// Entrevista: Etéreo Armando Medina
Director General del Sistema Penitenciario, Panamá
JT: Una tasa de encarcelamiento de 395 personas por cada 100 mil, una elevada tasa de presos preventivos y el hacinamiento son algunos de los retos que enfrenta el sistema penitenciario panameño (Fuente: PrisonStudies.org). ¿Cómo es que usted maneja estos desafíos y cuál es la evolución que cree que tendrán?
EAM: Para el 2016, la cifra de preventivos estaba alrededor de 63% lo que significa un porcentaje muy bajo de condenados. Con la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste, esto va variando significativamente, pues en las provincias del interior del país, donde ya existía el SPA, teníamos más personas condenadas. Hoy en día, la tasa de personas en proceso está alrededor de 45%.
En el Sistema Penitenciario existe una sobrepoblación de unas 1700 personas; la capacidad establecida es de 15,222 plazas y hay 16,949 personas privadas de libertad. Hemos llevado a cabo reuniones interinstitucionales, en armónica colaboración con otros órganos del Estado, para ver de qué forma podemos reducir las tasas de hacinamiento y encarcelamiento.
Antes de que entrara el SPA – incluso, antes que yo fuera el director general del Sistema Penitenciario, como asesor del despacho del ministro – llevamos a cabo una jornada de depuración de la información, para tratar de ubicar las personas que tenían mucho tiempo en proceso, y ver de qué manera obtenían una condena, o se agilizaba su trámite y ver cómo finalizar el mismo.
La tasa de homicidios en Panamá ha bajado un 23% en los últimos tiempos, sin embargo, los delitos contra el patrimonio económico, como el robo y el hurto, se cometen diariamente y aumentan la población penitenciaria. Es un número oscilante (el más alto con nuestra administración ha sido de 17500), pero lo hemos mantenido bastante estable con el otorgamiento de medidas extraordinarias, como son la libertad condicional y la rebaja de pena, y también trabajando de la mano con el Órgano Judicial y el Ministerio Público para poder otorgarles una libertad vigilada u otro tipo de medida alterna o subrogado penal.
En términos de infraestructuras, estamos haciendo un nuevo centro de rehabilitación con una capacidad para 700 mujeres privadas de libertad, por un monto de 27 millones de dólares. Va a ser un centro moderno, con universidad, escuela y guardería dentro. El centro penitenciario que se va a desarrollar en Colón tendrá capacidad para 1350 personas privadas de libertad y el gerenciamiento del programa de construcción se ha entregado a UNOPS. Esto es una inversión de 88 millones de dólares, así que estamos invirtiendo para mejorar las condiciones de habitabilidad.
También estamos terminando la construcción de un pabellón moderno, en el centro penitenciario La Joya, que va a servir de modelo para la reforma del resto de ese centro. Además, tenemos ya aprobado para la construcción, el estudio de impacto ambiental y los planos de un nuevo pabellón en La Joyita.
También hemos remodelado algunas instalaciones del centro penitenciario El Renacer y entregado el estudio de factibilidad para la construcción del nuevo centro penitenciario de las provincias de Coclé y Veraguas. Además, hemos solicitado que se contrate el estudio de factibilidad del nuevo centro penitenciario de Panamá Oeste y estamos en vías de identificar una posibilidad para el nuevo centro penitenciario de las provincias de Herrera y Los Santos.
El Sistema Penitenciario juega un papel predominante con las personas no condenadas que están bajo su custodia. Con la reforma penal del 2017, se permite que aprovechen programas de estudio y de trabajo en los centros penitenciarios.
JT: ¿Cuál es el estado de avance de Panamá en el tema de las penas y medidas alternativas, o sea, las sentencias no privativas de libertad?
EAM: Tenemos un sistema que se divide en dos líneas: una en la que las personas, estando privadas de libertad, pueden acceder a remplazo de penas y subrogados penales, cuyos requisitos están en la ley, y otra línea en la que se benefician aquellas personas cuyas condenas son menores de 60 meses, que el juez les reemplaza la pena ya sea por trabajo comunitario o el pago de una sanción pecuniaria.
Muchas veces las personas aprovechan la oportunidad, brindan su trabajo a la ciudadanía y se convierten en productivas para el Estado; otras veces no la aprovechan, no cumplen con la sanción alternativa, y entonces ingresan al sistema penitenciario. Esta realidad viene a denotar que, si bien es cierto, para el Sistema Penitenciario panameño es muy bueno que existan las penas sustitutivas o los subrogados penales como medida alterna, no menos cierto es que algunos controles, que hacen falta establecer, lleven a que las personas puedan no cumplir con el beneficio otorgado.
El Sistema Penitenciario juega un papel predominante con las personas no condenadas que están bajo su custodia. Con la reforma penal del 2017, se permite que aprovechen los programas de estudio y de trabajo que existen en los centros penitenciarios para que, en el evento de que sean condenadas, ya hayan podido llevar algo de conmutación adelantada de la pena. Eso les va a permitir adquirir las dos terceras partes de su condena con mayor prontitud y verse beneficiados con una u otra medida de reemplazo de la pena.
Por otro lado, la utilización de brazaletes de monitoreo electrónico se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico y, en este momento, el Ministerio de Seguridad Pública, como parte del Órgano Ejecutivo, está analizando un plan-piloto en coordinación con el Órgano Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Sistema Penitenciario. El rol del Ministerio de Gobierno es trabajar en equipo con el objetivo que los brazaletes electrónicos vengan a ser una posibilidad concreta y puedan implementarse.
Los brazaletes electrónicos son un beneficio tanto para la comunidad como para aquellas personas que son, por ejemplo, delincuentes primarios, para que no vayan a un centro penitenciario con personas que hacen del delito su modo de vida. También es un ahorro para el Estado porque si consideramos cuánto cuesta mantener a un privado de libertad en un centro penitenciario, la utilización de un brazalete es mucho más factible y económico.
JT: ¿Qué apreciación hace del impacto que han tenido los proyectos de ayuda a la reforma penitenciaria llevados a cabo por UNODC-ROPAN con la financiación de los Estados Unidos y de la Unión Europea entre 2010 y 2017?
EAM: Sólo queda agradecer a estos organismos de Naciones Unidas por su apoyo constante y desinteresado en pro de nuestra reforma penitenciaria.
UNODC- ROPAN fueron unos socios estratégicos que nos apoyaron muchísimo con fondos de la Embajada de Estados Unidos en Panamá – y que se llevó a cabo del 2010 al 2014 – con el objetivo de diseñar e implementar una política penitenciaria para llevar el sistema a cumplir con los estándares internacionales. Un punto muy importante fue la reapertura de la Academia de Formación Penitenciaria, que iba a permitir capacitar a nuestro personal.
Otro componente muy importante se encontraba dentro del proyecto de Cooperación y Seguridad con Panamá – SECOPA – en el cual, entre el 2014 y el 2017, el objetivo fue la seguridad y la rehabilitación, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. Dentro de este proyecto nace IntegrArte, que es nuestra primera marca penitenciaria.
Además, estos socios apoyaron en el desarrollo de la carrera penitenciaria para el personal custodio y técnico, que era una deuda del Estado panameño, desde el 2005. No solo logramos aprobar ese proyecto, sino que se convirtió en ley de la República. Hoy día, tenemos una carrera penitenciaria instaurada, un sistema en beneficio del personal, que ha impactado positivamente el desarrollo de nuestros programas de reinserción sociolaboral.
Un tercer aspecto fue la consolidación de los avances de la reforma penitenciaria. Nuestra administración se enfocó en este plan de reforma, lo actualizamos, lo modernizamos y, a través de UNODC-ROPAN, pudimos trabajar en estándares internacionales para mejorar las condiciones de infraestructura de los centros penitenciarios. Todo esto de la mano de una profunda reforma penitenciaria en el evento de profesionalizar a nuestro personal, apoyar a los privados de libertad en los proyectos de reinserción sociolaboral y garantizar el respeto a los derechos humanos.
En este momento, la reforma penitenciaria está llevada a cabo con diversos apoyos internacionales, por ejemplo el Comité Internacional de la Cruz Roja nos brinda apoyo en mejoramiento de infraestructura; el programa PACCTO, de la Unión Europea, nos brinda apoyo de capacitación en temas de anticorrupción, crimen organizado y seguridad; y, la Embajada de EE.UU. nos sigue apoyando específicamente en temas de seguridad penitenciaria lo que ha permitido reforzar el cuerpo de personal custodio y crear unidades especializadas.
Aún no tenemos el número de custodios penitenciarios indicado para tener control absoluto de los penales, por lo que nos apoyamos con los miembros de la Policía Nacional.
JT: El Subcomité contra la Tortura de las Naciones Unidas en un informe (fuente: bit.ly/2WwVAqr) ha señalado incumplimiento de los derechos humanos, la insalubridad de las condiciones de detención, la corrupción entre el personal y los problemas relacionados con el autogobierno de las pandillas. ¿Qué medidas han sido tomadas para mejorar estas condiciones y sobre todo combatir la corrupción y el crimen organizado?
EAM: El Subcomité vino por invitación del propio Estado panameño y, frente a ese informe, nosotros tomamos medidas concretas. En el tema de la salud, hicimos mesas de trabajo interinstitucionales, con el Ministerio de Salud, en donde pudimos tratar específicamente el tema de atención de la salud que, por convenio gubernamental, la brinda el Ministerio de Salud. Estamos trabajando día a día en capacitación al personal, en el equipamiento de algunas clínicas y en nombramiento de más médicos. Tratar de mejorar siempre el tema de la salud es un trabajo arduo y un reto.
En cuanto al tema de seguridad y autogobierno, trabajamos de la mano con la Policía Nacional y otros organismos de seguridad. Aún no tenemos el número de custodios penitenciarios indicado para tener control absoluto de los penales, por lo que nos apoyamos con los miembros de la Policía Nacional. Trabajamos de la mano con la Policía en requisas, hemos aumentado los niveles de seguridad tecnológica para evitar el ingreso de objetos no permitidos y reforzamos el Departamento de Inspectoría General que investiga los hechos de corrupción. Hemos presentado 39 denuncias penales a las autoridades por casos de corrupción, tenemos aproximadamente 80 investigaciones internas en proceso y se han despedido más de 50 personas relacionadas con este tipo de eventos. La corrupción en los penales no se acaba, pero hay que afrontarla y no cansarse de combatirla.
En cuanto a las pandillas, como en la sociedad, las pandillas dentro de los centros penales existen, pero, con estos procedimientos de seguridad rutinarios, se ha podido lograr mantener las actividades y la buena convivencia.
JT: ¿Cuál es el estado de desarrollo tecnológico e de la informatización del sistema penitenciario de Panamá?
EAM: También con apoyo de UNODC-ROPAN, fuimos y conocimos el sistema de información penitenciaria de El Salvador, obteniendo el know how de este tema y lo hicimos a lo panameño. En este momento, nuestro Sistema de Información Penitenciaria (SIP) es bastante flexible, lleva un 62% de avance de programación, con dos módulos ya casi completos (el módulo judicial y el de seguridad). El módulo de tratamiento lleva un 12% de avance y el de visitas aún no se ha iniciado. Esto nos ha permitido contar con información fidedigna de los privados de libertad y actualizar su información en la base de datos. Queremos que el sistema sea basado en un flujo, en procesos, y probablemente tengamos ayuda de instituciones internacionales para poder llevar nuestra base de datos a un 100%.
En el tema de la información penitenciaria, sí ha sido un logro de esta administración: tenemos una base de datos propia y blindada. Adicional a esto, con el proyecto SECOPA y con el Banco Interamericano de Desarrollo, hemos hecho el primer censo penitenciario. Lo terminamos en septiembre 2018 y estamos esperando que el Instituto de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República nos entregue la información que va a permitir desarrollar mejores políticas públicas de seguridad.
JT: Sabemos que están en curso dos proyectos de trabajo penitenciario: IntegrArte (que es la primera marca penitenciaria de Panamá) y EcoSólidos. ¿En qué consisten esos proyectos y qué importancia tienen para los privados de libertad, el sistema penitenciario y la comunidad?
EAM: EcoSólidos es un proyecto que nace en el 2014, en el centro penitenciario La Joyita, por iniciativa de los privados de libertad. Empezaron reciclando la basura que, en ese momento, los ahogaba. La Joyita es el centro con la población penitenciaria más grande del país y produce aproximadamente 50 toneladas de basura. Con este proyecto, ha sido reducida cerca de un 80%.
EcoSólidos reduce, recicla, reutiliza y resocializa. Y, ahora, lo hemos legalizado formalmente, lo que permite que los participantes aprendan a reciclar y conmuten su pena; por cada dos días de trabajo se les puede rebajar un día de condena. Además, tenemos ya ex privados de libertad que han hecho este programa que tienen empresas de reciclaje o trabajan en el Ministerio del Ambiente. Esto demuestra que es un programa que realmente apoya la reinserción a la sociedad.
El subprograma “Sembrando Paz, Reforestando Vidas” es un vivero que se desarrolló con EcoSólidos. El año pasado, los privados de libertad sembraron un total de 5,000 plantones y este año, para el gran día de reforestación, estamos listos para sembrar 20,000 plantones que han sido cuidados y cultivados en un centro penitenciario que antes era de los más peligrosos y que ahora es un modelo. Un tercer subproducto de EcoSólidos es las barreras ambientales que se están utilizando en los ríos del país para atrapar basura.
EcoSólidos empezó con 200 privados de libertad y actualmente involucra más de seiscientos, en La Joyita, y ya se extendió a otros centros.
IntegrArte nace en el 2016, como parte del apoyo de UNODC-ROPAN y la Unión Europea. El objetivo es capacitar a los privados de libertad y brindarles herramientas para que, una vez en libertad, puedan ser útiles a la sociedad. Esta marca penitenciaria se lanzó y ha participado en ferias y bazares para exponer los artículos (obras en madera, ropa, tela, etc.) que son desarrollados dentro de los penales. Además, damos a conocer, a la sociedad, los talentos que tienen las personas privadas de libertad. Tenemos tres quioscos de exhibición de los productos IntegrArte en la ciudad de Panamá.
En este momento IntegrArte opera en cuatro centros penitenciarios y el objetivo es que el programa se expanda a nivel nacional. El impacto es sustancial: ha generado interés de artistas, empresas privadas y fundaciones. Además, los internos que trabajan en IntegrArte tienen acceso a cursos de emprendedurismo. Ha sido considerado como un programa modelo dentro de los objetivos de desarrollo sostenible e integra la igualdad de género lo que nos ha permitido participar en exposiciones en Europa y en Congresos de marcas penitenciarias.
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Etéreo Armando Medina es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, posee maestría en Derecho Procesal Penal, Derecho Penal, Métodos Alternos de Resolución de Conflictos con énfasis en arbitraje y Docencia Superior. Es diplomado en Sistema Penal Acusatorio y Gestión y Administración de Recursos Humanos. Es el Director General del Sistema Penitenciario de Panamá desde enero de 2017. En el Órgano Judicial ocupó cargos, como Mediador y Juez de Garantías del Sistema Penal Acusatorio, entre 2009 y 2014.
