// Entrevista: Stéphane Bredin
Director General de la Administración Penitenciaria de Francia
JT: ¿Cuál es la situación resultante del hacinamiento y qué se está haciendo para resolverla?
SB: Seguimos estando entre los estados del sur de Europa occidental con una sobrepoblación muy alta. El promedio nacional es de casi el 120 % de la tasa de ocupación, pero oculta disparidades extremadamente fuertes ya que en las llamadas “casas de arresto” (maisons d’arrêt, en francés), es decir, las instituciones que acomodan a los prisioneros que aún no están juzgados y a los presos sentenciados a condenas cortas, la sobrepoblación excede el 140%.
En total, se estima que hay un exceso de aproximadamente 14 900 reclusos. Algunos están sujetos a condiciones penitenciarias difíciles: hay 1687 colchones en el suelo y solo el 39 % viven en celdas individuales. Esto se debe a muchas razones: no tenemos suficientes instalaciones y la población criminal ha ido creciendo constantemente en los últimos 40 años. Esta situación se ve agravada por el hecho de que el 30% de nuestros 70 600 detenidos son acusados.
Las respuestas que estamos tratando de implementar incluyen dos enfoques: aumentar la capacidad de nuestras instituciones penitenciarias y aplicar una política penal para reducir el encarcelamiento, mediante el proyecto de ley que la Ministra (de Justicia) presentará al Parlamento en otoño. Esta es la primera vez que se dan estos dos pasos al mismo tiempo: hemos llevado a cabo un estudio de impacto y una estimación de los efectos de la reforma penal y, como resultado, la cantidad de lugares que se construirán se basa en el aumento de la población criminal que esperamos en los próximos diez años.
Con esta reforma penal, nos unimos a un movimiento internacional cuya filosofía es descentralizar nuestro sistema de penas de la pena de prisión.
En el sector inmobiliario, tenemos nuevos medios en relación con los programas anteriores: hemos creado un mapa de necesidades y a los alcaldes se les pidió que encontraran ubicaciones para construir cárceles. Además, el proyecto de ley incluye nuevas disposiciones legales para acelerar la construcción. También establecimos la prioridad de construir cárceles nuevamente en las áreas urbanas (y no en áreas rurales, como tan a menudo se hizo a partir de principios de la década de 1990) para evitar las dificultades de acceso y para facilitar la creación de alianzas con asociaciones y otros servicios. Queremos construir cárceles que realmente promuevan el proceso de reintegración, incluso contando – entre las futuras construcciones – con estructuras más pequeñas (de 90 a 120 plazas) en comparación con los hábitos que se tenían en Francia.
En los próximos 5-6 años, la primera entrega es de 7000 lugares. Las nuevas instalaciones en la ciudad serán de un nivel más ligero de seguridad, donde el régimen de detención se centrará en la autonomía de los detenidos y, por lo tanto, la preparación para su salida.
En otro aspecto de esta reforma penal, nos unimos a un movimiento internacional cuya filosofía es descentralizar nuestro sistema de penas de la pena de prisión, es decir, una perspectiva donde la pena de prisión no es la única referencia alrededor de la cual construir todo el sistema. La denominación “penas alternativas” ilustra bien que la referencia sigue siendo la cárcel.
De hecho, las sentencias de probation (en Francia) son una creación extremadamente reciente. Creo que, incluso en la mente de los tribunales y los jueces, estas son sentencias que no siempre se perciben espontáneamente como “iguales” a la privación de libertad. Toda la filosofía de esta reforma penal se basa en decir que existen varias posibilidades de sentencia y que todas son iguales: simplemente deben adaptarse al perfil de la persona condenada y al delito.
La reforma penal establece que se abolirán las condenas de menos de un mes de prisión. Esto envía una fuerte señal política de que las condenas cortas no tienen sentido en términos de reintegración y prevención de reincidencia, puesto que tienen todos los efectos negativos sin ningún efecto positivo.
Para las condenas de dos a seis meses, la nueva ley establece que el principio es dictar otras sentencias: trabajo comunitario, la libertad condicional o el monitoreo electrónico; la idea es que la sentencia se ejecute en la comunidad con una supervisión mejorada por parte de los servicios de libertad condicional. La pena de prisión de hasta seis meses deberá ser subsidiaria, es decir, que se pronuncie en los casos en que el juez considere que es, a pesar de todo, la que tiene más sentido. Para las condenas de seis meses a un año, el juez mantiene la capacidad de convertirlas inmediatamente (aménagement “ab initio”) en monitoreo electrónico, en trabajo comunitario, en una suspensión con seguimiento judicial, etc.
[Para solucionar el problema de los teléfonos móviles en las prisiones] Hemos adquirido una solución cuyos bloqueadores evolucionarán de acuerdo con las tecnologías de los operadores de telefonía.
JT: Hay un plan para la instalación de 50 000 teléfonos en las penitenciarías francesas. (Fuente: Le Figaro, “En prisión, líneas fijas en cada celda”, 02/01/2018).
¿Qué desafíos está tratando de resolver el sistema penitenciario con esta inversión?
SB: Tenemos una gran cantidad de teléfonos móviles introducidos ilegalmente y eso supone varios problemas de seguridad, ya que permiten mantener las actividades delictivas y porque generan tráfico y violencia. Para hacerse una idea, en una prisión que se construyó en el sur de Francia hace unos años, que es una prisión muy segura y en la que es difícil conseguir teléfonos móviles, se estaba alquilando un móvil por 1500 € al mes.
Las soluciones de bloqueo que adquirimos están funcionando a día de hoy, sin embargo, el problema con el jamming es no tener dispositivos que funcionen a largo plazo, es decir, cada vez que los operadores cambian su tecnología y frecuencia (cada 3-4 años), los bloqueadores se vuelven obsoletos. Para combatir el problema, necesitamos soluciones de bloqueo de señal progresivamente más efectivas y empezar por los establecimientos donde hay más tráfico (las regiones de París, Lyon y Marsella).
De este modo, hemos adquirido una solución cuyos bloqueadores evolucionarán de acuerdo con las tecnologías de los operadores de telefonía. Tenemos varias decenas de millones de euros para cubrir un máximo de instalaciones durante los próximos cuatro años, empezando este año por varios de los grandes establecimientos.
Al mismo tiempo, instalaremos teléfonos fijos. El estado apoyará financieramente esta adquisición y, por su parte, la telefonía fija se establecerá a través de una concesión de servicio público: una empresa invertirá y será financiada por los presos, que pagarán por sus comunicaciones. Hoy en día, los detenidos solo pueden llamar desde las cabinas y hasta las cinco de la tarde. Además, hemos negociado una disminución de más del 50 % en el precio de las comunicaciones, por lo que los reclusos podrán pagarlas.
JT: Francia tiene una tasa de 43 suicidios por cada 10 000 detenidos, mientras que el promedio en Europa es 18. (Fuente: El informe SPACE I, 2016).
¿En qué medida una mejor comunicación entre los detenidos y sus seres queridos ayuda a reducir la tasa de suicidios?
SB: Aunque esta es una situación muy grave que nos preocupa mucho, la verdad es que ha mejorado considerablemente en la última década: hace unos diez años teníamos un promedio de 125-130 suicidios y actualmente hay de 100 a 110, de los cuales 97 sucedieron en prisión, los otros en el hospital.
De hecho, hemos reducido el número de suicidios en prisión a pesar de que el hacinamiento ha seguido aumentando. Para empezar, todos los niveles de la administración penitenciaria se han movilizado, hay una conciencia muy fuerte que realmente ha involucrado a todo el personal. Nuestra política se centra en tres prioridades: la prevención, la protección de los reclusos en caso de una crisis suicida y la lucha contra el sentimiento de aislamiento.
Sobre la prevención, hemos desarrollado mucho la formación de los agentes custodios para mejorar la observación y detectar una crisis suicida. Se promueve además el intercambio entre profesionales, no sólo los custodios, también los oficiales, el juez de sentencia, el servicio médico, el servicio de libertad condicional, etc., por lo que hemos optimizado el flujo de información.
Queremos aprovechar la tecnología para facilitar el trabajo de los agentes custodios y fomentar la autonomía y la integración de los presos y sus familias.
Luego, hemos centrado nuestra atención en los momentos que identificamos como los más peligrosos (especialmente al llegar, durante los primeros días en prisión y cuando los detenidos son trasladados al ala disciplinaria, es decir, cuando son sancionados). También hemos desarrollado, junto a la Cruz Roja francesa, un programa denominado “Detenidos de Apoyo”, o sea, detenidos que hemos entrenado para escuchar a otros presos.
Además, en muchos establecimientos hay celdas especiales de protección en las que se puede asignar a los detenidos en el momento de la crisis suicida. Del mismo modo, una de las formas de lucha contra el sentimiento de aislamiento es la telefonía en las celdas, que permitirá a los detenidos llamar a sus seres queridos también por la noche. Asimismo, a través de los teléfonos ya existentes, los detenidos pueden llamar gratis a servicios de apoyo.
JT: Hay gente que critica la gestión arcaica del sistema penitenciario, que supuestamente carece de una revolución digital (Fuente: Le Monde, “Las cárceles sufren de gestión anticuada”, 29/06/2017).
¿Hay planes para implementar más tecnología? ¿Y cómo puede lo digital mejorar los resultados del sistema penitenciario?
SB: Hemos estado pensando en este proyecto durante dos años y tiene apoyos políticos, incluso del Ministerio de Finanzas. Queremos aprovechar la tecnología para facilitar el trabajo de los agentes custodios y fomentar la autonomía y la integración de los presos y sus familias, por lo que queremos, por ejemplo, desarrollar el agendamiento de citas para los salones por Internet (hoy se hace todo presencialmente o por teléfono).
También se espera brindar acceso a los servicios digitales y trabajar con los reclusos sobre la exclusión digital, por ejemplo, dándoles acceso a contenidos de formación en línea. Además, hoy en día el sistema de acceso a los productos de la cantina es muy complicado – cuesta mucho dinero y tiempo para todo el mundo –, así que la idea es digitalizar completamente este proceso y permitir que los internos ordenen los productos directamente a través de un terminal dedicado.
JT: ¿Cómo se aborda el problema de la radicalización violenta y el terrorismo en el sistema correccional?
SB: El caso de Francia es muy especial pues tenemos 500 terroristas islamistas, bien preventivos o ya condenados. Además hay 1200 que, a pesar no haber sido procesados ni sentenciados por actos terroristas, están identificados como radicalizados, en grados muy diferentes.
Sabemos que están radicalizados bien porque los servicios de inteligencia nos han advertido o porque los nuestros los han identificado como tal en prisión: en abril de 2017 se creó un servicio de inteligencia penitenciaria, la “Oficina Central de Información Penitenciaria” (el BCRP, por sus siglas en francés: Bureau Central du Renseignement Pénitentiaire).
Además, hemos desarrollado una capacidad de evaluación de la radicalización: se considera que un preso terrorista o radicalizado es peligroso por el riesgo de radicalizar a otros prisioneros (proselitismo) o el riesgo de actuar en contra de los agentes custodios o contra otros presos, así como el riesgo de preparar un ataque desde la prisión, etc. Hoy tenemos cuatro alas de evaluación y al final del año habrá seis, por lo que podremos evaluar 200-230 detenidos por año.
Tenemos 500 terroristas islamistas, bien preventivos o ya condenados, y 1200 que están identificados como radicalizados.
A los detenidos se les monitoriza durante mucho tiempo, la evaluación es realizada por equipos multidisciplinarios que incluyen directores, oficiales, agentes custodios, psicólogos, psiquiatras, educadores, trabajadores sociales, investigadores, oradores externos y capellanes musulmanes.
Al final del período de evaluación se realiza una síntesis muy detallada del sujeto (comportamiento, sistema de valores, su recurso a la violencia, el análisis del acting out, su relación con la religión, riesgo de proselitismo, etc.).
Existen tres posibilidades una vez fuera del ala de evaluación: 1) los perfiles más peligrosos, con un riesgo máximo de violencia o proselitismo, son relegados y segregados (Abdeslam Salah, uno de los autores de los ataques del 13 de noviembre de 2015, está en confinamiento solitario); 2) los perfiles menos peligrosos, cuya evaluación establece que son de bajo riesgo, tienen una detención normal que permite trabajar en su socialización, reintegración, etc. al igual que otros detenidos, pero, por supuesto, hay un seguimiento especial, en particular por parte del servicio de la inteligencia penitenciaria; y 3) los prisioneros para los que existe un riesgo de proselitismo, pero se considera que es posible hacerse cargo del caso, se envían a otras unidades, que son vecindarios que se ocupan de la radicalización.
Es muy costoso en términos de recursos humanos porque implementamos acciones con equipos que comprenden varias disciplinas diferentes, incluidas partes interesadas de asociaciones, imanes y otros. El objetivo es trabajar hacia la desconexión de la violencia, el llamado desistimiento. El principio del desistimiento es que uno no discute las creencias (ni siquiera las más rigurosas), sino que evoca la relación que puede existir entre la religión y la violencia.
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Stéphane Bredin fue nombrado Director General de la Administración Penitenciaria en agosto de 2017. Es egresado de la Escuela Nacional de Administración (ENA, Francia), además, posee un título de ingeniería en Economía de la Centrale Paris y un Master en Servicio Público de la Sciences Po. Stéphane Bredin ha ocupado numerosos cargos en
el Ministerio del Interior francés y luego en el Ministerio de Justicia, incluido jefe de personal y jefe de departamento.
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