fenómeno como el radicalismo/extremismo ha creado la necesidad de que la dirección de las instituciones de detención comparta información a tal velocidad, en tal cantidad y con tal impacto posible con los actores fuera del sistema penitenciario y, de forma más específica, con los servicios de inteligencia y seguridad.
El intercambio de información sobre los reclusos entre estos servicios solía ser principalmente un ejercicio sobre la línea divisoria entre “está bien saberlo” y “es necesario saberlo”. Con este “nuevo” fenómeno, hemos entrado en el dominio de la “necesidad de compartir” a una velocidad sin precedentes.
Las críticas externas (el público en general, los medios de comunicación, los políticos, etc.) sobre los “deficientes Servicios de justicia y seguridad” suelen ir acompañadas de la afirmación de que estos servicios no comparten suficiente información. Muchas de las recomendaciones presentadas en un informe de una comisión de investigación parlamentaria belga, sobre los ataques al aeropuerto del país y a una estación de metro en la capital de Bélgica, se centraron en este intercambio de información. Y, por muy obvio que esto pueda parecer, en realidad está muy lejos de serlo.
Mientras que una de las misiones principales del sistema penitenciario es preparar de forma óptima a los reclusos para su reinserción en la sociedad, la relación entre (el personal de) la organización penitenciaria y los reclusos es, en cierta medida, una relación de confianza, aunque el servicio penitenciario forma parte de “un sistema” del que los reclusos se quejan a menudo. Por lo tanto, la cuestión es cómo tratar la información procedente de los reclusos y sobre ellos, al tiempo que se continúa en el camino de prepararlos para su reintegración y sopesar esto con un intercambio de información que podría poner a los reclusos en riesgo de hacer más difícil su (temprana) vuelta a una sociedad libre.
En otras palabras, la práctica penitenciaria se enfrenta al mismo dilema que los responsables de la formulación de políticas que, por una parte, sienten la presión de hacer todo lo posible para prevenir nuevos atentados terroristas (incluso mediante el intercambio de información) mientras que, por otra, sienten igualmente la presión de querer mantener el respeto por la privacidad de los ciudadanos y, por lo tanto, de proteger cierta información sobre sus vidas, hayan sido detenidos o no.
Por consiguiente, necesitaremos (aprender a) tratar de modo inteligente la información sobre los reclusos. Y sin pretender tener en mente un mecanismo concluyente (en el sentido de un deus ex machina que pretende regular el perfecto intercambio de información), creo que es importante tener en cuenta los posibles escollos. Nos explayaremos brevemente sobre tres de estos escollos.
La policía, los servicios de inteligencia y seguridad y las prisiones tienen un mandato histórico que está consagrado en la ley, cada uno con sus propios objetivos, y haríamos bien en mantener estos objetivos. Para poner las cosas sobre la mesa: no se trata de que el sistema penitenciario se convierta en un servicio de inteligencia o de policía por el hecho de disponer de información útil, en el contexto de las investigaciones policiales o del trabajo de inteligencia sobre comportamientos radicales/extremistas – que pueden llegar a convertirse en delitos violentos. Nos referimos al conflicto potencial de roles que mencionamos anteriormente.
Que se esté recopilando información sobre un recluso con un comportamiento radical/extremista no implica que toda esta información sea relevante en ese contexto. Es precisamente la cantidad de información que se espera compartir lo que nos obliga a desarrollar instrumentos y herramientas sólidos para evaluar el verdadero valor y el impacto de esta información.
Por la misma razón, también es importante que nos preguntemos constantemente si el intercambio de información se mantiene dentro de los límites de los marcos legales aplicables. Después de todo, no olvidemos que la lucha contra el radicalismo/extremismo es una lucha contra las fuerzas que tratan de socavar los principios de nuestro Estado de derecho democrático. Si llevamos a cabo esta lucha de una manera que deja a un lado los principios de nuestro Estado de derecho, estamos alentando a estas fuerzas para que continúen su propia lucha.
Warren Coons
Director general de la Subdivisión de seguridad preventiva e inteligencia del Servicio penitenciario de Canadá
El Servicio penitenciario de Canadá (CSC, por sus siglas en inglés) es la agencia del gobierno federal responsable de administrar las sentencias de dos años o más, según lo impuesto por el tribunal. Para ello, el CSC administra instituciones de diversos niveles de seguridad y supervisa a los delincuentes en libertad condicional, en la comunidad. La misión del CSC es contribuir a la seguridad pública alentando y ayudando activamente a los delincuentes a convertirse en ciudadanos respetuosos con la ley mientras ejerce un control razonable, seguro y humano. Esto se logra centrándose en tres responsabilidades básicas: cuidado y custodia, intervenciones correccionales y supervisión comunitaria.
El Programa de inteligencia del CSC contribuye a todas las responsabilidades esenciales. Aunque el Programa de inteligencia parece más cercano a la atención y custodia de los delincuentes, puesto que identifica y ayuda a gestionar las actividades ilegales y a prevenir incidentes de seguridad, apoya las intervenciones y la supervisión. Al contribuir a un entorno seguro, el Programa apoya el establecimiento de condiciones de vida propicias para que los delincuentes que participan activamente en su rehabilitación lo hagan con éxito. El personal de inteligencia también apoya la supervisión de los delincuentes. Finalmente, a través de la recopilación, el análisis y el intercambio de información con los responsables de la toma de decisiones y los socios de las fuerzas del orden, el Programa apoya todas las operaciones del CSC.
El Programa de inteligencia del CSC utiliza las prácticas comerciales existentes. Se apoya en una estructura de gobierno rigurosa, aprovecha a las personas y los análisis, y utiliza una metodología sólida. Con esto en su lugar, ya sea a través de la inteligencia operativa o táctica, existe la base para que la inteligencia sea proactiva, predictiva y preventiva.
Dos de las prioridades de inteligencia del CSC son la incautación de drogas y la gestión de los grupos de amenazas a la seguridad (STG, por sus siglas en inglés). La incautación de drogas es una prioridad ya que las drogas y los estupefacientes representan un riesgo para la seguridad de todos dentro de la institución. Además, un entorno libre de drogas es esencial para que los delincuentes participen en las intervenciones correccionales, apoyando así una reintegración satisfactoria. Uno de los objetivos de la incautación de drogas es utilizar el análisis de datos para predecir los incidentes de drogas y desplegar personal para prevenirlos de manera proactiva.
Los STG son una prioridad, ya que representan una grave amenaza para la seguridad de las operaciones del CSC y comprometen la protección de la sociedad. Dentro del CSC, hay más de 100 STG y aproximadamente el 10% de la población de delincuentes forma parte de uno de estos grupos. La gran cantidad de STG y su fluidez con respecto a los miembros, jerarquía, rivalidades o alianzas, junto con la inclinación a cometer actos violentos, demuestra la necesidad de que los servicios de inteligencia se centren en mitigar la amenaza que representan estos grupos.
Tradicionalmente, el personal de inteligencia se ha enfocado en la gestión de los STG al entender las dinámicas de grupo y las afiliaciones, que pueden representar una amenaza para la seguridad de la institución. Más recientemente, el CSC complementó este enfoque al avanzar en la comprensión plena de los asociados individuales y sus dinámicas. Al realizar inmersiones profundas en individuos que exhiben un alto nivel de influencia dentro de las instituciones en todo el país, es posible identificar sus vulnerabilidades y minimizar la amenaza que representan para nuestras instituciones y comunidades.
Ya sea a través de un enfoque de tipo básico o de un enfoque individualizado, al ser proactivos en la recopilación y el análisis de información de inteligencia operacional, es posible comprender y predecir mejor los comportamientos e incidentes, a fin de elaborar estrategias para prevenir o reducir al mínimo el azote de las drogas y los grupos de riesgo para la seguridad en nuestras instituciones, mejorando así la seguridad y la protección.
Sam Erry
Viceministro de Servicios Correccionales, Ministerio del Solicitador General, Provincia de Ontario, Canadá
Creación del Programa de Inteligencia Correccional de Ontario:
Como todos sabemos, los reclusos y delincuentes privados de sus derechos son vulnerables a ser manipulados e iniciados en pandillas y organizaciones radicales que apoyan la actividad delictiva y el terrorismo.
En un día cualquiera, los Servicios Correccionales de Ontario, que forman parte del Ministerio del Solicitador General, tienen alrededor de 7500 reclusos en custodia y más de 40 000 delincuentes bajo supervisión comunitaria.
El Ministerio está elaborando un marco sólido para reunir y analizar la información recolectada en primera línea, a fin de desarrollar información de inteligencia procesable que pueda ser utilizada por los servicios penitenciarios y los asociados del sector de la justicia en interés de la seguridad pública.
El Ministerio se centra en aumentar la conciencia sobre la inteligencia disponible y en ayudar al personal a comprender el papel estratégico que desempeñan para mejorar la seguridad en los servicios penitenciarios provinciales y en las comunidades de todo Ontario.
La iniciativa, conocida como el Programa de Inteligencia Correccional de Ontario, está evolucionando a través de un enfoque por etapas, que comienza con el desarrollo de la conciencia sobre la recolección de información por parte del personal de primera línea y la alta gerencia.
Un componente clave para el desarrollo de un programa exitoso serán los más de 8000 empleados de primera línea que, a través de sus interacciones diarias con los reclusos y los delincuentes, recopilan la información que tienen a su disposición. Esta información de primera línea se recopila, verifica y analiza antes de ser difundida como información de inteligencia procesable en los Servicios Correccionales y entre los asociados del sector de la justicia.
En marzo de 2019, Ontario introdujo el marco de inteligencia correccional (Corrections Intelligence Framework), adaptado del modelo de control basado en inteligencia (Intelligence Led Policing Model) utilizado por los servicios policiales en Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos.
El marco se basa en el ciclo de inteligencia, el proceso en el que se recopila, analiza y difunde información a los principales asociados para ayudar a fundamentar las decisiones tácticas, operacionales y estratégicas, al tiempo que apoya las prioridades de seguridad pública y la mitigación o reducción de la delincuencia. El desarrollo del marco también incluyó el establecimiento de una infraestructura específica para gestionar el programa, la Unidad de Inteligencia Correccional de Ontario.
Para fortalecer el programa de inteligencia, los Servicios Correccionales de Ontario se asociaron con la Policía Provincial de Ontario. El personal policial se integra directamente a la unidad de inteligencia para trabajar junto con el personal penitenciario. Aportan un conjunto de habilidades especializadas y conocimientos prácticos al equipo, elevando el perfil de la inteligencia de los Servicios Correccionales dentro de la comunidad más amplia de inteligencia, y fomentando las asociaciones del sector de la justicia.
El Programa de Inteligencia Correccional de Ontario está comenzando su trayecto hacia la construcción un programa de inteligencia robusto que tenga el fin de mejorar la seguridad pública.
Con la ayuda de los avances tecnológicos y las sólidas alianzas en el sector de la justicia, Ontario tiene previsto convertirse en un líder de los servicios penitenciarios en cuanto al aprovechamiento de la inteligencia para mitigar las amenazas a la seguridad a través de la capacitación del personal.
Emiliano Blanco
Director General del Servicio Penitenciario Federal, Argentina
El análisis de la información en el sistema penitenciario constituye un elemento fundamental para que la moderna concepción de la seguridad penitenciaria sea efectiva; las formas de recopilación, el correcto registro, y la necesidad de articular un formato común para los datos dispares, juntamente con la estructuración de los mismos, es vital en el esfuerzo de organizar una visión holística, generando con estos datos analizados, un disparador proactivo en función de la determinación de ciertos riesgos o escenarios futuros probables.
El análisis de la información penitenciaria tiene un claro carácter preventivo, es decir busca aportar “conocimiento” para anticiparse y permitir a las autoridades neutralizar o disuadir las amenazas y conflictos vinculados con diversos riesgos, o con el fin de entender con la debida antelación cómo determinadas decisiones permiten o facilitan el funcionamiento de organizaciones al margen de la ley, de tal forma que se puedan identificar las implicaciones de las decisiones adoptadas y esquemas preventivos para evitar el fortalecimiento del crimen organizado hacia el interior de los sistemas penitenciarios.
La inteligencia criminal omnicomprensiva de la inteligencia penitenciara se circunscribe a la prolongación de la lucha contra el fenómeno criminal organizado dentro del espacio penitenciario y todo lo relacionado con el análisis de información penitenciaria teniendo su marco en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), fundamentalmente en la Regla 10.
Las reglas mínimas en el análisis de información penitenciaria intentan que los reglamentos sean diseñados para garantizar la información y la seguridad de cada individuo, tanto del personal como de los internos; cada grupo tiene la responsabilidad de cumplir estas normas y reglamentos, permitiendo a partir del análisis objetivo de datos la gestión y protección, directa o indirecta, del sistema penitenciario y con la seguridad de sus integrantes, tanto dentro de la institución como fuera de la misma, integrándose de esta manera (proactiva) con los dispositivos de seguridad pública.
Por otro lado, debe tenerse en consideración que una alta prevalencia de corrupción en los establecimientos penitenciarios genera riesgo de autogobierno. Ello como consecuencia de la existencia de un sistema informal creado a partir de la diseminación de prácticas corruptas. Ese riesgo de autogobierno crece exponencialmente cuando se conjuga con la actividad criminal organizada.
Ante la complejidad del fenómeno de la corrupción, surge la necesidad de abordar esta problemática desde un enfoque punitivo y un enfoque preventivo. El primero busca investigar y sancionar a los responsables del daño generado por un hecho de corrupción, y el segundo busca reducir las posibilidades de que exista corrupción, evitando que ese daño se produzca. Para ser eficaz, este abordaje de la corrupción requiere del análisis de la información para detectar posibles riesgos de corrupción y prevenirlos. Dentro del Servicio Penitenciario Federal, el Servicio de Prevención de la Corrupción desarrolla políticas preventivas y el Departamento de Asuntos Internos recibe las denuncias por hechos de corrupción, las investiga y sanciona. Ambos se nutren de la actividad de la Dirección Principal de Análisis de Información.
En esa línea, todas las administraciones penitenciarias deben tener un documento marco, relacionado con niveles de acceso a información en el contexto de la seguridad penitenciaria, para proporcionar, a los establecimientos, la orientación necesaria con el fin de mantener elevados estándares de seguridad. Además, cumplir con el objetivo de evitar fugas y prevenir que los internos de alto riesgo puedan desarrollar actividades delictivas que impacten, dentro o fuera del establecimiento.
Sobre esta idea se establecieron las Unidades de Análisis Táctico (UAT), buscando, mediante ellas, que el personal penitenciario, orientado en la recopilación de información, acceda a los datos de forma más dinámica, entendiendo que la reunión de información, en dichos ámbitos, se realiza principalmente a través del personal penitenciario. Este representa la fuente más importante ya que su carácter primario se lo asigna la particularidad de la función de aquellos que se encuentran en contacto directo con los reclusos, siendo los primeros en responder ante diferentes eventos. De hecho, el personal penitenciario constituye uno de los beneficios de la “seguridad dinámica”, donde el personal recopila información de todo y cuanto sucede en el lugar, dando cuenta, a su vez, de cualquier hecho fuera de lo común y a través de las relaciones profesionales con el recluso, basadas en la confianza y el respeto, en busca de la realización de un ámbito seguro donde la incertidumbre tiende a ser desplazada por acciones aproximadas a la certeza.
